ARTÍCULOS

La Comisión Protectora de Bibliotecas Populares en cifras. Análisis cuantitativo del desarrollo de la institución y las bibliotecas populares (1931-1949)

The Comisión Protectora de Bibliotecas Populares in figures: quantitative analysis of the development of the institution and popular libraries (1931-1949)

Marcela Coria

Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET), Argentina / mcoria@fahce.unlp.edu.ar | https://orcid.org/0000-0001-6924-6760

Recepción: 01-08-2024.

Aceptación: 16-05-2025

DOI: https://doi.org/10.34096/ics.i52.15081

Resumen

En este artículo abordamos el desarrollo cuantitativo de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares y de las bibliotecas populares en Argentina entre 1931 y 1949, con el principal objetivo de establecer un diagnóstico del escenario bibliotecario nacional, para comprender asimismo el anclaje que supuso la implementación de las políticas bibliotecarias de lectura de la institución central. A partir de las fuentes públicas del organismo reconstruimos, sistematizamos y comparamos un cúmulo de datos que nos permiten hacer una revisión diacrónica pormenorizada del devenir de las asociaciones en relación con la institución benefactora, con la distribución de materiales bibliográficos y con los lectores y las lectoras que las frecuentaban, de acuerdo a dinámicas particulares de progresión y distribución. La principal conclusión conduce a demostrar el crecimiento progresivo y sostenido que las bibliotecas populares experimentaron durante las presidencias de Juan Pablo Echagüe (1931-1944) y Carlos Alberto Obligado (1944-1949) como consecuencia de una política determinada destinada a hacer crecer las bibliotecas populares en número, pero también en forma, gracias al robustecimiento de las colecciones y al acrecentamiento de los lectorados.

Palabras clave: Historia de las bibliotecas, Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, Bibliotecas populares, Análisis cuantitativo, Colecciones bibliográficas

Abstract

Keywords: History of libraries, Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, Popular libraries, Quantitative analysis, Bibliographic collections

Introducción¹

La Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (en adelante: Comisión Protectora), creada en Argentina el 23 de septiembre de 1870 a partir de la promulgación de la Ley Nacional Nº 419, funcionó durante sus primeros seis años de conformación y, durante todo el siglo XX, se consolidó como una institución referente en materia bibliotecológica a nivel nacional. Sin embargo, su actividad se interrumpió casi seis años después de su creación, iniciándose un periodo de 32 años en los que permaneció cerrada hasta 1908. A partir de ese momento, la Comisión Protectora retomó sus funciones y ha permanecido en funcionamiento de manera ininterrumpida hasta nuestros días. Si bien existía desde 1810 la Biblioteca Nacional que cumplía, o debía hacerlo, las funciones de central bibliográfica, la Comisión Protectora fue la organización que tomó una posición rectora en el campo bibliotecológico nacional (Coria, 2024a). Desde los fundamentos de su creación, tenía como principal finalidad promocionar la creación, el mantenimiento y el crecimiento de las bibliotecas populares del territorio argentino. Para lo cual, estableció un sistema de asistencia económica y bibliográfica para aquellas asociaciones que fueran reconocidas por la Comisión Protectora. No obstante, además, el organismo nacional desempeñó funciones de depósito, reparto nacional y canje internacional de las publicaciones oficiales y de todas aquellas obras que recibía en virtud de subvenciones o suscripciones acordadas, para su posterior distribución entre instituciones públicas y privadas.

La gestión institucional de la Comisión Protectora durante el periodo del siglo XIX en que se mantuvo en funcionamiento fue sumamente exitosa, ya que no solo logró un crecimiento considerable del número de bibliotecas populares sino que también se ocupó de instituirlas como entidades clave en el desarrollo social y cultural de cada localidad (Planas, 2017). Desafortunadamente, en el tiempo en que la institución permaneció inactiva muchos de los considerables progresos alcanzados en los primeros años de actividad no permanecieron. Fue recién a partir de su reapertura en 1908 cuando intentó nuevamente reconfigurar su rol protector y administrativo, lo cual le demandó al menos dos décadas para ajustar la estrategia bibliotecaria implementada bajo la dirección de Miguel F. Rodríguez².

Con posterioridad a este periodo de reestructuración institucional, estuvieron a cargo de la Comisión Protectora los presidentes Juan Pablo Echagüe (1931-1944) y Carlos Alberto Obligado (1944-1949). Durante sus administraciones, buscaron articular el universo de las bibliotecas populares a través de una serie de políticas bibliotecarias de lectura ligadas a la difusión de un discurso público acerca de la circulación del libro, la ampliación del público lector y la conformación del campo bibliotecológico. De manera particular, la trascendencia característica del periodo estuvo dada por la estrategia comunicacional, centrada en sus publicaciones, en especial, el Boletín de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (1933-1947) y la Revista de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (1948-1949) (Coria, 2024b).

Las gestiones de Echagüe y Obligado permanecieron ligadas por un hilo de políticas que permiten identificar a estos dieciocho años como un lapso temporal en el que el organismo nacional, más allá de los vaivenes propios de las implicancias económicas y políticas que lo afectaban, persistió en una misma línea ideológica y operativa. Ya que, además de la intención de difundir un discurso público sobre la lectura pergeñado y difundido por la Comisión Protectora, llevó adelante una serie de iniciativas específicas destinadas a hacer crecer las bibliotecas populares del país. Esta progresión proyectada no solo apuntaba a que se creen mayor cantidad de asociaciones en diferentes zonas del país, sino que también apelaba a que las mismas estuvieran más pobladas de libros y de lectores.

