Introducción

A lo largo de la última década, los estudios de género han ganado una centralidad sin precedentes en la agenda científica argentina, asociada al fortalecimiento de los movimientos feministas en la arena política nacional e internacional. Como señalan diversas autoras, la estrecha vinculación de la producción académica con los movimientos políticos feministas no es un fenómeno nuevo, sino que recorre la historia de esta línea de estudios desde sus inicios (De Miguel, 2007; Johnston y Sidaway, 2015, entre otras). Si bien este hecho es celebrable, ya que demuestra que las ciencias sociales no están alejadas de la realidad política y social, en el candor del activismo existe el riesgo de extrapolar conceptos-y consignas- construidos desde la arena política hacia nuestros campos de indagación de manera irreflexiva, por lo que es preciso, más que nunca, hacer una vigilancia epistemológica de la práctica de investigación (Bourdieu, Chamboredon y Passeron, 2004).

Uno de los conceptos producidos en el seno de los movimientos feministas que se encuentra fuertemente arraigado en el sentido común científico (Bourdieu y Wacquant, 1995; Bourdieu et al., 2004) es la noción de sumisión femenina versus dominación masculina. Este supuesto básico subyace a numerosos trabajos que buscan abordar problemáticas vinculadas a las relaciones de poder entre los géneros, y resultan en análisis que presentan perspectivas dicotómicas y reduccionistas que a menudo impiden ver las sutilezas en la construcción y las disputas por el poder, con sus complicidades e incluso con sus complementariedades entre géneros. Tal perspectiva es ampliamente utilizada en los estudios de género en contextos rurales, y en particular en aquellos realizados entre grupos campesinos en los cuales las mujeres no cuentan con tradición de asociativismo o militancia partidaria.

Esta fue una de las encrucijadas teórico-metodológicas con las que me encontré al realizar una investigación etnográfica para elaborar mi tesis de maestría, en la cual analicé -entre otras cuestiones-las prácticas políticas orientadas a la defensa del derecho al territorio de mujeres y hombres que habitan un sector de islas del delta bonaerense del río Paraná.¹ En tal proceso de investigación fui descubriendo que las formas de construir y de relacionarse con el poder de isleñas e isleños² revestían negociaciones y sutilezas que no podían reducirse simplemente al par sumisión femenina/dominación masculina, por lo que debí practicar constantemente la reflexividad (Guber, 1991; Althabe y Hernández, 2005) para deconstruir este sentido común dualista³ y seleccionar cuidadosamente aquellas herramientas teórico-metodológicas que me permitieran comprender la complejidad de la circulación del poder en las relaciones de género locales. En tal sentido, el concepto de hegemonía de género desplegado por R.W. Connell (1995) y el marco de análisis etnográfico de la política planteado por Fernando Balbi, Ana Rosato y Mauricio Boivin (Balbi y Rosato, 2003; Balbi y Boivin, 2008) me ofrecieron las bases para dar cuenta de los procesos observados en el campo.

Hasta el momento, los estudios que se han hecho en el área bajo estudio en torno a las prácticas políticas que articula el colectivo isleño en defensa de su derecho a habitar y a producir en las islas son veladamente androcéntricos, ya que describen las estrategias que ponen en juego los referentes de las organizaciones locales de productores, todos ellos hombres, dado que la categoría “productor”⁴ es una categoría nativa referenciada como masculina. Para poder abordar las praxis políticas de las mujeres isleñas, es preciso ampliar la mirada más allá del conjunto de instituciones que centralizan la política e incluir aquellas prácticas cotidianas que las personas llevan adelante para transformar su realidad, desde su propia perspectiva. Como señalan Balbi y Rosato (2003) y Balbi y Boivin (2008), esto implica realizar un análisis etnográfico de la política, el cual permite concebirla en sentido amplio y hacer foco en la dimensión política de la vida social. En base a este análisis, argumentaré que las mujeres ejercen sus prácticas políticas en espacios sociales habilitados para su género, pues transforman sus escenarios cotidianos en espacios de reivindicación de derechos (Montoya Ruiz, 2009). Sostendré también que las posiciones que las mujeres isleñas ocupan en la arena política se ubican en el ámbito de lo local y de la micropolítica (Lindón, 2006; Harcourt y Escobar, 2007), y orientan sus prácticas mayormente a las políticas sociales. En tanto que los hombres isleños controlan las organizaciones de productores, en donde ocupan los cargos directivos y se constituyen como voceros de la comunidad en eventos públicos y en los espacios de negociación con funcionarios estatales, empresas y demás agentes sociales que disputan la gestión del territorio.

