Introducción

Este trabajo tiene como fin aportar a la reflexión en torno al rol del Estado en la producción informal de suelo urbano y mostrar cómo su participación en ese proceso promueve (y hace a) la informalidad urbana a partir del análisis de caso de la ocupación de viviendas en la ciudad de Caleta Olivia. A su vez, pretendemos contribuir al estudio de la producción de informalidad en la ocupación de inmuebles de gestión estatal dado que es un área de estudio con marcada vacancia.

Nos valemos del concepto de informalidad ya que permite ampliar el foco de atención para el abordaje de procesos complejos y aparentemente contradictorios y captar la realidad multifacética y porosa del Estado en su relación con la sociedad civil y con la idea misma de lo formal, incluso al tratarse de su principal impulsor. A su vez, facilita observar el diálogo entre este y la población en un entramado de relaciones complejas donde la cercanía entre las personas que intervienen se vuelve fundamental para entender los sucesos.

Las viviendas ocupadas fueron planificadas en el marco del Programa Federal de Viviendas-Techo Digno (PFCV-TD en adelante), lanzado en el año 2009. Este retomaba obras de un proyecto federal previo inconcluso de los años 2004 y 2005, y fue auditado anualmente por el Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI, en adelante) que relevaba porcentajes de avance en las obras y las condiciones sociales, políticas y económicas pertinentes a su desarrollo. Los informes de FONAVI son la única fuente oficial de evaluaciones de la ejecución del PFCV-TD en Caleta Olivia. De acuerdo con las auditorías de los años 2016 (López, Brecelj y Saá, 2016) y 2019 (López, Brecelj y Saá, 2019), las obras construidas en el marco del Programa se encontraban abandonadas desde el año 2012. Allí, se remarca la falta de informes y balances por parte de los municipios involucrados en los programas y del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV, en adelante).

Llevamos a cabo nuestro trabajo de campo entre los años 2020 y 2021, y utilizamos la etnografía como herramienta metodológica. Participamos prolongadamente de distintas instancias de trabajo junto con vecinas del barrio donde sucedieron las tomas. Relevamos y sistematizamos encuestas para luego dialogar sobre lo sucedido en torno a las ocupaciones de viviendas. Llevamos a cabo entrevistas de tipo abiertas y semiestructuradas; seleccionamos a los interlocutores según su relevancia para el caso, ya sea por ser funcionarios, habitantes del barrio o por pertenecer de alguna manera al entramado social del caso aquí tratado. Del total de 24 entrevistas, ocho fueron con distintas vecinas y vecinos autodenominados “los pioneros del barrio”; ocho a funcionarios de distintas dependencias estatales; tres a trabajadores municipales de las áreas de desarrollo, intendencia y planeamiento urbano; tres a personal de la dirección regional del IDUV; una con un auditor del FONAVI; y finalmente otra con un comisario de la ciudad. En todos los casos, la identidad de los protagonistas ha sido reservada y los nombres que aquí aparecen fueron modificados.

También recabamos archivos periodísticos a partir de seis portales locales y 30 notas publicadas sobre tomas de tierras y viviendas, gestión estatal y marchas vecinales relativas a la problemática entre los años 2015 y 2020. A partir de ello se contrastaron los relatos de las y los entrevistados a fin de sistematizar la información, componer una línea de tiempo que permitiera ordenar el devenir de los sucesos y recuperar discursos de actores relevantes en el caso.

En los siguientes apartados, en primer lugar, revisamos los aportes de la antropología política sobre el Estado en la comprensión de su complejidad y cómo esta disciplina puede aportar a la discusión en torno a la informalidad. Luego avanzamos sobre el concepto de informalidad, recorriendo las discusiones que se han dado en este campo para explicitar las potencialidades de dicho concepto y su adecuación a nuestro trabajo. Por último, exponemos el caso de estudio que nutre esta investigación, comentando el contexto particular en el que se llevaron adelante las ocupaciones de viviendas, las características del Programa Federal-Techo Digno, para así avanzar hacia las conclusiones. Allí mostramos que el abordaje que proponemos para analizar el caso nos permite mostrar cómo las prácticas informales en la producción de suelo urbano no son solo empleadas por la población en la ocupación de inmuebles, sino que también son parte constitutiva de las lógicas estatales para la adjudicación de los mismos.

Antecedentes

A continuación, realizaremos un recorrido por la bibliografía especializada con la cual dialogamos y a través de la cual hemos conceptualizado nuestro objeto de investigación y problema. Comenzaremos por mencionar los aportes de la antropología política a nuestro trabajo, así como los de la perspectiva relacional. Luego haremos una síntesis sobre los estudios de la informalidad y los debates en torno a esta noción. Finalmente, mencionaremos algunos antecedentes relativos a las ocupaciones de viviendas situados en otros contextos, así como aquellos propios de la región patagónica.