Esta voluntad expansiva de la Comisión Protectora, durante las presidencias de Echagüe y Obligado, puede evidenciarse de manera concreta en el crecimiento gradual, pero sostenido, que tuvo el universo de las bibliotecas populares del país. Sin embargo, no fue una implementación ausente de contrariedades, especialmente aquellas ligadas a la asignación de recursos económicos que respaldaran esta política pública. Si bien el organismo nacional, desde su reapertura en 1908, contaba con legislación presupuestaria de 1911 y 1919, que le garantizaba la asignación de recursos económicos, esta adjudicación se vio desarticulada por las administraciones que, con posterioridad a estas normativas, redujeron la proporción conferida (Memoria, 1931: 18). De este modo, hacia 1931, año en que asumió Echagüe, la institución había sufrido una reducción de su presupuesto, profundizada en 1930 por el inestable contexto económico y político a nivel nacional e internacional³. Echagüe, en sus primeras declaraciones al frente de la institución, reconoció este ambiente incierto y desfavorable, al mismo tiempo que reafirmó las convicciones establecidas desde los fundamentos de la institución y anunció las iniciativas que tenía previstas para su gestión.

Las desavenencias económicas fueron corrientes durante los primeros años de la gestión de Echagüe, lo que provocó cancelaciones de partidas presupuestarias, demoras en el depósito de fondos ya concedidos y diversas gestiones que debió impulsar la Comisión Protectora para la retribución de estos montos. En las memorias difundidas por la institución eran frecuentes las manifestaciones de disconformidad que reclamaban la normalización en la asignación de presupuesto nacional correspondiente a la entidad (Memoria, 1933: 3-5; Memoria, 1935: 3). Hacia mediados de la década de 1930, de forma escalonada, se empezó a regularizar la asignación presupuestaria a la Comisión Protectora, aunque continuaba con retrasos y sin aumentos, superando la institución y las bibliotecas populares un período de crisis que no alcanzó a derribarlas.

Ahora bien, la organización interna del artículo se estructura a través del abordaje de aquellos aspectos que consideramos que constituyen y contribuyen a la interpretación del devenir de la Comisión Protectora en términos cuantitativos. Luego de los preliminares metodológicos y bibliográficos, referimos, en primera instancia, al presupuesto de la institución: allí se introducen las diversas formas administrativas a través de las cuales se recibían fondos que, según su procedencia y gestión, implicaban determinadas funciones y modos de rendición. Este aspecto nos permite dimensionar la multiplicidad de responsabilidades que le eran propias de acuerdo con su posición como ente estatal encargado de administrar una porción del presupuesto nacional. Luego, nos introducimos en las aproximaciones cuantitativas que dimensionan el desarrollo de las bibliotecas populares, sus colecciones bibliográficas y sus lectorados. Aquí ponderamos los despliegues en función de variables que nos permiten sopesarlos en el contexto demográfico y social del momento. Este ordenamiento lo realizamos solo con el objetivo de sistematizar la presentación de los datos, de ningún modo consideramos a las bibliotecas, los libros y los lectores y lectoras como objetos de análisis independientes, sino que su imbricación la imbricación permite reconocer de forma integral el avance de la institución y las bibliotecas populares durante el período.

Preliminares bibliográficos y metodológicos

Encuadramos este artículo en los estudios vinculados fundamentalmente a la historia de las bibliotecas, la cual, si bien cuenta con cierta tradición disciplinar, aún conforma un espacio en fortalecimiento en América Latina. Para el estudio de las bibliotecas latinoamericanas contamos con títulos referentes como los de Carlos Aguirre y Ricardo Salvatore (2018) y Alejandro E. Parada (2019, 2023), quienes problematizan las singularidades de las bibliotecas de esta región, que se encuentran alejadas –geográfica e institucionalmente- de las realidades de Europa y Estados Unidos. En Argentina la primera referencia ineludible entre los clásicos de la bibliotecología argentina la constituye el trabajo de María Ángeles Sabor Riera (1974-1975); no obstante, años después, sin lugar a dudas fue Alejandro E. Parada quien se erigió como un especialista en la historia de las prácticas y las representaciones culturales de la bibliotecología argentina.

En lo que respecta a la historia de las bibliotecas populares en nuestro país, reconocemos aquellos estudios que indagan las condiciones del surgimiento y el crecimiento de este tipo de instituciones bibliotecarias específicas y que, en su conjunto, contribuyen a consolidar un objeto de conocimiento complejo, que incluye similitudes y diferencias a lo largo de todo el territorio nacional. Entre estos trabajos, advertimos al momento dos enfoques principales: uno que atiende a la complejidad de las condiciones de civilidad y al paradigma del asociacionismo que funcionó como motor de las bibliotecas populares, entre los que se destacan el aporte de Leandro H. Gutiérrez y Luis Alberto Romero (1995) y algunos de sus continuadores Ricardo Pasolini (1997), Nicolás Quiroga (2003) y Nicolás Tripaldi (1996, 1997). El otro enfoque se centra en analizar en profundidad la participación del Estado en las políticas públicas de lectura, tanto a nivel nacional como provincial, entre los que resaltamos los trabajos de Javier Planas (2017), Flavia Fiorucci (2018), Juliana López Pascual (2024) y María de las Nieves Agesta (2024). En este sentido, este artículo pretende sumarse a este segundo conjunto bibliográfico, ya que intenta dialogar con algunos de los interrogantes historiográficos y bibliotecológicos que plantea.

