Introducción

En este artículo, a partir de una perspectiva cualitativa con abordaje etnográfico, se analizan las prácticas y discursos locales sobre la salud y el ambiente en torno al uso de agrotóxicos entre los profesionales de la salud, en el partido de Junín (provincia de Buenos Aires) entre 2015 y 2018. El presente aporte forma parte de mis investigaciones para obtener los títulos de magíster en Antropología Social y doctora en Geografía, allí me propuse estudiar las prácticas y discursos locales que circulan en el territorio sobre la salud y el ambiente en torno al uso de agrotóxicos en el partido de Junín (provincia de Buenos Aires). La investigación se realizó bajo una perspectiva cualitativa, ya que lo que se buscó fue captar los sentidos sociales del riesgo en el grupo de estudio. Se optó por un diseño flexible, que permitió el abordaje de datos secundarios de fuentes escritas (gubernamentales y periódicos), datos secundarios susceptibles de relevamiento estadístico y datos primarios relevados con trabajo de campo etnográfico, que se llevó a cabo entre julio de 2015 y diciembre de 2019. Se realizó un abordaje etnográfico (Guber, 2016), entendiendo la etnografía como un enfoque, un método y un tipo de texto que permite conocer el modo en que los actores sociales significan los fenómenos sociales y supone una descripción teorizada de la perspectiva del actor.

Una de las herramientas de recolección de datos utilizada fue la entrevista no directiva con estadía prolongada en el campo. La entrevista no directiva es una situación cara a cara; los datos que provee la persona entrevistada son la realidad que esta construye con quien entrevista en el momento del encuentro (Guber, 2016). Otra de las técnicas de trabajo de campo etnográfico es la observación participante, que consiste en observar lo que acontece en torno al investigador y participar en actividades de la población. Se trata de una “participación observante” en el sentido de que el investigador se integra a las prácticas colectivas, siendo parte, pero como observador (Guber, 2016).

La muestra de informantes locales se conformó a partir de una selección teórico-intencional no probabilística. El primer criterio de selección teórica fue ser personal de salud del partido, además de aceptar participar del estudio.

El proceso de trabajo de campo estuvo atravesado por los pormenores de cualquier investigación en ciencias sociales (casi siempre, complicaciones en relación con el financiamiento), pero a esto se le sumó la susceptibilidad que generaba en mis informantes mi tema de interés. Venir de una universidad y preguntar por los agrotóxicos no fue tarea sencilla, pero gracias a las estadías prolongadas en campo pude ir construyendo las notas que se presentan en este artículo. Muchas de ellas, charlas informales durante observaciones en pasillos de centros de salud, otras más formales, gracias a la técnica denominada “bola de nieve”: cada entrevistado recomienda un nuevo informante a través del cual profundizar el conocimiento de las variables consultadas o de nuevas que surjan en el curso de la investigación.

La mayoría de los nombres propios de personas que aparecen en este artículo han sido modificados para salvaguardar la intimidad de mis informantes. Las personas referidas por sus nombres reales dieron su expreso consentimiento, ya sean funcionarios públicos o responsables de toma de decisiones.

El universo de estudio estuvo conformado por el partido de Junín, en tanto que división política que integra el territorio socioproductivo del agronegocio pampeano.

Transformaciones de la estructura social agraria

Durante el siglo XX se produjeron grandes cambios en la forma de producir en la agricultura. Estos pueden periodizarse en dos grandes etapas: la primera, que abarca desde los años 1960 a 1990, con el aumento de la tecnificación de la agricultura con la “Revolución Verde”, y la segunda en 1996, con la aprobación en nuestro país del uso de soja genéticamente modificada (GM) resistente al glifosato. Esta segunda etapa va en línea con los cambios ocurridos en el modelo agroalimentario mundial y con las políticas macroeconómicas neoliberales que afectaron a nuestro país a partir de la dictadura militar instaurada en 1976 y profundizadas en el gobierno de Carlos Menem a partir de 1989. Entre las transformaciones ocurridas, podemos nombrar el afianzamiento de una lógica financiera y una reorganización de las formas de gestión de la producción agrícola.