La antropología política comprende a la política no como un dominio autónomo o institucional, sino como un entramado de relaciones y como una dimensión de las prácticas sociales y experiencias de la vida cotidiana (Grimberg, 1997; Fernández Álvarez, 2006; Manzano, Fernández Álvarez, Triguboff y Gregoric, 2008; Manzano, 2013). Estos trabajos recuperan la multiplicidad de intervenciones y relaciones del Estado con la ciudadanía. La perspectiva relacional, propuesta (entre otros autores) por Soprano (2015), considera al Estado compuesto por quienes lo habitan, producen y significan, y rompe con una mirada homogeneizante y cosificante, abriendo la posibilidad de identificar y estudiar las relaciones y diversidad de representaciones, prácticas y sentidos que lo componen, cómo se expresa todo ello en el territorio y las relaciones sociales que sostiene y produce. Retomamos los aportes de Asad (2008) y Das y Poole (2008), quienes buscan hacer foco en los “márgenes del Estado”, pero no considerándolos externos, sino como una de sus partes más constitutivas. Como aquellos ‘espacios’ -territoriales, sociales e, incluso, conceptuales- donde las prácticas estatales se ven atravesadas por prácticas sociales de las poblaciones con las que el Estado interactúa.

De esta manera, la antropología política resalta la complejidad y lo desordenado de los procesos de formulación de políticas, en particular las maneras ambiguas y a menudo disputadas en que estas son promulgadas y recibidas por los vecinos, por decirlo de alguna manera, “en el terreno”. En este sentido, recuperamos la propuesta de Fernández, Quirós y Gaztañaga (2017), donde la política es definida como un proceso vivo, dinámico e intensamente interactivo entre el Estado y la sociedad. Nuestra pregunta busca estudiar justamente las relaciones que se ven implicadas en la producción informal de suelo urbano considerándolas no solo en su contexto histórico, político y social sino también regional, atendiendo a los procesos que atravesó el desarrollo urbano de la ciudad de Caleta Olivia.

El concepto de informalidad se incorporó en los estudios de las ciencias sociales a mediados del siglo XX, cuando amplios sectores de la población no lograban articularse en los nuevos espacios de integración social, económica y territorial generados por los procesos de urbanización e industrialización (Herzer, Di Virgilio, Rodríguez y Redondo, 2008). En ese contexto, el concepto de informalidad remitía a una forma de resolución de la relación capital/trabajo entre quienes quedaban excluidos de la economía basada en la estrategia de industrialización. Ello fue explicado, por un lado, como una falta de integración en aspectos socioculturales e individuales por parte de la población a las relaciones sociales modernas; mientras que desde otra corriente ha sido explicado desde un lente más económico-sistémico, a partir del cual esa población sería una masa marginal sin posibilidades de incorporarse al mercado laboral formal (Maneiro y Bautès, 2017). Lo anterior modifica la dinámica y la estructura social y territorial de las ciudades y la forma en la que los sectores sociales se insertaban en el mercado de trabajo y resolvían su acceso a la tierra y/o vivienda. Así, la noción de informalidad traspasó las problemáticas propias del mercado de trabajo y fue aplicada a la relación también con el mercado de la tierra y la vivienda y con el sistema de propiedad (Herzer et al., 2008).

Durante las décadas de 1980 y 1990, los debates académicos abordaron la regularización de asentamientos surgidos a partir de la toma de tierras. El eje articulador de esos trabajos giró en torno a las condiciones de legalidad; la informalidad era una condición a resolver por el Estado, dando por hecho que la entrega de títulos de propiedad garantizaría la inserción en el sistema, y se relacionó lo informal con la pobreza o lo popular (Fernández Wagner, 2008). Se planteaba que los títulos de propiedad crearían una igualdad generalizada con un coste gubernamental pequeño o nulo. Las críticas principales a dicha propuesta se centraron en la excesiva simplificación del problema del acceso a la tierra y la vivienda, la falta de soluciones que dieron los créditos con ese fin y en la presunción de qué era lo que pretendían las personas involucradas (Riofrio, 1998; Calderón, 2001; Gilbert, 2002; Fernándes, 2007). Sumado a ello, se ha criticado una visión lineal de causa-efecto que no consideraba la integralidad de los procesos sociales, políticos y económicos que atraviesa la producción informal del suelo urbano (Duhau, 2001; Quitar Kagawa, 2001; Zeledon, 2001).

Desde entonces, se han desarrollado distintas aproximaciones para analizar la informalidad urbana, entre las que destacamos tres perspectivas. Una de ellas analiza la producción urbana desde el derecho a la ciudad y contempla una dimensión reivindicativa que ha sido muy fructífera, en la que se subraya una legalidad más amplia e inclusiva que la estrictamente jurídica. En consecuencia, privilegia el derecho natural por sobre el positivo, analizando las omisiones estatales en la materia. Aunque, siguiendo a Bachiller (2018), es posible que mediante estos estudios se dificulte comprender la complejidad de los procesos sociales y los puntos de vista nativos, y esto puede conducir a lecturas románticas que visualizan movimientos u organizaciones donde no las hay. A partir de esto, el autor propone priorizar la noción de conflicto antes que la de derecho para estos estudios.