A nivel metodológico, proponemos aquí un abordaje histórico que articula la presentación de información estadística oficial con interpretaciones cualitativas, lo que supone un aporte distintivo en la historiografía bibliotecaria, ya que consideramos que el diagnóstico brindado por un estudio de este tipo permite valorar el devenir de una política pública en un momento coyuntural de la construcción del campo bibliotecológico nacional. De manera particular, conlleva un enfoque metodológico combinado, ya que, si bien la principal fuente de información de las constataciones alcanzadas son los datos cuantitativos relevados de los documentos primarios, al mismo tiempo, estos son contrastados con un análisis documental, propio de la perspectiva cualitativa. El recorrido ofrecido se basa en la información publicada por el mismo organismo, lo que nos circunscribe a la consideración del panorama reconstruido como representativo de la estadística oficial. Sin embargo, no se trata de una visión sesgada, pues justamente en este periodo se produjo una expansión de los procesos de relevamiento estadístico en la burocracia estatal nacional (González Bollo, 2007). No obstante, vale aclarar que existen vacancias y limitaciones en los datos ofrecidos, ya que la recopilación y la construcción de las líneas de progreso se alinean con los vaivenes del plan comunicativo de la Comisión Protectora. Las principales fuentes documentales de este artículo son las memorias publicadas en el Boletín de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (1940, 1941, 1942, 1943 y 1944), la Revista de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (1947 y 1948)⁴ y los balances editados de forma independiente (1931, 1932, 1933, 1935, 1936, 1938 y 1939). Complementamos, asimismo, con otras ediciones oficiales y algunas referencias incluidas en medios periodísticos, ya que era frecuente el reflejo del accionar de la institución en la prensa periódica. Sin embargo, en la reconstrucción que nos propician las fuentes, es posible identificar ciertos vacíos que nos permiten preguntarnos, sin respuestas concluyentes, cuáles fueron los motivos y las motivaciones que llevaron a esas interrupciones en la difusión de un mensaje público sobre las bibliotecas populares. En la presentación de los datos, cuando no contamos con información para mostrar, omitimos mencionar ese año, a fin de exhibir una disposición visual ordenada. Cabe destacar que, en ocasiones, circunscritos a la disponibilidad de fuentes, ofrecemos datos de años anteriores y posteriores al período abordado con el fin de dimensionar una política asociada a las improntas definidas por los directivos de la Comisión Protectora.

Completamos la demarcación metodológica con un abordaje de las categorías conceptuales que fundamentan este trabajo. Por un lado, la investigación que encuadra la perspectiva diagnóstica presentada aquí se basa en una noción específica para analizar y comprender las iniciativas de la Comisión Protectora pergeñadas para las bibliotecas populares argentinas entre los años 1931 y 1949: política bibliotecaria de lectura. Este concepto se basa en la idea de que la examinación sobre el desarrollo del organismo nacional es realizada desde la concepción de que cada una de las acciones respondía a una política -o unas políticas- que tenía como fin primario fortalecer y expandir la práctica lectora en las comunidades desde una óptica bibliotecaria. Por otro lado, justamente a partir de estos colectivos objetivos de las políticas bibliotecarias de lectura de la Comisión Protectora, se constituye otro principio clave: lectorados diferenciados por intereses bibliográficos particulares. Reconocemos que el crecimiento de la cantidad de lectores sucedido en el tiempo estudiado puede deberse a algunas condiciones dadas en décadas anteriores: avances en materia de derechos, alfabetización e implicancias de la modernidad promovieron que las personas contaran con mayores capacidades y tiempo disponible para poder dedicar a la práctica de la lectura. No obstante, se destacaba la función del organismo nacional con un rol interventor que bregaba por introducir los nuevos públicos lectores en las bibliotecas populares a través de políticas bibliotecarias de lectura, que incluían, por una parte, la construcción y la propagación de perfiles lectores modélicos segmentados -por ello los referimos en plural- y, por otra parte, la coordinación de formas de proceder autorizadas por el ente gubernamental.

Fondos administrados por la Comisión Protectora

En el período que nos ocupa, existían tres formas principales a través de las cuales la Comisión Protectora percibía fondos que, de acuerdo con su origen, debían ser destinados a fines específicos y suponían una forma de administración y rendición diferenciada. Por una parte, el organismo percibía fondos asignados y legislados a través de la originaria Ley 419, que se destinaban a la protección de las bibliotecas populares. Estos montos correspondían a la asignación del 50% de las compras de bibliografía que realizaban las bibliotecas populares, además de los costes de acarreo y distribución. Por otra parte, una porción de los aportes percibidos se destinaba al mantenimiento de la burocracia administrativa de la institución: el personal y lo estructural. Son escasos los datos provistos al respecto, incluso en las propias publicaciones del organismo: no es posible hallar más que expresiones de reclamo ante la insuficiencia de recursos humanos en comparación con la cantidad de tareas asignadas.

Por último, mencionamos el dinero concedido a través de subsidios especiales que otorgaba el Congreso Nacional argentino. El objetivo de este presupuesto no era la compra de bibliografía, sino que se destinaba a la asignación de contribuciones económicas para las entidades protegidas. Estos pagos eran una ayuda para costear los gastos de sostenimiento de las bibliotecas. Por lo cual, podían invertirse en: sueldos, alquileres, gastos de luz y limpieza, encuadernación y conservación de los libros, gastos de secretaría, compras de muebles, suscripciones a diarios y revistas e impresiones (Memoria, 1936: 20). Incluimos a continuación el detalle de subsidios otorgados por el Congreso Nacional y gestionados la Comisión Protectora (Tabla 1)⁵

Tabla 1. Montos de los subsidios otorgados por el Congreso de la Nación por año en vinculación con las bibliotecas protegidas

Nota: todos los valores están expresados en peso moneda nacional (m./n)⁶

Fuentes: Memoria, 1935, p. 24-26; Memoria, 1936, p. 19-20; Memoria, 1938, p. 28-29; Memoria, 1939, p. 14-16; Boletín, 1941, 9, 38, p. 3; Boletín, 1942, 10, 43, p. 5; Boletín, 1943, 11, 48, p. 3; Boletín, 1944, 12, 52, p. 2; Boletín, 1945, 13, 57, p. 3; Revista, 1948, 1, p. 10; Revista, 1949, 5, p. 76.

