Introducción

El presente artículo surge de una investigación doctoral centrada en indagar en las formas de construcción del “enemigo”¹ a partir del tratamiento de cadáveres de personas asesinadas en 1975 por prácticas perpetradas por organismos estatales y paraestatales, tratamiento que refiere tanto a la gestión de administrativa de esos cuerpos, como también a los sentidos y prácticas plasmadas en los rastros escritos a los cuales accedemos en la actualidad. En su momento, la indagación se centró en buscar indicios (Ginzburg, 2003) de dicho tratamiento a partir de analizar documentación producida por burocracias estatales y en diarios periodísticos mayormente locales elaborados en aquel año.

Una de las tesis de la investigación sostenía que en 1975 se constituyó en Córdoba un régimen de visibilidad² (Foucault, 1968) mediante prácticas que permitían mostrar modos de ejercicio de la violencia -torturas, laceraciones, fusilamientos- por parte de las fuerzas represivas estatales y paraestatales. Dicho régimen se configuró a partir de prácticas represivas ligadas a una exposición de la violencia que se expresó en el tratamiento de los cadáveres y en la amplificación de esas exposiciones en la cobertura de la prensa (Feld, 2015; Schindel, 2016).

Dicha exposición de la violencia se manifestó también en una espectacularización del horror, una “puesta en escena” donde los cuerpos violentados eran mostrados vehiculizando mensajes de advertencia por parte de los perpetradores, dirigidos a la población en general y a las organizaciones militantes en particular.

El presente artículo se centra en analizar formas en que la violencia fue representada en la prensa en el año 1975 en Córdoba, Argentina, focalizando particularmente en el asesinato de los miembros de la familia Pujadas y su repercusión en los medios periodísticos de la época.

Esto, atendiendo no solo a la visibilidad que adquirió el caso por la “alevosía” de lo cometido, sino también considerando allí la formación de identidades y moralidades específicas.

En la madrugada del 14 de agosto de 1975, José María Pujadas (padre), Josefa Badell, José María Pujadas (hijo), María José Pujadas y Mirta Bustos³ fueron secuestrados de su casa familiar en Guiñazú, camino a Jesús María, ciudad del centro-norte de la provincia de Córdovba. Josefa Badell de Pujadas fue asesinada en el acto, mientras que el resto de la familia fue ejecutada horas más tarde camino a Alta Gracia, ciudad ubicada en la región central de la provincia de Córdoba. Luego de ejecutados, fueron arrojados a un pozo y dinamitados. Solo sobrevivió Mirta Bustos, pareja de José María Pujadas (hijo). La acción fue firmada por el “Comando Restaurador Nacionalista Comando Pantera” y los restos de la familia fueron inhumados en el cementerio San Jerónimo, emplazado en pleno barrio Alberdi, ubicado en zonas cercanas al centro de la ciudad de Córdoba. Todos presentaban signos de tortura antes de haber sido asesinados.

La selección de este caso⁴ se debe a cuestiones relevantes para el objeto del artículo. La familia Pujadas responde a una tradición de militancia política reconocida socialmente y que se remonta a 1972 en la llamada “masacre de Trelew”, en la que fuera asesinado el primer miembro de la familia, Mariano Pujadas, y que iniciaría un proceso de estigmatización sobre la familia que desembocó en el secuestro y asesinato de esta en 1975. Estos hechos propiciaron que se constituyeran hasta hoy como objeto de conmemoración, consagrados por sus asociaciones al interior del universo político del periodo. Referir al derrotero de la familia Pujadas a partir de los eventos sucedidos en la “masacre de Trelew” permite comprender la construcción de los miembros de la familia como “figuras notables” ligadas a sus trayectorias militantes (Tello, 2012) antes, durante y después de sus muertes, lo que llevó a la visibilización del caso tanto en lo que respecta a la prensa de la época como en la espectacularidad de sus muertes.

Atendiendo a esta condición de “figuras notables”, es relevante el modo en el que a escala nacional y local el asesinato de la familia adquirió visibilidad, carácter público en los medios de la época atendiendo tanto al asesinato de Mariano Pujadas en Trelew como a la violencia ejercida sobre los demás integrantes de la familia años después. Asimismo, organizaciones militantes, estudiantiles y obreras siguieron reclamando por el esclarecimiento de los hechos, sumado a ello la presencia de los sobrevivientes⁵ de la familia, quienes actuaron como querellantes en la causa⁶ donde juzgaron a los perpetradores.⁷

En Córdoba, los Pujadas fueron destinatarios del modelo represivo de la época y objeto de la “saña” y “alevosía” sobre sus cadáveres, prácticas instauradas con la llegada de Lacabanne⁸ como interventor de la provincia en 1974 y con Vergés⁹ en estrecha relación con la formación del Comando Libertadores de América (CLA).¹⁰

La cuestión parental y de consanguinidad es un elemento para considerar dado que la “eliminación” del linaje Pujadas fue prioridad para las autoridades provinciales en 1975.

Comprendo que en la eliminación de los Pujadas debían romperse estructuras de parentesco dado que estos crímenes constituyen “una modalidad específica de destrucción y reorganización de relaciones sociales” (Feierstein, 2007, p. 26). Incluso se rearticula la identidad de los sobrevivientes considerando al exilio¹¹ como un modo de rearticulación.

Tal como mencionara renglones arriba, en lo sucedido con la familia Pujadas se expresa un modo de exposición de la violencia sobre esos cuerpos muertos torturados, ejecutados y dinamitados al interior de un aljibe luego de habérselos dado por muertos que montó una suerte de performance de la crueldad, una exposición teatral (Geertz, 1999) como configuración de una práctica represiva con efectos performativos sobre la población.

Dicha espectacularidad se tradujo en la “alevosía” aplicada en cada una de esas muertes producidas por el accionar represivo, en la cual la “saña” ejecutada sobre los cadáveres constituye un elemento de profundización del caso.