Si bien resulta evidente que existen relaciones asimétricas de poder entre hombres isleños y mujeres isleñas, ya que los hombres son quienes ejercen el control de los recursos económicos y de las organizaciones locales (Quintero, 1999), postularé que ellos basan su dominio en normas y valores compartidos por ambos géneros, antes que en el control directo. Esto denota que existe una construcción hegemónica de las relaciones de género (Connell, 1995; Stølen, 2004), la cual está fundada en la centralidad de la familia (Di Marco, Faur y Méndez, 2005; Jelin, 1984) como institución que organiza y da sentido a la vida social de la comunidad isleña. Y también da sentido a las praxis del colectivo isleño, ya que la defensa de los derechos de las familias a permanecer en “su lugar” es el motor que inspira a la acción política tanto de hombres como de mujeres. En este marco, argumentaré que existe una complementariedad entre géneros en la arena política, ya que hombres y mujeres despliegan sus estrategias en diferentes escalas y abordando temáticas específicas, de acuerdo con los espacios y roles que tienen disponibles según el régimen de género local.

Para desarrollar estos argumentos, en primer término haré una breve introducción al área de estudio y a su historia reciente, deteniéndome particularmente en los procesos económicos, sociales y políticos que permiten poner en contexto el caso. Luego presentaré las prácticas de resistencia territorial que podríamos identificar como hegemónicas dentro del colectivo isleño, las cuales son llevadas adelante por hombres del segmento de grandes y medianos productores. Para ello, me valdré de una serie de trabajos realizados por diversos investigadores que han estudiado los procesos de negociación y conflicto por la definición de los usos y apropiación del ambiente. Más adelante presentaré los resultados de mi investigación empírica y describiré las prácticas políticas que despliegan las mujeres isleñas en espacios sociales habilitados a su género. Finalmente, analizaré las formas de organización y de acción política de una asociación local de pequeños productores y pobladores que cuenta con una alta participación de mujeres en calidad de socias. Postularé que en este espacio se cristaliza la complementariedad de prácticas de resistencia territorial entre hombres y mujeres, fundada en el objetivo común que es la permanencia de las familias isleñas en su “lugar”.

Breve contextualización del área de estudio y de los conflictos territoriales latentes

En las islas del delta bonaerense, y más específicamente en la Zona Núcleo Forestal,⁵ donde llevé a cabo mi investigación, las formas de producir y habitar el territorio han ido cambiando a lo largo de los años, en consonancia con los virajes en las políticas estatales de gestión. Entre finales del siglo XIX y mediados del XX primó la producción frutihortícola en pequeña escala, llevada a cabo por colonos europeos atraídos por leyes de colonización del Estado nacional (Pérez Agote, 1997; Gentile y Natenzon, 1998). En este periodo, la población en el delta bonaerense creció exponencialmente, pasando de unos 2000 habitantes en 1869 a 25 000 habitantes hacia 1950 (Galafassi, 2005).

En la segunda mitad del siglo XX, el modelo frutihortícola fue reemplazado por la especialización en forestación a gran escala⁶, lo que dio lugar a profundas transformaciones. Por un lado, se inició un proceso de emigración por parte de aquellas familias que no pudieron encarar la reconversión productiva, particularmente luego de inundaciones extraordinarias que diezmaron las huertas y los frutales de las quintas.⁷ En forma paralela, tuvo lugar un proceso de concentración de tierras, distribuidas entre las familias que lograron quedarse y nuevas empresas foresto-industriales que se asentaron en el territorio, como Papel Prensa y FAPLAC.⁸ Por otra parte, con el fin de mitigar el impacto de las inundaciones en la producción y en la vida cotidiana, se llevó adelante la construcción de diques y terraplenes y la implementación de diversas técnicas de control del agua en las explotaciones. Estas obras fueron realizadas por la propia población, acompañada por políticas e instituciones estatales (Gentile y Natenzon, 1998; Galafassi, 2005; Olemberg, 2010; Moreira, 2018).