El uso de soja GM es parte del paquete tecnológico, que también incluye siembra directa y uso de agrotóxicos. Gras (2012) señala que, con el afianzamiento del agronegocio, se consolida un nuevo perfil empresario que tiene como característica ya no la la propiedad de la tierra sino su control y gerenciamiento. Entonces, en las últimas décadas, se fueron transformando las prácticas culturales en torno al uso del suelo, no solo en la forma en la que se realiza el trabajo en la explotación, sino también en la concentración económica de la tierra. Por ejemplo, comparando los censos nacionales agropecuarios 1988 y 2002 desaparecieron un 36% de explotaciones fundamentalmente pequeñas y medianas en la zona pampeana de Buenos Aires. Estas transformaciones muestran, por un lado, el aumento de superficie de las unidades de producción agrícola y la concentración de la producción en manos de pocos productores. Por otro lado, junto con estos cambios, avanzó sostenidamente el crecimiento del cultivo de soja. Sili, Guibert y Cara (2015) afirman que en la década de 1970, el cultivo de soja era casi inexistente en nuestro país, y pasó de 26.000 toneladas en esa década a 53 millones de toneladas en la cosecha 2013-2014; es decir, este cultivo representó la mitad de los granos producidos en el país. El uso de agrotóxicos y fertilizantes aumentó considerablemente el rendimiento por hectárea, esto sumado a la inversión del capital financiero en el agro y la poca inversión de capital en relación con el precio de venta de tonelada de soja en el mercado internacional, logró una fuerte expansión territorial de la soja en desmedro de otras producciones como el girasol o el trigo, y el avance sobre tierras previamente ocupadas por bosques o monte nativo. Los autores señalan que, en 2012, la producción de soja abarcó 19 millones de hectáreas, la mitad de la superficie agrícola. La producción de trigo estuvo marcada por dos etapas, una al principio de la década de 1990, debido al avance de la producción de soja, y la segunda, que se da al introducir nueva tecnología genética y mecánica, que permitió implementar el doble cultivo en un mismo lote: trigo y soja de segunda.

El partido de Junín sigue la misma línea que a nivel nacional. Como se ha analizado en otras investigaciones, a partir de las series de datos provistas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (Lucero, 2019; 2020), se registra un crecimiento sostenido de la superficie destinada al cultivo de soja, especialmente a partir de la campaña 1998-1999. En relación con el cultivo de trigo, este comienza a decrecer a partir de la campaña 1997-1998, con su pico mínimo de superficie en la campaña 2012-2013, con leve crecimiento hasta la actualidad. En cambio, el maíz se mantuvo con una superficie mucho menor con respecto a los otros cultivos y un crecimiento a partir de 2012. Este crecimiento puede explicarse debido a la elección del maíz como cultivo seleccionado a la hora de rotar el sembrado y la modificación genética de las semillas para sembrarlo en áreas donde antes no era posible.

Investigaciones sobre el impacto a la salud del uso de agrotóxicos

Como se mencionaba en el apartado anterior, la intensificación agrícola trajo aparejado un mayor uso de agrotóxicos y, con ello, el debate sobre los impactos a la salud y el ambiente. Aquí se mencionarán los estudios que abordan la problemática del impacto a la salud del uso de pesticidas y su compromiso con la salud colectiva.

El Dr. Andrés Carrasco¹ (CONICET-UBA) fue el líder de la investigación que inició los estudios sobre el impacto del glifosato en una rana africana (Xenopus lavéis) y pollos. Relacionaron el uso del pesticida con la producción de malformaciones en los embriones de las especies utilizadas para su estudio (Paganelli, Gnazzo, Acosta, López y Carrasco, 2010). En esa investigación, utilizaron dosis de glifosato muy por debajo de los valores que se usan normalmente en la fumigación (Starosta y De la Orden, 2013).

En la Universidad Nacional de Río Cuarto, el Grupo de Genética y Mutagénesis Ambiental (GeMA), del Departamento de Ciencias Naturales, ha llevado adelante importantes investigaciones en este ámbito; Peralta, et al. (2011) estudiaron casos de daños genéticos en pobladores de Marcos Juárez (Córdoba) expuestos a plaguicidas, y concluyeron que los trabajadores agrícolas expuestos a plaguicidas tenían mayores probabilidades de que el daño genético fuera irreversible y ocasionara algún tipo de cáncer.