Así, se tornó relevante considerar las vidas post mortem de las personas (Gayol y Kessler, 2018) y la vida política de sus cadáveres (Verdery, 1999) en relación con una espectacularizada puesta en escena al presentar sus muertes, atendiendo al modo en que las exposiciones de los cadáveres transmitían -mediante una serie de prácticas y conductas organizadas- modos de accionar que brindaban cierta seguridad y legitimidad a quienes las produjeron. Un discurso ligado también a la violencia expresiva (Segato, 2013) aleccionadora y disciplinante y un ejercicio que permitiera buscar indicios (Ginzburg, 2003) de un reparto de lo sensible en el cual se configura el juego de la política, una estética de la política (Rancière, 2009) de acuerdo con la cual cada elemento de la escena responde a un significado y a un uso específico.

Este caso me permitió pensar en los ejercicios de disciplinamiento (Foucault, 2009) puestos en práctica a través de las modalidades y la visibilidad de los asesinatos y su escenografía, donde los cuerpos aparecen y la alevosía generada sobre estos cadáveres habilita a tratamientos y modos de existencia específicos en un contexto de época.

En este artículo focalizaré entonces en el tratamiento que recibió el secuestro y asesinato de los Pujadas en los diarios de agosto de 1975 a partir de indagar el modo en que se narraron los hechos, atendiendo tanto a las formas de matar y de ejercer la violencia en aquel año, como a la configuración de alteridades y sentidos morales en torno a dichas muertes. Para ello recupero el planteo esgrimido por De Sousa Santos (1991), considerando el análisis de lo sucedido a la familia Pujadas mediante el método de caso ampliado, el cual

La pesquisa de la cual se desprende este artículo se realizó sobre diarios digitalizados en el Archivo Provincial de la Memoria¹² y mediante un trabajo de hemeroteca con el diario Córdoba,¹³. Para la investigación doctoral con un total de 425 diarios datados entre agosto de 1974 y noviembre de 1975,¹⁴ dado que mi hipótesis se sostenía sobre la configuración de una visibilidad a partir de considerar la exposición de la violencia como una de las características de los primeros años de la década del setenta. Los ejemplares del diario Córdoba se encuentran disponibles para su consulta en el Centro de Documentación “Juan Carlos Garat”, perteneciente a los trabajadores de prensa afiliados en el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren). En el cuerpo de este artículo consigno aquellas noticias de relevancia para los objetivos planteados y enmarco la producción periodística de aquellos años en los trabajos realizados por Schindel (2016), Gamarnik (2009, 2020) y Feld (2015).

Contabilizar muertes, exponer la violencia

El periodo denominado “los setenta” en Argentina constituye tanto un lapso cronológico construido históricamente como también un lugar de memoria (Nora, 2008) que condensa en sí mismo diversos sentidos, prácticas y actores relacionados con la violencia política y las prácticas represivas en nuestro país.

Tomando la perspectiva de Elías (2001), considero a la violencia -y en particular a la violencia política y las prácticas represivas ocurridas en la década de 1970- a partir de su faceta productiva (Garaño, 2010), en tanto generadora de identidades que emergen cíclicamente de la trama de un drama social (Turner, 1974) recreado en diferentes escenas a lo largo de los años. En este sentido, aquello derivado de esa faceta productiva en torno a la violencia y a la represión política en los setenta adquiere actualidad (Agamben, 2005) en la medida en que se materializa, se actualiza, en prácticas y sentidos que me permiten pensar hoy los modos de configuración de identidades que las mismas violencias y acciones represivas construyen y en la trama de legitimidades que (las) sustentan.

En los setenta, el Estado generaba prácticas represivas, mataba y disciplinaba (Foucault, 2007, 2009) mediante la realización de diversas acciones y con distintos objetivos. Asimismo, el registro escrito de dichas prácticas tampoco fue homogéneo, como tampoco lo fueron las instituciones intervinientes durante el proceso de construcción de estos dispositivos (Foucault, 1968).¹⁵ Las muertes en el año 1975, “alevosas”, públicas, con prácticas de violencia inscriptas en los cuerpos dejados en la vía pública fueron propiciando “rastros” escritos, atendiendo a una visibilidad (Foucault, 1968) determinada en un contexto específico. Esa visibilidad marcada por aquello que podía ser visto y nombrado a partir de configurarse desde lo observable se tradujo en, por un lado, la exposición de dicha violencia a partir de los cuerpos dejados en espacios donde podían ser encontrados; y por el otro, en los diarios de la época que circularon en el espacio público (Schindel, 2016). La reproducción en el tratamiento de los hechos transformados en noticias por los medios periodísticos alcanzaba la masividad que las tiradas de los periódicos locales permitían.

Para 1975, los medios gráficos generaban sus propios “conteos” en torno a los muertos y la violencia, haciendo que los asesinatos de 1975 adquirieran visibilidad pública. Tal es el caso de la revista Gente,¹⁶ que el 18 de diciembre de 1975 titulaba: “Cifras de la violencia en 1975. La nota más dolorosa del año”. En el cuerpo de la nota se encontraba un esquema de columnas (cada una corresponde a un mes, de enero a diciembre de 1975) y bajo el subtítulo: “Nombres, fechas lugares, la estadística de la violencia en la Argentina”, se presentaban los nombres de los “850 muertos que produjo la violencia”.¹⁷

En los listados se refería de igual manera a “agentes policiales” y a personas que podrían pertenecer o no a organizaciones militantes. La frase “muertos que produjo la violencia” se utiliza como genérico, sin profundizar en quiénes ni cómo se ejercía esa violencia¹⁸ a partir de presentar la información en “listas” donde esta era organizarla y priorizada (Goody, 1996).