En esta Tabla 1 podemos identificar de forma evidente la carente, e incluso nula, partida presupuestaria que la Comisión Protectora percibió y distribuyó entre 1931 y 1937, a diferencia de lo sucedido en la década de 1920 y 1940. Si bien Echagüe se encargó de declarar de manera pública, en varias ocasiones, su disconformidad ante esta insuficiente asignación de dinero para la erogación de subsidios, la vacancia se manifestó claramente en los montos asignados durante estos años. Ceñidas al contexto económico de la época⁷, las cifras incrementales de la segunda mitad de la década de 1920 se vieron drásticamente disminuidas desde 1931, e incluso alcanzaron la nulidad durante 1932, 1933 y 1934. Lógicamente, esto se encontraba adherido a las consecuencias económicas que el país sufrió en el periodo de depresión mundial y las variaciones que el modelo económico nacional debió instrumentar en relación con su comercio y política exterior (Gerchunoff y Llach, 2007). Recién a partir de 1940, gracias a la recuperación económica de los últimos años, se retomaron valores que intentaron asimilar a los administrados antes del período de crisis. Durante este decenio los montos de los subsidios tuvieron algunas variaciones, hasta que a partir de 1948 se produjo un acentuado salto cuantitativo (Fiorucci, 2018), tal como lo advierte también Juliana López Pascual (2024) para el caso de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia de Bahía Blanca.

Entre las fuentes oficiales consultadas para la construcción de la Tabla 1⁸, podemos hallar, en ocasiones, variaciones en las cifras suministradas. Tal como se manifestó a lo largo de las memorias de la Comisión Protectora, esto se debía a que los pagos, al acreditarse con demora, podían superponer sus montos a las erogaciones de los períodos subsiguientes, lo que ocasionaba la acumulación de grandes sumas seguida por períodos de interrupción de los desembolsos. Asimismo, hemos optado por incluir algunos datos de los últimos años de la década de 1920, a fin de dimensionar la vacancia en los primeros años de 1930. En esta distribución se evidencia de forma clara el impulso sostenido dado desde 1937, aunque no hemos podido establecer si este aumento en el presupuesto designado se tradujo en la ampliación de bibliotecas favorecidas (Boletín, 1941, 9, 38, p. 3).

Bibliotecas populares en cifras

Al abordar la evolución de las bibliotecas populares entre 1931 y 1949 encontramos una linealidad creciente que tomamos como eje sobre el cual vincular el resto de circunstancias que implica analizar las entidades en este período. Esto es, si bien en términos cuantitativos es innegable el incremento gradual y sostenido en este tiempo, y eso nos simplifica de algún modo su interpretación, no obstante, existen ciertos condicionantes que problematizan el devenir y lo convierten en un momento clave en la historia de la Comisión Protectora, y por consiguiente de las bibliotecas populares.

Sobre los datos ofrecidos, cabe destacar que las cifras referidas contienen aquellas instituciones que se encontraban protegidas y que, al momento del recuento, habían cumplimentado los requerimientos de la Comisión Protectora: el envío de informes trimestrales, la remisión de la rendición de subvenciones y subsidios y la confección de catálogos, el registro de préstamos, los inventarios, los libros administrativos, entre otros. Mientras, se excluye a aquellas que, si bien se encontraban inscriptas como bibliotecas populares argentinas, se habían disuelto, discontinuado el envío de informes o no habían rendido los subsidios o las subvenciones de la forma requerida por el organismo y, como consecuencia, dejaron de percibir la asistencia de la Comisión Protectora.

Para dimensionar las cifras que presentamos, basta un recorrido somero por la cantidad de bibliotecas populares en algunas fechas clave de la cronología de la Comisión Protectora. En 1871, primer año de funcionamiento de la institución, había en el país 12 bibliotecas (Memoria, 1931: 9). En la etapa inicial de la institución el crecimiento fue apreciable, hacia 1875 se alcanzaron 150 bibliotecas (Guía de Bibliotecas, 1954, t. 1: 711). No obstante, a raíz del cese del funcionamiento de la entidad, este monto tuvo una estrepitosa caída hasta alcanzar en 1895 menos de 20 bibliotecas (Planas, 2017). Recién a partir de su reapertura en 1908 se consolidó un crecimiento sostenido que alcanzó su punto máximo en el período que nos ocupa. En 1910, había 191 bibliotecas, en 1911, 200; en 1912, 229; en 1913, 226⁹; en 1915, 433; en 1916, 522; en 1917, 625; en 1918, 720; en 1919, 825; en 1920, 885; en 1921, 962; en 1922, 1.000; en 1923, en 1.056; en 1924, 1.107 y en 1925, 1.025 (Guía de Bibliotecas, 1954, t. 1: 711). La Tabla 2 muestra el total anual de bibliotecas populares en el país durante las décadas de 1930 y 1940.