Una segunda línea parte de la lógica de la necesidad y del acceso al suelo. Esta literatura es marcadamente latinoamericana y tiene como principal objeto de estudio los procesos de ocupación de terrenos. Según esta perspectiva, el acceso al suelo urbano no exige la acumulación de un capital político, institucional o pecuniario. En principio, la necesidad absoluta de disponer de un lugar para instalarse en la ciudad sería el elemento que moviliza las ocupaciones de terrenos. Esa tendencia generó una interesante literatura del derecho urbano que aspira a incorporar elementos interdisciplinares en su forma de tratamiento de los problemas sociales, pero que mantiene un fuerte carácter normativo, característico de la tradición del derecho y de los estudios jurídicos (Abramo, 2008).

Por último, encontramos una corriente que analiza la informalidad desde el conflicto urbano. Recupera el carácter estructural del fenómeno, y su conexión con el mercado inmobiliario y del trabajo. Asimismo, posibilita un análisis político y social de las políticas públicas de acceso al suelo urbano y a la vivienda. A la vez, nos permite tomar distancia de las visiones estatales que califican a determinados sujetos o espacios como ilegales, las cuales, en muchos casos, responden más a la capacidad de presión y organización vecinal frente a dependencias estatales que a su inscripción fuera de la ley (Duhau y Giglia, 2004; Rincón, 2006; Bachiller, 2018). Esta corriente teórica cuestiona la dicotomía informal/formal, poniendo en tensión la simplificación que constituye considerarla como condiciones cerradas y categóricas, pero sin abandonar la dimensión normativa del problema, entendiéndola como una variable más del fenómeno. Así, aporta nuevas interpretaciones sobre la relación entre los procesos sociales urbanos y el orden jurídico (Azuela,1993; Canestraro, 2009).

Por otro lado, encontramos que, en gran medida, los estudios sobre la informalidad urbana se han centrado en las grandes ciudades. Indirectamente, ello nos deja un campo poco explorado en relación con localidades intermedias y pequeñas, donde podemos encontrar dinámicas sociales que no se ajustan a lo que sucede en grandes urbes y donde los conceptos pensados para aquellos contextos tampoco lo hacen (Migueltorena, 2019). Este es un aspecto importante, al cual buscamos aportar con nuestro trabajo a partir de un caso que permita ser de referencia a futuras investigaciones.

A pesar de ello, encontramos en Patagonia estudios que se han realizado en torno a la problemática de acceso a la vivienda y son insumo para nuestro trabajo. Estos abordaron la toma de tierras y la construcción de nuevos espacios urbanos informales, como asentamientos y barrios (Giaretto, 2011; Bachiller, 2014, Bachiller, 2015; Bachiller, 2022). El trabajo de Vázquez y Bachiller (2019) gira en torno a cómo se construyen las dificultades de acceso a la vivienda considerando los roles del Estado, el mercado y la economía regional. Específicamente, en Caleta Olivia encontramos los trabajos de Pérez (2017) y Moraga y Bachiller (2014), que caracterizan las dificultades de acceso al suelo en Caleta Olivia.

El camino hacia las ocupaciones

La complejidad de los procesos sociales y políticos que se desarrollaron en torno a, y atravesaron las ocupaciones de 2015 fueron un factor importante que configuró el horizonte de lo posible lo que habilitó prácticas colectivas nunca vistas hasta el momento. No porque las ocupaciones no hubieran ocurrido antes, sino porque su magnitud y alcance implicaron una reconfiguración urbana, ya que se materializaron y reterritorializaron problemáticas y conflictos urbanos que antes se encontraban latentes y difuminados.

El año 2015 se vio atravesado por un proceso electoral que implicó la renovación de cargos a nivel local y nacional. Los agentes estatales que buscaban la continuidad de sus puestos prometieron adjudicaciones a cambio de favores durante la campaña; es decir, por lo que un conjunto de personas bastante amplio creía que tenía asegurada la adjudicación de una vivienda una vez finalizado el período de elecciones. El cambio de autoridades y las promesas hechas tuvieron un peso muy importante para las ocupaciones. Promesas similares serían realizadas bajo la nueva administración, lo cual permite ver que el accionar informal por parte del Estado continuaría luego bajo el mando de los nuevos funcionarios.

