Dossier / Artículo Original

El crédito al consumo en los sectores populares argentinos
Entre inclusión y explotación (Rosario, 2009-2015)

Consumer credit among the Argentinean working class. Between inclusion and exploitation (Rosario, 2009-2015)

Credito ao consumo nos setores populares argentinos. Entra a inclusão e a exploração (Rosario, 2009-2015)

Introducción

Para muchos, la victoria de la derecha en las elecciones de octubre y noviembre de 2015 fue una sorpresa. Seguramente, ello se debe a una multitud de factores, cuyo análisis supera el marco de este artículo. Sin embargo, es interesante notar que, si bien este voto estuvo estadísticamente correlacionado de forma positiva al nivel de ingresos (Bosque Sendra y Buzai, 2017), la derecha también juntó votos en los barrios populares ubicados en los márgenes de las grandes aglomeraciones del país. Este hecho resultó difícil de entender para muchos integrantes de organizaciones sociales que trabajan en los barrios (de la misma manera que para muchos antropólogos), ya que se consideraba que los sectores populares habían sido los más beneficiados, debido al crecimiento y la redistribución del ingreso operado durante los últimos doce años, así como de su incorporación como sujetos de derecho en el entonces discurso oficialista.

En este artículo me propongo echar una luz más matizada sobre la forma en la cual los sectores populares urbanos experimentaron la década de los gobiernos kirchneristas, a partir del estudio de las transformaciones de sus prácticas financieras. Más precisamente, me interesa entender lo que significó el acceso al consumo masivo para quienes no lo habían experimentado con anterioridad por falta de ingresos regulares. Para entenderlo, la cuestión clave reside en el boom del crédito al consumo destinado a personas con trabajo precario, que fue posible gracias a la generalización de políticas de transferencia de ingresos, y a la formalización parcial del empleo (aunque este continuara siendo precario). De hecho, el crédito al consumo creció de forma vertiginosa durante la década kirchnerista: entre 2003 y 2015, el volumen a precios constantes de préstamos ofrecidos por las entidades financieras supervisadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) destinados a personas físicas sin garantía real (conocidos como préstamos personales), así como de préstamos prendarios, se multiplicó por 7,93 y 5,54 respectivamente.¹ Sobre todo, entre 2003 y 2014, los préstamos personales y prendarios crecieron respectivamente 3,03 y 2,51 veces más rápidamente que los salarios.² De este modo, el crédito al consumo llegó a ser de uso común en los sectores populares, en particular para adquirir electrodomésticos, ropa y zapatillas (Arango, Chena y Roig, 2017).

Para entender la forma en la cual los sectores populares experimentaron este boom del crédito al consumo, me baso en estudios de campo realizados entre 2007 y 2016 en un barrio marginalizado del cordón industrial norte de la ciudad de Rosario, llamado Espinillo.³ La zona se caracteriza por la presencia de una industria pesada, en su mayoría petroquímica y papelera, desde los años 1930. Esta industria ofrecía salarios relativamente altos a sus trabajadores cualificados (Abraham, 2013), pero los habitantes de Espinillo raramente accedieron a estos, ya que llegaron a esta área a partir de la segunda mitad de los años setenta. Más bien trabajaban, en su mayoría, de forma inestable en la construcción o en el montaje,⁴ en la seguridad y la limpieza, como vendedores ambulantes, choferes de taxi, personal doméstico, o en la industria indumentaria.

En este sentido, y para subrayar que el boom del crédito al consumo esta íntimamente ligado a la formalización del empleo (Beccaria, Maurizio y Vázquez, 2015) y a la incorporación de los trabajadores de la economía popular⁵ al sistema de protección social (véase Müller, 2014 para el caso brasileño), utilizaré principalmente los datos de los trabajos de campo realizados en 2009 y 2013. En 2009, el cordón industrial rosarino se había recuperado parcialmente de la desindustrialización de los años noventa gracias al abandono de la paridad entre el peso argentino y el dólar estadounidense. Sin embargo, la situación de los trabajadores de la economía popular no había cambiado de forma sustancial: todavía estaban relegados a los trabajos más precarios, a menudo pagados en “especias” (con ropa usada, comida, materiales de construcción, productos no vendidos o la posibilidad de recuperar materiales usados), y dependían sustancialmente de formas de clientelismo político y de organizaciones caritativas. En aquel entonces, los habitantes de Espinillo tendían a cosificar sus ahorros (una forma de separar lo que se podía gastar de lo que no) (Roig, 2015), para preservar un acceso al efectivo en caso de gastos imprevistos, o por si se endeudaban de manera informal, aunque estas deudas no constituían una preocupación central.

En 2013, la situación había cambiado radicalmente. Algunos obreros de la construcción y empleados de comercio accedieron a trabajos declarados donde obtenían recibos de sueldo, aunque seguían siendo trabajos precarios. Además, los que no tenían recibo de sueldo pudieron acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la jubilación mínima sin necesidad de aportes previos (ésta última fue implementada en 2005, aunque en 2009 todavía pocos habitantes de Espinillo habían accedido a ella). De esta forma, todos los hogares tuvieron acceso a un ingreso mensual y formalizado, por más que los importes no fueran necesariamente altos. Esto transformó radicalmente las prácticas financieras y la relación al tiempo: a partir de ese momento, el cobro en especias y el ahorro cosificado casi desaparecieron. La gente tuvo acceso a consumos como ropa, zapatillas, artículos del hogar y electrodomésticos de forma nunca antes vista, a costa de un endeudamiento creciente por medio de nuevas formas de crédito al consumo. Y al mismo tiempo, los habitantes de Espinillo empezaron a preocuparse cada vez más por sus nuevas deudas.

Insertar el análisis en este contexto permite mostrar la forma profundamente ambivalente por la cual los trabajadores de la economía popular percibieron el boom del crédito al consumo. Por un lado, para los habitantes de Espinillo, “ser sujetos de crédito” era visto como un “progreso” ya que, según sus propias palabras, permitía “estar en el sistema”. Acceder a nuevos instrumentos de crédito aparecía asociado a un sentimiento de reconocimiento social y de movilidad social ascendente, pues era contemporáneo de la implementación de políticas que apuntaban a reconocer los derechos de los que históricamente habían sido marginados, y porque dio acceso a formas de consumo que antes estaban restringidas a los obreros calificados y a las clases más altas (James, 2014 y Marambo-Tapia, 2017). Pero también se percibía como una amenaza, en tanto se temía terminar “trabajando para la financiera” por no poder reembolsar las deudas. Esto se debe a que el boom del crédito al consumo expuso a los trabajadores de la economía popular a una nueva forma de explotación de acuerdo con la cual el desfase entre la temporalidad de las finanzas (pagos mensuales a mediano plazo) y la del trabajo precario (con pagos erráticos y a corto plazo) nutre transferencias de ingresos cada vez más importantes de los trabajadores hacia las instituciones financieras, pues deben abonar costos extra por no poder reembolsar sus deudas con la regularidad exigida por las instituciones de crédito, además de pagar intereses más altos (sobre esto último, véase Chena y Roig, 2017). A su vez, este mecanismo exacerbó las estratificaciones vigentes dentro del mundo obrero, ya que los que quedan relegados a los trabajos más precarios y con peor protección social son los más expuestos al pago de costos extra por atraso.

Este argumento será expuesto aquí de la siguiente manera. En la primera sección se describen los cambios en las prácticas de ahorro y de endeudamiento de los trabajadores de la economía popular del cordón industrial rosarino, tal como se pudieron observar entre 2009 y 2013. En la segunda, se propone un análisis detallado del uso de los nuevos instrumentos de crédito al consumo. Se muestra que estos implican una nueva forma de explotación, la cual tiende a agudizar las estratificaciones sociales vigentes entre los trabajadores. En la tercera sección se muestra que los que están más expuestos a esta nueva forma de explotación también son quienes más valoran al crédito al consumo como una forma de inclusión, y se proponen algunas pistas para entenderlo. Finalmente en la conclusión, se subrayan las implicaciones políticas de este trabajo a partir de la vinculación entre finanzas y derechos.