Tabla 2. Total anual de bibliotecas populares protegidas en el país

Fuentes: Memoria, 1931, p. 14; Boletín, 1934, 1, 4, p. 6; Boletín, 1936, 3, 12, p. 2; Boletín, 1937, 4, 18, p. 2; Boletín, 1938, V, 22, p.3; Boletín, 1941, IX, 38, p. 3;
Boletín, 1942, X, 43, p. 5; Boletín, 1943, XI, 48, p. 1; Boletín, 1944, XII, 52, p. 2; Boletín, 1945, XIII, 57, p. 2; Revista, 1948, 1, p. 10; Revista, 1949, 5, p. 74.

En la tabla 2 podemos visualizar la evolución y las variaciones del número de bibliotecas populares protegidas por la Comisión Protectora. Si bien en algunos años notamos una reducción en la cantidad, adheridas a las fluctuaciones de presupuestos vistas en la Tabla 1, la tendencia es al alza (Gráfico 1). Al orientar nuestra mirada a las administraciones al frente de la institución, podemos obtener un número total de 140 bibliotecas creadas en el período correspondiente a la presidencia de Echagüe (1931-1944), lo que arroja un promedio cercano a las 11 bibliotecas por año. Mientras que, en la gestión de Obligado (aunque restaría contabilizar un año), se alcanzó una suma de 55 nuevas bibliotecas populares, con un incremento en el promedio cercano a las 14 bibliotecas populares por año. Cabe aclarar que los vaivenes detectados a partir de esta información no necesariamente deban asociarse a consecuencias directas de cambios en los propósitos de las políticas bibliotecarias de lectura de la Comisión Protectora, sino que estas mínimas alternancias pueden ser perfectamente atribuidas a cuestiones más bien administrativas, vinculadas a las protecciones que obtenían o perdían las bibliotecas populares.

Gráfico 1: Evolución de cantidad de bibliotecas populares protegidas en el país

Fuentes: Memoria, 1931, p. 14; Boletín, 1934, 1, 4, p. 6; Boletín, 1936, 3, 12, p. 2; Boletín, 1937, 4, 18, p. 2; Boletín, 1938, V, 22, p.3; Boletín, 1941, IX, 38, p. 3;
Boletín, 1942, X, 43, p. 5; Boletín, 1943, XI, 48, p. 1; Boletín, 1944, XII, 52, p. 2; Boletín, 1945, XIII, 57, p. 2; Revista, 1948, 1, p. 10; Revista, 1949, 5, p. 74.

Ahora bien, para conocer cómo se distribuía esta cantidad de bibliotecas en el territorio nacional presentamos la siguiente Tabla 3, ya que, si bien el alcance del organismo era federal, no se materializaba la llegada a las áreas más alejadas de la ciudad designada como sede de la Comisión Protectora¹⁰.

A nivel provincial las tendencias de crecimiento se mantenían en la misma línea que el desarrollo nacional en su conjunto. Durante todo el período, Buenos Aires fue la provincia que más bibliotecas populares albergaba (En 1931, 325 bibliotecas, en 1948, 353). A principios de la década de 1930 le seguía en orden decreciente Santa Fe (1931, 189 bibliotecas), aunque esta propensión no se mantuvo durante todo el período, ya que su cantidad disminuyó mientras que las de otras provincias subía (1948, 176 bibliotecas). En 1948, la segunda provincia con mayor cantidad de bibliotecas era Entre Ríos, con 238 establecimientos. A las áreas con más bibliotecas se le sumaban Capital Federal y Córdoba. Luego figuraban, con números que no llegaban al centenar, Corrientes, Mendoza, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, San Luis, San Juan, La Rioja, Jujuy y Catamarca. Como podemos apreciar, las provincias con mayor número de bibliotecas eran las periféricas a Buenos Aires, en un primer o segundo cordón. Por lo que, más allá de las manifestaciones explícitas y reiteradas de la Comisión Protectora de alcanzar con sus políticas de fomento a las asociaciones a todas las áreas del país, aún se conservaba cierta centralidad en la capital del país. La región aludida como territorios nacionales estaba conformada por las posteriormente consolidadas como provincias: Chaco, Formosa¹¹, Misiones¹², La Pampa¹³, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Los Andes y Tierra del Fuego¹⁴. Las cifras correspondientes a territorios nacionales se presentaban en forma conjunta, solo con la excepción de tres años en los que se las mostró disgregadas: 1934, 1935 y 1936.

Tabla 3. Total anual de bibliotecas populares protegidas en el país por provincia

Fuentes: Memoria, 1931, p. 26; Memoria, 1932, p. 6; Memoria, 1933, p. 5-6; Memoria, 1935, p. 6; Memoria, 1936, p. 6-7; Memoria, 1938, p. 7; Memoria, 1939, p. 6;
Boletín, 1941, IX, 38, p. 3; Boletín, 1942, X, 43, p. 5; Boletín, 1943, XI, 48, p. 1; Boletín, 1944, XII, 52, p. 2; Boletín, 1945, XIII, 57, p. 2; Revista, 1948, 1, p. 10; Revista, 1949, 5, p. 74.

Ahora, al relativizar los datos aquí ofrecidos según el crecimiento poblacional de Argentina, nos encontramos con una dificultad. En nuestro país, entre los años 1914 y 1947 no hubo censos nacionales que recabaran información acerca de la progresión de la población¹⁵. Por lo que las contextualizaciones aquí vertidas revisten cierto margen de inexactitud, producto de esta falta de datos específicos de los años observados. Entonces, a los fines de este estudio, hemos optado por tomar la cantidad de habitantes arrojada en los resultados de censo de 1947, y a partir de ella establecer índices que evidencien la situación hacia el final del período señalado. Lamentablemente, estas relativizaciones no pueden ofrecerse con los datos bibliotecológicos de principios de la década de 1930 ya que, considerando el amplio movimiento demográfico en Argentina, los datos censales de 1914 y 1947 no posibilitarían una interpretación precisa.

