Introducción

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en los últimos años observamos una tendencia en lo que respecta a un imaginario restrictivo del espacio público que deja en una posición muy incómoda a quienes ya fueron expulsados de la vivienda y del trabajo formal. El objetivo del presente artículo consiste en analizar las dinámicas expulsivas del espacio público dirigidas a las personas en situación de calle (PSC), prestando especial atención a las políticas dirigidas a estas poblaciones.

La política para PSC del gobierno de la CABA (GCABA) es responsabilidad de la Dirección General de Atención Integral Inmediata (DGAII), que a su vez depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (MDS). Dichas políticas se basan en los siguientes ejes: alojamiento temporal masificado en paradores nocturnos, hoy rebautizados como Centros de Integración Social (CIS); el Programa de Atención para Familias en Situación de Calle, el cual otorga subsidios para alojarse temporalmente en hoteles precarios; más el anterior Programa Buenos Aires Presente (BAP), desde principios del 2024 devenido en “Red de Atención”, centrado en equipos de profesionales que recorren las calles dando asesoramiento a las PSC, una línea telefónica de atención, así como los operativos de frío.¹ A fines del 2002 se añadieron dos Dispositivos de Primer Acercamiento (DIPA) al sistema; los DIPA son espacios de atención espontánea que ofrecen asesoramiento profesional y terapéutico, servicios de ducha y merienda, así como posibles derivaciones a los CIS. Como hipótesis de trabajo, en el artículo se sostiene que la caracterización de las políticas públicas debe incluir las medidas gubernamentales en torno al espacio público que fomentan la expulsión de las PSC y, por consiguiente, la invisibilización del fenómeno de calle.

El artículo es resultado de una serie de proyectos de investigación² dirigidos por el autor sobre las políticas públicas para PSC en el Área Metropolitana de Buenos Aires en el período 2015-2024. Se adoptó una metodología cualitativa, con predominio de las técnicas etnográficas de investigación. En tal sentido, se realizó observación participante en los diferentes dispositivos y programas, entre los que se destacan los CIS donde pernoctan las PSC; la observación participante incluyó el vínculo con PSC. En el marco de los proyectos, se realizaron 68 entrevistas semiestructuradas con funcionarios de distinto nivel jerárquico del GCABA y con miembros de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que gestionan los distintos programas y/o dispositivos (o que recorren las calles ofreciendo asistencia).³ Con el objetivo de destacar el punto de vista nativo y recuperar una mirada crítica sobre las políticas públicas, también se realizaron entrevistas a PSC. El trabajo de campo se complementó con el análisis de diversas fuentes secundarias: legislación, relevamientos censales, informes de gestión, recortes periodísticos, ensayos de OSC, respuestas del GCABA a las solicitudes de información apelando a la Ley 104 de Acceso a la Información Pública, etcétera.

Antecedentes teóricos

Ya en la Europa medieval, la política aplicada a los vagabundos oscilaba entre “la piedad y la horca” (Geremek, 1991); más allá de la caridad asistencialista, la tentación de expulsar a quienes padecen la forma más extrema de pobreza es transversal a los siglos. Durante los primeros años de historia de nuestro país, las opciones disponibles para estas poblaciones eran el destierro o el reclutamiento forzado en los diferentes ejércitos (Gómez Romero, 2012). Sobran los ejemplos latinoamericanos de gobiernos que, en la etapa contemporánea, se ensañan violentamente con quienes pernoctan a la intemperie. Durante la gobernación militar de Antonio D. Bussi en la provincia de Tucumán (norte de Argentina, julio de 1977), se trasladó por la fuerza a unas 20 PSC que finalmente fueron abandonadas en un desierto localizado en la provincia de Catamarca (varias de ellas fallecieron). Los gobiernos democráticos en muchas ocasiones operaron de un modo igualmente agresivo. Recordemos que el día internacional de las PSC conmemora la Masacre de Sé; en agosto de 2004, nueve PSC fueron asesinadas (y otras tantas resultaron heridas de gravedad) mientras dormían en las calles de San Pablo (Brasil). En la CABA, hasta 1996, la vagancia era considerada un delito; amparada en una serie de edictos, la policía podía arrestar hasta 30 días a quien consideraba sospechoso, sin requerir de intervención judicial (Biaggio, 2014).

Entre los imaginarios que justifican las medidas expulsivas, se destaca la inseguridad urbana. En países como Estados Unidos, los discursos del miedo se enmarcan al interior de la teoría conocida como broken windows (Mitchell, 2003), la cual se centra en las “conductas incívicas” y la consiguiente degradación de determinadas zonas. El vandalismo, la acumulación de basura, pero también la presencia de PSC en un barrio, son entendidos como indicios de un débil control social, un imán que atrae patologías sociales más graves como la delincuencia. Sin contemplar que las PSC suelen ser víctimas antes que victimarios de la violencia urbana,⁴ estas teorías conservadoras proponen una política de tolerancia cero frente a aquellos comportamientos calificados como “desordenados”. En América Latina, las representaciones sociales restrictivas sobre el espacio público y las PSC se retroalimentan con las políticas represivas que privilegian el orden y la seguridad por sobre cualquier otro derecho. Como emoción colectiva, imaginario y mecanismo de control social, el miedo se concibe como frontera frente a otredades peligrosas desde lugares de enunciación hegemónicos; suele utilizarse como estrategia política que sustenta discursos, dispositivos y prácticas de seguridad (Torres Ruiz, 2023), posibilita la intervención sobre los cuerpos y los espacios donde residen las PSC.

