ARTÍCULOS
La Biblioteca Pública de la provincia de Buenos Aires en los orígenes de la ciudad soñada (1884-1898). Entre lo ideal y lo real
The Biblioteca Pública de la provincia de Buenos Aires in the origins of the dreamed city (1884-1898): between ideal and reality
Ayelén Dorta
Universidad Nacional de La Plata. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP – CONICET), Argentina / ayelendorta@gmail.com | https://orcid.org/0000-0001-9892-4102
Recepción: 08-02-2025
Aceptación: 30-05-2025
DOI: https://doi.org/10.34096/ics.i52.16722
Resumen
Entre las ilusiones iniciales y las concreciones materiales, el artículo busca reponer el lugar ocupado por la Biblioteca Pública de la Provincia de Buenos Aires en el programa fundacional de La Plata como ciudad soñada. En primer lugar, se da cuenta de las ideas e intenciones que dieron forma a un proyecto de biblioteca pública que, heredero del modelo nacido en 1810, supuso, no obstante, una renovación conceptual sin antecedentes en la historia argentina. En segundo lugar, se recuperan y ponen en contexto las intervenciones y condiciones de posibilidad que entre 1884 y 1898 terminaron por definir el diseño bibliotecario real. Finalmente, se concluye que durante el lapso de tiempo estudiado la Biblioteca Pública sentó las bases genéticas de un proyecto que no alcanzó su desarrollo pleno.
Palabras clave: Biblioteca Pública de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Belín Sarmiento, Clodomiro Quiroga, La Plata, Argentina
Abstract
Between the first illusions and the material realisation, the article seeks to restore the place occupied by the Biblioteca Pública de la Provincia de Buenos Aires in the foundational program of La Plata. First, there is an account of the ideas and intentions that led to the creation of a public library project that, although inherited the model born in 1810, represented a conceptual renewal without precedent in Argentine history. Secondly, the interventions and conditions of possibility that, between 1884 and 1898, determined the actual design of the library are recovered and contextualised. Finally, it is concluded that during the period under study, the public library was laying the genetic foundations for a project that it could not fully develop.
Keywords: Biblioteca Pública de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Belín Sarmiento, Clodomiro Quiroga, La Plata, Argentina
Los orígenes de La Plata como ciudad soñada involucraron una sucesión de proyectos y estrategias destinados a convertirla en un foco de irradiación científica y cultural para todo el territorio bonaerense. Tras el suceso de la federalización de 1880 y en una coyuntura nacional de “relativa paz social” (Halperín Donghi, 1998) signada, entre otros aspectos, por los procesos de conformación del Estado, la construcción de la nación, la articulación del país con los mercados internacionales y la secularización de las instituciones públicas, a Buenos Aires tocó entregarse de lleno a la resolución de su “cuestión capital”. Para ello, no alcanzaba solo con la necesaria creación de una nueva sede administrativa donde relocalizar los poderes públicos: se precisaba establecer una flamante cabeza bonaerense que actuara sobre el resto de núcleos poblacionales y permitiera, en palabras de Gustavo Vallejo, “redimir a la provincia de sus vicios y defectos” (2007: 98).
Con la antorcha del progreso en alto, Buenos Aires definió que la mayor extensión de lo que eran hasta entonces las desérticas lomas de Ensenada, habrían de convertirse en La Plata, su próspera capital. La tarea colosal implicaba construir la ciudad, poblarla y dar forma a un nuevo tejido social desde cero y en tiempo récord. Mucho más especialmente que cualquier otra ciudad hasta entonces conocida, La Plata emergía con la potencia del orden de los signos que, antes de toda concreción material, actuaban en el nivel de lo simbólico anticipando el alzamiento de una eminente ciudad letrada (Rama, 1995 [1984]). Aún no se habían trazado sus planos, tanto menos construido sus calles, casas, plazas e instituciones públicas, cuando en los documentos oficiales ya existía a la manera de pura especulación, como metrópoli ideal proyectada en la imaginación y la pluma de un vehemente elenco dirigente (Graciano, 2013; Vallejo, 2007, 2015, 2016). Su puesta en acto involucró el rápido despliegue de un entramado de instituciones que contemplaba las distintas reparticiones de la administración burocrático-estatal, la organización de instancias educacionales para los hijos de los funcionarios que abandonarían Buenos Aires, pero donde se asignaba, además, un rol central a la organización de espacios específicos de la cultura letrada y de la ciencia positiva (Graciano, 2013; Vallejo, 2007). Esto explica las prioridades expresadas en los planos encargados por el gobernador Dardo Rocha cuando todavía no se había logrado siquiera la sanción de la ley de fundación: por decreto de mayo de 1881 encomendaba iniciar el delineado de La Plata “conforme con el trazado de las ciudades más modernas” (Rocha en Salvadores, 1932: VII, L) e incluía, entre las obras iniciales que ocuparían el eje monumental, los tres “pilares del pensamiento ilustrado finisecular”: el Museo General, el Observatorio Astronómico y la Biblioteca Pública (Graciano, 2013; Vallejo 2016; 2007, 2001).