2009-2013: un marcado contraste

En pocos años, la economía de los sectores populares cambió radicalmente. Las transformaciones del empleo y de la protección social les permitieron acceder a nuevos tipos de bienes gracias al auge del crédito al consumo, lo cual también transformó la forma en que la gente se proyectaba en el futuro y preservaba un acceso al dinero en caso de tener que enfrentar gatos imprevistos.

Cosificar el ahorro para protegerse contra la incertidumbre (2009)

En 2009, el mundo obrero del cordón industrial rosarino estaba claramente divido: estaban los que tenían un empleo estable en las industrias locales y los demás. Los primeros, en su mayoría, vivían en las áreas céntricas del cordón, gozaban de salarios dignos y de una protección en caso de enfermedad. También tenían acceso a créditos al consumo desde el inicio de la década por medio de tarjetas de crédito, anticipos salariales por parte de sus patrones y créditos en efectivo, que en ese momento eran accesibles a quienes podían mostrar un recibo de sueldo. Esto les permitía financiar la compra de aparatos electrodomésticos y la realización de mejoras habitacionales.

Los trabajadores de la economía popular, en cambio, correspondían a la descripción de un ejército de reserva de trabajadores. Vivían en barrios periféricos y tenían una combinación de trabajos precarios, lo cual limitaba de forma drástica su consumo. No tenían acceso a créditos formalizados por no tener recibos de sueldo. La única opción que tenían para acceder a bienes duraderos a crédito era por medio de minoristas de electrodomésticos, que ofrecían la posibilidad de pagar diariamente, pero sin un recibo de pago y a un precio mucho más alto (una práctica conocida como pago diario). Sin embargo, el pago diario no era una práctica muy extendida. Los minoristas, en su mayoría, reservaban esta opción para los que tenían un microemprendimiento informal (como un kiosko desde su casa, venta de alimentos en ferias o confección artesanal de ropa) y no para los jornaleros, quienes rara vez compraban electrodomésticos o aparatos electrónicos por falta de ingresos fijos constantes.

Esto no significa que los trabajadores informales no se endeudaran: en ese momento, aproximadamente la mitad de las personas que conocí estaban en deuda, y todas habían estado en deuda en el pasado (Roig, 2015). Sin embargo, los arreglos crediticios generalmente abordaban necesidades distintas a la financiación de electrodomésticos (Saiag, 2011). Los empleadores proporcionaban a sus trabajadores no declarados anticipos salariales para gastos relacionados con eventos del ciclo de vida, especialmente cuando se forma un nuevo hogar y se necesitan materiales de construcción. Con frecuencia, los familiares también se prestaban entre ellos para resolver una situación temporal difícil o para financiar eventos familiares (los pocos que tienen acceso a un recibo de sueldo suelen tomar un préstamo a su nombre para amigos o familiares). El instrumento de crédito más popular era el fiado, una forma de pago diferido que ofrecen los negocios locales. Un análisis detallado de la forma en que las personas usan el fiado en su vida diaria muestra que tales facilidades de pago son muy flexibles, ya que el reembolso puede adaptarse a los flujos de ingresos del trabajo precario. Al respecto, veamos este testimonio:

En 2013, Mercedes tenía cuarenta años y vivía con su hija de diez. Su principal fuente de ingresos provenía de la fabricación artesanal y la venta de ropa. Debido a que el padre de su hija le enviaba 500 pesos al mes, ella no podía beneficiarse de la AUH; y como no tenía una fuente formal de ingresos, se negaba a utilizar los créditos de consumo disponibles en ese momento.

Sin embargo, ella usaba el fiado diariamente, a través de una secuencia bien establecida de gastos. Cuando vendía uno o más pantalones, de inmediato gastaba la mitad de lo había cobrado en la compra de material, para asegurarse que su fuente de ingresos no se viera comprometida por la falta de capital. Luego pagaba cantidades sustanciales a los dos comercios donde solía comprar fiado (un pequeño negocio de comestibles y otro de comercio solidario donde a veces trabajaba). Sin embargo, los montos que pagaba estaban lejos de ser suficientes para saldar sus deudas. En los días siguientes, ella haría algún gasto en efectivo antes de volver a comprar fiado nuevamente, cuando se quedara sin efectivo. Pero como Mercedes pagaba regularmente sus deudas, aseguraba a sus acreedores de su buena voluntad y estos le permitían continuar comprando fiado mientras aún estaba endeudada. (Registro de campo, noviembre 2013).

Este testimonio también ensena que las personas no pagan necesariamente sus deudas al completo, ya que los comerciantes extienden el fiado siempre que los clientes endeudados demuestran la disposición a saldar parte de sus deudas cuando es posible (Villarreal, 2000). Gracias a estas características, el fiado permitía hacer frente a brechas a corto plazo entre ingresos y gastos, y servía como seguro contra la falta de beneficios de protección social.

Los trabajadores de la economía popular también estaban muy preocupados por preservar el acceso al efectivo gracias a los ahorros, para enfrentar la incertidumbre a largo plazo. Para hacerlo, confiaban en diversas prácticas que tenían como objetivo separar lo que se podía gastar de lo que no (Roig, 2015), como una forma de mantener la autodisciplina financiera (Guérin, 2006). Así, los que tenían microemprendimientos informales solían separar su capital de trabajo del presupuesto de sus hogares por medio de un sistema de cajas o sobres, para asegurarse que el capital de trabajo no se viera comprometido por las necesidades de consumo de los hogares (véase Absi, 2009 y Zelizer, 2011).

De todos modos, la forma más popular de protegerse contra la incertidumbre a largo plazo era la cosificación de los ahorros (véase Roig, 2015 y Shipton, 1995). Cuando se trataba de montos altos, dichos ahorros generalmente se mantenían en forma de objetos, para separarlos de los recursos monetarios que podían gastarse en las necesidades diarias. La forma más común de hacerlo era mediante la acumulación de productos reciclables como el hierro, el zinc, el cobre, el cartón, el plástico o las botellas de vidrio. Los recicladores de residuos solían recuperar estos objetos durante la noche: en este caso solo vendían parte de lo recolectado. Sin embargo, esta práctica no se limitaba únicamente a los recicladores: los trabajadores de la construcción guardaban tuberías usadas, los pequeños comerciantes envases, y cualquiera podía juntar vidrio o desmontar artículos encontrados en la calle. Estos objetos serían vendidos únicamente en circunstancias específicas, para financiar eventos del ciclo de vida (fiestas de cumpleaños de 15, casamientos, trabajos de construcción en la casa, funerales) o enfrentar una pérdida momentánea de ingresos (despidos, enfermedad, etc.).

Estas prácticas modelaron de una forma original la relación de los trabajadores de la economía popular con la deuda. Los ahorros y las deudas estaban orientados a preservar el acceso al dinero para enfrentar la incertidumbre de la vida, en lugar de usarse para financiar bienes de consumo. Además, los trabajadores estaban endeudados entre ellos, ya que la mayoría de las deudas se producían en barrios marginalizados (véase Morvant-Roux, 2009, sobre México rural). Los comerciantes locales estaban mejor que sus clientes que a menudo recurrían al fiado, pero su situación también era precaria y comúnmente participaban en redes locales de solidaridad (por ejemplo, en rifas organizadas para financiar colectivamente los gastos excepcionales de un vecino, como el entierro de un familiar o una intervención médica). Finalmente, las personas eran tanto acreedoras como deudoras, puesto que la mayoría compraba fiado para reducir las brechas a corto plazo entre ingresos y gastos, y al mismo tiempo atesoraban materiales de construcción y reciclables como parte de un plan a largo plazo.