El contexto local en el cual se desarrolló la ocupación de viviendas era crítico. Llevaba largos años de cultivo y de conflictividad. En 2010, la Dirección de Tierras municipal fue intervenida tras la denuncia de venta de adjudicaciones por parte de funcionarios y personal administrativo (Cruz, 2010). Según lo relevado por la intervención, la Dirección había funcionado “como una inmobiliaria” (Entrevista a interventor, 2020). La gestión que intervino buscó garantizar la adjudicación de terrenos a personas debido a su condición social acomodada y ya no de acuerdo con el sistema de puntajes municipal (Entrevista a Equipo interventor, 2021). En una entrevista, un exdirector de tierras mencionaba que entre 2011 y 2015, la gestión del suelo urbano se vio más atravesada por lo urgente y por las decisiones del intendente, que por un planeamiento urbano con una visión específica y diseñada de ciudad futura. A través de la Secretaría de Desarrollo Social municipal, se había realizado un registro de solicitantes de vivienda para organizar la alta demanda habitacional. El municipio contaba con trabajadoras sociales que, en algunos casos, realizaban visitas domiciliarias para constatar la necesidad socioeconómica de la vivienda. De acuerdo con lo relevado, debido a las ocupaciones de las viviendas, esas listas no tuvieron un peso organizador para la entrega o adjudicación.

Las condiciones generales de habitabilidad en la ciudad se encontraban en momentos de máxima tensión: la recolección de basura había cesado, la planta de tratamiento de aguas servidas dejó de funcionar y los efluentes cloacales de toda la ciudad, o bien llegaban al mar sin tratamiento, o rebosaban por diversas calles de la ciudad. Sumado a ello, la crisis hídrica, energética y habitacional que vivía la ciudad por un crecimiento con escasa o nula planificación urbana abonaban a un cuadro social de hartazgo en un contexto electoral que no disimulaba que esperaba una respuesta específica por atender los reclamos caletenses. Por su parte, los funcionarios se mostraban incapaces de responder a las demandas, y la población estaba lejos de ceder en sus reclamos.

A su vez, los conflictos gremiales fueron, en parte, impulsados por la inflación y llevaron a que las relaciones entre el municipio y sus trabajadores alcanzaran, en un momento, máxima tensión por la precariedad de las condiciones de contratación, pero también por la desactualización de salarios. A los conflictos con los trabajadores municipales -porción importante de la población activa-, se sumaron otros conflictos relacionados con otros gremios como el de salud, que sostuvo largas jornadas de paros.

También los cortes en la Ruta Nacional N.º 3 (principal acceso a la ciudad) se acumulaban. En una de las entrevistas realizadas, Mariana, beneficiaria del Plan Provincial 1840,¹ recordaba que en esos años se turnaban para definir el orden de los cortes entre organizaciones sociales, sindicatos y grupos de desocupados. Quienes percibían el plan realizaban tareas para el municipio, y en ese contexto, se sumaban a los reclamos ya existentes de los trabajadores municipales (Entrevista a Martina, 2021).

El proceso inflacionario que se vivió entre los años 2009 y 2015 fue uno de los ejes para la paralización de las obras de viviendas luego ocupadas. Exempleados de las cooperativas encargadas de la construcción mencionaron que la actualización de precios y la negativa por parte del Estado -tanto del IDUV como del municipio- para renegociar los costos de construcción dieron por tierra con las proyecciones. Las auditorías posteriores de FONAVI también señalan esto como un inconveniente para la negociación de pagos; todo esto dejó proyectos sin finalizar y desatendidos.

Con este breve resumen contextual buscamos mostrar que es en el marco de este entramado gestado en temporalidades diversas que las ocupaciones se construyeron como una posibilidad concreta de resolver necesidades habitacionales por parte de la población. Y que, lejos de tratarse de eventos aislados e inusitados de delincuencia con viviendas de gestión estatal, las ocupaciones de viviendas se inscriben en un proceso sociopolítico complejo que gesta, reproduce y nutre la informalidad en el acceso a la vivienda. Adherimos a la noción de proceso propuesta por Rosato y Boivin, definida por involucrar los tres momentos del tiempo -pasado, presente y futuro- y sus dos estados -diacrónico y sincrónico- (Rosato y Boivin, 2017). De esta manera, no solo abordamos lo mencionado como una sucesión de hechos -diacrónicamente-, sino también por como esos hechos se inscriben en una correspondencia temporal entre los procesos sociales, políticos y económicos que hemos mencionado.

Las ocupaciones

La construcción de las viviendas ocupadas en 2015 fue financiada por el PFCV-TD y gestionada a través del IDUV y el municipio. De manera sintética, el proceso que establecía el programa iniciaba con la presentación de un proyecto de desarrollo urbano que debía ser aprobado. Luego se realizaba el llamado a licitación y la empresa que la ganaba se hacía cargo del proyecto, asumiendo la responsabilidad de comenzar las obras y protegerlas. Una vez terminadas, un escribano certificaba las condiciones en las cuales se entregaban las construcciones. Así, la empresa (o cooperativa) constructora entregaba formalmente la tenencia de las obras a IDUV y, a partir de allí, el Instituto y el municipio podían realizar los sorteos de las adjudicaciones entre la lista de demandantes con mayor puntaje obtenido.