En el presente, las dinámicas expulsivas no necesariamente conllevan el asesinato de las PSC, sino otras formas más sutiles de violencia. Contamos con bibliografía internacional que se enfocó en las denominadas leyes antihomeless; se trata de normativas, por lo general emitidas por los gobiernos locales, que sostienen la necesidad de mejorar la calidad de vida urbana a través de una estricta regulación del espacio público (Bachiller, 2009). Estas medidas persiguen las actividades llevadas a cabo en el espacio público sin regulación estatal, las cuales, supuestamente, atentan contra la “convivencia y el civismo”; bajo una misma lógica se incluyen prácticas tan dispares como las diversas modalidades de economía informal, satisfacer las necesidades fisiológicas y otras formas de uso “inadecuado del espacio público”. Mediante estas ordenanzas, se penalizan económicamente prácticas en el espacio público que una PSC, al carecer de un ámbito privado, se ve forzada a realizar en dicho ámbito (Mitchell, 2003).

Las leyes antihomeless suelen articular sus argumentos en torno a dos significantes: la libre circulación y una lectura del territorio urbano en clave de “paisaje”. Tales racionalidades urbanas privilegian lo estético por sobre la noción del espacio público como ámbito de interacción; entonces, el espacio público es restringido a la mera contemplación. Según estas perspectivas, las mercancías y los consumidores no circulan fluidamente por los espacios ocupados por “grupos de indeseables”; consecuentemente, tales medidas intentan evitar que las PSC se afinquen en las zonas de la ciudad que poseen un mayor capital económico o simbólico. Estas normativas organizan su discurso aludiendo a una serie de derechos asociados con el confort de los ciudadanos (a su vez, equiparados con quienes poseen una cierta capacidad adquisitiva), los cuales presuntamente se encontrarían amenazados ante la presencia de PSC. Tales medidas no criminalizan un delito, sino que una PSC, con su simple presencia, haga sentir “incómodo” al resto de la población (Mitchell, 2003; Bachiller, 2009).

En Argentina, el fenómeno de calle no ha sido un tema central en la agenda académica. No obstante, la literatura especializada experimentó un salto cualitativo durante el período 2010-2015, cuando una serie de tesis doctorales se centraron en las políticas públicas para PSC en la CABA (Rosa, 2011; Boy, 2012; Palleres, 2013; Biaggio, 2014). Con relación al objetivo del presente artículo, dichas tesis coinciden en dos aspectos. En primer lugar, todas recuerdan que, de la Ley 3706/2010 (“Protección y Garantía Integral Derechos de las PSC y en riesgo de situación de calle”), el único artículo vetado por el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad (Mauricio Macri) fue el número 5; significativamente, este establecía el derecho al uso igualitario y no discriminatorio del espacio público. En segunda instancia, le otorgan un lugar relevante a la Unidad de Control del Espacio Urbano (UCEP). Creada en el 2008 bajo la Jefatura de Gobierno de Mauricio Macri, y dependiendo de la Subsecretaría de Espacio Público, el objetivo de tal unidad consistía en “establecer, promover y programar políticas en lo referente a la ocupación del Espacio Público por elementos no autorizados, coordinando acciones con el área correspondiente al Ministerio de Justicia y Seguridad” (en Boy, 2012, p. 104). La UCEP representó la modalidad más extrema de medidas antihomeless. “Desintrusar” fue la terminología adoptada para denominar a los “operativos de limpieza” que implicaban el decomiso de las pertenencias “acopiadas ilegalmente” en la vía pública, así como la expulsión violenta de los campamentos improvisados de PSC (ranchadas). Los operativos se realizaban por las noches, de manera clandestina, por agentes que se trasladaban en automóviles sin identificación y sin articular con el MDS. En definitiva, la UCEP operaba como una especie de grupo parapolicial; de hecho, en más de una entrevista o conversación informal con empleados estatales, se afirmó que barrabravas de equipos de fútbol formaban parte del organismo y protagonizaban las incursiones nocturnas. Luego de reiteradas denuncias judiciales, la UCEP fue desmantelada a fines del año 2009 (Biaggio, 2014).