Economía popular y crédito al consumo: un enredo de deudas (2013)

La situación cambió drásticamente entre 2009 y 2013. Durante ese período, los trabajos precarios -pero declarados- fueron más accesibles, como consecuencia de una política industrial activa y de la intensificación del control laboral, que obligó a las principales industrias locales a exigir a sus subcontratistas que declararan a sus trabajadores usando contratos escritos. Este fue un cambio importante, ya que este tipo de trabajo dio acceso –a ciertos trabajadores y por primera vez– a un recibo de sueldo, aunque solo fuera por unos pocos meses a la vez. Pero lo que realmente transformó los ingresos de los trabajadores de la economía popular fue su incorporación al sistema de protección social, por medio de la jubilación universal y, lo más importante, la extensión de las asignaciones familiares a los hogares que no tenían un empleo formal. Debido a que cada hogar con el que trabajé tenía al menos un niño menor de 18 años o un adulto mayor de 60 (y a menudo ambos), prácticamente todos los hogares disfrutaban de algún tipo de ingreso formal percibido mensualmente.

Gracias a estos cambios, los ingresos de los hogares que no disponían de un empleo estable mejoraron considerablemente. En 2013, los trabajadores de fábricas con algo de antigüedad y habilidades promedio ganaban alrededor de 5000 pesos cada quincena, además de los bonos mensuales (los que trabajaban en las industrias más dinámicas, como la del petróleo, podían obtener mucho más). En contraste, el salario básico de un policía era alrededor de 8000 pesos mensuales (al igual que el de muchos jóvenes obreros de fábricas). Un empleado declarado de un mayorista podía obtener 6000 pesos al mes, pero contaba con una protección social más básica. Los trabajadores subcontratados en el sector de la construcción ganaban tan solo 1500 pesos cada quincena (3000 pesos por mes), y sus compañeros dedicados al montaje podían ganar casi tanto como los obreros de fábrica, aunque eran empleados únicamente por cortos períodos. Por su parte, los trabajadores informales recibían una jubilación de 3000 pesos por mes y subsidios familiares de 480 pesos por niño.

La percepción de ingresos mensuales por parte de hogares sin trabajo estable los convertía en potenciales clientes lucrativos para las instituciones de crédito al consumo. Estas empezaron a dirigirse agresivamente a esta población, a quien proponían cuatro tipos de crédito:

1. La forma más popular de endeudarse consistía en pagar en cuotas las compras hechas en los negocios de ropa o electrodomésticos, bajo presentación del DNI del comprador. Esta práctica se conoce como crédito personal. El pago se efectúa en efectivo al negocio, pero el crédito está financiado por empresas especializadas en este rubro, quienes controlan la historia crediticia del deudor antes de autorizar el pago diferido.

2. Las tarjetas de crédito emitidas por entidades no bancarias y las cadenas de la gran distribución son otros instrumentos muy populares. En todos los hogares donde entrevisté excepto uno, se usaban una o dos tarjetas de créditos, además de las prestadas por amigos o familiares (Ossandón, Ariztia, Barros y Peralta, 2018). Sin embargo, no todas las tarjetas de crédito son iguales, sino que están más bien segmentadas para apuntar a clientes diferentes en función de la situación financiera de cada uno de ellos. La más popular entre los habitantes de Espinillo, llamada Tarjeta Naranja, era accesible sin ninguna prueba de ingresos, pero tenía altas tasas de interés y de costos administrativos. En la mayoría de los casos, el reembolso debía realizarse entre los 3 y los 18 meses.

3. Algunas instituciones financieras también ofrecían préstamos en efectivo, con previa presentación de un recibo de sueldo. Contrariamente a las formas de crédito mencionadas, el dinero obtenido de esta manera no se asignaba de forma previa a una compra específica.

4. Finalmente, los concesionarios de autos ofrecían a los clientes la posibilidad de endeudarse sin justificar sus ingresos a través de un sistema llamado “círculos” (con referencia a las asociaciones rotativas de ahorro y de crédito, conocidas localmente como “círculos de ahorro”). Los interesados en comprar el mismo modelo de automóvil se unían en grupos de 10 a 20, cada uno de los cuales pagaba una suma mensual fija al concesionario de autos. Cuando el monto acumulado alcanzaba el precio del automóvil, este era asignado a uno de los participantes sorteados, que luego debía pagar al concesionario de autos una suma aproximada del 10% del costo total del vehículo y el monto restante en cuotas.

El uso de estos instrumentos de crédito al consumo se expandió rápidamente: en 2013, la mayoría de los habitantes de Espinillo combinaba entre dos y seis. Se podía acceder a la mayoría de ellos sin ningún comprobante de ingresos: en este caso, las compañías financieras ofrecían líneas de crédito a pequeña escala que podían aumentar si el deudor reembolsaba a tiempo. Cuando se necesitaba un comprobante de ingresos, era fácil encontrar a alguien con un recibo de sueldo para pedir prestado, ya sea un amigo, un pariente o un vecino. Además, estos créditos se tenían que reembolsar en efectivo antes del 10 de cada mes, mediante pagos efectuados en negocios que actuaban como intermediarios financieros, lo cual permitía combinar el ritmo mensual del crédito al consumo con la informalidad de los ingresos laborales.

El boom del crédito al consumo transformó las prácticas financieras de los trabajadores de la economía popular de forma compleja. Los nuevos instrumentos disponibles transformaron la forma en que las personas se aseguraban el acceso al dinero en caso de una necesidad urgente o para financiar eventos del ciclo de vida: a partir de ese momento, lo hicieron al multiplicar las fuentes de endeudamiento (por ejemplo, poseer una tarjeta de crédito sin usarla) en lugar de cosificar sus ahorros. Además, los nuevos instrumentos de crédito no reemplazaron enteramente las formas de deudas que les precedían: así, todos seguían usando el fiado, y algunos incluso el pago diario y los adelantos salariales, junto con los nuevos instrumentos de crédito (para los hogares que tenían algún grado de estabilidad en sus ingresos, usar el fiado les permitía llegar a fin de mes sin tener que restringir demasiado su consumo alimenticio) (Morvant-Roux, 2009).

Una nueva forma de explotación

Las nuevas condiciones de crédito transformaron las preocupaciones de los trabajadores de la economía popular del cordón industrial rosarino: mientras que en 2009 expresaban sus inquietudes frente a la necesidad de tener ahorros cosificados para enfrentar la precariedad de su situación y su proyección en el futuro, en 2013 se mostraban angustiados frente a la posibilidad de perder el control de sus deudas por consumo y tener que trabajar más para reembolsarlas. El análisis de la temporalidad propia de los nuevos instrumentos de crédito, así como de su uso por parte de los trabajadores de la economía popular, permite mostrar que esta sensación de perder el control de su tiempo es la forma por la cual estos trabajadores experimentaban una nueva forma de explotación, basada en el desfase entre la temporalidad de las finanzas y la del trabajo. Se trata de una explotación del trabajo por parte de las finanzas, porque el uso del crédito al consumo implica transferencias sustanciales de ingresos de los trabajadores a las instituciones de crédito. Pero no todos los habitantes de Espinillo estaban expuestos a este proceso con la misma intensidad, lo que tendió a reforzar las estratificaciones sociales vigentes en el mundo obrero.

Explotar el desajuste entre el tiempo del trabajo y el tiempo de las finanzas

Con la expansión de nuevos instrumentos de crédito al consumo, los trabajadores son directamente explotados por el capital financiero. Dichos instrumentos alimentan la transferencia de ingresos cada vez mayor hacia las instituciones financieras con las que los trabajadores están en deuda (Chena y Roig, 2017). Una comparación detallada de las situaciones en las que algunas familias de trabajadores de la economía popular se encontraban en 2009 y 2013 revela los mecanismos clave de este fenómeno. En primer lugar, mientras que en 2009 las instituciones financieras eran completamente ajenas a los trabajadores de la economía popular urbana (Roig, 2015), en 2013 estas se habían convertido en parte de la vida cotidiana de las personas. En 2013, los trabajadores hacían sus compras con tarjetas de crédito, compraban ropa en cuotas, tomaban préstamos personales para adquirir electrodomésticos y utilizaban agencias de crédito para obtener préstamos en efectivo. Debido a que gran parte de las instituciones de créditos de consumo son propiedad de los principales bancos con sede en Argentina, y que estos son filiales de bancos extranjeros estadounidenses y europeos (Cibils y Allami, 2010), las prácticas de endeudamiento diarias de las personas están conectadas ahora a la acumulación global de capital financiero. Además, el uso generalizado de instrumentos de crédito al consumo condujo a una polarización sin precedentes entre deudores y acreedores, ya que todos los trabajadores estaban entonces en deuda con las instituciones financieras. Una vez más, el contraste es sorprendente: mientras que en 2009 los hogares eran al mismo tiempo deudores y acreedores (ya que la mayoría de ellos acumulaba materiales reciclables para enfrentar gastos inesperados o eventos importantes) en 2013 habían devenido únicamente deudores, ya que garantizaban su acceso al dinero en caso de necesidad por la multiplicidad de las fuentes de préstamo. En 2009, la economía popular de Rosario no estaba en deuda con instituciones externas, ya que la mayoría de sus acreedores vivían en el mismo barrio, participaban en redes de solidaridad locales y, por lo tanto, podían adaptar las condiciones de pago a las restricciones de los deudores.