Dicho puntaje se establece a partir de un listado organizado por la municipalidad, en el cual las personas con residencia en la localidad se anotan y se les asignan valores en relación con múltiples cuestiones, como años de residencia, lugar de origen, estado civil, etc. Una vez confeccionado el listado, se realizaría el sorteo entre quienes poseyeran un puntaje determinado. Pero, como mencionamos ya, diversos funcionarios con la posibilidad de definir quiénes accederían a una vivienda recurrieron a promesas de adjudicación a cambio de contraprestaciones como militancia política o trabajo social, entre otras prácticas.

En ese contexto, una forma de apropiarse del espacio fue comenzar, durante la noche, con tareas de limpieza y mantenimiento de las unidades y de la zona donde estaban ubicadas. Dado que el barrio en aquel momento se encontraba en los márgenes geográficos de la ciudad, no había circulación de vehículos, no contaba con calles abiertas ni transeúntes que anduvieran por el lugar. Todo esto permitió que las hierbas del campo hicieran suyo lo que en el proyecto inicial serían calles, veredas y patios. Sofía, una de las pioneras del barrio y protagonista de la noche de la ocupación, describía de esta manera el estado del lugar: “Esto era tierra de nadie, era todo campo y las casas estaban todas vandalizadas” (Entrevista a Sofía, 2021). El trabajo de mantenimiento y limpieza frente al estado de abandono y destrucción que había en la infraestructura tras la suspensión de las obras luego serviría como un elemento legitimador de las ocupaciones, así como también las promesas proclamadas por parte de funcionarios.

Lo que nos muestra esta situación es que, a pesar de las promesas y los listados, la adjudicación no había sucedido, y tenían que manejarse con sigilo y de noche para cuidar lo que creían que sería suyo; es decir que la apropiación de los inmuebles comenzó antes que la ocupación efectiva. Este proceder bajo la protección de la nocturnidad fue empleado luego para las ocupaciones y, tras las renovación de autoridades, fue un recurso que el intendente de la ciudad utilizaría en su favor para entregar viviendas en otro barrio.²

La ocupación de las viviendas del barrio Bontempo sucedió el fin de semana del Día de la Madre, en el mes de octubre del año 2015. Dos mujeres tomaron la decisión de ocupar las viviendas y dieron aviso al resto de las mujeres con quienes iban a limpiar de noche que ya estaban dentro. Así fue que durante los festejos de la jornada muchas integrantes de ese grupo tomaron algunas pertenencias, a sus hijos y se dirigieron al barrio. Muchas terminaron juntas en una misma vivienda a fin de agruparse y tener mayor fuerza ante un posible intento de desalojo. Inicialmente hubo pocos hombres, hasta que los medios comenzaron a difundir lo que estaba sucediendo y la ocupación del barrio se extendió a todas las viviendas. El impacto de esta decisión en la ciudad fue tal que en una semana se tomaron más de 350 obras que se encontraban paralizadas. Tras las tomas del 2015, la ciudad toda se vio involucrada en el asunto y pasó a ser un tema de agenda pública. Fue caracterizado de la siguiente manera en los medios de comunicación: “Caleta Olivia está bajo una ola de usurpaciones masivas, similares a las que se viven en el conurbano bonaerense, con el agravante de que aquí se tomaron casas de barrios en ejecución” (Agencia OPI Santa Cruz, 2015).

En los días posteriores a la ocupación de 2015, la situación burocrático-legal se vio complejizada. El proceso de construcción de la formalidad en la tenencia de los inmuebles no había sido cumplido correctamente. Debido a que las obras nunca fueron entregadas por las constructoras al IDUV mediante el proceso administrativo correspondiente, el Instituto no poseía la tenencia formal de estas. Sumado a ello, varias empresas constructoras se disolvieron, por lo que en muchos casos la condición legal de las obras nunca llegó a ser formal, no solo para las personas que ocuparon, sino para el Estado mismo y las instituciones que generaron esos proyectos, debido a que el proceso administrativo que producía la formalidad se vio truncado.

Con todo esto, queremos mostrar cómo la informalidad ya era una parte constitutiva de los barrios nuevos y del proceso de desarrollo urbano, mucho antes de que las obras fueran ocupadas, no porque ese espacio fuera informal en sí mismo, sino porque la producción de lo “formal” nunca llegó a ser tal en los propios términos del proceso burocrático. Rincón (2006) denomina a estos procesos la ciudad real; en medio de la conflictividad urbana que es propia de las ciudades, mediante relaciones y prácticas sociales en las que no siempre es tan clara la delimitación de lo formal y lo informal y donde los procesos sociales se ven atravesados también por la contingencia, es como se conforman efectivamente las ciudades.