Entendiéndola como plenamente inserta en el proyecto de “nueva Capital”, en las páginas que siguen pondremos nuestra atención sobre esta última, la Biblioteca Pública. En particular, nos interesa reponer el despliegue inicial del espacio bibliotecario, atendiendo, en un primer momento, a las ideas que sentaron las bases para su puesta en marcha, al arquetipo imaginado por quienes decidieron sobre su destino. Seguidamente, procuramos describir y analizar cómo se organizó este primer montaje bibliotecario y cuáles fueron las formas efectivas que adquirió una vez iniciada su realización material. El recorrido propuesto abarca de 1884 hasta 1898 y busca comprender —a partir del análisis crítico de una diversidad de fuentes de época al momento no exploradas por otros ejercicios heurísticos (archivos administrativos que involucraron a la gestión de la Biblioteca, el Registro Oficial de la provincia, diarios de sesiones de las cámaras legislativas y diarios platenses, entre otras)— lo que identificamos como un momento genético en la historia institucional. Como veremos, aún con las distancias y matices que distinguieron las tres gestiones involucradas en estos catorce años —las correspondientes a Francisco Pascasio Moreno (1884-1886), Augusto Belín Sarmiento (1887-1891) y Clodomiro Quiroga (1891-1898)—, todas ellas participaron en la construcción elemental de una Biblioteca sobre cuyos cimientos, más tarde, se desarrolló cabalmente el programa original.
Orígenes de una representación ideal
Luego de una demora burocrática que perturbó al gobernador, en 1882 estuvieron disponibles las firmas requeridas para iniciar el levantamiento de la “nueva Capital” (Salvadores, 1932: VIII). El 19 de noviembre de ese mismo año se colocó su piedra fundamental y, por fin, Rocha pudo celebrar el acto de fundación. El tiempo perdido era compensado con trabajo ágil y sin pausa, movilizado por la urgencia inédita de llenar el vacío para “realizar las aspiraciones de los pueblos modernos” (Rocha, 1882: 465). Ante la ausencia local de mano de obra suficiente, con los abundantes fondos asignados como contraparte de la cesión hecha a nación, lo primero fue elaborar un programa de contratación e inmigración proletaria para iniciar el trazado de las calles y la construcción de los edificios públicos que, por circunstancias coyunturales, se concentró fundamentalmente entre los habitantes del norte italiano (Vallejo, 2015, 2001, 2000). Para 1883 comenzaron a arribar los primeros contingentes de trabajadores europeos y, tan sólo un año después, La Plata ya contaba con sus instalaciones y servicios elementales, progresaban las obras del puerto, las del tranvía, las del ferrocarril, la edificación de casas incrementaba gradualmente, crecían los locales de comercio e industria y se establecían los primeros centros educativos, al tiempo que la edificación de buena porción de los poderes públicos estaba concluida o próxima a concluir (Coni, 1885; Etchichury, 1914; Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Gobierno. Oficina de Estadística General, 1884). Aún cuando el levantamiento de sus edificios corrió suerte dispar, los tres pilares del pensamiento ilustrado decimonónico fueron, también, prontamente inaugurados. Inicialmente, solo estuvo disponible el edificio planificado para el Observatorio Astronómico, concluido y abierto al público en 1885 (Rieznik, 2010). La Biblioteca Pública y el Museo General, todavía sin recinto propio, pero con urgencia de inmediata apertura, fueron creados el 19 de septiembre de 1884. En consideración de que “la Provincia sin pérdida de tiempo debe empezar á [sic] formar los establecimientos que han de reemplazar á [sic] los cedidos” (Provincia de Buenos Aires. Cámara de Diputados, 1886), el gobierno bonaerense resolvió que de forma provisoria ambas dependencias funcionarían juntas, bajo la autoridad directa del Ministerio de Gobierno y en las espaciosas instalaciones del Banco Hipotecario Provincial.