A partir de 2015, se incrementó la producción académica en torno a las infancias de calle; ya que el presente trabajo se focaliza en los adultos en situación de calle, se optó por no citar dichos estudios. Asimismo, en los últimos años se publicaron diversos artículos que se desprenden de las tesis mencionadas, mientras que otros investigadores indagaron temáticas hasta entonces no exploradas. Entre los textos ligados con las dinámicas expulsivas del espacio público, se destacan los trabajos de Di Iorio (2022) y de Rosa (2018), centrados en la CABA, así como el de Bufarini (2015), con eje en la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe).

El objetivo de este trabajo supone actualizar el análisis de las dinámicas expulsivas de las PSC justificadas en torno al “cuidado del espacio público”. Dichos procesos fuerzan a las PSC a elegir entre dos opciones angustiantes: los desplazamientos forzados o el encierro en algún CIS. A su vez, los desplazamientos y encierros forman parte de una lógica más amplia: la invisibilización del fenómeno. En la bibliografía nacional sobre PSC, la invisibilidad es un término de uso recurrente, pero no una categoría analítica. Siguiendo a Bourdin (2010, p. 3), esta característica puede ser pensada como “un fenómeno contradictorio que consiste en existir, en ser-ahí y, al mismo tiempo, en no ser visto/percibido u oído/escuchado”. La invisibilidad no responde a limitaciones fisiológicas, cognitivas o intelectuales del sujeto que percibe, sino a las condiciones sociales de aparecer de lo percibido; es decir, toda percepción está condicionada por marcos sociales. Asimismo, lo percibido obedece a condiciones políticas de aparición: para que algo o alguien sea visible, debe ser compatible con la configuración hegemónica del mundo. Por consiguiente, la invisibilidad es “el signo de una estructura social que mutila la existencia de personas que están sometidas” (Bourdin, 2010, p. 3).

Frecuentemente, la invisibilidad implica prácticas estatales encaminadas a reducir la percepción de un fenómeno a su mínima expresión. Los criterios de merecimiento de recursos, y las definiciones restringidas de la población, permiten la gobernabilidad del fenómeno de calle, garantizan estadísticas que no escandalizan a la opinión pública ni fuerzan a incrementar las partidas presupuestarias gubernamentales. En tal sentido, las OSC acusaron al GCABA de incumplir varios artículos de la Ley 3706, entre los cuales se destaca la realización anual de censos que involucren a dichas entidades. Una de las críticas señala que los censos gubernamentales subregistran sistemáticamente a la población: no recorren el conjunto urbano, sino que se limitan a ciertas zonas de la ciudad. Asimismo, más de un informante nos comentó que en los conteos gubernamentales frecuentemente se omite registrar a individuos que, si bien encuentran durmiendo en la vía pública, son clasificados como cartoneros (la lógica implícita adoptada es la siguiente: el de los cartoneros es otro fenómeno, supuestamente tendrían una infravivienda en algún punto del conurbano bonaerense, por lo cual no podrían ser contabilizados como PSC). La distancia entre la cantidad de PSC registradas por el GCABA y los censos populares da cuenta del esfuerzo gubernamental por invisibilizar a la población: si en 2017 las cifras oficiales reconocían la existencia de 1066 PSC, el Primer Censo Popular de PSC (PCPPSC, 2017) se refería en cambio a 5872. Más aún: a pesar de que la Ley 3.706 no solo promueve los derechos de las PSC, sino también de quienes se encuentran en riesgo de estarlo, el GCABA nunca incluyó en sus estadísticas a esta población; ahora bien, si nos guiamos por el PCPPSC (2017) e incluimos a quienes se encuentran en riesgo de calle, la magnitud del fenómeno se eleva a 25.872 personas. Otro ejemplo similar: gran parte de los conteos gubernamentales limitaron su registro a los “sin techo”; es decir, al presentar la cifra de PSC a los medios de comunicación, solo incluyeron a quienes habían detectado en la vía pública, y así invisibilizaron a quienes se alojan en los CIS (es lo que ocurrió entre 1998 y 2002, entre 2004 y 2015, o en el censo de abril de 2017). Con los subsidios habitacionales sucede algo similar: cuando el gobierno da a conocer la cantidad de PSC, sistemáticamente silencia a quienes se alojan en un hotel precario y temporal gracias a un subsidio habitacional que, de hecho, en la mayoría de los casos obtuvieron tras haber sido detectados pernoctando en la vía pública; en 2021, el gobierno informaba la existencia de 2573 PSC, y de este modo invisibilizó a las 25.064 personas que entonces percibían un subsidio (Biaggio y Paviotti, 2022).

En función de los límites fijados por el objetivo del artículo, aquí nos limitamos a examinar el vínculo entre la invisibilidad y las fuerzas expulsivas del espacio público. Entendemos al espacio público no simplemente como un territorio físico en oposición a otro privado (una plaza en contraposición a un hogar), sino como la instancia de representación general de la sociedad, “el lugar donde la sociedad pretende darse a sí misma la imagen más exacta de sí misma” (Bourdin, 2010, p. 7). Ya que el espacio público es el ámbito de la comunidad, allí se establece quién forma parte y quién no de lo común. Es por ello que ser invisibilizado equivale a una no existencia, o al menos a una existencia de menor relevancia, que produce heridas psicológicas y morales.