La cercanía como forma de construir estatalidad

Uno de los riesgos de proponer una perspectiva relacional para analizar prácticas estatales es olvidar que se trata de instituciones y su población; hay un poder económico y político que el Estado ejerce sobre la sociedad que no debe ser invisibilizado, la toma de decisiones que afectan directamente la calidad de vida de la población es una de las maneras claras en las cuales el Estado profundiza o disminuye las desigualdades sociales. La propuesta de Perelmiter (2016) para analizar “la micropolítica” permite sortear estos desafíos al identificar la cercanía y los vínculos entre funcionarios y sociedad como una forma de gobierno que la autora denomina “burocracia plebeya”, de acuerdo con la cual la persistencia de la jerarquía estatal, a la vez negada y afirmada en la práctica, conforma una técnica de gobierno en el terreno, atravesada por vínculos interpersonales como forma de administrar recursos públicos. Este trabajo se inscribe en esta perspectiva, que contribuye a producir conocimiento sobre cómo las prácticas estatales hacen a la informalidad un proceso inscripto en diversas temporalidades e, incluso, multisituado. A continuación, buscaremos echar luz sobre cómo esto se expresa en Caleta Olivia y la ocupación de viviendas en el barrio Bontempo.

El IDUV es una institución de alcance provincial con una de gran importancia: dado su rol en la adjudicación de viviendas, realiza la recepción de demanda habitacional, gestiona reclamos y lleva adelante relevamientos. En las entrevistas, vecinas y vecinos del barrio sostienen que quienes trabajaban en el IDUV conocen en detalle sus vidas. Las relaciones con el Estado (municipio e IDUV) se describen con un alto grado de cercanía; en algunos casos, las personas conocen a quienes trabajan en ambas instituciones desde hace muchos años. Esto se debe en parte a las dimensiones de la ciudad y su población, y en parte a cómo funciona el sistema de puntaje establecido para acceder a los sorteos públicos de adjudicación de viviendas, política que se aplica tanto en el IDUV como en el municipio, y demanda a quienes realizan la solicitud un trabajo sostenido de visitar las oficinas y actualizar las carpetas.

Tener una carpeta implica, en primera instancia, ir a la oficina para averiguar cómo es el procedimiento, para luego dar cuenta del estado civil, cantidad de hijos, situación laboral, etc. Pero como el proceso tarda años, conlleva luego el seguimiento del expediente y la actualización con cada cambio, ya sean nacimientos, fallecimientos, cambios laborales, de pareja, etc. Requiere de constancia y de presencia en las oficinas para que se atiendan los pedidos y se mejore así el puntaje en el listado.

Este tipo de relaciones tan cercanas suelen ser desatendidas cuando se centra la mirada en los movimientos sociales y, como señalan Schijman y Laé, “pocos son los estudios que tienen por objeto estas actividades cotidianas, subrepticias, más silenciosas pero constantes que puntúan las relaciones entre las instituciones y la esfera doméstica” (2011:3). Relaciones íntimas donde asuntos privados como una nueva pareja o un fallecimiento quedan expuestos frente a quienes atienden las oficinas del Estado y deben ser presentados como formas de justificar la solicitud de vivienda.

Cuando las trabajadoras sociales de IDUV realizaron las visitas en las viviendas ocupadas en octubre del 2015, hicieron algunas recomendaciones para evitar el hacinamiento como, por ejemplo, indicarles a las mujeres que estaban en una misma casa -por miedo a enfrentarse solas con la policía- que se dispersaran por grupo familiar, entre otras. Esa recomendación no solo era sanitaria; llevaba consigo que cada familia pudiera ya definir cuál iba a ser su hogar. Desde el Instituto sabían que no se podía realizar la adjudicación formal en ese momento, no por las ocupaciones, sino porque el proceso formal de esos proyectos había sido interrumpido.

En la semana posterior a las tomas, muchas personas a las que les habían dicho que serían adjudicatarias hicieron marchas en contra de las ocupaciones y fueron a la oficina del Instituto a consultar por “sus” viviendas y, en muchos casos, allí se les dijo que no se podía evitar la ocupación; que, en caso de querer la vivienda, deberían ocuparla antes que otra persona. Así fue que Rosa llegó al barrio.

A casi seis años de aquel día de octubre de 2015, Rosa se encontraba preparando la celebración del Día de la Madre del 2021. Mientras charlábamos en su casa, reconstruía cómo fue el proceso hasta mudarse al barrio; a ella le habían prometido una adjudicación en el barrio Bicentenario, por lo que durante meses decidió, tras elegir una de las unidades en obra (al igual que las mujeres del barrio Bontempo y replicado en otros casos), cuidarla como si fuera suya. En el barrio Bicentenario se construyeron 40 inmuebles que, también en 2015, fueron ocupados. Frente a esa situación, Rosa se acercó a la oficina de IDUV, donde le recomendaron ocupar una de las unidades porque no procederían a desalojar las tomas y por ello, no podrían recuperar la que ella consideraba su casa.