Es cierto que el hecho de que las personas estén estructuralmente endeudadas frente a las instituciones financieras no es específico de Argentina (Guérin, Morvant-Roux y Villarreal, 2013; Servet, 2015). La especificidad de mi argumento radica en que la explotación del trabajo por parte dichas instituciones es posible gracias al desajuste existente entre la temporalidad de los nuevos instrumentos de crédito al consumo y la del trabajo precario. Este punto está poco documentado, pero es fundamental para el caso argentino, en el que las multas por pagos atrasados constituyen una fuente sustancial de ingresos para los acreedores, junto con los intereses pagados durante el curso normal de reembolso (Feldman, 2013; Roig, 2015). Estas multas toman la forma de interés adicional cuando las personas exceden unos días los plazos de reembolso, o de enormes costos administrativos cuando los deudores dejan de pagar su crédito durante más de tres meses consecutivos, ya que el monto adeudado puede duplicarse tan pronto como se considere que el deudor está en una situación de incumplimiento. Dichas sanciones por pagos atrasados se alimentan de la falta de coincidencia entre la temporalidad de los créditos y la del trabajo de los deudores. De hecho, la temporalidad de los créditos difiere de la del trabajo en, al menos, tres aspectos: es mensual, ya que las cuotas se concentran durante los primeros días de cada mes; cubre un período de tiempo medio, porque el reembolso generalmente dura de tres a dieciocho meses; y, además, puede aumentar bajo el único efecto del tiempo, porque se incurre en multas por pagos atrasados si el deudor no cancela la deuda de acuerdo con el cronograma de pago. Al contrario, el tiempo del trabajo casi nunca sigue un principio mensual, y cuando lo hace, sus ciclos son de corto plazo y precarios. Debido a este desfase, las personas que no tienen un empleo estable enfrentan sistemáticamente multas por pagos atrasados y, por lo tanto, son las más expuestas a la explotación laboral por parte de las finanzas.

Siguiendo las reflexiones de Millar (2015) y el artículo clásico de E. P. Thompson (1967), quisiera argumentar aquí que este desfase entre la temporalidad de las finanzas y la del trabajo es emblemático de una forma particular de acumulación de capital, en la cual una gran parte de la clase trabajadora queda al margen de los vínculos que son propios al trabajo asalariado, pero es explotada a través de mecanismos financieros. Para Thompson, durante la Revolución Industrial inglesa, las necesidades nacientes de sincronización de la industria fueron el vector de una nueva relación con el tiempo, caracterizada por la influencia del reloj y por la estricta distinción entre el trabajo y otras actividades, que se expandió a otros aspectos de la vida social a pesar de las quejas de los trabajadores. En el caso estudiado aquí, el tiempo también es un tema de lucha de clases, pero es el tiempo de las finanzas el que domina la temporalidad del trabajo; de hecho, el primero genera pagos sustantivos, cuyo ritmo y monto no coinciden con los ciclos de ingresos y gastos de los hogares. Esta es, como sostengo aquí, una característica distintiva y clave de los nuevos instrumentos de crédito al consumo, ya que el dominio del tiempo de las finanzas por sobre la temporalidad del trabajo no estaba presente en las formas de deuda que han existido previamente. En este sentido, la noción de fiado es emblemática, porque muestra una relación entre la temporalidad de las finanzas y la del trabajo precario que se opone a la de los nuevos instrumentos de crédito al consumo, como lo ejemplifica el testimonio de Mercedes citado en las páginas anteriores. En este caso, un cronograma informal de pagos permite que la temporalidad y los montos de pago se adapten a los ciclos irregulares de ingresos y a las necesidades de consumo. Pero, en cierta medida, esto también sucede con el pago diario y con los préstamos otorgados por prestamistas informales, en los que el costo del crédito no aumenta automáticamente cuando el pago se extiende más allá del período inicialmente establecido, ya que los acreedores solo solicitan un pago adicional mediante una renegociación de todo el préstamo cuando los deudores acumulan un retraso significativo en su reembolso (en estos casos, las tasas de interés se conciben como márgenes comerciales en lugar del precio del tiempo) (Servet, 1995).

Para los trabajadores de la economía popular, los nuevos instrumentos de crédito al consumo suponen un riesgo específico: el de una deuda creciente debido al único efecto del tiempo, cuando uno enfrenta una pérdida inesperada de ingresos o una necesidad urgente de gasto. El riesgo es particularmente elevado, ya que no tienen ninguna red de contención para protegerlos cuando pierden su trabajo, se enfrentan a problemas de salud o deben asistir a funerales (a menudo en su provincia de origen), están presionados por traficantes de drogas, o tienen un familiar encarcelado. Es en este tipo de situaciones cuando las personas dicen sentirse “atrapadas por las deudas”, “sentirse como un peón, esclavizado por el capitalismo”, tener que trabajar sin cesar para pagar sus deudas o incluso que la deuda es “un cáncer” (Kevin, Espinillo, 17 de noviembre de 2013). Otra forma común de expresar el sentimiento de falta de control sobre su tiempo de trabajo es a partir de la idealización del ciruja, un arquetipo de las personas que viven al margen de la sociedad gracias al reciclaje de residuos urbanos, pero que "trabajan para sí mismos" porque no tienen plazos impuestos.

[Cuando vivís como un ciruja] no tenés que pensar en meterte en créditos, cuentas… y lo que pasa es que uno en un trabajo medio efectivo [declarado] más o menos sabés que cobras tu quincena, te vas metiendo en crédito para sacar un televisor, un DVD, un equipo de música que después más tarde tenes que pagar. [Pero los que] cirujean no tienen créditos de nada, [entonces] lo poco que laburan, lo que hacen, es para ellos. (Luis, Espinillo, 28 de noviembre de 2013)

Una exposición desigual a la explotación financiera

Este desajuste entre la temporalidad del trabajo y los reembolsos a las instituciones financieras –y las posteriores transferencias de ingresos hacia estas– no tienen un impacto uniforme en la clase trabajadora del cordón industrial de Rosario. De hecho, aquellos que disfrutan de los ingresos más estables y de las formas más seguras de protección social, gracias a sus trabajos en las industrias locales, están mejor equipados para enfrentar cuotas mensuales que los hogares con flujos de ingresos irregulares y trabajos precarios que carecen de beneficios sociales. En consecuencia, las nuevas formas de crédito al consumo tienden a exacerbar las estratificaciones sociales existentes entre los trabajadores, como lo demuestran los siguientes casos.

María y Silvio: una elite de la clase trabajadora capaz de controlar su tiempo

Cuando conocí a María y a Silvio, ambos estaban en sus cuarentas y vivían junto a su hija de 20 años y su hijo de 16. Silvio tenía un trabajo calificado en una fábrica especializada en el reciclaje de residuos urbanos desde principios de los años noventa. Disfrutaba de un salario relativamente cómodo (en comparación con el de sus vecinos), de alrededor de 5000 pesos cada quincena. Además, María ganaba 350 pesos por semana como trabajadora informal a tiempo parcial en un pequeño negocio en el centro de Rosario. Gracias al empleo de Silvio, la pareja había tenido una larga experiencia en el manejo del crédito, primero a través de la mutual financiera de la fábrica de Silvio (ver la próxima sección para más detalles) y los adelantos salariales, y luego gracias a las tarjetas de crédito.