Tabla 4: Cantidad de habitantes por cada biblioteca popular protegida por provincia

Fuentes: Revista, 1949, 5, p. 74; Censo general de la Nación, 1947.

Las cifras proporcionadas en la Tabla 4 no deben tomarse como datos aislados, sino que pueden verse, por un lado, a la luz del gran crecimiento poblacional que se suscitó en Argentina, motorizado por la inmigración extranjera, el cual se fue reconfigurando a partir de los cambios políticos, sociales y, en especial, a aquellos concernientes al mundo del trabajo, que acompañaron a las consecuencias de la crisis económica mundial y los conflictos políticos nacionales (Lattes, 1973). Por otro lado, debemos considerar el proceso complejo vinculado a la migración dada al interior de nuestro país que produjo, asimismo, variaciones en las dinámicas laborales y en las prácticas sociales y culturales. Hacia 1947, los habitantes de Buenos Aires representaban un 27% de la población nacional (Losada, 2013), lo que demuestra que si bien en esta región la cantidad de bibliotecas era mayor que en el resto de provincias (Tabla 3), dada la cantidad de habitantes, contaba aún con un gran número de ellos por cada biblioteca popular (Tabla 4). Le seguía en orden creciente Salta, con 19388 habitantes por biblioteca popular. En este caso, la elevada cifra si puede atribuirse a la escasa presencia de instituciones bibliotecarias, ya que solo computaba 15 asociaciones (Tabla 3). Al continuar hacia el primer lugar, allí se ubicaba Capital Federal, con 21446 habitantes por cada biblioteca popular. Aquí también debemos considerar procesos demográficos y culturales específicos. A propósito, Leandro Gutiérrez y Luis Alberto Romero (1995) abordan la singular transformación de la ciudad desde el crecimiento producido por la oleada inmigratoria hasta la constitución de la ciudad de masas, indagando en las injerencias de las bibliotecas populares como parte de las prácticas culturales y educativas acaecidas en este tiempo que ocupa nuestro análisis.

Las colecciones bibliográficas como indicadores de crecimiento

Tal como sucede en el abordaje de las bibliotecas, muchos de los datos proporcionados sobre los volúmenes existentes en las bibliotecas populares (Tabla 5) se encuentran limitados mediadospor la cantidad de bibliotecas que suministraron información para la confección de estas estadísticas, que no eran el total de asociaciones protegidas. Asimismo, cabe mencionar que las cifras provistas deben analizarse en vinculación con la cantidad de asociaciones de cada provincia. En ocasiones, se podían encontrar varias asociaciones pequeñas concentradas en un área, mientras que otras bibliotecas populares con mayor cantidad de volúmenes cubrían espacios geográficos extensos. Las aproximaciones provistas en la Tabla 5 intentan subsanar este aspecto, aunque no permiten interpretar de forma fehaciente la constitución bibliográfica de las bibliotecas populares al interior de las provincias.

Gráfico 2: Evolución de cantidad de volúmenes en las bibliotecas populares protegidas.

Fuentes: Memoria, 1932, p. 8; Memoria, 1933, p. 7-8; Memoria, 1935, p. 10-11; Memoria, 1936, p. 9-10; Memoria, 1938, p. 10; Memoria, 1939, p. 10; Boletín, 1941, IX, 38, p. 3;
Boletín, 1942, X, 43, p. 5; Boletín, 1943, XI, 48, p. 1; Boletín, 1944, XII, 52, p. 2; Boletín, 1945, XIII, 57, p. 2; Revista, 1948, 1, p. 10; Revista, 1949, 5, p. 74.

La extensa Tabla 5 posibilita reconocer el desarrollo de las colecciones de las bibliotecas populares de cada provincia en el transcurso del tiempo estudiado (Gráfico 2). Así, en la misma línea del crecimiento de las bibliotecas populares, los números más abultados se visualizaban en Buenos Aires.

Tabla 5. Total de volúmenes de las bibliotecas populares protegidas según cada provincia

Fuentes: Memoria, 1932, p. 8; Memoria, 1933, p. 7-8; Memoria, 1935, p. 10-11; Memoria, 1936, p. 9-10; Memoria, 1938, p. 10; Memoria, 1939, p. 10; Boletín, 1941, IX, 38, p. 3;
Boletín, 1942, X, 43, p. 5; Boletín, 1943, XI, 48, p. 1; Boletín, 1944, XII, 52, p. 2; Boletín, 1945, XIII, 57, p. 2; Revista, 1948, 1, p. 10; Revista, 1949, 5, p. 74.

Hacia el inicio del período la cifra dada ascendía casi al doble de las que le siguen en orden descendente, aunque con cantidades similares: Capital Federal, Entre Ríos y Santa Fe. Esta tendencia superior de Buenos Aires se continuó a lo largo del período, aunque las diferencias con quienes les siguen se modificaron. Capital Federal aumentó significativamente sus colecciones, mientras que el crecimiento de Santa Fe fue gradual. Al extender la mirada hacia otras regiones, en el inicio del período, en un estamento inferior, se ubicaban las provincias de Córdoba y Tucumán. Luego, en orden decreciente, aparecían los territorios nacionales (esta cifra se debe a que engloban varias áreas que ya hemos detallado), Mendoza, Catamarca, Corrientes, San Juan, La Rioja, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y San Luis. Hacia el final del período contemplado, existen variaciones en el orden de las provincias con mayor suma de volúmenes en las colecciones de sus bibliotecas. No obstante, los cambios se produjeron en aquellas con menores cantidades de ejemplares.

