Tesis de Maestría en Antropología Social: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Director: Dr. Agustín Barna.

Codirectora: Dra. Laura Santillán.

Fecha de defensa: 19 de abril de 2023

Esta tesis tuvo como objetivo analizar la gestión estatal de niños/as y adolescentes con problemas de salud mental, focalizando en las prácticas y estrategias de los/las profesionales. La investigación se llevó adelante en el hospital público Carolina Tobar García de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El enfoque etnográfico adquirió ciertas particularidades a la luz de los desafíos que planteó la pandemia por COVID-19 durante el tiempo en que realicé el trabajo de campo (2020-2021). Me basé en la realización de entrevistas en profundidad a profesionales, junto con la participación en ateneos clínicos, virtuales y sincrónicos, ante las dificultades para realizar una observación participante presencial.

A lo largo de la tesis analicé los principales desafíos que tienen los/las profesionales de la institución al ser el único monovalente en salud mental infanto-juvenil del país, tanto en relación con la demanda por “absorber los riesgos” de niños/as con problemas cada vez más “agudos” como por lograr derivarlos a otros efectores cuando ya tienen dada “el alta”. En este sentido, destaqué algunas de las prácticas y concepciones de estos/as agentes estatales en vínculo con la actual organización los recursos sanitarios. Desarrollé cómo el 2020 fue un año excepcional para el sistema de salud, ya que conjugó el comienzo de la pandemia con el cumplimiento del plazo que fijaba la Ley Nacional de Salud Mental para “desmanicomializarlo”.

Al respecto, abordé cómo la pandemia llevó a que el hospital Tobar García centralizara, en mayor medida, los recursos estatales de cuidado. Según los/las profesionales, las repercusiones de la emergencia sanitaria pauperizaron las condiciones de la vida cotidiana, tanto de la población usuaria como la de su labor, llevando a que el perfil del hospital se “agudizara”. Esto se debió a las crecientes problemáticas de salud mental de la población, entrelazadas con el aislamiento, y a la ausencia de recursos de atención idóneos y accesibles (ya que muchas instituciones cerraron su admisión). Sin embargo, los/las profesionales cuestionaran la ética profesional involucrada en la centralización y en los imperativos presentes en directrices institucionales sobre “compensar y derivar” para “optimizar recursos”.

En este contexto, analicé cómo estos/as agentes estatales planifican estrategias para evitar que sus pacientes “queden a la deriva” o “atorados en el sistema” frente a las dificultades de una derivación externa efectiva. Destaqué la derivación intrahospitalaria entre servicios, por más que involucre una serie de disputas en relación con el “peloteo interno” o “puerta giratoria” institucional. También, el uso del Certificado Único de Discapacidad como “llave de accesibilidad” a derechos, y el “armado artesanal” de una “red de contactos” externos.

A nivel conceptual, indagué cómo esta gestión estatal se viabiliza gracias a la mediación de una ethopolítica (Rose, 2012) apoyada en las creencias, valores y sentimientos de los/las profesionales. Ellos/ellas deben lidiar con la disyuntiva moral que implica ser responsables de la continuidad del cuidado de niños/as y adolescentes en un marco de gran escasez de recursos. En esta línea, analicé los procesos de estigmatización social (Goffman, 1963) que dificultan la admisión de los “chicos Tobar” en otras instituciones por el grado de “peligrosidad” que se les atribuye. También, cómo los/las profesionales “trabajan el certificado de discapacidad” con “las familias”, pues lo consideran “un apoyo” para “objetivos” y “proyectos de vida”. El “trabajo con el certificado” ocurre en diversas instancias, e implica “problematizar” el carácter descriptivo que tiene sobre las capacidades, presentes y futuras, de los/las niños/as y adolescentes. De esta forma, la certificación de discapacidad es utilizada como una política de reducción de riesgos (O’Malley, 2007) con la que los/las profesionales intentan “mejorar el pronóstico” de sus pacientes.

En efecto, una de las particularidades de este tipo de gestión estatal es el involucramiento personal y emocional (Zenobi, 2020) que los/las profesionales entablan con sus pacientes. Aquí se dirime la valoración ética de cada tutor/a sobre sí mismo/a, a partir de la definición del futuro de sus tutelados/as (Vianna, 2014).

Así, por más que las barreras de accesibilidad en el sistema sanitario se multipliquen, y que se naturalice la invisibilidad liminal (Turner, 1980) en el cumplimiento de derechos de los/las niños/as, los/las profesional del Tobar García logran dar una respuesta estatal con los recursos, prácticas y estrategias de los que disponen.