A principios de diciembre de 2013, la pareja tenía facturas mensuales considerables (de teléfono, servicio de televisión por cable, seguro de automóvil, clases de folklore, etc.), pero pagaban a tiempo todas sus cuotas, a pesar de estar en deuda de varias maneras:

• Silvio había pedido prestada una gran cantidad de efectivo a una institución financiera (Crédito Argentino) para comprar materiales de construcción. Este crédito se pagaría en 15 cuotas mensuales de 1600 pesos cada una y se reembolsaría "pronto" (María, Espinillo, 8 de noviembre de 2013).

• María compró a crédito un par de zapatos (para el cumpleaños de su ahijada) en un negocio minorista de ropa, a pagar en tres cuotas de 390 pesos cada una, de las cuales aún le restaba pagar dos.

• Ella también compró un televisor a crédito en un minorista de electrodomésticos, que debía ser pagado en quince cuotas de 660 pesos cada una, de las cuales debía todavía una.

• María usó su tarjeta de crédito Carrefour para comprar regalos para el cumpleaños de 15 de su ahijada, que debía pagar en doce cuotas de 512 pesos, de las cuales le restaba pagar cuatro.

• Finalmente, Silvio tenía una tarjeta de crédito que no estaba en uso, pero que permitía garantizar a la pareja el acceso al dinero en caso de emergencia.

Después de mencionar estas deudas, María me dijo que a fines de noviembre había comprado comida a crédito para las fiestas de fin de año gracias a su tarjeta Carrefour, por lo que debía pagar tres cuotas de 250 pesos cada una. Inmediatamente, le pregunté cómo enfrentaría esta nueva deuda, teniendo en cuenta las que había mencionado antes. Su respuesta muestra cómo mantiene el control sobre los plazos de pago. Realizó sus compras después del 20 de noviembre, por lo que solo tendría que pagar su primera cuota en diciembre, gracias a la oferta del supermercado. Además, el supermercado ofrece otra facilidad de pago para alentar las ventas de fin de año: los gastos de diciembre se pueden pagar en enero. Entonces, en este mes María habría cancelado su deuda con el minorista por la televisión y como resultado, sus cuotas serán menores que en diciembre, a pesar de la deuda de la tarjeta de crédito Carrefour. Durante esta charla, María agregó orgullosa: "en marzo, habré pagado todo".

El caso de María y Silvio es particular porque son las únicas personas con las que trabajo que no se preocupan abiertamente sobre sus deudas. Al contrario, logran mantener bajo control los plazos de pago aunque sus cuotas mensuales representen 49% de los ingresos de Silvio y 43% de los del hogar, teniendo en cuenta que podrían dejar de endeudarse sin poner en riesgo su presupuesto si decidieran dejar de comprar electrodomésticos a crédito. Esto es el resultado de la estabilidad y del buen nivel de los ingresos de Silvio y de la buena protección social que le proporciona su trabajo. En este caso, la temporalidad de las finanzas no subyuga la del trabajo, porque ambos siguen un ritmo estable, mensual (o bimensual) y a largo plazo, dado que la protección social proporcionada por el trabajo de Silvio permite enfrentar los gastos inesperados sin poner en peligro el presupuesto del hogar y porque los ingresos laborales son lo suficientemente altos como para pagar las cuotas de crédito en su totalidad.

Esteban y Paola: una combinación de deuda mensual con ingresos irregulares

Paola y Esteban viven con los dos hijos que tienen en común más otros dos, de uniones anteriores de ella. Cada mes reciben 960 pesos de la AUH, que constituye su único ingreso mensual. Además, la expareja de Paola le envía 300 pesos por semana en contribución a la educación del hijo más grande. Sin embargo, Paola y Esteban afirman "vivir al día", ya que todos sus ingresos se obtienen en el marco de actividades económicas informales: Esteban trabaja como vendedor callejero de DVD, mientras que Paola vende muñecas hechas a mano y trabaja como curandera desde su casa (esta última actividad no está mal pagada, pero brinda ingresos muy irregulares).

A finales de noviembre de 2013, la pareja se encontraba enredada en varias deudas:

• Al comienzo de cada mes, Paola enfrentaba las cuotas mensuales de dos tarjetas de crédito. Con una tarjeta a su nombre compró un par de zapatos para una de sus hijas, a pagar en tres cuotas de 300 pesos. Con una segunda tarjeta de crédito que un amigo le prestó compró una bicicleta que pagaría en seis cuotas de 500 pesos cada una.

• Al final de cada mes, Esteban debía pagar 450 pesos porque obtuvo el microcrédito de un programa estatal implementado por una ONG local, para financiar su capital de trabajo. La tasa de interés anual de su microcrédito (6%) estaba muy por debajo de la tasa de inflación anual (estimada entre 10 y 28%), pero su cuota mensual a menudo entraba en conflicto con el efectivo necesario para los viajes que tenía que hacer a Buenos Aires cada dos o tres meses para reponer su stock de DVD.

• La pareja también contribuía con 890 pesos cada mes a un círculo, gracias a los 960 pesos que reciben de la AUH. Cuando nos conocimos, habían sido elegidos al azar para obtener un nuevo vehículo Ford Fiesta, siempre que pagaran alrededor de 7000 pesos y asumieran una enorme deuda con el concesionario de autos. Cuando me fui de Rosario todavía buscaban una solución para pagar esta suma.

• Todos los lunes reembolsaban 176 pesos por la compra de un lavarropas a través del sistema de pago diario (hicieron un acuerdo con la tienda de electrodomésticos para pagar su deuda de forma semanal y no diaria).

• Todos los miércoles también devolvían 250 pesos por un aire acondicionado comprado en el sistema de pago diario.

• Ambos usaban el fiado diariamente en un negocio de comestibles, una carnicería y una tienda de frutas y verduras.

En muchos aspectos, el caso de Paola y Esteban contrasta fuertemente con el de María y Silvio. Ellos se enfrentaban a importantes cuotas mensuales debido al crédito al consumo, los préstamos de microcrédito y el pago diario, pero carecían de ingresos laborales estables: como resultado, la cantidad de dinero que tenían que pagar cada mes excedía en gran medida sus ingresos mensuales (es decir, 2150 pesos en cuotas mensuales más 426 pesos en cuotas semanales, contra 960 y 300 pesos de ingresos mensuales y semanales, respectivamente). Por esta razón, desde que los conocí, siempre han tenido problemas para pagar sus deudas mensuales y semanales a tiempo, salvo la cuota del círculo, cuya fecha de pago coincide con el día en que reciben el dinero de la AUH y cuyo monto es aproximadamente el mismo. Ellos eran conscientes de que debían pagar costos adicionales a causa de los retrasos reiterados en los pagos de sus créditos, pero consideraban que no tenían otra opción. Sin embargo, siempre encontraban una manera de no atrasarse más de dos o tres meses, ya que temían ser considerados morosos en una de las oficinas de crédito nacionales llamada, “Veraz”, lo que hubiese significado la imposibilidad de acceder a otros créditos al consumo mientras la deuda permaneciera impaga. Ellos expresaban este sentimiento desde la idea de que “la tarjeta [de crédito] no perdona” (Paola, cordon industrial rosarino, 13 de noviembre de 2013). Como resultado, quedaban expuestos a una forma intensa de explotación financiera, aunque no muy violenta, ya que ocurría gracias a una infinidad de pequeñas pero regulares multas por pagos atrasados.

Natalia y Kevin: trabajar sin cesar para pagar las deudas debido a una precaria protección social

Natalia y Kevin viven junto con sus dos hijos. El mayor (de 11 años) es hijo de Natalia junto a su expareja, con quien estuvo casada durante seis años. Desde finales de 2010, Kevin ha trabajado para un mayorista de alimentos donde le pagan aproximadamente 6000 pesos al mes. La pareja aprovechó el recibo de sueldo de Kevin para comprar varios artículos a crédito, como un televisor, un equipo de música y un aire acondicionado. También tenían facturas mensuales de alrededor de 2000 pesos porque pagaban un seguro médico privado complementario (Kevin dice que el seguro que obtiene gracias a su sindicato es muy básico), servicios telefónicos caros y una escuela privada de bajo costo para los hijos.