Los listados de la revista Gente permiten reflexionar sobre las prácticas discursivas (Foucault, 2005) de la época, generadoras de narrativas con efectos de verdad (Foucault, 2005) en el mundo. El hecho de que en esas “listas” no hubiese distinción entre quiénes y cómo ejercían la violencia, me hace preguntarme si no se trata allí, de manera incipiente, de un germen de la “teoría de los dos demonios”,¹⁹ o al menos, un discurso que sostiene la no distinción de asimetrías en el ejercicio del poder y la violencia.

De esas 850 muertes, se refiere a Córdoba en 76 asesinatos desde enero a diciembre de 1975, 61 con nombres y 15 como “NN”. De esas 76 muertes, a partir de agosto, el número “va en alza”, con un registro de 16 asesinatos solamente en ese mes, que coinciden con la llegada del comisario Pedro Raúl Telleldín²⁰ al Departamento de Informaciones de la Policía de la provincia de Córdoba (D2).²¹ De agosto a diciembre se “contabilizaron” en Córdoba, según la revista, 48 asesinatos, mientras que de enero a julio la cifra asciende a 28. La familia Pujadas se ubica en la columna de agosto.

Los medios gráficos que llegaban a gran parte de la población estaban condicionados por la generación de un tipo de discurso²² (Foucault, 1968) atendiendo a lo que se incluía, se excluía y se prohibía en el orden de lo decible, en estrecha relación con los relatos producidos por los sectores dominantes. Atendiendo a Gamarnik (2009, 2017) y Schindel (2016), aquellas editoriales y medios que no fueron en esa línea se constituyeron como objeto de prohibición y censura. Su contracara fue que “desde mucho tiempo antes de que se concretara el golpe de Estado de 1976 los medios de comunicación masiva tuvieron un papel activo en la creación de un imaginario que apoyara la ‘lucha antisubversiva’” (Gamarnik, 2017, p. 25). En este sentido, comparto que los medios de comunicación “habían tendido históricamente en Argentina a actuar como portavoces de grupos o sectores del poder y se habían mostrado, ya antes de 1976, dispuestos a cooperar y también aliarse con los militares” (Schindel, 2016, p. 91). Asimismo, tal como plantea Feld (2015), en los medios de comunicación de la época se mezclaban distintos niveles de información. En esta investigación me centro en lo que el régimen “dejaba entrever (los cadáveres de supuestos “extremistas” muertos en enfrentamientos)” (p. 688) en torno a los medios analizados, particularmente en el asesinato de Mariano Pujadas en 1972 como hito de la trayectoria militante de la familia.²³

Comprender los modos de ejercicio de la violencia y las formas de matar en 1975 como parte de la configuración de un régimen de visibilidad implica detenernos en la creación y la presencia del Comando Libertadores de América en Córdoba.

“Preparar el camino”: el Comando Libertadores de América (CLA)

Entre los años 1962 y 1965 llegaron a Argentina las “misiones francesas permanentes” formadas por veteranos de Argelia, excombatientes franceses que debían transmitir los sentidos atribuidos a la llamada “guerra revolucionaria” y las prácticas que se desprendían de ella (Pontoriero, 2016). La doctrina planteaba que la “guerra revolucionaria” hacía parte de una estrategia comunista para tomar el poder, y la caracterizaba como una acción bélica al interior de los Estados ejecutada sobre diversos ámbitos, llegando a inmiscuirse en la sociedad civil (Pontoriero, 2016). La doctrina se distinguió por técnicas de combate dirigidas a un “enemigo interno” que podía mimetizarse con el resto de la sociedad, por lo que las fuerzas configuraron como objetivo el control de la población.

La circulación de la doctrina francesa en el país fue dejando a lo largo de los años de su trasmisión y aplicación por parte de las fuerzas represivas una impronta en torno a las formas posibles de pensar la tortura, los tormentos y la violencia como parte de las técnicas de combate a fines de “aniquilar” al “enemigo”: la práctica de estas “técnicas” fue adquiriendo particularidades en relación con quiénes las implementaban, en función de los objetivos que persiguieran en el marco de la “lucha contra la subversión”.

La aparición en la escena pública cordobesa del CLA data precisamente de mediados de 1975, momento en el que se agudizó la represión ilegal en la provincia a través de la acción conjunta de oficiales del Destacamento de Inteligencia 141 y personal policial del Departamento de Informaciones D2. Este proceso se dio bajo el aval y supervisión del comandante del III Cuerpo de Ejército. La conformación del CLA habría sido impulsada por el propio José López Rega, quien habría enviado a Córdoba al capitán Héctor Pedro Vergez, alias “Vargas” (Paiaro, 2010). Si bien fue conocida como la versión cordobesa de la Triple A por la similitud de objetivos, Duhalde (1999) considera que entre ambas organizaciones existieron claras diferencias: mientras que la Triple A tenía mayor autonomía operativa en relación con las FF.AA. y dependían más del poder político, el CLA tuvo una dependencia orgánica del III Cuerpo de Ejército, en tanto estaba a su frente un militar, el capitán Vergez. El CLA fue, de hecho, una organización en la que se plasmó el ingreso activo del Ejército en la represión clandestina del Estado.

El CLA estaba integrado por el ala de la derecha nacionalista militar atendiendo a que “una clara muestra de ello fueron las ostentosas metodologías represivas de las que se vanagloriaban los miembros del CLA a los fines de amedrentar a los ‘enemigos subversivos’ además de crear confusión y caos entre la población” (Paiaro, 2010, p. 118).

En 1975, la presencia del comando fue nodal para los caminos que posteriormente tomaría la represión en Córdoba. A diferencia de lo que acontecía en el “D2” en tanto institución estatal legalmente reconocida, o incluso atendiendo a la producción y existencia de la documentación que producía la Policía de la Provincia de Córdoba (libros de guardia y registros) que luego pudo ser abordada en diversos estudios locales y que además pudo actuar como prueba en los juicios actuales de lesa humanidad, los organismos paraestatales y parapoliciales parecieran no haber dejado el mismo registro escrito frente a, y por oposición, la visibilización de una violencia expuesta producida en 1975.