Así llegó al barrio Bontempo y se apropió de una de las 187 viviendas (Entrevista a Rosa, 2021). El IDUV estaba al tanto de ello, como de que cuidaba otra casa en otro barrio sin adjudicación y conocía que su expediente existía hacía mucho tiempo. El Instituto es tan parte de esta historia como ella.

Las relaciones sociales que se despliegan al inscribirse en el IDUV y abrir un expediente no dejan de existir luego de que las viviendas son ocupadas. La formalidad y sus instituciones también se vinculan con los procesos formales e informales de manera cotidiana, no solo promoviendo ambos sino también administrándolos.

Tras las ocupaciones, muchas vecinas y vecinos del nuevo barrio continuaron yendo al Instituto a solicitar diversas cuestiones de carácter formal como la adjudicación. Más allá de los y las funcionarias políticas que pueden variar entre períodos electorales, el cuerpo administrativo es relativamente estable. Debido al conocimiento en torno a la forma de proceder y por las recomendaciones recibidas desde el Instituto, las vecinas y vecinos saben la importancia de sostener las relaciones establecidas para la gestión de trámites y la obtención de certificaciones formales. Que, a pesar de mostrarse no solo insuficientes, sino en muchos casos, fútiles, siguen existiendo y en ocasiones pueden ser trabas para avanzar en subsiguientes asuntos. Pero también porque cuando las demandas no son respondidas, esas gestiones sirven para argumentar que las vías formales se han agotado y no evadido; es lo que Schijman y Laé definen como el “trabajo invisible en las ventanillas del Estado” (2011:3).

Frente a ese contexto, el Estado respondió de maneras diversas. Como dijimos, entabló conversaciones con las ocupantes. Pero también hubo un breve intento por parte del municipio por desalojar las viviendas. Mientras que otros funcionarios dieron en privado recomendaciones para tomar de forma más eficiente las viviendas y que las adjudicaciones fueran entregadas más fácilmente en el futuro, ya que, al conocer los mecanismos internos, podían afirmar que una familia por inmueble encajaba mejor con las expectativas estatales y haría más sencilla la entrega de la documentación. En todas las entrevistas fue clara la idea de que para acceder a las viviendas de manera formal era necesaria una relación política y personal con quien estuviera a cargo de ese proceso, pero a su vez ello no sería condición suficiente.

Lo que vemos aquí es que la informalidad no es un hecho aislado; no es exclusivamente la ocupación de las viviendas. La informalidad es un proceso que atraviesa la dinámica misma de la conformación del suelo urbano. Desde el comienzo, distintos puntos de lo “formal” se entrelazan con diferentes maneras de resolver el acceso a la vivienda. Estos procesos son los que Rincón (2006) denomina la ciudad real, para dar cuenta de que, en medio de la conflictividad urbana, que es propia de las ciudades, se construye la ciudad misma. Al comprender la informalidad como una parte constitutiva del proceso vemos que tanto los agentes estatales como las vecinas adoptan esas estrategias, y lejos de ser acciones novedosas, cuentan con una historia que se retroalimenta con el presente, configura las relaciones y da forma al territorio.

La arena política caletense se encontraba en un momento de cambio, de traslado de poder y acompañamiento local pocas veces visto. Era la primera vez, desde la vuelta a la democracia, que la Unión Cívica Radical (dentro de la alianza Cambiemos) crecía tanto como para presentarse a elecciones municipales y ganar. A pesar de ello, meses después de asumir, el flamante intendente de la ciudad otorgó viviendas de un nuevo barrio a partir de una lista escrita a mano y durante horas de la madrugada.³ Las viviendas fueron utilizadas como objeto de negociación para desactivar algunos conflictos con oficiales de policía, trabajadores de las empresas de construcción y municipales, entre otros. Como podemos ver, la adjudicación de viviendas continuó por los canales normales, valiéndose de estrategias informales aún con una nueva gestión.

A modo de cierre

Hemos buscado mostrar que las ocupaciones de viviendas del año 2015 en la ciudad de Caleta Olivia se inscriben en procesos complejos que atraviesan tanto al Estado como a la población. Esto pone en tensión aquellas perspectivas dicotómicas que inscriben al Estado como monolítico y homogéneo gestor formal y siempre legal de los recursos públicos, y contribuye al análisis del complejo entramado social en el cual se despliegan las prácticas estatales en el barrio y su inscripción social y vincular con quienes llevaron a cabo la ocupación. A la vez, ello nos da la posibilidad de comprender las ocupaciones como procesos complejos de producción urbana, colectiva y estatal, evitando consideraciones que antes de comprender, juzgan el accionar de la población en torno a la problemática habitacional. Las consecuencias de ello se relacionan con la perpetuación de procesos de desarrollo urbano no planificados, de diversos problemas habitacionales y la profundización del déficit de infraestructura urbana que afectan, no solo a los nuevos barrios, sino a toda la ciudad.