Expulsión urbana y apropiación temporal del espacio público

En una sociedad capitalista, el acceso a los bienes indispensables para la reproducción de la vida se ve condicionado por la capacidad adquisitiva; consecuentemente, la primera forma de expulsión urbana a considerar guarda relación con el funcionamiento del mercado del suelo y la vivienda. En América Latina, la infraestructura y los servicios urbanos operan desde la lógica mercantil clásica del capitalismo, mientras que los Estados no han desarrollado suficientes políticas redistributivas de desmercantilización de la vivienda y del suelo. Un porcentaje significativo de la población padece de desempleo estructural, o subsiste mediante trabajos precarios y/o informales; por consiguiente, millones de personas carecen de recursos monetarios suficientes para acceder a los bienes más básicos e indispensables (Jaramillo, 2008).

En la CABA, el déficit habitacional abarca al 11,6% de las viviendas. Paradójicamente, pese a que desde la década de 1940 la población de la ciudad se mantiene estable en unos 3 millones de personas, y a que la construcción de viviendas se multiplicó exponencialmente,⁵ las posibilidades de los sectores de menores ingresos de acceder a un techo digno resultan cada vez más improbables. Si con un salario promedio en 1995 se podía adquirir el 0,83% de un m2, en 2020 solo se podía comprar el 0,18% de un m2 (Reporte Inmobiliario, 2020). Asimismo, entidades como el Observatorio Universitario de Buenos Aires (OUBA, 2019) calculan que el 24% de los inmuebles de la ciudad están desocupados (unas 341.000 viviendas, cuando el promedio nacional es del 18%). Por otra parte, vimos que existen discrepancias en cuanto a las cifras de PSC. En 2019, el Segundo Censo Popular (2019) contabilizó 7251 PSC, un número que contrasta con las 1734 registradas por el GCABA; en 2023, el Relevamiento Nacional de PSC (ReNaCALLE, 2023) detectó 8028 PSC,⁶ mientras que el GCABA reducía la cifra a 3511 PSC (Dirección General de Estadística y Censos, 2023). Más allá de las estadísticas de los distintos censos, si comparamos la cantidad de viviendas vacías con la cantidad de PSC, resulta evidente que el principal problema no consiste en la generación de riqueza, sino en los criterios de asignación y distribución de los recursos disponibles.

La expulsión urbana indefectiblemente genera procesos de apropiación del espacio público. Considerando la situación de calle como la imposibilidad de residir en un ámbito privado, la apropiación es un proceso inevitable que guarda relación con el uso de los territorios, remite a la transformación del espacio en un lugar practicado. Apropiarse de un espacio supone personalizarlo, distinguirlo de otros sitios, contribuyendo a un sentido de unicidad e identidad; implica una transformación del territorio, donde aquello que me era extraño se convierte en parte de mi espacio personal. Dichas prácticas implican la voluntad por controlar y personalizar al sitio, ya sea transformándolo material o simbólicamente (Bachiller, 2013, 2014).

Para quienes residen en el espacio público, la marcación del territorio es clave en el proceso de apropiación. La presencia debe ser comunicada a través de huellas legibles; entonces, se apela a personalizar la espacialidad a partir de la localización de ciertos objetos. Por otra parte, las dinámicas de apropiación del espacio público conllevan la conformación de redes territoriales basadas en el vínculo con otras PSC o con vecinos del barrio. La economía informal (expresada en prácticas como la mendicidad, cuidar vehículos estacionados, etc.) que garantiza la subsistencia depende del contacto reiterado con los vecinos en un mismo espacio; en tal sentido, la economía informal y las redes territoriales son indisociables (Bachiller, 2014). Más aún: la apropiación conjunta del espacio público conlleva la conformación de los grupos de PSC. Cuando las ranchadas persisten en el tiempo, se convierten en un punto de retorno estable en los recorridos cotidianos de las PSC. Entonces, dichos espacios sociales pueden llegar a reemplazar la función del hogar, en tanto sostén de una continuidad espacio-temporal donde se desarrolla la propia identidad y autoestima (Bachiller, 2014).

Los procesos de apropiación del espacio público implican la visibilidad de las PSC. Cuando se realizan de forma conjunta, con otras PSC conformando ranchadas donde acopian sus pertenencias, la visibilidad se transforma en una hipervisibilidad que escandaliza a muchos vecinos que disfrutan de un domicilio, lo que provoca las reacciones conservadoras de los gobiernos que priorizan el orden público y la percepción de seguridad de sus votantes.