A principios del siglo XXI, dicho modelo de producción forestal comenzó a ser fuertemente cuestionado por parte de científicos y activistas debido a los impactos ambientales que provoca, y las políticas estatales empezaron a volcarse a la implementación de normas de conservación de las islas en clave de “humedales”, en el marco del paradigma del desarrollo sustentable (Castro, Straccia y Arqueros, 2019). Se ha ido conformando así un campo de lucha en el que participan diversos agentes que pretenden definir cuáles deberían ser los modos de uso y apropiación de los humedales del delta del Paraná. Es en este contexto que se inscribe este trabajo, en el que la población isleña pone en juego diversas estrategias políticas para defender su derecho a seguir produciendo y viviendo en su “lugar”.

Política en clave masculina: las organizaciones de productores

En la división sexual del trabajo de las unidades domésticas isleñas, la cual tiene una raíz patriarcal asociada con sus orígenes europeos (Ferro, 2008), los hombres cabeza de familia son considerados “los productores”, y son quienes se encargan de organizar el trabajo en las explotaciones y de conducir la economía familiar. Según los relatos locales del pasado, ellos y sus padres, “los pioneros”, aparecen como quienes se han organizado con sus vecinos para “limpiar” las islas “a fuerza de machete”, para construir colectivamente diques, terraplenes y caminos, y también para instalar servicios de luz, transporte y comunicaciones. Y es que, en los relatos que sostienen tanto hombres como mujeres isleñas, se señala a los hombres como quienes hacían el “trabajo pesado”. Aquí cabe mencionar que, si bien se trataba de actividades que convocaban a las familias completas, y se recuerda que las mujeres preparaban los almuerzos y cuidaban a niños y niñas en estas largas jornadas, su trabajo no es reconocido como parte de la gesta “pionera”, sino como “ayudas” o “apoyo” al trabajo principal de los hombres.⁹

Dichas experiencias colectivas han llevado a los isleños a crear organizaciones locales de productores que aún perduran,y es desde allí que históricamente han articulado con otras instituciones estatales para defender sus intereses.¹⁰ En ellas, los presidentes y voceros de los consejos directivos han sido siempre hombres en el rango de medianos y grandes productores forestales (Pizarro y Ortiz, 2013; Moreira, 2018; Pizarro, Moreira y Ciccale Smit, 2018).

En la actualidad, los representantes de estas organizaciones son quienes actúan como voceros del colectivo isleño en el campo de fuerzas donde se disputa cuáles son las formas adecuadas de uso del territorio. Como se describe en diversos trabajos, esto lo hacen en espacios de participación institucionalizados de escala local¹¹ y en mesas foresto-industriales de escala provincial y nacional (Camarero, Straccia, Maestripieri, Ortiz y Liftenegger, 2018; Moreira, 2018; Pizarro y Straccia, 2018; Straccia, 2018, 2020). Desde estos espacios, han logrado incidir en procesos de construcción de normativas ambientales, como la Ley de Bosques y la Ley de Humedales (Straccia, 2018, 2020), y también en procesos de gestión y de ordenamiento territorial (Camarero, 2011; Camarero et al., 2018; Straccia, 2018, 2020).

De acuerdo con lo analizado en estos estudios, los voceros han hecho un uso político de la identidad isleña (Isla, 2003) para disputar la legitimidad de sus formas de uso y apropiación del ambiente. En las diferentes instancias de negociación, han esgrimido discursos en los que dan cuenta de cómo fueron construyendo su identidad colectiva de manera entramada con la materialidad del espacio (Pizarro y Ortiz, 2018) al que ellos, sus padres y abuelos debieron transformar para hacerlo “vivible”, y así “crearon el Delta” (Pizarro 2019).