A estas tres instituciones les fue asignado un rol central para la conformación de la ciudad imaginada. La “nueva Capital” corporizaba rápidamente, pero el levantamiento de la infraestructura edilicia contrastaba fuertemente con lo esperado respecto de la situación habitacional: el centro geográfico continuaba desolado y, aún cuando la población platense iba en aumento, faltaban los “intelectuales civiles” (Rama, 1995 [1984]) sobre quienes se cargaba la responsabilidad de promover el robustecimiento de una cultura científica, primero local y luego provincial. Sin esa base social semejante a la que sustentaba los distinguidos circuitos de sociabilidad porteños, con la supremacía y la capacidad requeridas para encauzar, desde arriba, la modelación ciudadana, el proyecto de La Plata quedaría en la utopía. Las “familias conocidas” (Coni, 1885: 158), la clase letrada bonaerense y los funcionarios públicos de la provincia, se rehusaban a resignar los privilegios que ofrecía la antigua capital, eludiendo incluso el deber normativo que la Ley de Residencia les imponía al indicar que todo trabajador público debía radicarse junto a su familia en las inmediaciones platenses (Salvadores, 1932). La Plata, entonces, debía volverse naturalmente atractiva a este sector, recreando su insigne vida cultural e intelectual, para lo que resultaba de primer orden dotar de vida al andamiaje oficial tan prontamente creado, pero cuya activa participación en la vida pública se hacía esperar.
En este contexto, ¿qué se esperaba, concretamente, de las instituciones propias del pensamiento ilustrado finisecular creadas por iniciativa del Estado y sostenidas con sus fondos? ¿Qué expectativas se depositaron sobre aquella que nos convoca en lo particular, la Biblioteca Pública de la Provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se la definió idealmente? Si la fundación de una Biblioteca fue prioritaria para la materialización de la ciudad, ¿de qué modo se esperaba que contribuyera a sus aspiraciones?
Como era de esperarse, la Biblioteca platense encontraba un indiscutible sustento de legitimidad simbólica en el movimiento que en 1810 había conducido a la institución definitiva de la biblioteca pública al fundar, de forma totalmente novedosa en nuestra nación, la responsabilidad del Estado en la creación y protección de un organismo que hasta entonces se hallaba bajo la órbita privada o eclesiástica (Parada, 2002). Heredera de aquella y de su “efecto de biblioteca” (Planas, 2019: 234), e incubada al calor del pujante positivismo de fin de siglo, la nueva Biblioteca Pública de Buenos Aires, conservaría una tendencia propia de la Ilustración europea que, con inclaudicable fe en el conocimiento, la comprendía como espacio de archivo y resguardo, al tiempo que destinado a un empleo pragmático del texto, propio de labores de estudio e investigación (Parada, 2009; 2002). Pero una lectura crítica del contexto sugería, además, el menester de introducir novedades conceptuales para promover la efectiva “consolidación del edificio social” platense (Provincia de Buenos Aires. Cámara de Diputados, 1887c: 146). Primero, se buscaron transformaciones vinculadas a la modernización del organismo, a fin de convertirlo en verdadero espacio de sociabilidad pública para letrados, al margen de los tradicionales ámbitos privados e informales; segundo, hubo quienes resaltaron la exigencia de asociar la biblioteca pública a las funciones estatales de educación popular.