Si bien han podido cumplir con sus cuotas mensuales durante mucho tiempo, su situación financiera se vio comprometida a principios de 2013, cuando enfrentaron gastos importantes y no planificados que financiaron con nuevos préstamos. Primero tomaron una deuda de 4000 pesos en el banco en el cual Kevin cobra su salario, para pagar la cirugía de Natalia después de un accidente de auto. Algunas semanas más tarde, la pareja debió pagar 10.000 pesos extra para reparar el automóvil que Kevin utiliza a diario para ir a trabajar, debido a la falta de transporte público en el barrio. Después de pagar su primer préstamo bancario gracias al dinero prestado por su suegro, Kevin obtuvo un nuevo préstamo bancario que tuvo que pagar en 18 cuotas de 1000 pesos. Debido a que estas nuevas cuotas implicaban nuevos pagos aunque sus ingresos no habían aumentado, Natalia y Kevin comenzaron a financiar sus compras mensuales de alimentos con dos tarjetas de crédito emitidas por Carrefour. En noviembre de 2013 compraron 1200 y 1300 pesos con la tarjeta de crédito de Kevin y Natalia respectivamente, que tuvieron que pagar en tres cuotas. Además, tuvieron que pagar las cuotas relacionadas con la compra de alimentos de los meses anteriores. Natalia y Kevin también compraban fiado en un supermercado local para llegar a fin de mes, cada mes.

Al igual que María y Silvio, Natalia y Kevin son relativamente privilegiados en comparación con sus vecinos, porque disfrutan de ingresos regulares. Sin embargo, son más vulnerables que ellos, ya que éstos son más bajos y, lo más importante, porque su protección social laboral es de menor calidad. En este sentido, los gastos inesperados –como la cirugía de Natalia o el arreglo del automóvil– podían poner fácilmente su presupuesto en peligro. El crédito ya no apunta a financiar exclusivamente bienes de consumo: también constituye una respuesta temporal a la precariedad de su protección social y a las deficiencias del sistema de transporte público. Pero esta situación se tornó insostenible, porque los reembolsos aumentaron de tal manera (en diciembre de 2013, los reembolsos representaban el 61% de su presupuesto mensual) que necesitaron tomar nuevas deudas para cubrir sus necesidades diarias.. Por lo tanto, la deuda es, en este caso, una característica estructural a pesar de la estabilidad de los ingresos de la pareja, ya que su volumen creciente se debe a las debilidades del sistema de protección social y porque la pareja debe incurrir en nuevas deudas para su subsistencia diaria. Natalia y Kevin no tuvieron otra opción que trabajar horas extras para pagar sus deudas pasadas (lo que hacen), y trabajar más en el futuro para pagar las deudas en las que están incurriendo hoy. Es comprensible entonces que Kevin percibiera las tarjetas de crédito como "un cáncer" que lo convierte en "un peón […] esclavizado al capitalismo" (Kevin, Espinillo, 17 de noviembre de 2013).

Luis y Gladys: enfrentar la disyuntiva entre el mediano plazo del crédito y el corto plazo del empleo

Luis y Gladys viven junto a sus tres hijos en una casa pequeña y precaria. Los dos migraron a esta área a mediados de 1990. Gladys tiene orígenes indígenas, precisamente de la comunidad toba, y llegó a los barrios bajos de Rosario junto con su madre y sus hermanas desde la provincia del Chaco, para escapar del hambre y encontrar mejores condiciones de vida. Por su parte, Luis creció en una familia que cuidaba el ganado de un rico agricultor en las islas del río Paraná ubicadas frente al cordón industrial, lugar en el que trabajó como peón y de donde se trasladó al área industrial de Rosario luego de una disputa con el dueño de la tierra. Desde ese momento, Luis ha hecho malabarismos entre diferentes trabajos precarios en el rubro de la construcción y Gladys vende juguitos congelados desde su casa (un tipo de helado casero hecho a base de agua y colorante, muy barato y muy consumido en los barrios argentinos durante el verano). En 2012, Luis obtuvo un trabajo declarado en una empresa constructora y aprovechó su recibo de sueldo para comprar tres artículos a crédito: una computadora para el cumpleaños de 15 de su hija, gracias al préstamo en efectivo otorgado por una popular compañía financiera; una heladera, gracias a la tarjeta de crédito de fácil acceso (Tarjeta Naranja); y una moto, gracias a un préstamo del concesionario de automóviles.

Mientras Luis trabajaba, la pareja pagaba sus cuotas mensuales de 900 pesos gracias a los 1500 pesos que ganaba cada quincena. Sin embargo, la situación se salió de control cuando Luis perdió su trabajo a principios de 2013, tras la declaración de quiebra de su empleador. Desde ese momento, trabaja como obrero de la construcción, sin recibo de sueldo y con escasa regularidad. Debido a esta nueva situación, la pareja incumplió con los tres préstamos de consumo, y dejó un saldo pendiente de 15.000 pesos. Para financiar los gastos diarios, la pareja compraba al fiado alimentos en un supermercado local.

La situación de Luis y Gladys es emblemática de los dilemas que enfrentan las personas que llegaron más recientemente al área industrial de Rosario. A menudo trabajan en el sector de la construcción para pequeños subcontratistas. A principios de la década de 2010, comenzaron a acceder por primera vez a trabajos declarados con recibo de sueldo, pero la seguridad siempre fue a corto plazo, ya sea porque fueron contratados para un proyecto específico o porque el subcontratista se declaró en quiebra (algo muy común en este sector). Al igual que Luis, los migrantes recientemente llegados al cordón industrial aprovechan esta situación sin precedentes para comprar electrodomésticos a crédito, pero luego dejan de pagar cuando pierden su trabajo debido al desfasaje entre el reembolso a mediano plazo y las relaciones laborales formalizadas a corto plazo. Después de unos meses sin pagar, la deuda considerada “morosa” generalmente se vende a una compañía financiera especializada en cobro de deudas, que percibe enormes costos administrativos y multas por los pagos atrasados. El compromiso se vuelve literalmente imposible de cumplir, porque dichos costos exceden en gran medida la capacidad de pago de las personas. En el caso de que estas consigan un trabajo formal, se enfrentan a la amenaza de que se les retenga hasta un tercio de su salario para afrontar la deuda. Como resultado, la mayoría prefiere trabajar de modo informal, en negro. Esto, a su vez, deja relegadas a estas personas a trabajos más precarios, pero en los que, al menos, “lo que ganan es suyo”, como dijo Luis al respecto del ciruja (Luis, Espinillo, 2 de noviembre de 2013).

Algunos elementos de sistematización

Estos casos revelan algunas características clave del impacto desigual del crédito al consumo entre los trabajadores del cordón industrial rosarino. Como María y Silvio, los pocos trabajadores de fábricas con empleos estables y buena protección social parecen relativamente exentos de las formas más violentas de la explotación financiera, ya que pueden pagar sus cuotas a tiempo. En la base de la escala social, las personas como Mercedes -que no se benefician de ningún ingreso regular-, no se ven afectadas por la transferencia de ingresos hacia las instituciones financieras porque no utilizan los nuevos instrumentos de crédito al consumo. Pero en el medio, las personas están expuestas a esta explotación de manera mucho más intensa y de múltiples formas. Un caso llamativo es el de personas que, como Luis, oscilan entre relaciones laborales formalizadas pero precarias y el trabajo jornalero, y cuya carga de deudas se potencia cuando sus ingresos caen abruptamente. Esto es diferente para aquellos que, como Esteban y Paola, combinan ingresos laborales irregulares con escasa protección social, por lo cual tienen que pagar sistemáticamente penalidades de pequeño monto por no cumplir con las fechas de vencimiento. Personas como Natalia y Kevin, mientras tanto, experimentan el sentimiento más fuerte de alienación ya que, aunque no enfrentan sistemáticamente multas por pago tardío debido a sus ingresos mensuales, no tienen otra opción más que trabajar horas adicionales para pagar sus interminables deudas. En estos tres casos, el endeudamiento crónico y la explotación financiera son el resultado de la precariedad de sus relaciones laborales y la consecuente dominación de su tiempo de trabajo por parte de los nuevos instrumentos de crédito al consumo.