Tal como con las bibliotecas, disponemos de una contextualización de los datos en función de la población de cada provincia. Proveemos entonces un indicador que muestra el número de habitantes por cada volumen en las bibliotecas populares, diferenciado por región hacia el final del período estudiado (Tabla 6).

Tabla 6: Cantidad de habitantes por cada libro por provincia¹⁶

Fuentes: Memoria, 1932, p. 8; Memoria, 1933, p. 7-8; Memoria, 1935, p. 10-11; Memoria, 1936, p. 9-10; Memoria, 1938, p. 10; Memoria, 1939, p. 10; Boletín, 1941, IX, 38, p. 3; Boletín, 1942, X, 43, p. 5;
Boletín, 1943, XI, 48, p. 1; Boletín, 1944, XII, 52, p. 2; Boletín, 1945, XIII, 57, p. 2; Revista, 1948, 1, p. 10; Revista, 1949, 5, p. 74, Censo general de la Nación, 1947.

Con el fin de obtener información más detallada de la real constitución de las colecciones de las bibliotecas, profundizando el conocimiento de las temáticas, los autores y los formatos preferidos por las instituciones, desde 1933 la Comisión Protectora impulsó como proyecto la producción de un fichero que debía incluir el total de las obras de cada biblioteca popular reconocida. Se estipulaba que, como resultado final, se obtendría una suerte de catálogo colectivo. Los datos relevados de las compras de las bibliotecas populares incluían los títulos de las obras y sus materias, los autores y su nacionalidad (Memoria, 1933: 15). Se trató de un programa de gran envergadura que demandó una mayor exigencia para aquellas personas que estaban destinadas para otras labores en la distribución funcional de la Comisión Protectora. A modo ilustrativo, en el primer semestre de 1935 se confeccionaron 8952 fichas, mientras se preveía una cifra similar para el segundo semestre (Memoria, 1935: 17). A partir de este número, se pudieron extraer las primeras interpretaciones que, entre otros resultados, ilustraban un predominio de la literatura: novelas, cuentos, obras de teatro y poesía. Por otro lado, se manifestaba una preferencia por autores argentinos por sobre el resto de nacionalidades (franceses, españoles, alemanes, ingleses, italianos, norteamericanos, rusos, uruguayos, entre otros). Este dato refiere a las obras que eran compradas por las bibliotecas populares; si sumamos a esta cifra aquellas que eran adquiridas y cedidas por la Comisión Protectora, la tendencia se acentúa (Memoria, 1935: 17-19). Esta información oficial contrasta con estudios que analizan la conformación de las colecciones de bibliotecas populares de la época, en las que se detecta una preponderancia de autores extranjeros e, incluso, coinciden en mencionar al francés Alejandro Dumas como el autor más presente en los estantes de las asociaciones (Agesta, 2020; Fiebelkorn, 2021; Horowitz, 2019; Quiroga, 2003; Pasolini, 1997, Roldán, 2012).

A la hora de abordar la conformación de las colecciones de las bibliotecas populares, debemos destacar que la misma se daba principalmente por dos tipos de aportes¹⁷. Por un lado, las bibliotecas populares solicitaban los títulos que deseaban obtener a la Comisión Protectora, adjuntando la mitad del dinero necesario para su compra y la institución se encargaba de la adquisición, envío y asignación del resto del costo del convenio. Se trataba de un beneficio basado en la libre selección en la que la Comisión Protectora solo cumplía su rol como asistente, ya que no mediaba ningún mecanismo de condicionamiento en este proceso. Por otro lado, la Comisión Protectora adquiría (por compra, canje o donación) una serie de materiales que cedía a las bibliotecas populares del país. La intención que guiaba la conformación de este corpus bibliográfico se cimentaba en la función de la institución de difundir autores nacionales. Es decir, las colecciones concedidas en forma gratuita por la institución se encontraban casi íntegramente constituidas por títulos de por escritores de nuestro país¹⁸.

Ahora, sobre el primer modo de adquisición referido, consistente en la solicitud de las obras por parte de las asociaciones y financiadas en un 50% por la Comisión Protectora a través de licitaciones a librerías (Memoria, 1932: 18), debemos considerar que muchas veces la cantidad de dinero asignado se mantenía, pero el aumento de precio de los libros ocasionaba que se pudiera comprar una menor cantidad de volúmenes. Presentamos aquí una evolución según el dinero destinado (Tabla 7) y otra en función de los volúmenes adquiridos (Tabla 8).

Tabla 7. Cantidad de dinero destinado a la compra de bibliografía por parte de las bibliotecas populares protegidas según cada provincia

Fuentes: Memoria, 1933, p. 10; Memoria, 1935, p. 9; Memoria, 1936, p. 17; Memoria, 1938, p. 9; Memoria, 1939, p. 8; Boletín, 1942, 10, 43, p. 5;
Boletín, 1943, 11, 48, p. 3; Boletín, 1944, 12, 52, p. 2; Revista, 1949, 5, p. 76.

Tabla 8. Cantidad de volúmenes adquiridos por las bibliotecas populares protegidas de cada provincia por año

Fuentes: Memoria, 1933, p. 10; Memoria, 1935, p. 9; Memoria, 1936, p. 17; Memoria, 1938, p. 9; Memoria, 1939, p. 8; Boletín, 1942, 10, 43, p. 5;
Boletín, 1943, 11, 48, p. 3; Boletín, 1944, 12, 52, p. 2; Revista, 1949, 5, p. 76.