En esta línea, tal como señala Straccia (2018, 2020), en diversas ocasiones los voceros isleños han criticado a quienes elaboraron las normas que suponen intervenciones territoriales en nombre de la sustentabilidad ambiental, y los han acusado de ser agentes externos que tomaban decisiones “desde el escritorio”, desconociendo las lógicas de las prácticas productivas y de vida de quienes habitan el territorio e ignorando los sentidos que los isleños les otorgan a su “lugar”. Asimismo, han reprochado la falta de sensibilidad de estos agentes ante las dificultades que atraviesa la población isleña, la cual se encuentra expuesta a recurrentes crisis ocasionadas por inundaciones extraordinarias conocidas localmente como “grandes mareas”, que les han costado desde la producción hasta las viviendas, lo cual ha empujado a muchas familias a migrar (Pizarro et al., 2018).

En ocasiones, los voceros isleños también incorporaron el discurso conservacionista, al que han resignificado y articulado con argumentos productivos para justificar que la “defensa de la producción forestal” no debe suponer una contradicción con la protección del ambiente. De este modo han disputado los elementos del sentido del discurso ambiental (Pizarro y Straccia, 2018; Straccia, 2018, 2020).

Como se puede observar en los trabajos citados, los isleños que ocupan cargos directivos en las organizaciones locales que tienen sitio en las mesas de negociación por el uso del ambiente y la apropiación del territorio son hombres adultos en el rango de grandes y medianos productores forestales. En estos voceros isleños se condensan las jerarquías de poder que existen al interior de la comunidad isleña, las cuales se cimentan sobre, al menos,¹² dos estructuras sociales que se intersectan (Crenshaw, 1989): el régimen de género y la estructura de clases sociales local.

“Tenemos que hacer algo por los chicos”: las prácticas políticas de las mujeres

Las mujeres isleñas no suelen participar directamente de los espacios de negociación en torno a proyectos de gestión territorial¹³ ni confrontan directamente con “ambientalistas”. Sin embargo, esto no implica que carezcan de prácticas políticas activas mediante las cuales defienden su derecho y el de las familias isleñas al territorio. Al realizar un análisis etnográfico de la política (Balbi y Rosato, 2003; Balbi y Boivin, 2008) en la comunidad isleña se observa que, desde diversos espacios sociales habilitados para su género, las mujeres despliegan estrategias orientadas a la generación de alternativas que mejoren la calidad de vida y fomenten la permanencia de las y los isleños en su “lugar”.

El principal espacio de referencia y acción para las mujeres son las escuelas. Como en muchos otros lugares rurales (Biasioli, 2016; Naef, 2016; Romero Acuña, 2018, entre otros), las escuelas de islas cumplen una serie de funciones sociales que exceden el ámbito meramente educativo. En la actualidad constituyen el núcleo de la vida social isleña, ya que la mayoría de los clubes y sociedades de fomento que poblaban los arroyos a mediados del siglo XX han cerrado sus puertas. Es allí donde las familias se reúnen para celebrar eventos patrios, fiestas de la comunidad y demás actividades sociales y culturales. Además, son centrales para sostener el sistema de transporte fluvial al interior de las islas, ya que actualmente los servicios únicamente se mantienen activos en aquellos canales donde hay estudiantes que forman parte de los recorridos del transporte escolar.

Y en lo que concierne específicamente a las mujeres, las escuelas se constituyen como el principal espacio laboral en “la isla”. De acuerdo con el régimen de género local (Connell, 1995), las tareas asociadas a la forestación son categorizadas como masculinas, por lo que las mujeres quedan excluidas de trabajar en dicha cadena productiva. Al mismo tiempo, las tareas de cuidado y crianza de los niños y niñas son prácticas asociadas a lo femenino, y las escuelas son identificadas precisamente como espacios de cuidado de la comunidad. Es así que las mujeres se encuentran habilitadas a ocupar dichos espacios y a trabajar como docentes, no docentes, empleadas administrativas o incluso a tener cargos directivos.