También son relevantes los estudios de Mañas (2010), integrante del grupo de Investigación de la Universidad de Río Cuarto, que señala que las agencias regulatorias a nivel mundial, como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, consideran el glifosato como irritante para las vías aéreas, piel y ojos. También causan irritaciones oculares, náuseas, mareos, edemas pulmonares, vómitos, fallas renales, entre otros. A su vez, debido a la exposición prolongada en el tiempo (aunque sea a bajas cantidades), se producen enfermedades crónicas. Bernardi et al. (2015) estudiaron el daño genético en niños de la provincia de Córdoba expuestos a plaguicidas, compararon la mucosa bucal de niños residentes de la zona urbana de Marcos Juárez (que viven a pocos metros de campos pulverizados), con niños que viven en zonas urbanas a 10 km de áreas fumigadas. Detectaron daño genético en los niños cercanos a las áreas fumigadas.

En 2015, se conformó el Grupo de Epidemiología de la Ciencia Digna, surgido para poder abordar las tensiones establecidas entre el saber académico, los problemas ambientales y las experiencias de las comunidades atravesadas por el modelo del agronegocio. No solo discute con la lógica académica y reduccionista de saberes científicos, sino que busca desarrollar nuevas estrategias de investigación -acción para producir conocimiento en unidad con las comunidades afectadas- (Arancibia, Bocles, Massarini y Verzeñassi, 2018).

Como parte de los procesos de acción colectiva, las investigaciones mencionadas acompañaron movimientos sociales de las poblaciones linderas a las áreas de cultivo que ven afectada su salud. Por ejemplo, las que llevó a cabo el grupo GeMA, a través de la doctora Aiassa, fueron testigos de parte en el juicio de Ituzaingó, madres de pueblos fumigados.²

Una de las experiencias principales de lo que se denomina “epidemiología popular” (Brown 1987; Brown y Mikkelsen 1990, citados en Arancibia et al., 2018) fue la ocurrida en las afueras de la ciudad de Córdoba: las Madres de Ituzaingó iniciaron un relevamiento durante aproximadamente cuatro meses, en el cual encontraron altas tasas de cáncer, enfermedades autoinmunes y alteraciones en la piel (Arancibia et al., 2018). Este relevamiento, en un primer momento, fue desestimado por las autoridades y el Ministerio de Salud. A partir de la acción colectiva (movilizaciones, actos, cortes de ruta) y la persistencia de las madres se logró conocer que:

A partir de esto, se logró que el Estado regulara la distancia con respecto a las áreas pobladas (desde los 2500 metros del límite del ejido urbano).

A partir de estas transformaciones a nivel productivo y cultural, y existiendo en nuestro país un gran recorrido por parte de movimientos sociales y científicos que han estudiado sobre los efectos a la salud del uso de pesticidas, es que nos preguntamos por las prácticas y discursos de los profesionales de la salud en torno al uso de agrotóxicos en Junín.

Se abordarán los sentidos nativos del riesgo sobre el uso de agrotóxicos en la agricultura extensiva a nivel local y cómo esto influye (por acción u omisión) en los procesos de salud, enfermedad, atención (en adelante: s/e/a). Para esto, es necesario establecer previamente algunas referencias teóricas.

En esta investigación, se trabajará con las construcciones sociales del riesgo, entendiendo que están situadas en la estructura social, por lo que son diferenciadas según desigualdad de clase y género, a la vez que generan vulnerabilidad. No se puede analizar el riesgo sin tener en cuenta las relaciones de desigualdad en los distintos procesos de producción de la vida social (es decir, la producción material y simbólica de la vida de las personas) y la percepción o sentido social del riesgo construido.

El sociólogo Ulrich Beck ha producido una vasta cantidad de bibliografía en la que reflexiona sobre el concepto de riesgo, y postula la categoría de sociedad de riesgo global (Beck, 2008). Para trabajar este apartado nos basaremos en la afirmación de que es la percepción cultural y la definición lo que constituye el riesgo. Las nociones o ideas que se construyan sobre el riesgo estarán conformadas subjetivamente y se encuentran social y culturalmente condicionadas (Beck, 1996); conceptos como percepción y confianza juegan un rol central (Caplan, 2000); entender qué perciben como riesgo y qué están dispuestos a hacer para minimizarlo requiere de una comprensión más amplia de las relaciones laborales, familiares y de géneros.