Durante todo el período no es posible delinear una propensión uniforme, sino que las cifras de dinero destinado a las compras, así como de los volúmenes adquiridos, variaban considerablemente de un año a otro. Esto se debía principalmente a las problemáticas con el presupuesto que mencionamos anteriormente. Los retrasos en la asignación de fondos llevaban a las bibliotecas a contar con determinada cantidad de dinero en un momento, pero este posiblemente correspondía a pagos atrasados de períodos anteriores. Estas irregularidades fueron manifestadas de forma frecuente en las memorias de la institución, ya que implicaban un contexto de incertidumbre para la Comisión Protectora y las bibliotecas. El descontento expresado se fundamentaba en la obstrucción que ello producía en el normal funcionamiento del organismo y el efectivo desarrollo de sus políticas.

Además, disponemos de aquellas compras que realizó la Comisión Protectora con el objetivo de proveer colecciones según las orientaciones de lectura impulsadas. Como adelantamos, se manifestaba la preferencia hacia autores nacionales instituida desde el decreto del 31 de marzo de 1919 orientado a “proteger a los autores nacionales, adquiriendo ejemplares de sus obras, para distribuirlos en el país o en el extranjero” (Memoria, 1932: 16; Memoria, 1935: 39). En este sentido, la Comisión Protectora, y en forma particular Echagüe, participaron como consultores de la sanción de la Ley de Propiedad Intelectual Nº 11723 aprobada el 28 de diciembre de 1933¹⁹. En esta legislación se determinó que la Comisión Protectora debía recibir un porcentaje del dinero recaudado por las multas impuestas a aquellas entidades editoras que no cumplieran con el articulado de esta legislación (Memoria, 1933: 19). Presentamos aquí (Tabla 9) la cantidad de volúmenes asignados por el organismo para cada año.

Tabla 9. Cantidad de volúmenes distribuidos por la Comisión Protectora por año

Fuentes: Memoria, 1938, p. 9; Memoria, 1939, p. 9; Boletín, 1942, 10, 43, p. 5; Boletín, 1943, 11, 48, p. 3; Boletín, 1944, 12, 52, p. 2; Revista, 1949, 5, p. 76

Cabe aclarar que la distribución mostrada en la tabla 9 refiere a la cantidad de volúmenes que la Comisión Protectora hacía llegar a las bibliotecas populares. Tal como sucedía con el método de adquisición a través de compras, existían variaciones importantes en la cantidad de libros distribuidos. Además de la problemática del presupuesto, dichas variaciones se debían a que, a los ejemplares comprados, se sumaban aquellos obtenidos por medio de donaciones, así como también las publicaciones oficiales recibidas en el marco de su función como administradora (Memoria, 1933: 18; Memoria, 1938: 42-43; Memoria, 1939: 24).

El florecimiento de los lectores y las lectoras en las bibliotecas populares

Ante todo vale advertir que nos referimos aquí a los lectores y las lectoras de forma conjunta ya que solo se proporcionaron cifras de estos conjuntos de manera diferenciada para los años 1932 y 1933 (Memoria, 1932: 9 y 10; Memoria, 1933: 17). En relación con los datos consignados sobre el devenir cuantitativo de la cantidad de lectores y lectoras que poseían las bibliotecas populares, muchas veces esta información correspondía a aquellas bibliotecas que habían suministrado documentación, que no eran el total de asociaciones protegidas. Además, estas cifras recuperaban los asientos de aquellas personas que registraron préstamos a domicilio, sin contemplar las consultas en sala de lectores y lectoras que, en efecto, eran muchas. El hecho de contar con un recorrido cuantitativo acerca del público lector que frecuentaba las asociaciones, nos proporciona un panorama sobre el cual se fueron articulando y ajustando las políticas bibliotecarias de lectura de la Comisión Protectora, en especial aquellas orientadas a determinados segmentos de este lectorado. Más aún si consideramos que uno de los propósitos clave de la institución fue difundir estos datos en diversos canales y formas de presentación.

Cabe aclarar que, tal como podremos observar en la sistematización de los datos, a lo largo del período hubo variaciones en la forma de inscripción de esta información, lo que podía ocasionar modificaciones en los cómputos presentados. Incluso, de forma paulatina, se ampliaron y complejizaron las informaciones solicitadas en las planillas trimestrales que las bibliotecas debían remitir. Así, los nuevos intereses de la Comisión Protectora versaban sobre la nacionalidad, el género y la edad del lectorado. De este modo, se fueron perfilando iniciativas tendientes a la constitución de comunidades lectoras (Memoria, 1938: 15).

Como podemos apreciar en los totales anuales de la Tabla 10, el crecimiento de la cantidad de lectores y lectoras durante el período fue exponencial, cercano al 900%. Esta evolución completó y acompañó el fortalecimiento de las bibliotecas y las colecciones que venimos describiendo. Ahora bien, las motivaciones que llevaron a este aumento no se agotan en la voluntad, con el correspondiente auxilio económico, de la Comisión Protectora de que haya más asociaciones como mayor cantidad de libros, sino que las causas de este fenómeno fueron múltiples. Por un lado, la inmigración y la migración interna, acompañadas por procesos de industrialización y urbanización, habilitaron una masa poblacional dispuesta a acercarse a las bibliotecas populares, que se iban creando y nutriendo de bibliografía de acuerdo a los requerimientos de la sociedad. Por otro lado, la escolarización y la alfabetización, junto con el incremento de la tirada de diversos escritos (periódicos, revistas, libros, folletos) que circulaban de forma asequible, consolidaron un hábito de lectura que luego se fue manifestado en estas bibliotecas.

Tabla 10. Lectores y lectoras de bibliotecas populares protegidas según cada provincia.