Pero, además, la mayoría de las mujeres adultas participan en las asociaciones cooperadoras de las escuelas. Las “cooperadoras” son la instancia de organización más extendida y una de las de mayor trayectoria histórica en la comunidad isleña; de hecho, la mayoría de las mujeres con trayectorias políticas activas inició sus prácticas en estos espacios. No obstante, las mujeres conciben su participación en las “cooperadoras” como una extensión de su responsabilidad materna por fuera del hogar antes que como una plataforma para incidir en la política local.

Desde las diversas posiciones que ocupan en las escuelas, las mujeres se han unido a otras familias para organizar talleres y eventos destinados a niñas y niños, jóvenes, mujeres y familias de la comunidad, y han aprendido a realizar gestiones con el Estado para solicitar mejoras en la provisión de servicios para la población. En este marco, lograron aumentar la frecuencia y los recorridos del transporte escolar, ayuda estatal durante las “mareas” extraordinarias, e incluso la construcción de nuevas escuelas secundarias. Más recientemente, a comienzos de 2018, ante la decisión de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires de cerrar algunas escuelas de islas, fueron las y los integrantes de las asociaciones cooperadoras, junto con docentes y no docentes de las escuelas, vecinas y vecinos de la comunidad isleña, quienes se organizaron y movilizaron para manifestarse en contra de la medida. Finalmente, mediante esta acción conjunta, consiguieron que se revirtiera dicha decisión (Straccia y Camarero, 2021).

Así, las escuelas se conciben como parte de la esfera reproductiva y están asociadas a lo femenino (McDowell, 2000), por ser lugares de crianza y cuidado de la infancia, pero al mismo tiempo se convierten en ámbitos de ejercicio político. Este es, por tanto, un espacio paradójico (Rose, 1993) que habilita la participación política de las mujeres en el espacio público, si bien no es necesariamente pensado como tal ya que es visto como una extensión de las tareas de cuidado de los hijos en la comunidad. De este modo, ellas pueden llevar adelante prácticas políticas que mejoren la vida de las y los jóvenes y de las familias isleñas, sin necesidad de poner en discusión un ámbito donde se reproducen las asignaciones generizadas de roles sociales.

Otro modo de participar activamente en la política local es a través de programas de asistencia social. Específicamente en las islas funciona el “Plan Vida”, una medida social para población materno-infantil creada en la provincia de Buenos Aires en el año 1994. En sus comienzos se trató de un programa asistencial que consistía en la distribución de alimentos a mujeres embarazadas y niños de hasta cinco años de edad, y que tenía por objetivo disminuir el impacto de la pobreza en la población materno-infantil con necesidades básicas insatisfechas (Molinari, 2008; Pagani y Schuttenberg, 2005). Este programa se implementó a través de la creación de una red femenina de trabajo asistencial voluntario, constituida por consejeras ejecutivas que trabajaban junto a la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, referentes municipales que hacían de nexo entre la provincia y los municipios y trabajadoras vecinales o “manzaneras”, que eran mujeres voluntarias encargadas de distribuir los alimentos en sus barrios.¹⁴ En el año 1997 se incorporó el subprograma “Comadres”, cuyo fin era que un grupo de mujeres de los barrios hicieran de nexo entre las embarazadas y el sistema público de salud. Así, cada “comadre” estaba encargada de censar a las mujeres gestantes y de capacitarlas en salud reproductiva, maternidad, lactancia, puerperio, vacunación y cuidado de la salud infantil. Simultáneamente, debían informar los resultados del seguimiento a la “manzanera” de la zona y al centro de salud correspondiente (Masson, 2004; Molinari, 2008).

Si bien el programa sufrió modificaciones a lo largo de los años,¹⁵ en la actualidad continúa en funcionamiento, así como los vínculos políticos de las trabajadoras vecinales con las autoridades municipales. En las islas aún hay mujeres que ofician como “manzaneras” y “comadres”, acercando asistencia sanitaria y alimentaria a embarazadas y población infantil de bajos recursos. Ellas, además, tienen la tarea de notificar a los vecinos y vecinas las fechas de las elecciones, y de coordinar los horarios del transporte municipal que las llevarán a la planta urbana para votar.