Para analizar esta problemática también se tendrán en cuenta los aportes de la epidemiología crítica (Breilh, 2006, 2007, 2013; Almeida Filho, Castiel y Ayres, 2009), un enfoque que incorpora la dimensión histórica, la economía política y las relaciones de poder en la construcción de fenómeno sanitario o el hecho social de la salud/enfermedad. Metodológicamente, estos autores incorporan una articulación entre el dato micro y lo macro, es decir, la referencia a la estructura social y a la historia.

El trabajo de campo en el territorio y su posterior análisis se realizó apoyándonos en la noción de la determinación social de la salud, entendiendo que la salud no pertenece a un orden individual, sino que es un proceso socialmente determinado, y entendiendo que la mirada biomédica reduce la problemática a la de trastornos o malestares individuales, por ende, también lo es su curación y prevención (Breilh, 2013).

El proceso de salud no es exclusivamente un problema individual y biomédico. Roseberry (2007) menciona que no podemos colocar los discursos en un molde bidimensional, ya que el mundo en el que vivimos es multidimensional y la realidad es mucho más compleja. En Junín, las formas en cómo los actores sociales construyen y hacen circular los discursos sobre el riesgo de enfermar, sus padecimientos y su práctica cotidiana en relación con los agrotóxicos no son “malos” o “buenos”. Esos enunciados y prácticas están atravesados por relaciones de poder: instrumentan evidencias científicas, datos epidemiológicos, representaciones hegemónicas de corporaciones médicas, laboratorios y empresas transnacionales, y discursos y prácticas estatales permeables a los intereses de la agroindustria o la salud.

Otra categoría que atraviesa este artículo es la de hegemonía, que aquí es trabajada a partir de los aportes teóricos de Gramsci (1975). Waiman (2019) explica que la hegemonía sucede donde un grupo supera los intereses corporativos y los convierte en un interés político que incluye a otros grupos para dirigirlos. Entonces, la hegemonía aparece cuando determinadas fuerzas sociales pueden universalizar sus intereses y asumir un rol de dirección.

La capa de la invisibilidad. Discursos y prácticas de los profesionales de la salud sobre los efectos de los agrotóxicos

Si hay una imagen que grafica el comienzo de esta investigación en Junín con los profesionales de la salud es la de Homero Simpson golpeándose la cabeza con una mano mientras dice “¡D’OH!” (un “¡Ouch!” argentino).

De mi parte, esperaba encontrar datos epidemiológicos que me permitieran establecer una correlación directa entre el uso de agroquímicos y el aumento de enfermedades crónicas o agudas para poder llevar adelante investigaciones de denuncia como las que habían estudiado Breilh (2007), Hernández González, Jiménez Garcés, Jiménez Albarrán y Arceo Guzmán (2007), Guzmán Plazola, Guevara Gutiérrez, Olguín López y Mancilla Villa (2016) o García, Breilh y Larrea (2017). Estos autores han podido trabajar con datos estadísticos oficiales o construidos que les permitieron establecer distintos tipos de correlación entre el uso de plaguicidas y enfermedades/padecimientos. Sin embargo, durante el trabajo de campo en Junín no encontré datos epidemiológicos cuantitativos sistematizados. Tampoco durante el trabajo de campo etnográfico con los profesionales de la salud, pude identificar vestigios de problema médico asociados con el uso de agrotóxicos.

Uno de mis primeros acercamientos fue con Ignacio, referente de la Región Sanitaria III de la provincia de Buenos Aires (a la que pertenece Junín, junto con los partidos de Chacabuco, Lincoln, General Arenales, General Pinto, Florentino Ameghino, General Viamonte y Leandro N. Alem). En ese primer encuentro me dijo que “no hay investigaciones que digan que causen enfermedades”; que “habría que hacer un estudio epidemiológico y comparar distintos barrios según zonas cercanas a las fumigaciones” y que “eso lleva mucho tiempo”. Con relación a casos denunciados, me explicó que:

Amablemente, el Dr. Ignacio se fijó en el sistema y no había ninguna denuncia de intoxicación con pesticidas en toda la Región Sanitaria III.