Sobre las modalidades represivas del CLA, Paiaro (2010) menciona la existencia de una combinación de “viejas” (allanamientos, detenciones masivas, amenazas, etc.) y “nuevas” prácticas, que a mediados de 1975

El III Cuerpo de Ejército, con asiento en Córdoba, desató de este modo una sostenida acción criminal cuyas principales víctimas fueron dirigentes políticos, sindicales, estudiantes, profesionales y obreros. A partir de la llegada del CLA, la “alevosía” y la expresión pública de los actos de violencia represiva realizados en 1975 se constituyeron como un elemento para reflexionar en torno a los regímenes de visibilidad (Foucault, 1968) de la época. Asimismo, estas se constituyeron como dimensiones nodales que colaboraron en considerar los efectos performativos que las “exhibiciones” públicas de estas muertes tenían en el resto de la población. Aquí es importante atender al valor ejemplificador del crimen (Schindel, 2016) donde el cuerpo expuesto genera “una comunicación entre crimen y castigo” (Alonso, 1995), como si la violencia represiva recibida fuera la resultante de una acción condenable y merecedora de un “castigo ejemplar”.

Ello se da mediante la posibilidad de considerar la exposición macabra de un ejercicio de poder soberano, que en sus manifestaciones no es ajeno al poder productivo de la violencia y la muerte, atendiendo a la producción de identidades (Garaño, 2010) y de moralidades, (Bermúdez, 2016). De ese modo, las situaciones asociadas a estados de terminalidad, finalización y clausura en realidad operan como aperturas de sentidos, ejecución de nuevas prácticas o construcción de identidades.

Masacre y derivas de la visibilidad militante: (los) Pujadas

Durante los años setenta, se dieron una serie de acciones en las cuales las organizaciones y sus militantes ganaron notoriedad. De estas acciones participó Mariano Pujadas, particularmente de la llamada “masacre de Trelew” en agosto de 1972 cuando, tras un intento de fuga en la cárcel de Rawson, 19 presos políticos fueron trasladados a la base militar Almirante Zar y quedaron bajo la jurisdicción de la Marina de Guerra. En la madrugada del 22 de agosto fueron fusilados 16 de ellos, tres de los cuales sobrevivieron a las ejecuciones.²⁴ Uno de los asesinados fue Mariano Pujadas, militante de Montoneros detenido en Córdoba el 22 de junio del 1971.

Tal como señala Muzzopappa (2018), la “masacre de Trelew” fue presentada por la Armada como un “intento de fuga” que había sido “reprimido”. Esta versión contrastaba con lo que sostenían los sobrevivientes, quienes narraban una masacre ejecutada por los miembros de las Fuerzas Armadas sobre 16 integrantes de organizaciones peronistas y de izquierda presos en el penal de Rawson (Muzzopappa, 2018). Dicho modo de nombrar los hechos sería parte de una “sistemática estructura de encubrimiento para que los responsables pudieran escapar de la condena de la justicia, así como del escarnio social” (Muzzopappa, 2018, p. 154).

De ese modo, dos versiones pugnaron por convertirse en memoria oficial.²⁵ Una, la versión de la Armada -difundida a través de comunicados y agencias de noticias-, constituía la “versión fuga”; y otra, la “versión-masacre” (Muzzopappa, 2018, p. 156), brotaba de las declaraciones de los abogados de los presos y de los sobrevivientes.

Asimismo, hablar de “fuga” en lugar de una “masacre” remite a un modo de ocultamiento de los hechos con una función similar a la que adquirieron categorías como la de “enfrentamiento” que enmascararon asesinatos producidos por el accionar represivo.²⁶ En esa tónica recupero el planteo de Pittaluga (2006), para quien en los sucesos de 1972 en Trelew, “la palabra oficial sobre los hechos enuncia (y se enuncia desde) una ambigua zona en donde convive lo oculto y lo inocultable, lo que se sabe y lo que se silencia o censura, lo reprobable y lo que se reivindica” (2006, p. 83).

De este modo, los diarios titulaban para el 16 de agosto de 1972: “Copan cárcel de Rawson y el aeropuerto”.²⁷ En la bajada, se expresaba: “Fugan 25 presos, matan a un guardia y toman comisaria. 6 asaltan avión y llegan a Chile. Tratan asilo”. Ese modo de enunciar los hechos (en relación con los presos que se “fugan”, que “matan” a un guardia, que “toman” una comisaría y que “asaltan” un avión) da cuenta de la criminalidad configurada en torno a los seis presos.

Asimismo, la mención a los “guerrilleros” aparece en el titular del diario Clarín²⁸ del 16 de agosto de 1972, donde se mencionaba que “Fugaron guerrilleros del penal de Rawson”.²⁹

El 23 de agosto del mismo año, el diario La Opinión³⁰ titulaba: “Quince extremistas muertos y otros cuatro heridos durante un frustrado intento de evasión de la base aeronaval de Trelew”.³¹ Allí, la referencia utilizada es la de “extremistas” en lugar de la de “guerrilleros”.

Es interesante notar que los titulares dan cuenta de la criminalidad de la acción cometida, utilizando referencias que implicaban hacer hincapié en la “fuga” y en el modo de identificar a las personas referidas como “guerrilleros” y “extremistas” a figuras que en ese periodo estaban vinculadas a la subversión a partir de la doctrina internacional aprendida por las fuerzas de seguridad en los años sesenta en nuestro país.