Como señalan diversos autores (Masson, 2004; Molinari, 2008; Pagani y Schuttenberg, 2005), el “Plan Vida” fue la primera política provincial asistencial de gran envergadura ejecutada por mujeres pertenecientes a sectores carenciados.¹⁶ Resultaba novedoso que una política de Estado, que es un ámbito tradicionalmente público y masculino, confiara el funcionamiento de un programa social a mujeres de sectores populares, quienes en su mayoría no contaban con experiencia en el quehacer político estatal o partidario.

Si bien esta política habilitó a un nuevo grupo de mujeres a participar en la esfera pública, su participación se dio desde un rol paradójico (Rose, 1993) ya que, como señala Masson (2004), estas mujeres fueron interpeladas desde sus posiciones de género tradicionales -esto es, como “madres” y “amas de casa”- para cumplir un rol que constituía una extensión de su función “natural” de cuidado y crianza, y enfatizando en que la convocatoria se hacía desde un espacio “apolítico”, es decir, “no teñido de vicios partidarios”. Así, desde un rol que reforzaba la pertenencia de la mujer al espacio doméstico / reproductivo, las “manzaneras” y “comadres” accedieron al espacio público de la política y se transformaron en mediadoras legitimadas tanto por las beneficiarias del programa como por el Estado provincial y municipal, por los partidos políticos y por otras organizaciones de la sociedad civil (Molinari, 2008; Tabbusch, 2015).

Prácticas políticas compartidas: socias y socios de la Asociación Isleños Unidos II

Como ya fue señalado, la población de la Zona Núcleo Forestal cuenta con una larga tradición de asociativismo. En el primer apartado hice mención a las organizaciones de medianos y grandes productores que suelen oficiar de voceros del colectivo isleño en los distintos espacios donde se dirimen políticas públicas que afectan a la población local. En este apartado me enfocaré en otra organización vecinal, la Asociación Isleños Unidos II, que reúne características particulares.

La Asociación Isleños Unidos II es una asociación civil sin fines de lucro que nuclea a vecinas y vecinos que tienen quintas en la ZNF, entre quienes se encuentran descendientes de las familias “pioneras” y otras personas que se instalaron más recientemente en “la isla”. Algunos socios y socias son productores forestales pequeños, mientras que otros se dedican a diversos rubros, entre los que se incluyen empleos en empresas forestales o en la ciudad y otro tipo de producciones de baja escala-como apicultura, mimbre, producción de flores, cítricos y hortalizas, entre otras-. Varios de sus socios señalan que comenzaron a participar en esta institución porque consideran que las asociaciones de productores capitalizados no los representan, ya que perciben que priorizan sus intereses económicos por sobre el bienestar común de la comunidad isleña y su posibilidad de permanecer en “la isla” (Pizarro y Ortiz, 2013).¹⁷

Al mismo tiempo, Isleños Unidos II es la organización vecinal que cuenta con más socias mujeres. En el año 2018, de un total de 103 socios, 34 eran mujeres. En su mayoría son parientes directas de los socios varones -esposas, hijas, hermanas-, y muchas tienen también vínculos de parentesco entre sí. Las socias destacan que Isleños Unidos es una organización que “deja a las mujeres participar y proponer”, y de este modo la diferencian de las restantes organizaciones de la zona, a las que, según sus relatos, solo asisten a las asambleas socios hombres y las decisiones son tomadas jerárquicamente por los miembros -también hombres- de sus comisiones directivas. En cambio, varias socias participan de las reuniones periódicas de Isleños Unidos e incluso algunas forman parte de su comisión directiva.