Según los registros e investigaciones disponibles al momento, los orígenes de este cuestionamiento a la noción misma de biblioteca pública pueden rastrearse en una polémica que mantuvieron, durante las últimas décadas del siglo XIX, dos grandes protagonistas de la historia bibliotecaria en Argentina. Nos referimos a Domingo Faustino Sarmiento, ferviente defensor de las bibliotecas populares, a las cuales había logrado dar un impulso importante a partir de la sanción de la Ley 419; a Vicente Gregorio Quesada, director, por entonces, de la primigenia Biblioteca Pública de Buenos Aires y a la contienda que ambos mantuvieron a causa del porvenir de esta última. Sarmiento, abanderado de la lectura libre y de la ampliación del público lector, cuestionaba severamente que el Estado invirtiera recursos en el desarrollo de una biblioteca útil y atractiva solo a una minoría de “sabios imaginarios” (Planas, 2023: 93). Amparándose en el modelo republicano de Estados Unidos, proponía una biblioteca pública organizada en función de los gustos lectores de las mayorías, donde las decisiones de inclusión-exclusión de materiales no fueran patrimonio único de las élites letradas y con un sistema de circulación extramuros para todos aquellos materiales que, por su valor biblófilo y / o patrimonial, no requiriesen de cuidado especial. En el extremo totalmente opuesto, Quesada argumentaba que esas propiedades solo eran admisibles en el ámbito de las bibliotecas populares, mientras que en una biblioteca pública era inaceptable cualquier servicio de préstamo domiciliario, lo mismo que la incorporación de textos pertenecientes a un sistema literario que la Generación del 80 consideraba “remedo”. Antes bien, su función radicaba en el cuidado del patrimonio histórico bibliográfico y en el fomento de una sólida cultura científica entre lectores especializados, tarea que, por lo demás, solo podía estar a cargo de un restringido grupo de hombres con las aptitudes necesarias (Batticuore, 2010; Planas, 2023).
En tanto responsable del espacio, Quesada mantuvo la orientación erudita de la Biblioteca de Buenos Aires y, tras su nacionalización, Paul Groussac continuó e intensificó esos esfuerzos, convirtiéndola en un relevante centro de sociabilidad destinado a la intelectualidad porteña. Pero cuando Buenos Aires debió reemplazarla y crear una propia en La Plata, las resonancias de aquella tensión volvieron al centro de la escena y derivaron en una articulación bibliotecaria novedosamente situada en una posición intermedia. En algunos aspectos, se seguiría el modelo europeo defendido por Quesada, continuado y reforzado por Groussac. En otros, se insistiría en la vigencia de las premisas sarmientinas, incluso cuando el patrón estadounidense admirado por el sanjuanino fuera modificado según las exigencias de la coyuntura local. Los elementos en discusión fueron los mismos que habían enfrentado a Sarmiento y Quesada y que, según se observa en los registros históricos, sentaron los cimientos conceptuales de dos modelos bibliotecarios instalados en un imaginario social que se defendería y disputaría en la propuesta de proyectos, en los debates legislativos, en la cotidiana toma de decisiones y hasta en la difusión de notas y pedidos que circularon en los periódicos de turno. De modo que la historia inicial de la Biblioteca que nos ocupa es la crónica de una disputa (y una particular resolución práctica) por definir localmente las atribuciones específicas de la antigua institución.
En el impulso primario de esta actualización de sentidos tuvieron una centralidad especial las actuaciones de Augusto Belín Sarmiento, nieto del ex presidente, quien desde su designación como primer director dedicado exclusivamente a la Biblioteca Pública sostuvo con determinación que
dificilmente se presentaría mas propicia circunstancia para estudiar y aplicar la forma más ventajosa de organizar una Biblioteca, que al crearla en una ciudad tan nueva y tan apropiada para hacer experimentos que rompan las antiguas rutinas y consulten las necesidades modernas (1888b: 242).
Esos experimentos, que efectivamente Belín Sarmiento se encargó de promover activa y decididamente, habían iniciado, no obstante, con controversias incluso previas a su asunción, donde el eje de partida fue la demarcación de un potencial público lector.