En relación con los 16 cadáveres, los militantes quisieron velarlos en la sede central del Partido Justicialista, situada en avenida La Plata, en Capital Federal, Buenos Aires. Cuando la convocatoria rebasó la capacidad de la casa, la concentración empezó a amontonarse en la vereda, y a media mañana, ya ocupaba también la calle. Una multitud apesadumbrada aguardaba impaciente la llegada de los féretros. Al velatorio concurrieron figuras de la política, sindicalistas y curas “tercermundistas” como monseñor Jerónimo Podestá³² y el padre Carlos Mugica.³³

El 23 de agosto, a pocas horas del arribo de los cadáveres, se presentó el comisario Alberto Villar.³⁴ Al frente de la guardia de infantería, dio por concluido el velorio y advirtió que no se toleraría ninguna manifestación fúnebre. El velorio en el local del Partido Justicialista de la Capital Federal fue brutalmente reprimido por la Policía Federal que actuaba bajo las órdenes del ministro del Interior, el radical Arturo Mor Roig,³⁵ “mientras comenzaban en universidades de todo el país actos y manifestaciones de repudio y condena a la acción de las Fuerzas Armadas” (Muzzopappa, 2018, p. 160).

El cuerpo de Mariano Pujadas retornó a su hogar la noche del 23 de agosto de 1972 en un ataúd proporcionado por la Armada. Lo velaron en la granja familiar de Córdoba. “El entierro fue impresionante porque la ruta desbordaba de gente hasta llegar al cementerio y el campo estaba frente al Liceo Militar”, recordó Ana María Bigi,³⁶ quien fuera cuñada de Mariano Pujadas en los años 1974 y 1975, en su testimonio ofrecido en el juicio por la masacre de Trelew que se desarrolló en Rawson en 2012.

La muerte de Mariano Pujadas volvería a aparecer en los diarios tres años después, cuando, al cumplirse el tercer aniversario de la fuga del 15 de agosto, el resto de su familia fuera masacrada por el Comando Libertadores de América.

Los sucesos de Trelew y las derivas que se produjeron de la “masacre” contribuyeron a la notoriedad que adquirieron los Pujadas en aquel entonces y en años posteriores, y se tornaron un acontecimiento emblemático que sería recordado de allí en más en relación con ese apellido. Asimismo, lo sucedido en Trelew en agosto de 1972 representó un caso paradigmático en tanto “la prueba más palpable de que la metodología del terrorismo de Estado ya estaba asumida por las Fuerzas Armadas argentinas cuatro años antes del golpe genocida” (Duhalde, 1999, p. 67). En relación con ello, el autor señala que los eventos de Trelew contenían elementos de lo que sería luego el modelo impuesto en 1976: “política genocida, pedagogía del terror, no asunción de la autoría del hecho criminal, el pacto de sangre y la aplicación de la ley de fugas” (pp. 43-44).

A partir de lo dicho en este apartado, comprendo que la “masacre” de Trelew configuró en parte esas derivas de la visibilidad militante en los cuerpos y trayectorias militantes de (los) Pujadas.

“La Policía consultada desconoce los acontecimientos”: secuestro y “ejecución” de la familia Pujadas

La “masacre” de Trelew no solo ubicó en el mapa político nacional a Mariano Pujadas, sino que generó una serie de “derivas” que afectaron a su entorno familiar consumadas en el secuestro y asesinato de los miembros de la familia tres años después del 15 de agosto de 1972, en un nuevo aniversario de la “fuga” del penal de Rawson.

Según se pudo determinar luego, en horas de la madrugada del 14 de agosto de 1975, José María Pujadas (padre), Josefa Badell, José María Pujadas (hijo), María José Pujadas (hermana de Mariano) y Mirta Yolanda Bustos (pareja de José María Pujadas hijo) fueron secuestrados en su casa familiar ubicada camino a Jesús María.³⁷ Víctor Pujadas, hermano de Mariano y el menor de la familia, fue encerrado en una habitación, mientras que en el segundo piso quedó María Eugenia Pujadas, en aquel entonces una bebé,³⁸ hija de Mirta Bustos y José María Pujadas (hijo). La familia fue asesinada esa madrugada camino a Alta Gracia a kilómetros de la ciudad de Córdoba en un paraje cercano al monumento a Myriam Stefford.³⁹ Luego fueron arrojados a un pozo y dinamitados en su interior.

En relación con lo sucedido, el diario Córdoba titulaba: “Denuncian que desconocidos ingresaron anoche en la casa del Dr. Pujadas y se llevaron al profesional y a 4 miembros de su familia”.⁴⁰ Referencias tales como “El Dr. Pujadas”, “se llevaron al Profesional”, dan cuenta de un determinado estatus, un capital social producto de una profesión reconocida. En este sentido, es necesario considerar que los destinatarios de las acciones represivas en los setenta fueron también personas de clase media, formadas, y no jóvenes pobres o “marginales” como se dejaba entrever en diversas notas de los diarios al momento de caracterizar a los destinatarios de dichas acciones.⁴¹

Asimismo, en el cuerpo de la noticia se narra que: “la familia dormía, por lo que, sorprendidos, no atinaron a pedir auxilio”, “se salvan dos niños”, “el niño de ocho años solo recuerda que personas extrañas lo despertaron cuando lo cubrían con una colcha y luego de pegarle, lo encerraron en el baño”. A partir de estas referencias, conjeturo que la familia Pujadas pasó a ocupar mediante estas formas de enunciación el lugar de víctima, a diferencia de las connotaciones subversivas que recaían en la figura de Mariano Pujadas en tanto “extremista”.

Ante los hechos sucedidos, definidos en el diario como una “captura”, pareciera no haberse dado en el curso de los acontecimientos ninguna vinculación con las fuerzas de seguridad, ya que en la nota se señala que los enviados del diario realizaron “consultas” sobre lo acontecido en el Departamento de Informaciones, la Unidad Regional, la Brigada de Investigaciones y la Seccional 17°, como resultado de las cuales obtuvieron el desconocimiento total del episodio y la negativa de que los policías hubieran actuado en el sector.