En esa misma estadía en campo, fui al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Morse (que pertenece al partido de Junín). Dialogué con la enfermera y un médico joven; él me contó que había hablado con un médico del pueblo (ya jubilado) pero que “no ha detectado caso de leucemia, linfoma no Hodgkin, cáncer o demás enfermedades” y que “No hay registros de que en los momentos de aplicación se registren más casos de enfermedades respiratorias o dermatitis, que habría que hacer estadísticas a largo plazo, unos 10 años”, pero ahí “te metés con grandes poderes” (Diario de campo, julio 2015).

Continué mi trabajo de campo conversando con Juan, un médico generalista que tiene consultorio en Junín. Él dijo:

Hasta septiembre de 2016, el trabajo de campo parecía redundante en estos términos. Específicamente en Morse, en cada ingreso al pueblo pasaba por el CAPS y encontraba algún médico nuevo o el que había conocido se estaba yendo. Sin embargo, el 12 de septiembre fui a la tarde a la salita, hablé con una de las médicas generalistas (Gabriela) que estaba trabajando allí hacía muy poco, ella ya se iba, pero muy amablemente me pidió que fuera al día siguiente. Le comenté por arriba lo que quería preguntarle, me dijo que hacía poco que ella que estaba, pero que habría que empezar a hacer un seguimiento a las posibles enfermedades crónicas y agudas. Cuando llegué estaban ella y una enfermera, cuando quise empezar a charlar me dijo “no sé nada”, “hace muy poco que trabajo acá, mejor llamo a la delegada para que te explique mejor” (la delegación municipal y el CAPS comparten el mismo edificio), lo que sí me dijo, frente a la delegada y hablándole a ella fue:

La figura de autoridad de la delegada seguramente jugó un papel importante en la entrevista, sobre todo porque la médica, Gabriela, el día anterior no me había mencionado nada de lo que dijo al día siguiente, sino todo lo contrario: la médica y la delegada municipal se dan la razón mutuamente, y así construyen un enunciado tácito de consenso compartido. Ninguna de las dos tiene evidencias, sin embargo, la delegada apela al saber de la médica para que le dé la razón respecto de que no hay datos conflictivos. Para ambas, no hay registros epidemiológicos que permitan pensar que los agrotóxicos son peligrosos. Y los que hay, (las alergias respiratorias) no constituyen una evidencia suficiente para preocuparse.

En el sistema de salud pública de Junín, el problema de la mayoría de los profesionales es el registro de datos. Además de las condiciones de trabajo de los médicos, que incluyen bajos salarios y precarias condiciones de contratación (lo que queda en evidencia a partir de las observaciones y entrevistas en profundidad), la demanda de los centros de atención es alta y falta personal administrativo capacitado para el registro de los casos de denuncia obligatoria. Después de atender pacientes, registrar y hacer las historias clínicas, por lo general, el dato es registrado bajo otra patología (subregistro) y no como afecciones ligadas al uso de agrotóxicos. Una enfermera próxima a jubilarse del CAPS de Morse nos narró:

El subregistro no tiene que ver con falta de voluntad o mala intención por parte de los profesionales de la salud, sino que se pone en juego el entramado de relaciones existentes entre la formación en epidemiología popular, condiciones de trabajo, infraestructura y organización de los sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica.

En relación con la problemática del subregistro, Junín no es una excepción al resto del país, ni siquiera tampoco de Latinoamérica. Altamirano, Franco y Bovi Mitre (2004) analizaron para la provincia de Jujuy que, sobre un grupo de 379 trabajadores rurales de cultivos de tabaco, un 25% se había intoxicado con pesticidas, y de estos, un 49,5% no había concurrido a la consulta médica. Casi la mitad de los casos, entonces, no fueron reportados.