Francisco Pascasio Moreno, director de la época en que la Biblioteca funcionó anexa al Museo, pensó en lectores mesocráticos y especializados cuando caracterizó una “Biblioteca de instrucción y de consulta” (Museo de La Plata, 1885-1889). En la prensa circularon, igualmente, comentarios como el de El Día, donde se refirió a la institución como una “donde los sábios [sic] y los erúditos [sic] van á [sic] buscar, á [sic] escudriñar los datos que les faltan para completar su estudio (...), para aumentar su bagaje intelectual ó [sic] para aplicar los conocimientos adquiridos á [sic] las obras que emprenden” (El Día, 22 de enero de 1887: 1). Y el mismo Belín Sarmiento reconoció la centralidad de este público cuando afirmó que “el Estado es quien puede y debe proporcionar á [sic] los eruditos los medios de serlo y está interesado en la alta cultura y en la producción intelectual” (1888b: 245), postura a la que, por lo demás, adhirieron sin cuestionamientos sus sucesores en el cargo.
Sin embargo, la progresista propuesta de incorporación de públicos no letrados no participó del mismo consenso. En un reclamo que se replicó a través del tiempo, la opinión pública expresada en los diarios demandó la organización de una Biblioteca oficial destinada “al público grueso, al público de empleados é [sic] industriales más bien que á [sic] los eruditos” (El Día, 27 de octubre de 1889: 1) y también en las cámaras legislativas existieron reclamos por una Biblioteca Pública para la “gente de trabajo”, para “la familia” (Provincia de Buenos Aires. Cámara de Diputados, 1887c: 147). A la cabeza del organismo, Belín Sarmiento adhirió muy especialmente al mismo parecer y procuró por distintos medios la creación de una “Biblioteca accesible para el sábio [sic] como para el ignorante, como medio de hacer penetrar la luz en las viviendas de los desocupados como en el chirivitil del pobre, en el taller del artesano y en el conventillo del gañán” (1888b: 242). Promovida desde el aparato estatal, esta apertura a públicos más amplios se alejaba de las ideas de lectura libre sarmientina, en tanto la aspiración era instituir una forma más de control y modelación sobre las prácticas de los sectores subalternos. Empero ello no obstó para que se levantaran fuertes resistencias, especialmente visibles en las diferencias expresadas al pautar la proyección ideal de las colecciones bibliográficas y sus modos admitidos o vedados de consulta y circulación.
En las deliberaciones relativas a la formación de los acervos, ningún actor negó que a la Biblioteca Pública concernía reunir materiales de archivo, fuentes históricas, al tiempo que repertorios de consulta y obras modernas. Desde funcionarios públicos hasta miembros de la sociedad civil coincidieron al definir la Biblioteca como el “archivo de los anales de la humanidad” (Lemée, 1898: 86), o como un “medio auxiliar y subsidiario ó [sic] complementario de los archivos públicos del Estado [donde] (…) se guardan raros y preciosos documentos y reliquias de su historia” (El Día, 5 de julio de 1892: 1). Y a ese carácter tradicional de los catálogos se adhirió en pleno consenso su reconocimiento como “el repertorio de las ciencias útiles” (Lemée, 1898: 86) y, en consecuencia, distintas figuras reclamaron colecciones que hicieran factible estar al corriente del “movimiento del pensamiento en la tierra” (Lemée, 1898: 86) y que permitieran “satisfacer las necesidades de investigación á [sic] que establecimientos de esta clase están destinados” (Provincia de Buenos Aires. Cámara de Diputados, 1887c). Las diferencias de parecer se suscitaron a razón de críticas y llamados de atención promovidos, inicialmente y una vez más, por Belín Sarmiento. El nieto del ex presidente nunca desconoció ni dejó de esmerarse por adquirir “cuanto documento requiere la investigación y el estudio algo profundizado” (Belín Sarmiento, 1888b: 244), aunque sí encabezó, paralelamente, una crítica y un llamado de atención hacia la comprensión, firmemente instalada, de las colecciones públicas como exclusivamente ligadas a las funciones de archivo y trabajo erudito. Desde su nueva posición privilegiada en el ámbito bibliotecario, volvió sobre los argumentos de su abuelo para censurar a las bibliotecas que, a título de “públicas”, ofrecían un fondo bibliográfico “sólo útil para un número reducidísimo” (Belín Sarmiento, 1888b: 243), presentándose por tanto como una forma bibliotecaria añeja:
la antigua forma de las Bibliotecas que se ha perpetuado en las ciudades europeas y han conservado las colonias españolas, responde á un objeto muy determinado, cual es reunir grandes colecciones de lo que ha producido el espíritu humano para servir como vastos campos de investigación donde el hombre de letras pueda descubrir y combinar ideas; en una palabra, son receptáculos de libros antiguos para escribir nuevos libros (Belín Sarmiento, 1888b: 242).