Aquí es necesario mencionar que las organizaciones paramilitares y parapoliciales en Córdoba tenían la particularidad de estar conformadas por civiles y por miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia. Se configuraba una “zona intersticial” en la cual las mismas personas portaban múltiples identidades cumpliendo distintos roles según ocuparan posiciones en la clandestinidad o en el espacio visible del Estado.

Con el paso de las horas se conoció el destino de la familia. Todos habían sido, tal como expresaban los medios, “asesinados”, “ejecutados”, “acribillados”. Según lo que se supo entonces, dicha “ejecución”⁴² implicó diversos mecanismos de tortura: “culatazos”,⁴³ “golpes”,⁴⁴ “insultos”,⁴⁵ hasta que finalmente fueron blanco de varios disparos, para luego ser arrojados a un aljibe. Allí les arrojaron granadas que fueron detonadas sobre la familia.

En torno al tratamiento del asesinato de la familia Pujadas, encuentro el siguiente relato del diario La Voz del Interior,⁴⁶ donde en su nota, titulada “Bárbara acción criminal contra toda una familia” del 16 de agosto de 1975,⁴⁷ mencionaba que:

La referencia al “Ford Falcon verde” adquiere ahora una fuerza simbólica y una fuerza emocional (Rosaldo, 1991) vinculada a una determinada comunidad de sentidos que ligan ese tipo de vehículos con la represión.⁴⁸ El horario -tres de la mañana- da cuenta de una temporalidad en la que se conjugan los sentidos de lo prohibido, lo clandestino, lo oculto y lo peligroso. La noche se configura como espacio donde “los límites entre lo que se debe o no hacer o a dónde se debe o no ir se ven reforzados” (Tello, 2016, p. 40).

En la nota del 16 de agosto de La Voz del Interior citada arriba, resulta llamativo el modo en que se hace referencia a los “allanamientos”, como si estos fuesen una práctica relativamente habitual. Los perpetradores, por otra parte, son enunciados allí como “asesinos”. En la bajada de la nota se lee: “secuestraron y asesinaron salvajemente a los padres y dos hermanos de Mariano Pujadas, guerrillero que fuera muerto en 1972 en Trelew”.⁴⁹ La referencia “salvajemente” remite a un crimen que, por su naturaleza, estaría ligado a la matriz nada novedosa en la sociedad argentina de lo salvaje vs. lo civilizado.⁵⁰

Al inicio del artículo se ubica un subtítulo que expresa “Secuestraron a las víctimas de su vivienda”. Noto que tanto en el título como en la bajada de la nota se distinguen términos que definen, desde una posición determinada, lo sucedido con la familia. Se habla de una “acción criminal”, que connota un sentido de ilegalidad, y se señala también la presencia de víctimas -y, por ende, de perpetradores.

La asociación que el diario ofrece al lector con la familia es a través de Mariano Pujadas, referido como un “guerrillero”, es decir, como parte de los llamados subversivos por el Estado. Así, la trayectoria política militante de los Pujadas se cuela en la escritura al momento de narrar los asesinatos, como si operase un vínculo sin solución de continuidad entre esas trayectorias, sus destinos y los hechos en los cuales se encuentran envueltos que se torna narrable.

La nota de La Voz del Interior mencionada renglones arriba comienza con el siguiente relato periodístico, luego del subtítulo mencionado:

En el desarrollo de la nota es interesante notar que lo sucedido con la familia Pujadas pareciera ser un acontecimiento icónico a partir del cual el diario logró establecer una mirada editorial y política sobre los eventos que se estaban sucediendo en la Córdoba de dicho periodo.

Ello se evidenciaba ya en la escritura del título, que da cuenta de que lo sucedido con los miembros de la familia Pujadas había sido una “bárbara acción criminal” y despeja toda duda sobre la ilegalidad del hecho y la atrocidad cometida. En este sentido, el “bárbaro” solamente puede ser definido en oposición a lo civilizado, a lo moral, con lo que se encuentra en constante situación de guerra y hostilidad (Foucault, 1996, p. 160).

Tal como señalara renglones arriba, hasta ese momento, el nombre de los Pujadas en la nota no aparece más que en el recuadro y haciendo referencia a Mariano Pujadas. No obstante, lo sucedido en relación con todos los miembros de la familia pareciera habilitar a la redacción del diario a expresar una toma de posición en nombre de la “comunidad, la nuestra”, quien se “expresa calladamente”. Me detengo en los sentidos de esa referencia, la comunidad que se “expresa calladamente”, una especie de oxímoron donde lo que se comunica se hace a partir de lo que no puede ser dicho, donde lo que habla es el silencio. ¿De qué maneras habla el silencio? ¿De cuántas formas posibles puede expresar algo la ausencia, en un periodo que daba paso a lo oculto y lo clandestino?

La noticia refiere a una figura propia de lo patológico, lo “demencial”, en relación con la “escalada de violencia”. Ello, infiero, legitimó la intervención de las fuerzas de seguridad en el caso, a partir de buscar la “tranquilidad”, restablecer el orden social y cumplir con “su decisión de vivir en paz”.⁵² Asimismo, lo patológico agrega una complejidad al análisis, ya que vincularlo a la violencia habilita, hasta cierto punto, considerar a lo violento como si no fuese el producto de decisiones conscientes y deliberadas. Esa violencia “descontrolada” -que no se limita al Estado, sino que pareciera desbordarlo- fractura un orden establecido mediante la ruptura de contratos civilizatorios (Elías, 2001) y genera prácticas provenientes de esa “escalada de violencia” que era también una escalada represiva.