Por otra parte, el hogar es un dispositivo arquitectónico fundamental para controlar las interacciones sociales. La puerta de acceso a nuestro hogar delimita espacial y simbólicamente el exterior del interior, lo público de lo privado (Bachiller, 2014). La exclusión de las PSC se liga con la imposibilidad de disfrutar de la propia sociabilidad con un mínimo de control, con la ausencia del entorno que nuestra sociedad ha reservado como el sitio ideal donde desarrollar los vínculos sociales más íntimos. A su vez, los procesos de apropiación se asocian con necesidades básicas que la sociedad “domiciliada” puede satisfacer en ámbitos privados: conseguir recursos para la subsistencia, dormir, orinar, defecar, vincularse con otras personas, tener sexo, proteger las propias pertenencias y, por qué no, satisfacer ciertos consumos problemáticos. El origen de buena parte de los estigmas que padecen las PSC deriva de verse forzados a realizar en el espacio público las actividades que la sociedad ha destinado al ámbito privado (Bachiller, 2013). Las interpretaciones descontextualizadas de dichas prácticas desplegadas en los espacios públicos escandalizan; entonces, la voluntad por invisibilizar a tales grupos se convierte en política pública. Ahora bien, ¿cómo se producen las expulsiones del espacio público? ¿Cuáles son los actores y las fuerzas protagonistas de las dinámicas expulsivas?

Expulsión urbana y definiciones restrictivas del espacio público

El enfoque jurídico restrictivo de un problema social estructural lleva a que la subsistencia en la vía pública frecuentemente sea planteada como una “usurpación ilegal del espacio público”. Las fuerzas de seguridad (policías, pero también la Gendarmería en ciertas zonas de la ciudad, los empleados de seguridad privada que prohíben el ingreso a salas de espera en terminales de transporte u hospitales, etc.) son las principales encargadas de promover una lectura expulsiva del espacio público. La apropiación del espacio público indefectiblemente es temporal, y ello se debe no solo a que las PSC no poseen propiedad privada, sino también al riesgo permanente de ser desalojados de la vía pública. La policía es la custodia territorial de una concepción hegemónica del espacio público que delimita las prácticas legítimas y los grupos que tienen derecho al usufructo del territorio.⁷ Significativamente, durante la pandemia de COVID-19, la violencia policial se ensañó con quienes, al no poseer un hogar, infringieron las medidas de aislamiento (Bachiller, 2021).

Los procesos de expulsión no se distribuyen de manera equitativa por todo el territorio de la ciudad, sino que suelen profundizarse en las zonas de la ciudad que poseen un mayor capital económico, político o social (Snow y Mulcahy, 2001).

La planificación urbana frecuentemente genera desigualdades en el acceso y uso de determinados espacios. Al diseñar el espacio público, el planificador urbano prescribe/inhibe comportamientos, legitima el uso de ciertas prácticas (deslegitima otras), prefigura el tipo de usuario, así como dificulta el acceso de otro tipo de público a ciertos sitios. En tal sentido, las regulaciones del espacio público impactan de modo directo en la cotidianidad de quienes se ven forzados a vivir en la vía pública. No casualmente 30 de los 34 CIS se ubican en la zona sur de la ciudad, lejos de donde residen las clases acomodadas (Figura 1); por otra parte, la localización dispersa de los dispositivos fuerza a las PSC a largos y fatigosos desplazamientos para satisfacer las necesidades más básicas.

Figura 1

Mapa de Centros de Inclusión Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A tono con la hipótesis de trabajo, afirmamos que la DGAII, con sus programas de alojamiento masivo en CIS o en hoteles pensiones, no es la única dependencia estatal clave en la vida cotidiana de las PSC; por el contrario, es preciso considerar el papel que cumple el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. A principios de 2023, la legislatura porteña frenó una licitación (N° 7162-1862 LPU22) por 1526 millones de pesos encaminada a relevar “las condiciones que impactan en la higiene urbana en la vía pública de la Ciudad”. Entre dichas condiciones, se mencionaba la presencia de cartoneros, de “asentamientos precarios producto de PSC”, y de “otros elementos que perjudiquen la imagen de Ciudad” (Bruneto, 2023b). En este caso, la invisibilización se asocia con la violencia que supone cosificar y deshumanizar a las PSC, equiparándolos con “residuos domiciliarios”. Por otra parte, a pesar de que la UCEP fue desmantelada hace más de una década, en el trabajo de campo fueron abundantes las referencias al trato violento que la actual “Unidad de Espacio Público” ejerce sobre las PSC. Tan es así que, en julio de 2022, la Asamblea Popular de PSC denunció a la Subsecretaría de Higiene Urbana frente a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (Lamberti, 2022).

Considerando a la visibilidad del fenómeno como un condicionante de las intervenciones públicas, no es de extrañar que las expulsiones se intensifiquen ante acontecimientos puntuales. Diversos informantes asociaron el accionar de la actual Unidad de Espacio Público con escenarios electorales, con la realización de un conteo gubernamental de PSC, frente a la visita de funcionarios de organismos internacionales (como el Fondo Monetario Internacional) o con la organización de eventos internacionales como el G20,⁸ etcétera.