Para Brasil, Bochner (2007) señala las dificultades de llevar un registro acabado de notificaciones por intoxicación. Enumera las siguientes problemáticas: la notificación voluntaria, la particularidad de que las denuncias que llegan son agudas y, en ese sentido, el subregistro de intoxicaciones crónicas por plaguicidas bajo otro tipo. Faria, Fassa y Facchini (2007) problematizan la abundancia de sistemas de notificación en distintas estructuras de gobiernos ya que actúan más como un impedimento que como un facilitador en la vigilancia de las intoxicaciones. Oliveira Silva y Meyer (2003) hacen hincapié en las fallas estructurales, como faltante de hospitales y centros de salud en zonas rurales; también asocian la carencia de profesionales formados para conocer los casos de intoxicación por plaguicidas y las dificultades de los centros de salud para realizar análisis toxicológicos. En los casos de muerte, el causal, en las morgues, suele ser el resultado fatal de la intoxicación: paro cardíaco, insuficiencia respiratoria, etc.

En este sentido, retomando a Iñiguez Rojas (1998), la parcialidad que aportan los subregistros se convierte en uno de los principales problemas a la hora de establecer una relación entre el uso de agrotóxicos e intoxicaciones agudas y, por sobre todo, crónicas, lo que se traduce en falta de políticas públicas acordes con la magnitud de la problemática. El silencio epidemiológico, señala el autor, expresa ausencia de notificaciones, no de enfermos.

Otro punto importante a retomar aquí es la formación en toxicología específica de pesticidas y en epidemiología popular del personal de salud que atiende las consultas por intoxicaciones (agudas o crónicas) que, como se puede ver en uno de los relatos que siguen a continuación, en muchas ocasiones podría reforzarse más.

En relación con lo anterior, un ejemplo a seguir son los campamentos sanitarios en el marco de la práctica final de la Facultad de Medicina Universidad Nacional de Rosario, cuyo responsable es el Dr. Damián Verzeñassi. Estos campamentos fueron creados en 2010 y desde esa fecha se han realizado relevamientos epidemiológicos en más de 37 localidades de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba. En relación con la formación específica en toxicología de los pesticidas, una médica del hospital nos contó:

Otra pediatra del subsistema público dijo: “Hubo casos en Morse de enfermedades oncológicas y aumento de diabetes tipo 1, pero no podés responsabilizar a los agroquímicos, pueden ser mil cosas” (Diario de campo, septiembre de 2017).

Dado que la hegemonía no es una formación cristalizada e inmóvil, sino que es un proceso “problemático, disputado y político de dominación y lucha” (Roseberry, 2007, pp. 120), también circulan en Junín otros discursos y prácticas.

Las voces uniformes de profesionales de la salud que no sospechaban de una relación entre agrotóxicos y enfermedad comenzó a resquebrajarse cuando, en una conversación, una enfermera de Morse que estaba próxima a jubilarse y una obstétrica afirmaron que “hubo aumento de casos de abortos espontáneos, como 7 en 2013”, pero que nadie “se la quería jugar” (Diario de campo, junio de 2015). Posteriormente logré conversar con otro médico, Jorge: médico responsable de neonatología del Hospital Interzonal de Agudos (HIGA) de Junín, a su vez es responsable de la Red Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) por HIGA, el Sanatorio Junín (sector privado) y el Hospital Municipal Gral. Viamonte (partido de General Viamonte). Jorge me recibió en el área de neonatología del HIGA de Junín. Lo primero que hice fue preguntarle desde cuándo había empezado a notar impacto en la salud de los agrotóxicos:

Esta “no linealidad” que refiere el médico Jorge entre causa-efecto es precisamente lo que utilizan las corporaciones ligadas al agronegocio (empresas químicas y semilleras, asociaciones de productores y sectores del Estado) para justificar el uso de agrotóxicos en la producción agraria. La asociación Médicos de Pueblos Fumigados expone recurrentemente investigaciones en las que advierten sobre este riesgo en congresos y revistas científicas.