Mas allá de la explotación: buscando dignidad

Si bien no lo expresan como una relación entre la temporalidad de las finanzas y la del trabajo, Esteban, Paola, Natalia, Kevin, Luis, Gladys y los demás habitantes del cordón industrial rosarino son conscientes de la explotación desigual que padecen mediante el crédito al consumo: en sus propios términos, “terminan pagando mucho más” que los que tienen un trabajo estable. También afirman que pierden el control de su tiempo, ya que “una vez que te metés (con los créditos), se genera un círculo vicioso complicado de salir”, por lo cual terminan “trabajando para la financiera” (Kevin, Espinillo, 17 de noviembre de 2013). Sin embargo, nadie adoptó nunca una actitud categóricamente crítica hacia el crédito al consumo. Así, cuando comenté a Kevin que su propia experiencia me alentó a estudiar las formas de alienación y de explotación propias de los nuevos instrumentos de crédito al consumo, me cortó, incómodo, contestando que “las tarjetas de crédito no son solo un problema” (énfasis suyo), ya que también representan una forma de “progreso” (Kevin, Espinillo, 25 de octubre de 2016). Asimismo y para muchos, “ser sujeto de crédito” significa “estar en el sistema” (Rosa, cordon industrial rosarino, 27 de septiembre de 2016) por primera vez, por lo cual el crédito está asociado con la idea de inclusión y con la sensación de una movilidad social ascendente, de las cuales uno se siente orgulloso.

Para entender esta ambivalencia es necesario preguntarse en qué medida el crédito al consumo ayuda a los deudores a “construir una vida que vale la pena ser vivida” (Besnier y Narotzky, 2014). En lo que sigue, propongo tres pistas al respecto, que se deben considerar como un primer esbozo.

Primero, en el contexto de precariedad laboral y de violencia que caracteriza al cordón industrial rosarino, existe una forma de limitar las consecuencias materiales del endeudamiento, por lo cual este no necesariamente constituye una amenaza directa para la reproducción de los hogares. Es cierto que el monto de la deuda puede crecer vertiginosamente a partir del momento en el cual el deudor se considera moroso, con las penalidades impuestas por el atraso. Las consecuencias financieras pueden ser importantes, ya que la suspensión de pago habilita a los acreedores a retener hasta un tercio del sueldo de los deudores que trabajan en relación de dependencia de forma declarada, y por otro lado, existen escasos recursos legales para oponerse a estos cobros (Feldman, 2013). Sin embargo, una forma muy extendida de no pagar sus deudas cuando la carga de estas supera los ingresos consiste en renunciar al trabajo declarado, y arreglar con el empleador para el pago del salario en efectivo (véase James, 2017 en Sudáfrica). Esto implica aceptar peores condiciones de trabajo y renunciar a pedir créditos formales por cinco años (lo que corresponde al tiempo de conservación de los datos personales por los informes crediticios) (Hadad, 2015, p. 65), pero los artículos comprados a crédito no se embargan (esto último se debe probablemente al peligro que representaría tal operación en los barrios marginalizados). Si bien este repliegue hacia la informalidad representa un retroceso en términos de derechos laborales, se considera como una alternativa posible frente a las deudas impagables, ya que la mayoría de los habitantes de los barrios periféricos del cordón industrial no tenían acceso a trabajos declarados ni a créditos formales antes de los años 2000, y pueden contar con préstamos informales dentro del barrio y entre los vínculos de parentesco (véase Wilkis, 2015; Ossandón et al., 2018).

El crédito al consumo también participa de forma más directa a “construir una vida que vale la pena ser vivida” (Besnier y Nartosky, 2014) porque contribuye a preservar a los chicos y adolescentes de los peligros asociados al consumo y al trafico de drogas. De hecho, el cordón industrial rosarino está particularmente expuesto a este fenómeno, y el barrio de Espinillo constituye el epicentro de la venta de droga en la zona, por estar considerado “zona liberada” del estado de derecho, en la cual los narcotraficantes actúan con el acuerdo de las fuerzas policiales y políticas (Dewey, 2018). En este contexto, la mayoría de los hogares están expuestos de forma directa a la violencia vinculada a este negocio, por ser víctimas de violencias políticas ejercidas mediante bandas de traficantes, o por tener a chicos o adolescentes consumidores o vendedores de droga. Estos últimos casos suelen implicar la venta de los artículos del hogar con fin de procurarse los narcóticos, una reducción drástica de la esperanza de vida debido a problemas de salud o a la participación en hechos delictivos y presiones para pagar deudas de droga contraídas por un familiar (una práctica común consiste en disparar con armas de fuego la casa de los deudores).

En este clima de violencia, gran parte de la organización familiar apunta a mantener a los chicos y adolescentes en la casa, y a asegurarse de la presencia continua de un adulto, lo que es posible gracias a la proximidad geográfica de los familiares (construcción de casas en el mismo terreno o en terrenos adyacentes). Aunque sea difícil tratar abiertamente el tema en las entrevistas, el crédito al consumo también participa de esta lógica de protección, porque apunta a hacer de la vivienda un lugar atractivo para los más chicos. Con este objetivo se financian artículos para el hogar (sobre todo equipos de música o electrodomésticos): en este sentido, es relevante notar que muchos hogares invierten en la compra en cuotas de costosos equipos televisivos y consolas de videojuegos y mantienen gastos fijos importantes para tener una diversidad de programas de televisión, a pesar de que falten necesidades básicas para la comodidad de los adultos –varias casas carecen de canillas y piletas en la cocina, por ejemplo (véase también Badue y Ribiero, 2018, p. 267, sobre Brasil). En este sentido, el crédito al consumo constituye un elemento importante para la reproducción de las familias y la preservación de su moralidad (sobre este último punto véase Wilkis, 2015).

Por ende, la idea de “estar en el sistema” puede entenderse mejor al considerar el boom reciente del crédito como la culminación de una serie de procesos que remodelaron a la clase trabajadora del cordón industrial rosarino (Saiag, 2018). Hasta la mitad de los años setenta, el empleo industrial calificado estaba ocupado en su mayoría por descendientes de europeos que se asentaron en la zona a partir de la década de 1930 (Sapei y Acosta, 2005). Estos trabajadores establecieron mutuales referidas como “financieras” a nivel de cada fábrica, que proporcionaban a sus miembros créditos para la vivienda y para el consumo al implementar convenios con los principales comercios locales, como parte de un intento más amplio de reforzar la solidaridad obrera (a través de fondos de huelga, de subsidios en caso de muerte, casamiento o nacimiento y la provisión de servicios médicos). Desde 1976 en adelante, nuevos migrantes llegaron desde el noreste argentino. Se establecieron en los barrios periféricos que carecían de servicios urbanos, en especial en Espinillo. Raramente accedieron a empleos industriales estables y a sus mutuales financieras, porque el empleo industrial entró en crisis a partir de 1976, debido a la política económica que fueron implementadas durante la última dictadura (Azpiazu, Basualdo y Khaviesse, 1987). El acceso a estos empleos estables se hizo aun mas complicado durante los años noventa, ya que la profundización de las reformas neoliberales y la paridad entre el dólar estadounidense y el peso argentino establecida en 1991 afectaron de forma específicamente aguda al cordón industrial rosarino (Ciudad y región 1997; 2000). Estos nuevos migrantes implementaron prácticas financieras complejas para hacer frente a sus precarias condiciones de vida, pero tenían pocas opciones para acceder a préstamos para mejorar su vivienda o para adquirir electrodomésticos. También fueron altamente estigmatizados debido a su color de piel y al estar relegados a los barrios marginales periféricos (acerca del racismo hacia los migrantes internos, véase Garguin, 2007 y Moroni, 2018).