En el presente, persisten las “nociones higienistas” que se amparan en el “uso indebido” del espacio público. La voluntad de expulsar a las PSC se manifiesta con toda su brutalidad a través de la expresión “limpiar la zona”. Entonces, las escasas pertenencias de las PSC siguen siendo arrojadas de manera compulsiva a los camiones de basura; muchos de quienes fueron desalojados de sus viviendas son nuevamente desalojados, pero ahora de la vía pública, etcétera.

Entre las dinámicas expulsivas, se destaca especialmente la proliferación de la arquitectura hostil. En algunos casos, presenciamos proyectos de reconversión donde el planificador urbano altera la fisonomía de sitios como una plaza, intentando modificar el tipo de usuarios que frecuentan dichos espacios. Tales proyectos suelen justificarse en pos del embellecimiento de la ciudad, pero en más de una ocasión su verdadero móvil parece vincularse con los reclamos de los propietarios de la zona indignados ante la visibilidad de las PSC. En su versión expulsiva, el diseño urbano se expresa a través de la proliferación de los “espacios acotados”: elementos aparentemente decorativos que funcionan como barreras, que impiden el uso de los espacios públicos e incitan a “los intrusos” a trasladarse a otro sitio. Los espacios acotados se materializan arquitectónicamente a través de un nuevo estilo de mobiliario urbano (Bachiller, 2009). En las plazas, los asientos rectangulares son sustituidos por individuales, lo que impide que alguien se recueste (lo mismo ocurre con los bancos de los “sitios de espera” como las paradas de colectivos). De modo similar, se reemplaza a los antiguos cestos de basura por nuevos diseños donde el sujeto no puede revolver la basura introduciendo su brazo (véase Figura 2). Recordemos que bajo la Jefatura de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta (2015-2023) se instalaron contenedores de residuos “inteligentes” en lugares emblemáticos de la ciudad (muy transitados por PSC y/o cartoneros), como la avenida Corrientes. Las vallas bajo los puentes de las autopistas apuntan en una misma dirección. Especialmente significativa ha sido la política de enrejado de parques y plazas, que impide el acceso nocturno: si en 2002 el 26,9% de las PSC pernoctaban en parques (Boy, 2012), en 2022 dicho porcentaje disminuyó a un 7,5% (DGEyC, 2022).

Figura 2

Ejemplos de arquitectura hostil.

La proliferación de la arquitectura hostil no se circunscribe a las políticas urbanas. Para evitar el pernocte de las PSC, los bancos cierran las puertas de los cajeros automáticos durante las noches. Los vecinos de muchos edificios actúan de un modo similar, instalando macetones bajo los soportales, e impidiendo que las PSC se recuesten y protejan de las lluvias. Lo mismo ocurre con los barrotes o pinches que se ubican en espacios exteriores de edificios (Figura 2).

Bajo la expresión not in my backyard o “no en mi patio trasero”, en Estados Unidos se generó bibliografía específica sobre las organizaciones de vecinos cuya meta consiste en impedir que un dispositivo se instale en lo que consideran “sus barrios” (Mitchell, 2003). En mayo de 2022, la Fundación Ciudad (2022) realizó un estudio sobre la percepción del ruido en la CABA. Al preguntarles a 822 personas cuáles eran los problemas más graves de la ciudad, las respuestas apuntaron primero a la inseguridad, e inmediatamente después a las PSC (la contaminación sonora ocupó el quinto lugar). A su vez, la gente en situación de calle fue señalada como la primera preocupación en siete de las 15 Comunas de la CABA (Comunas 1, 2, 3, 5, 12, 13 y 14). En líneas generales, la georreferenciación de dichas respuestas coincide con las comunas más ricas y/o con las que poseen mayor presencia de PSC (DGEyC, 2024).

En definitiva, las fuerzas expulsivas y la imposibilidad de acatar los mandatos sociales hegemónicos sobre el uso del espacio público conllevan el permanente traslado forzado de las PSC. No sedentarizarse es un requisito indispensable para permanecer en el espacio público (Bachiller, 2009). Mucho más si el arraigo es grupal y, por lo tanto, hipervisible.

Expulsión urbana e hipervisibilidad de las ranchadas de personas en situación de calle

En 2021, al interior de la DGAII se conformó una unidad específica dedicada a lidiar con las ranchadas. Asimismo, en los últimos conteos, el GCABA comenzó a generar información detallada sobre los grupos de PSC: su dispersión por las diferentes comunas, el tipo de bienes que acumulan en la vía pública, su localización (bajo puentes, descampados, etc.), la cantidad de integrantes, si residen con mascotas, etc.

Hay motivos para sospechar que la conformación de tales unidades guarda relación con medidas encaminadas a la disolución de las ranchadas. Si la presencia de PSC en el espacio público es leída como un problema ligado con su hipervisibilidad, especialmente cuando se concentran en ciertas zonas de la ciudad, entonces la respuesta estatal se enfoca no solo en promover los desplazamientos, sino también en dispersar a los grupos.