Asimismo, referencias como “escalada de violencia” o que fueron “brutalmente exterminados” a partir de un “alucinante secuestro”, dan cuenta de un modus operandi -en el primer caso más cuantitativo, y en los segundos, cualitativos- que las organizaciones paraestatales tenían por entonces. Ello acompañado de una adjetivación que involucra cierta espectacularidad (Geertz, 1999), donde la “brutalidad” o lo “alucinante” describen el escenario de los hechos.

Así, ciertos modos de nominar son mediados también por un uso político que permite evidenciar las posiciones posibles en la época (Schindel, 2016). No es lo mismo ser la “comunidad” que se “expresa calladamente” que parte de la “barbarie criminal”, ni ser “Profesional” o “El Dr. Pujadas”, que un “guerrillero”. Aquello no pierde actualidad en el proceso de producir prácticas represivas y consecuencias determinadas para cada identidad atribuida.

Dichas prácticas represivas -la “violencia”, el “secuestro”, el “exterminio”- podrían ser pensadas también como tecnologías de poder⁵³ (Foucault, 1998) que configuraron un modo específico de control “vuelta hacia las relaciones del cuerpo” (p. 169). Dichas tecnologías de poder no estarían puestas solamente en relación con el control de la vida de la población, sino también al servicio de las formas de morir de esta (Mbembe, 2011), particularmente de las poblaciones enemigas.

El relato de La Voz del Interior titulado “Bárbara acción criminal contra toda una familia” que analizara párrafos arriba podría dividirse en tres momentos. Primero, el secuestro, luego, el asesinato, y finalmente, la recuperación de los cadáveres que estaban dinamitados al interior del aljibe. En relación con este último, en la noticia encuentro un subtítulo que se denomina “El hallazgo”, donde se relata que:

A continuación, se narra que encontraron una sobreviviente al interior del pozo -Mirta Yolanda Bustos- y se continúa el relato con una serie de hipótesis que ofrece el periodista en relación con cómo habría sido el asesinato y si los cuerpos habrían sido arrojados al pozo vivos o muertos. A lo largo de la noticia, nuevamente aparecen adjetivaciones que marcan el posicionamiento del diario. Nociones como “macabro hallazgo”, “secuestradores”, “criminales” dan cuenta de una alteridad. Los “criminales” ya no serían “extremistas” o “subversivos”, sino que esa configuración de “lo criminal” era ahora atribuida a quienes habían cometido esas atrocidades. Todo sin olvidar que el apellido Pujadas estaba ligado a la política tanto por la participación de Mariano Pujadas en Montoneros como por la posterior militancia que tuvieron sus familiares.⁵⁴

Siendo ya los hechos de público conocimiento, el diario Córdoba del 15 de agosto de 1975 presentaba la noticia titulada “Vamos a hacer lo imposible para esclarecer el múltiple asesinato, nos manifestó Choux”.⁵⁵

Allí hay una nueva referencia de “patologización” sobre quienes fueron los perpetradores del crimen. Las expresiones de Choux⁵⁶ “esto es una brutalidad, una monstruosidad. Es un crimen sólo posible por el desequilibrio de enfermos mentales”, demarcan una frontera entre lo normal y lo patológico, aquella que para Foucault (2013) configura la subjetividad en Occidente como objeto de conocimiento. Ubica nuevamente el “crimen” como consecuencia de una patología, “el desequilibro de enfermos mentales”, como si no fuera producto de una acción deliberada. En la misma nota se señala que

En este relato se aclara que las “víctimas” se desempeñaban en “actividades normales” -denotando una diferencia con lo anormal y lo patológico señalada anteriormente-, por lo que la magnitud de lo sucedido es injustificable.

En la nota del día 16 de agosto de 1975 del diario Córdoba, titulada “Fueron ultimados cuatro miembros de la familia Pujadas, secuestrados” encuentro en la bajada las siguientes referencias:

Aquí es interesante notar cómo, en esa “guerra”, la ciudadanía se define por la pasividad, solamente pudiendo “asistir” sin poder hacer nada para cambiar el estado de situación, además de ser “engañada” por “discutidos idealismos”, los cuales podrían adjudicarse a las ideas de las organizaciones militantes.

De la lucha participan los “extremos”, pero hay un espacio “entre” -ocupado por la ciudadanía- que pareciera ser rehén de la violencia. Infiero que este modo de enunciar los hechos concuerda con la llamada “teoría de los dos demonios”⁵⁹ (Águila, 2008; Solís, 2010). Así, se configuró un marco que procuró explicar lo sucedido en los setenta a través del esquema binario representado por el enfrentamiento de “dos violencias” extremas -una, la guerrilla de izquierda, la otra, las fuerzas represivas-. Desde la metáfora “demoníaca”, limitaba a las cúpulas de los dos actores la responsabilidad de la violencia política y proponía a la sociedad como ajena y víctima de ambas (Crenzel, 2008).

En relación con el entierro de la familia Pujadas, imágenes del archivo visual de Canal 12 del sábado 16 de agosto de 1975 me impactan. Aunque la grabación es en blanco y negro, percibo la multitud de personas acompañando el funeral, la última morada de una de las familias más emblemáticas en la Córdoba de los años setenta. El paso de los cuatro coches fúnebres que llevaban los restos de la familia Pujadas, José María Pujadas Valls, José María Pujadas Badell, María José Pujadas y Josefa Badell de Pujadas, dejaba en su ingreso al cementerio San Jerónimo, en pleno barrio de Alberdi de la ciudad de Córdoba, una estela de personas, susurros y llantos que acompañaba el paso lento de los vehículos. Columnas de gente, cantos militantes, coronas de flores, banderas de agrupaciones de izquierda y carteles alusivos enmarcaban el paso lento, como una procesión.