Con todo, los cargos de presidente y vicepresidente de la comisión directiva de Isleños Unidos II han sido históricamente masculinos. Las mujeres, hasta el momento, han ocupado cargos inferiores en términos jerárquicos: protesoreras, revisoras de cuentas, vocales o secretarias. Sin embargo, en la práctica no se trata de cargos secundarios, dado que desde tales posiciones estas mujeres han gestionado trámites administrativos en la ciudad de Campana, han negociado proyectos y subsidios con el gobierno municipal y han representado a la institución en foros y eventos organizados en la planta urbana. De hecho, algo tan importante como la obtención de la personería jurídica de la asociación fue gestionada por una de las socias. Este tipo de acciones remiten a las gestiones políticas que llevan adelante las mujeres desde las asociaciones cooperadoras de las escuelas. Tan es así que algunas mujeres han sido convocadas a participar de Isleños Unidos II por su experiencia en estos ámbitos. En otros casos, las mujeres que tienen doble residencia¹⁸ y circulan entre “la isla” y “la ciudad” parecen tener una ventaja para ejercer cargos que requieren la coordinación de acciones entre la población isleña y las entidades político-administrativas e instituciones que tienen sede en el sector continental de la ciudad de Campana o San Fernando. De este modo, una vez más, vemos que las mujeres cumplen roles paradójicos (Rose, 1993), ya que ocupan cargos intermedios que se presentan como complementarios a los de los hombres, pero resultan centrales para la gestión de proyectos.

La búsqueda de alternativas y oportunidades para mejorar la calidad de vida de las familias en las islas motoriza la participación de las mujeres en la Asociación Isleños Unidos II. Este es otro motivo por el cual las mujeres se vinculan a esta organización. Según afirman las socias, el peligro de perder los derechos y patrimonios por los que las familias isleñas tanto lucharon, así como su lugar de pertenencia y arraigo territorial, las incita a formar parte de acciones colectivas. Desde su percepción, la “falta de lugar paralas mujeres” y la “falta de lugar para los jóvenes” son la principal amenaza para su permanencia en “la isla”, y señalan la necesidad de generar oportunidades laborales y de formación y de crear espacios de socialización. Es por ello que, en el conjunto de demandas y proyectos que lleva adelante la organización, las socias focalizan su atención principalmente en los aspectos sociales y educativos que involucran a mujeres y a jóvenes, buscando garantizar la reproducción familiar. Se destacan diversos proyectos de creación de espacios de formación en oficios para jóvenes y personas adultas, de oportunidades laborales e incentivos económicos para mujeres y jóvenes y de espacios de ocio y socialización para estos mismos grupos.

Mientras tanto, los hombres asociados se centran principalmente en gestionar mejoras en torno a los aspectos productivos y económicos de las quintas. Ellos tienden a focalizar sus propuestas en mejorar la situación económica de las familias a partir del impulso de producciones alternativas en las quintas que generen ingresos que suplanten o complementen los percibidos por la producción de madera. A modo de ejemplo, hay socios que buscan promover la apicultura, la producción comercial de frutas y hortalizas, e incluso el turismo rural.

De este modo, se cristalizan los roles de género asignados históricamente en las quintas: mientras que los socios focalizan sus demandas en los aspectos productivos, las socias tienden a hacerlo en los aspectos reproductivos de la vida social. En tanto que las demandas por infraestructura y servicios son compartidas por ambos.

A modo de cierre

A lo largo de este artículo se ha hecho un recorrido por las prácticas políticas que realizan hombres y mujeres que habitan y producen en la Zona Núcleo Forestal del Delta del Paraná en defensa de su derecho al territorio. Al estudiar la dimensión política del territorio con perspectiva de género (Quintero, 1999), podemos observar una marcada distribución de los roles y las demandas entre hombres y mujeres isleñas. Por un lado, son hombres quienes, a través de las organizaciones de productores, disputan abiertamente con otros agentes cuáles son las formas adecuadas de uso y apropiación del ambiente, argumentando en diversos espacios políticos en favor de su derecho a producir y transformar el medio desde su condición de “productores”, es decir, de conductores de la explotación familiar. Al analizar estas prácticas masculinas con perspectiva de clase social, se vislumbra también que quienes ofician como voceros de la comunidad en las mesas de debate intersectorial e interinstitucional pertenecen fundamentalmente al segmento de grandes y medianos productores forestales. En tanto que los pequeños productores, si bien comparten reivindicaciones en relación con el derecho a producir y al habitar, a menudo señalan no sentirse representados por los intereses de los productores más capitalizados, y muchos de ellos se han nucleado en una asociación vecinal que genera propuestas acordes con las condiciones económicas de las familias de su sector social.