En diciembre de 2023, Jorge Macri asumió la Jefatura de Gobierno de la CABA. Si bien su asunción supuso una continuidad del partido Propuesta Republicana en la gestión de la ciudad (lleva gobernándola desde el 2007), la nueva administración endureció las dinámicas de expulsión urbana. Significativamente, el actual mandatario eligió como vicejefa de Gobierno a Clara Muzzio, quien durante la gestión del anterior GCABA ocupó el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Por otra parte, en plena campaña electoral, como política en materia de situación de calle, Jorge Macri declaró su intención de

recuperar el afuera para el vecino ocupado por PSC. Hoy los cajeros automáticos se han transformado en los monoambientes de algunos […] No los puedo obligar (a ir a los paradores) pero tampoco puedo aceptar que sean dueños del espacio público.⁹

En su perfil de la red social Instagram, el flamante jefe de Gobierno se vanaglorió por los “operativos de orden y limpieza” realizados en distintos barrios de la ciudad. Las imágenes se organizaron bajo una lógica “antes y después”: las primeras mostraban a PSC ocupando sitios de la ciudad, las fotos del “después” daban cuenta de la expulsión. El texto que acompañaba a dichas imágenes planteaba que “uno de los pedidos que nos hacen los vecinos es que el espacio público, además de que sea seguro, esté limpio y ordenado” (al respecto, consultar en Perfil, 2024).¹⁰ El mensaje del jefe de Gobierno tuvo tal impacto, que medios extranjeros como El País de España replicaron la noticia; es de notar que el título del artículo alude al objetivo de eliminar (eufemismo de invisibilizar) los lugares donde se refugian las PSC en la ciudad (Olmos, 2024).

Distintas declaraciones del actual secretario de Seguridad y jefe de Policía de la CABA coinciden en señalar a las ranchadas como un enemigo a eliminar. Bajo el título “Diego Kravetz defendió el desalojo de PSC”, el diario Perfil recogía las expresiones de dicho Secretario:

Dos meses después, Kravetz cargaba nuevamente contra las ranchadas: “hay distintos tipos de PSC (están) los que son complicados, que son los que se arman ranchadas, porque en general terminan haciendo cosas ilícitas y eso creo yo que lo desarmamos casi en su totalidad”.¹¹

La reciente sanción de un “Protocolo de atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático” (Secretaría de Seguridad, 2024) apunta hacia una dirección similar. Dicho protocolo facilita el encierro compulsivo de PSC que, según el diagnóstico de un empleado del GCABA, padecen un problema de salud mental. Existe un debate acalorado sobre las posibilidades que la ley nacional (N° 26.657) ofrece en cuanto al tratamiento de quienes sufren problemas de salud mental que residen en la vía pública; no obstante, en un escenario donde las fuerzas gobernantes entienden a las PSC como usurpadoras del espacio público, sobren motivos para preocuparnos ante la futura implementación de dicha normativa.

Conclusiones

Como hipótesis de trabajo, en este artículo se sostuvo que, cuando se analizan las políticas para PSC que adopta el GCABA, es preciso incluir el accionar de aquellas entidades que se encargan del mantenimiento del espacio público. Las intervenciones de instituciones como la Subsecretaría de Higiene Urbana son lo suficientemente sistemáticas, constantes y significativas en la vida de las PSC, como para considerarlas como parte sustancial de las políticas para estas poblaciones.

Las políticas que promueven los desplazamientos forzados hacen aún más difícil la vida de las PSC: impactan negativamente en sus sociabilidades, dificultan enormemente la conformación de redes barriales con vecinos del barrio o con otras PSC, etc. Por otra parte, desde el estereotipo, se percibe a estas poblaciones como nómadas urbanos, como seres desafiliados; lo cierto es que son este tipo de medidas las que promueven la expulsión y el nomadismo (Bachiller, 2014). A su vez, los trabajadores del GCABA se frustran ante el rechazo que perciben de las PSC, sin comprender las múltiples experiencias de violencia institucional que padecieron estas personas (muchas de ellas, en el espacio público). En resumidas cuentas, las definiciones restringidas del espacio público condenan a las PSC a elegir entre dos opciones: la reclusión en alojamientos temporales masificados, o un incansable transitar por la ciudad.

Este tipo de políticas no resuelven, solo desplazan a las poblaciones y (al problema) de las áreas centrales a las periféricas, se limitan a gestionar su visibilidad en ciertas zonas de la ciudad. El confinamiento en un dispositivo, al igual que la movilidad constante, es sinónimo de invisibilidad (Bachiller, 2009). Para eso resulta fundamental forzar la dispersión de las ranchadas, el efecto de hipervisibilidad en el espacio público como consecuencia del agrupamiento. Asimismo, la visibilidad se combina con un ordenamiento jerárquico de la espacialidad urbana: como reconocían ciertos miembros del GCABA, las ranchadas en barrios periféricos pueden tolerarse, no así en las zonas donde residen las clases acaudaladas. Parafraseando a Rolnik (2017), asistimos a una verdadera guerra por los lugares.