Esta segmentación dentro de la clase trabajadora fue desafiada por la desindustrialización del centro industrial de Rosario durante la década de 1990, el posterior aumento del desempleo entre los trabajadores de fábrica (Crucelas, 2000) y la bancarrota de sus mutuales financieras. Estas últimas no se recuperaron después de la crisis de 2001, porque si bien el empleo industrial creció, lo hizo de manera más flexible, y la intensificación de la tercerización laboral disminuyó de forma drástica el número de obreros empleados en planta permanente (Basualdo y Morales, 2014; Soul, 2014, pp. 201-208; Strada 2018). En este contexto, los trabajadores con recibo de sueldo empezaron a endeudarse de forma creciente por medio de entidades financieras especializadas en el crédito al consumo, desde el año 2003 (De Nigris, 2008). Alrededor de 2010, el crecimiento del empleo formalizado (aunque flexible) y el reconocimiento de los derechos sociales de los trabajadores informales gracias a la instauración de transferencias monetarias hizo que los trabajadores informales se transformaran en deudores lucrativos para la empresas de crédito al consumo, como consecuencia de tener un ingreso mensual y formalizado. Por lo tanto, al permitir que toda la clase trabajadora accediera a bienes duraderos (especialmente electrodomésticos y artículos del hogar) mediante el uso de los mismos instrumentos de crédito formalizados, la combinación de reformas de protección social y la expansión del crédito al consumo que ocurrió a principios de la década de 2010 se condujo a una unificación de los circuitos financieros antes altamente segmentados. De este modo, se permitió a los trabajadores informales acceder por primera vez en sus vidas a formas de crédito y consumo similares a las de aquellos que consideraban que estaban en una situación envidiable. Esto puso en peligro uno de los elementos clave de la diferenciación social entre el subproletariado urbano y los trabajadores de fábrica con trabajo estable. En este contexto, los trabajadores de la economía popular tienden a percibir su explotación financiera como el precio (altamente desigual) de su inclusión en una sociedad de consumo de la que estaban previamente excluidos.

Conclusión: finanzas y derechos

Insertar el análisis etnográfico de las prácticas financieras de los trabajadores de la economía popular en su contexto social e histórico permite considerar al mismo tiempo el crédito al consumo como una nueva forma de explotación y como un símbolo de inclusión. Más aún, los más explotados son quienes le otorgan un valor simbólico más importante a esta ultima dimensión. Por esta razón, los discursos que denuncian la explotación financiera sin tomar en cuenta esta situación corren el riesgo de tener escasa influencia en los sectores populares (de hecho, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular –CTEP– expresa muchas reservas para incluir a la explotación financiera en su agenda) (Gago y Roig, 2019, pp. 222-223; Fernández Álvarez, 2020). Asimismo, a pesar de la iniciativa por la reforma de la ley de entidades financieras encabezada por Carlos Heller y Martín Sabbatella en 2010 y 2012⁶, hasta ahora no surgió en Argentina ningún movimiento social de gran escala en contra de la deuda, tal como ocurrió en España (Ravelli, 2019) y en las periferias de Europa (Mikuš, 2019).

Pensar estas dos caras del crédito de forma conjunta tiene implicaciones políticas: significa buscar formas de finanzas que incluyan sin explotar. Varias pistas surgen al respecto. Primero, es necesario revisar la Ley de Entidades Financieras de forma tal que el BCRA pueda limitar los intereses y demás costos que cobran las entidades proveedoras de crédito al consumo, así como lo plantean Verónica Gago y Alexandre Roig (2019) (en la actualidad, los principales bancos que ejercen en la Argentina abren sus propias entidades destinadas a prestar a los sectores populares, aprovechando de la ley vigente para escapar de la supervisión del BCRA) (Gago y Roig 2019, pp. 223-227). Segundo, considerar el acceso al crédito como un derecho nos permitiría fomentar instituciones financieras que no estén impregnadas por la lógica de la acumulación. En este sentido, vale la pena subrayar que el acceso al crédito y al ahorro eran actividades constitutivas de las mutuales obreras del cordón industrial rosarino, al igual que el acceso a la salud y el otorgamiento de subsidios para financiar eventos del ciclo de vida. En la actualidad, la Cooperativa de Vendedores Unidos del Tren San Martín, que pertenece a la CTEP, reflexiona sobre la posibilidad de destinar parte de su fondo común para otorgar créditos baratos y con cierta flexibilidad de reembolso, aunque en pequeña escala (Fernández Álvarez, 2020). El hecho de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) preste a los jubilados constituye otra forma de desconectar el crédito de la lógica de acumulación del capital. Sin embargo, tanto las mutuales obreras como la ANSES ofrecieron sus créditos a gente que ya cobraba un ingreso mensual y cuyo monto no era insignificante, y dejaron de lado al sector más vulnerable por tener menores ingresos estables y peor cobertura médica. Por lo tanto, es preciso buscar formas de extender el acceso a estos servicios, al promover una multitud de mutuales o cooperativas que no estén reservadas a trabajadores con empleo estable, y así extender las transferencias monetarias por medio de la ANSES para que este organismo pueda prestar mas allá de los jubilados, o promoviendo préstamos en condiciones favorables para los trabajadores de la economía popular a partir de bancos públicos.

Indagar hacia unas finanzas que incluyan sin explotar abre, sobre todo, una reflexión sobre la articulación entre finanzas y derechos (Roig, 2017). En este artículo, hemos visto que la explotación financiera se nutre de las vulnerabilidades de los trabajadores de la economía popular, porque estas los empujan a endeudarse al mismo tiempo que dificultan el reembolso a tiempo de los créditos, y, por lo tanto, aumentan sus costos. Dicho de otra forma, los que menos derechos sociales tienen (derechos a una remuneración estable y consistente, a una cobertura médica, al acceso a programas habitacionales, etc.) son los más expuestos a la explotación financiera. Por lo tanto, para pelear contra ella, también es importante reconocer los derechos de los que quedaron al margen del empleo asalariado y protegido. Para lograrlo, apostar solamente a la formalización del trabajo parece ilusorio, ya que a pesar de las políticas llevadas a cabo durante los gobiernos kirchneristas destinadas a sostener un desarrollo basado en la reindustrialización y en el consumo interno, en 2014 la economía popular argentina contaba con aproximadamente 4,2 millones de trabajadores, que representaban el 35% de la población activa (Chena y Roig, 2017). En este contexto, resulta imprescindible explorar pistas con el fin de universalizar los derechos sociales, mediante la desvinculación de su anclaje exclusivo en el trabajo asalariado formal. La instauración de una jubilación mínima sin necesidad de aportes previos y de la AUH representó un paso importante al respecto, pero estas medidas fueron criticadas por algunos sectores de la clase media por otorgar derechos sin contrapartida; a pesar de ello, el nivel de protección de los trabajadores de la economía popular quedó muy por debajo del de los asalariados con empleo estable. Pues, para profundizar estos derechos y asentar su legitimidad, es importante subrayar que representan la contrapartida de algo. Un camino posible consiste en concebirlos como una reparación por procesos históricos de desposesión de derechos, tal como lo sugería el eslogan político “La Patria es el otro”, que popularizó el kirchnerismo en 2013. Estos derechos también se pueden pensar como el reconocimiento de una explotación desigual por parte de las finanzas, como lo propone Alexandre Roig (2017), del mismo modo que Marcel Mauss (2012, pp. 213-223) concebía la protección social como la contrapartida de la explotación del obrero en el proceso de producción. Para los trabajadores de la CTEP, en cambio, la extensión de los derechos sociales pasa por considerar a los que no tienen trabajo estable como trabajadores, ya que también contribuyen a la producción colectiva y son explotados, aunque de manera indirecta (Fernandez Álvarez, 2019). Cualquiera sea el camino elegido, es importante que las categorías analíticas permitan englobar la economía popular en su heterogeneidad, para que la conquista de derechos sociales de algunos no agudice las estratificaciones sociales que atraviesan a los trabajadores.