Los procesos relacionados con la construcción social del riesgo están atravesados por relaciones de poder, y particularmente en el caso de los agrotóxicos, hay que ampliar la mirada y repensar todo el modelo productivo:

En primer lugar, es interesante contrastar el relato de Jorge con el de Gabriela, ambos médicos de pueblos rurales, ambos reflexionando sobre el potencial riesgo inherente a los diferentes niveles de exposición humana a los agrotóxicos. Gabriela lo minimiza y Jorge señala que el volumen de agrotóxicos aplicados ha aumentado exponencialmente y que esta recurrencia aumenta las sospechas de que la aplicación enferma. Es más, Jorge hipotetiza la relación entre la ocupación de los fumigadores y el desarrollo de patologías. Podemos pensar que, mientras Gabriela, una médica que rota entre los CAPS de distintos partidos, no comprende la dimensión del vínculo entre salud y agrotóxicos, el Dr. Jorge, un profesional que desarrolló su carrera en el lugar, puede vincular estilos de vida con padecimientos, y hacer explícitos los efectos de los agrotóxicos en la salud.

Condiciones de trabajo y modelo médico hegemónico

A lo largo de la investigación, se recogieron opiniones semejantes a las presentadas en el apartado anterior de, al menos, diez médicos que ejercían en el CAPS de Morse, de Agustín Roca (otro pueblo perteneciente al partido de Junín) y el Hospital de Junín. A primera vista, podría entenderse como una opinión corporativa de los médicos locales. Sin embargo, en las conversaciones en profundidad con los profesionales pude vislumbrar un problema de las instituciones sanitarias del interior de la provincia de Buenos Aires: los bajos salarios y los cortos períodos de contratación tienen como resultado el recambio periódico de los profesionales en los destinos donde trabajan. Uno de los médicos entrevistados manifestó que “no les conviene agarrar la ruta y exponer el vehículo a los viajes por un bajo salario”. Cada vez que fui a Morse dialogué con un médico distinto. Es por esto que se entiende que más que una actitud corporativa de defensa de los intereses de las multinacionales del agro o negligencia frente a las demandas de la comunidad, esta representación médica del problema sanitario de los agrotóxicos en Junín se deba en parte a que, debido a sus condiciones de trabajo, sumada a la escasa formación en epidemiología popular de en las universidades, los profesionales médicos no logran involucrarse en las demandas y conocer el perfil epidemiológico de la comunidad donde trabajan. En palabras de una médica pediatra: “Pasa algo, pero ¿qué es lo que pasa? No hay datos, nadie controla nada, todo lo que es salud y medioambiente está medio abandonado, te ponen a atender, atender y atender, y nunca salís del consultorio” (Diario de campo, septiembre de 2017).

Podría pensarse que las condiciones de trabajo o el estar rotando de pueblo en pueblo con contratos precarios no les permite permanecer en los pueblos el tiempo suficiente como para poder realizar un seguimiento de casos por intoxicaciones y vincularse con el problema médico de las intoxicaciones crónicas por agrotóxicos. El caso del Dr. Jorge es distinto, en parte por sus convicciones individuales, pero también porque decidió especializarse en Salud Pública con un marcado compromiso social.

Además de los lazos establecidos entre los profesionales de la salud y el territorio, los relatos anteriores pueden ser analizados como parte del discurso del modelo médico hegemónico (MMH) (Menéndez, 2005). Este autor señala que el saber médico (tanto a nivel epidemiológico como clínico) tiende a excluir del proceso s/e/a el papel de los procesos económicos y sociales, lo cual reduce el cuerpo del trabajador a lo biológico, donde lo determinante es la enfermedad y no la situación concreta del trabajador y su enfermedad (y sus padecimientos) en el proceso productivo. Se excluye la red de relaciones sociales y culturales que intervienen en el proceso de s/e/a del trabajador y su familia, articulando el trabajo y la vida cotidiana. El proceso de salud no es un problema individual y biomédico. En el partido de Junín y en relación con los agrotóxicos, el aislamiento de la s/e/a del modelo productivo, pareciera estar más acentuado. Junín es uno de los pocos partidos de la provincia de Buenos Aires que no tiene ningún integrante en la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.