Hoy en día, el éxito político suele medirse a través de la hipervisibilización mediática; el símbolo más representativo de tal lógica es la fotografía de un gobernante cortando la cinta que inaugura una obra. En lo que a situación de calle refiere, el éxito del político parece valorarse por su capacidad para pasar desapercibido. Es decir, su éxito se relaciona con la gestión de un problema que, ante la falta de voluntad política por modificar las estructuras sociales (el mercado del trabajo y de la vivienda, un sistema impositivo regresivo, etc.), se sabe irresoluble. Entonces, el objetivo se reconfigura en lograr que el problema de calle no explote mediáticamente, que no se hable del tema; en fin, invisibilizarlo. En definitiva, las medidas no apuntan a acabar con el problema, sino a invisibilizar su magnitud, naturalizando las estructuras sociales desiguales que días tras día alimentan al fenómeno de calle. Tratar a las PSC como un ítem de la contaminación visual que afecta a la ciudad, tal como sucedió con la licitación N° 7162-1862 LPU22, es un ejemplo de políticas que invisibilizan a las personas y a las estructuras sociales que llevan a la situación de calle.

Las medidas expulsivas examinadas se insertan en un contexto histórico amplio; me refiero a una tendencia global, con varias décadas en curso, que promueve la mercantilización del espacio público. Las definiciones restrictivas del espacio público denotan una ideología que empatiza con la acumulación de capital y se muestra insensible frente a las condiciones de enorme precariedad en la que residen miles de personas. El retroceso de lo público, en tanto bien común, excede al espacio urbano, se expresa en dimensiones como la salud o la educación. Bajo un sentido común hegemónico donde lo privado es signo de calidad, mientras que lo público equivale a degradación, las clases medias migraron masivamente a los ámbitos privados; entonces, lo público indefectiblemente tiende a degradarse.

Las dinámicas de regulación restrictiva del espacio público trascienden ampliamente al fenómeno de calle. En primer lugar, afectan también a millones de personas que, para subsistir, dependen de una economía informal que se despliega en la vía pública. Asimismo, las tendencias arquitectónicas mencionadas inhiben una de las funciones esenciales del espacio público: ser un ámbito de socialización. Si en la modernidad el espacio público fue pensado como el lugar de encuentro entre los diferentes y desiguales grupos según clivajes de clase, género, etnia o edad, entonces su retroceso implica una seria amenaza para la cohesión del conjunto social.

El repliegue de la dimensión pública implica un riesgo para los cimientos democráticos (Low y Lawrence-Zúñiga, 2003; Mitchell, 2003). Como señala Bourdin (2010), nuestra existencia social depende de la pertenencia en la sociedad civil, se asocia con la posibilidad de participar y ser reconocidos en el espacio público. Históricamente, los sectores populares, las mujeres o las minorías étnicas debieron luchar para ser incluidos en la noción de ciudadanía. Y estas luchas no fueron puramente retóricas, sino que en gran medida se libraron en espacios públicos. Las poblaciones que tradicionalmente fueron marginadas necesitaron del espacio público para tornarse visibles y reclamar por sus derechos. Por consiguiente, el desorden es inherente al espacio público, mientras que el retroceso de los espacios públicos amenaza al conjunto social, pues liquidar lo público representa un peligro mayor para la constitución de la arena política democrática (Bachiller, 2009).

Como planteamos anteriormente, la intensificación de las medidas represivas contra las PSC por parte del GCABA se encarnan en un contexto regresivo más amplio, con el gobierno de La Libertad Avanza (con Javier Milei como presidente desde fines de 2023) promoviendo un feroz ajuste fiscal y, en paralelo, criminalizando a la protesta social. Recordemos que uno de los ítems de la “Ley Ómnibus” enviada al congreso en diciembre del 2023 establece que, si tres o más personas pretenden reunirse en el espacio público, deben solicitar la autorización del Ministerio de Seguridad de la Nación con una antelación de 48 horas (Luna, 2023). Si bien dicho artículo no fue aprobado, sus objetivos guardan relación con lo expresado por Mitchell (2003, p. 230): “el sueño de la ciudad perfectamente ordenada es el de la ciudad alienada para sus propios residentes. Una fantasía totalitaria donde todo quedaría bajo control. Solo se trata de una ilusión de orden”.

Finalmente, en las disputas por otorgar significados a los espacios públicos, ante la presencia de personas que se ven forzadas a dormir a la intemperie, resulta lamentable el retroceso de los discursos que reclaman por el derecho de todo ciudadano a disponer de un hogar. Nos encontramos encerrados en una discusión perversa, donde el debate se limita a evaluar el derecho de las PSC a permanecer en la vía pública. Esta situación muestra hasta qué punto los espacios públicos reflejan la cultura, el estado de las creencias y los valores que caracterizan a una sociedad en una época determinada (Bourdin, 2010).