Sin dudas, la masacre de los Pujadas constituyó uno de los casos más emblemáticos de la violencia paraestatal de 1975. La alevosía de los crímenes no solo implicó el uso de torturas, tormentos, secuestro y ejecución, sino que también propició el ensañamiento con los cadáveres de las víctimas arrojadas a un aljibe con granadas y explosivos.

La espectacularidad en dichas muertes lleva a pensar en las formas de ejercicio de la violencia de entonces en el marco de la configuración de un régimen de visibilidad, donde una performance de la crueldad era casi condición necesaria en la configuración política de la época.

A modo de cierre

A lo largo del artículo ahondé en el tratamiento que tuvieron el secuestro y asesinato de la familia Pujadas en los medios periodísticos de la época, buscando en la escritura rastros constituidos como indicios del modo en que se iba entramando la vida y la muerte de esas personas, en relación con sus trayectorias militantes “notables”, la crueldad en el derrotero de sus destinos y la masividad que adquirió el tratamiento de los hechos al volverse de público conocimiento.

Asimismo, las formas narrativas me permiten comprender determinadas construcciones de sentidos en la época, sobre el tratamiento de esos eventos y de esas personas, sentidos morales y la configuración de identidades. Para la ejecución de la llamada limpieza ideológica, en los medios de la época la figura del enemigo era asociada a la figura del “subversivo” y del “extremista”, figuras narrativas vinculadas de manera constante a la idea de muerte y aniquilación física. En los diarios trabajados, noté a partir de determinados estereotipos (Elías, 1998) los intentos de justificar la intervención de la fuerza. En el caso analizado, esto sucede con Mariano Pujadas, pero no con su familia en el plano de lo “público”. De hecho, en estos opera un modo de construcción de la víctima blanco del ataque de grupos “patologizados” capaces de cometer crímenes con esa alevosía. Analicé cómo en los diarios trabajados, el caso se hizo público, masivo, mediante diversas estrategias discursivas que fueron dotando de dimensiones morales los hechos mediante referencias a la “brutalidad” del “crimen” cometido, apareciendo allí sí la figura del “secuestro” y del “asesinato”. Situación que además se liga a un modo de configurar un territorio que se encuentra en estado de “guerra permanente”, con una “sociedad civil” pasiva que “asiste” y recibe los embates de esa “batalla”.

En relación con la consagración como parte de un proceso que configura y hace parte a una visibilidad específica en personas como la familia Pujadas, la consagración de sus nombres pareciera darse incluso antes de sus respectivos velorios y entierros. Es decir, no solo al momento mismo de la exposición de sus cadáveres, con esas muertes espectaculares por la saña, la alevosía y su mostración -como firmas de los “enemigos”-, sino porque en vida ya eran personas importantes para “propios y ajenos” en el panorama político de la época. Asimismo, estas muertes consagradas dan cuenta de una vida política de los cadáveres (Verdery, 1999) que permite pensar que esos tratamientos rituales y los sentidos desplegados por estos muertos son posibles.

Es interesante notar que, en esa firma del cadáver, este se convertía en el instrumento “para llevar las cuentas”, y su eventual destino, una forma de medir el “éxito”. El “enemigo” representaba “el otro”, cuyo aniquilamiento implicaba una victoria (Robben, 2006) para luego dar paso a la desaparición en la última dictadura cívico-militar argentina, donde “La aniquilación física de los cadáveres sirvió para evitar que los muertos fueran trasformados en mártires. Los restos podían transformarse en reliquias, y sus tumbas, en objeto de peregrinajes políticos” (Robben, 2006, p. 25).

En ese sentido, conjeturo un posible doble mensaje que emana de la misma corporalidad. Por un lado, la exposición de la atrocidad del crimen firmado actúa como la elaboración de un mensaje de advertencia, aleccionador, para la totalidad de la sociedad por parte de los perpetradores. Por otra parte, para los militantes, la comunidad de sentidos y de pertenencia del asesinado, esa misma exposición da cuenta de un modo de consagración de la persona asesinada. Ello por estar “dotados de atributos” (Turner, 1957) que han hecho que incluso sus muertes trascendieran a las nuevas generaciones, transformándose en muertes emblemáticas.

Es interesante pensar que dentro del poder productivo que la muerte posee, en tanto generadora de moralidades (Bermúdez, 2016), de identidades (Garaño, 2010), se encuentra la disputa por el sentido mismo de esas muertes, lo que muestra en los casos trabajados cómo en el mismo acto de ejecución de la práctica represiva y la presencia de los militantes en los rituales del velorio y el entierro, se ponen “en escena” -dado el carácter espectacular (Turner, 1957) o teatral (Geertz, 1999) que adquieren estas muertes- una variedad de actores políticos que entran en disputa por los sentidos que denotan esos diversos registros.

Los modos de nombrar abordados (los “enfrentamientos”, la “patología social”) circulaban en los discursos de 1975 porque se veían posibilitados y mediados por una serie de dispositivos -ese complejo relacional entre instituciones militares, policiales, médicas, relaciones configuradas por bandos- que fueron produciendo identidades sujetadas a determinados efectos de saber/poder, atendiendo también a que en estos discursos, el lugar del cuerpo -tanto individual como social- adquiere una relevancia primordial (Foucault, 2013).

Es interesante en este punto volver a Foucault (1968) para pensar cómo la visibilidad se encuentra estrechamente vinculada a lo decible, ya que lo visible es lo que finalmente logra traducirse en las estructuras del lenguaje. Por lo que, a partir de nombrar de una determinada manera, en ese acto mismo del lenguaje se manifiesta aquello que se define. Y aquello que se define será visto de dicho modo y no de otro. Será el modo en que se configure en ese mundo histórico-político en particular. Asimismo, al traducirse al lenguaje, lo visible tiene la posibilidad de ser recordado, de perdurar como huella de un pasado reciente y en lo absoluto lejano. Menos en este aquí y ahora.