La ocupación de las obras del PFCV-TD fue parte de un proceso de negociaciones entre el Estado provincial -a través de IDUV-, el municipio y la población, que hizo de la ocupación no solo una medida posible, sino también legitimada por las constantes evidencias de que el sistema burocrático -léase listas de demandantes, expedientes de solicitudes, sistema de puntaje, etc.- no funcionó como un medio efectivo e imparcial para garantizar el acceso a la vivienda. Con todo esto se produjo una explicitación particular; la construcción de viviendas no resuelve la problemática habitacional por sí misma, con esto se evidencia el rol central que tienen los procesos de administración y gestión locales, incluso -o sobre todo- cuando se cuenta con los recursos para la producción de soluciones a demandas sociales.

Podemos decir que el gobierno municipal se desarrolla mediante múltiples relaciones informales y formales. Las implicancias que esto conlleva se materializan en la trama urbana misma, en la calidad de vida de las y los caletenses y, sumado a ello, en la reproducción de una dinámica que, lejos de priorizar sistemas públicos y transparentes de acceso, le reafirman a la población la importancia de mantener relaciones políticas que permitan la resolución de demandas, pero de manera individual. A este respecto, el aporte de Schijman y Laé (2011) nos permitió analizar cómo ello no deja de inscribirse en un movimiento colectivo anclado en la cotidianeidad. Como vimos, no todas las mujeres que ocuparon las viviendas lo hicieron en grupo, pero había una relación vincular que les permitió llevar a cabo una apropiación del espacio previa a la ocupación; e incluso quienes llegaron solas, como Rosa, llevaron prácticas similares de apropiación en otros barrios antes de ocupar las obras en el barrio Bontempo. Ello nos permite ver prácticas de apropiación multisituadas en la ciudad atravesadas por la promesa institucional y a la vez interpersonal de acceder a la adjudicación de una vivienda.

Las promesas de distintos funcionarios estatales y las formas de accionar del IDUV dejan entrever diversas formas de administración de recursos públicos que desbordan o dejan de lado el sistema de puntaje -que tiene importantes sesgos expulsivos-, los sistemas de inscripción para la demanda de unidades habitacionales, la tramitación de carpetas entre otros dispositivos formales de administración de las mismas. Ello conlleva el afianzamiento de una dinámica informal, manipulable, impredecible y bastante variable, frente a la cual la ocupación de viviendas se tornó una respuesta certera.

Hemos buscado reconstruir el devenir de las ocupaciones acontecidas aquel Día de la Madre de 2015. Estas, que encontraron un tiempo y un espacio propicio en el contexto que fue gestándose en años previos, e impulsado por el momento particular de renovación de autoridades en el gobierno, nos permitieron ver, por un lado, cómo el Estado actúa frente a situaciones de incertidumbre y relativa crisis en su administración. Los conflictos en la ciudad y las elecciones que se aproximaban llevaron a la toma de decisiones apresuradas que fomentaron la producción de la informalidad. A la vez que ella ya formaba parte de ámbitos más burocratizados como el IDUV y la municipalidad.

Finalmente, las relaciones de cercanía al interior de la ciudad juegan un papel preponderante en la producción informal de suelo urbano, incluso cuando se encuentran inscritas dentro de programas de desarrollo urbano propuestos y gestionados por el Estado. La relación Estado/población está lejos de ser simple; se ancla en el conflicto urbano y la puesta en tensión de la capacidad efectiva del Estado para garantizar y administrar el acceso a la vivienda. Ahora bien, si observamos técnicamente, el desarrollo urbano caletense está lejos de caracterizarse por una ausencia estatal, pues es el Estado el principal proveedor de tierra y vivienda, atravesando de una manera compleja e interseccional en diversas jurisdicciones.

Actualmente no se registran alquileres en el barrio, pero sí viviendas que fueron compradas a sus anteriores ocupantes. Esto implica que la modalidad de acceso a la vivienda en el barrio es mediante la compra-venta de inmuebles adquiridos en la ocupación del 2015. A través de esto, podemos ver cómo las políticas públicas de construcción de proyectos urbanos en el marco del Programa Techo Digno, en vez de resolver la problemática habitacional, contribuyeron al engrosamiento de la dinámica informal en el acceso por medio del ingreso de un porcentaje de las 500 unidades tomadas al mercado informal inmobiliario. Nos queda pendiente analizar las ocupaciones de tierras en la ciudad, cómo se organizan quienes quieren reclamar colectivamente e indagar en la variable del género como un factor en la preponderancia del género femenino en las ocupaciones analizadas.