Por otra parte, las mujeres ejercen sus prácticas políticas en espacios y mediante roles sociales habilitados como “femeninos” (McDowell, 2000; Ferré y Salamaña Serra, 2006). Así, desde las escuelas y los encuentros con vecinas gestionan proyectos y abren espacios para las familias en el ámbito local, micropolítico, y de este modo transforman sus escenarios cotidianos en espacios de reivindicación de derechos (Montoya Ruiz, 2009). Y ejercen sus prácticas en la esfera de las políticas sociales, que son consideradas como las más aptas para ellas dado que representan una extensión de los roles tradicionales de cuidado del ámbito doméstico/privado hacia el comunitario/público. Así, las mujeres recrean marcadores de género asociados a la femineidad, la maternidad, el matrimonio y el cuidado de la familia (Stølen, 2004), con lo cual reproducen los valores morales del régimen de género hegemónico (Connell, 1995).

Como señalan Lindón (2006) y Harcourt y Escobar (2007), el análisis de las praxis micropolíticas que se dan en la escala local permite visibilizar el activismo político y el compromiso de las mujeres con procesos de transformación social, con lo que su lugar deja de ser solamente considerado el hogar o la quinta. Antes bien, se abre la posibilidad de reconocer cómo la participación de las mujeres cobra también un papel importante en el manejo del espacio local. Resulta interesante señalar que, tal vez por su carácter micropolítico y por ser percibidas por sus protagonistas como actividades de socialización y fortalecimiento de lazos entre vecinos y parientes, estas prácticas son realizadas por mujeres de todos los sectores sociales de las islas.

Además de ejercer la micropolítica cotidiana, hay un grupo de mujeres que participa activamente de la Asociación Isleños Unidos II, organización vecinal que nuclea a familias del segmento de pequeños productores y trabajadores. Al analizar las formas de participación de socias y socios, se observa que los hombres ocupan los cargos directivos, en tanto que las mujeres ocupan cargos medios que resultan paradójicos (Rose, 1993), porque son centrales a la hora de llevar adelante proyectos. En cuanto a las consignas que reivindican, los hombres se enfocan principalmente en los aspectos productivos y económicos de las quintas, en tanto que ellas se centran en promover mejoras en servicios de salud y educativos y en crear espacios de ocio y laborales para que la población isleña no se vea forzada a migrar. De este modo, si bien es innegable que existen relaciones asimétricas entre ambos géneros -ya que son los hombres quienes ejercen el control de los recursos económicos y de las organizaciones locales (Quintero, 1999; Stølen, 2004)-, también podríamos pensar en una complementariedad entre géneros, en la que hombres y mujeres despliegan estrategias políticas en diferentes escalas, de acuerdo con los espacios que tienen disponibles, para lograr permanecer en su “lugar”.

Siguiendo a Joan Scott (1986), el género es una forma primaria de relaciones de poder, y analizar la arena política con perspectiva de género contribuye a poner en relieve el modo en que el poder se concibe, legitima y circula. En la comunidad isleña bajo estudio podemos hablar de una construcción hegemónica de las relaciones de género (Connell, 1995), dado que los hombres basan su dominio en normas y valores compartidos por ambos géneros, antes que en el control directo. Tal hegemonía se funda en la centralidad de un modelo de familia patriarcal de herencia europea (Ferro, 2008) como institución que organiza y da sentido a la vida social de la comunidad isleña (Jelin, 1984; Di Marco et al., 2005). En esta línea, como señala León (2000), las mujeres se relacionan con el poder de múltiples formas. No sólo a través de la sumisión o el desafío explícito, sino también mediante estrategias disponibles desde sus posiciones de género para obtener control sobre sus fuentes. Es así que las mujeres isleñas operan dentro de los marcos establecidos para reformar aspectos de la dinámica social que consideran subyugantes.

Podemos concluir entonces que las y los isleños despliegan prácticas de resistencia territorial en sentido amplio, si las entendemos como el conjunto de prácticas que articulan en defensa de su derecho a permanecer en “la isla”, fundadas en un sentido de pertenencia al lugar como espacio vivido, construido y apropiado (Lefevbre, 1974; Haesbaert, 2007).