Siguiendo a Breilh (2007), entendemos los procesos de s/e/a como algo más que los síntomas o manifestaciones de una persona enferma. Fassin (2004) entiende a la salud como una relación entre el ser físico y psíquico; este reconocimiento posibilita dar cuenta de la integridad y sufrimiento del cuerpo más que de la persona. En muchos de los discursos nativos analizados en este trabajo, la mirada biomédica implica que la falta de síntomas directamente relacionados con la intoxicación por plaguicidas significa que la persona está sana. Mientras que en el modelo teórico que proponemos, un enfermo puede negar los síntomas del cuerpo o su origen porque no puede interpretarlos contextualmente. Entendemos que los discursos de los médicos de Junín citados resultan de una práctica médica acotada a lo asistencial, desconociendo el entorno e influencia de la estructura productiva sobre los procesos de s/e/a. En nuestro caso de estudio, los profesionales de la salud que entrevistamos no identifican una patología, de donde se desprende que, socialmente, se obtura la comprensión de la experiencia subjetiva de los pacientes con síntomas, y solo en algunos casos se interpreta el padecimiento de las alergias respiratorias como un dato epidemiológico que permite ligar difusamente enfermedad con agrotóxicos.

En este caso, debería aplicarse el principio precautorio (Ley 25.675):

Este principio se ha aplicado para establecer las franjas de no fumigación y en causas judiciales contra fumigaciones (Berros, 2014). En esta línea el doctor Jorge del HIGA de Junín señala que:

En el camino de “demostrar científicamente” los efectos de los agrotóxicos sobre la salud humana, resulta primordial poder construir y registrar datos epidemiológicos sobre intoxicaciones agudas y crónicas. Esto, como venimos analizando, resulta por demás complejo. El doctor Jorge afirma que

Es en los cargos de gestión y en las esferas de toma de decisiones donde se complejiza aún más el entramado que debería impulsar el registro de las intoxicaciones y las enfermedades agudas derivadas del contacto o aplicación de agrotóxicos. Al carecer de formación en salud pública, los funcionarios de gestión terminan resolviendo lo urgente antes que lo importante (Spinelli, 2010). Esta práctica redundaría en la imposibilidad de tomar dimensión de los problemas, sumada al escaso presupuesto y decisiones políticas. Igualmente, el doctor Jorge es claro cuando señala que para una política de salud pública sobre agrotóxicos:

Esta fragmentación entre lo público y lo privado es una muestra más de cómo la construcción de saberes no está ajena a las relaciones de poder y el capital, donde la salud puede tomarse también como una mercancía; una empresa privada que ofrece un servicio de salud está exenta de notificar y generar datos importantes para la salud.

A modo de cierre

A partir de los apartados precedentes se puede afirmar que los discursos que atraviesan las relaciones sociales sobre el trabajo, los trabajadores, la salud, la enfermedad, el ambiente, la atención y la prevención, están marcadas por las relaciones de poder. Entonces, si tomamos en cuenta esa dimensión política, podemos afirmar que las condiciones de trabajo precarias de los y las médicos/as que fueron entrevistados/as como parte de esta investigación son (además de la formación en toxicología de los pesticidas y en epidemiología popular en las universidades), en parte, las responsables de las ideas que ellos/as manifiestan. Es decir, es su vínculo esporádico y flexible con el territorio lo que no les permite dimensionar la problemática que implican para la salud colectiva, en los pueblos cercanos a fumigaciones, las intoxicaciones agudas y crónicas por exposición a agrotóxicos.

Como todo proceso social, es complejo y no uniforme; en este sentido, hay profesionales de la salud que reconocen la magnitud de la problemática.

Además de las condiciones de trabajo de los y las profesionales de la salud, el discurso que predomina es el del modelo médico hegemónico, por lo que, como ya se señaló, se excluyen las particularidades económicas y sociales del grupo de estudio al pensar los procesos de s/e/a. Se trata (y registra) la enfermedad y nada más. Esta es una de las razones por las cuales el partido de Junín está bajo la influencia del “silencio epidemiológico” analizado por Iñiguez Rojas (1998).

Entonces, afirmamos que, a la vez que estas relaciones construyen discursos y son apropiadas por los distintos actores sociales de distinta forma, la fuerza política de los enunciados científicos está tanto en lo que nos dejan ver como en lo que ocultan. Sin embargo, como muestra en esta investigación la experiencia de la Delegada Municipal, la política puede ocultar toda la fuerza de la verdad bajo la alfombra y las apariencias, y así distorsionar la circulación de los discursos contrahegemónicos.