Desde este esquema interpretativo, la creación de un Estado nacional sólido y de una “nueva Capital” tan prominente como el optimismo finisecular permitía imaginar, exigía aún más de las instituciones públicas. Unida en su misión educativa a las escuelas, la biblioteca defendida por Belín Sarmiento participaba activamente en la educación de las masas, dando acceso a la lectura útil e instructiva “que proporciona á [sic] todos conocimientos y cuando menos entretenimiento y pasatiempo, (…) abriendo horizontes nuevos a la inteligencia y elevando las aspiraciones y la razón” (1888b: 243). La proposición no era aislada ni desatinada: atendía a demandas que se replicaron paulatinamente en la prensa (El Día, 22 de enero de 1887: 1; El Día, 28 de abril de 1894: 1) y respondía al creciente interés oficial en atender a la formación pedagógica del pueblo. Pese a ello, y aún cuando Belín Sarmiento reconoció que un acervo de semejante tenor solo podía ser seleccionado por expertos capacitados para discriminar lo bueno de lo malo o sospechoso, el planteo concentró numerosos detractores que se rehusaron a la idea de una biblioteca pública compartiendo anaqueles con textos que podían encontrarse de ordinario en cualquier librería o biblioteca popular.
Respecto a las posibilidades de circulación bibliográfica en instituciones oficiales, nuevamente fue Belín Sarmiento quien tomó la delantera al objetar la taxativa distinción que admitía el préstamo domiciliario para las bibliotecas populares, pero lo rechazaba de plano para las públicas. En un alegato que recuperó las razones esgrimidas por el ex presidente (Planas, 2023, 2017), defendió la conveniencia de adoptar un sistema mixto de préstamo que restringiera la salida de obras de valor patrimonial y fuentes de consulta, pero habilitara la circulación de todas las restantes. Según señaló, si no se comprendía que la Biblioteca estaba “encargada de llevar el libro á [sic] buscar al lector en su domicilio, donde pueda (…) dedicarle sus momentos desocupados”, este espacio resultaría ajeno a la predominante clase trabajadora “que sabiendo leer no puede costearse á [sic] la biblioteca á [sic] perder las horas que sus ocupaciones absorben” (Belín Sarmiento, 1888b: 243).
Para la sociedad eran conocidos esos argumentos, lo mismo que el sustento que hallaban en la referencia a Estados Unidos, donde la práctica funcionaba con éxito. De manera que, una vez más, la polémica reanudada no se dirimió exclusivamente en el terreno de las cámaras ni en el acotado reducto de la clase dirigente. Entre expresiones de aprobación y resistencia, El Día se hizo eco de opiniones encontradas. A poco de reactivarse la discusión, un anónimo destacó las utilidades públicas del servicio al aducir que
para que la biblioteca entre á [sic] formar, como la escuela, parte del movimiento intelectual del pueblo, es menester que ofrezca las mayores comodidades de lectura. Sabemos que el señor Belín Sarmiento es partidario de la distribución de libros á [sic] domicilio, práctica que oficialmente es desconocida entre nosotros, pero que es usual en los Estados Unidos, como podríamos demostrarlo citando simplemente nombres. El gobierno debe autorizar esta innovacion [sic], como que consulta intereses generales que no deben descuidarse (El Día, 27 de octubre de 1889: 1).
Postergado en la agenda y todavía sin resolución, el dilema recobró visibilidad tras un nuevo reclamo por el pronto y favorable despacho del “proyecto que destina á [sic] circular á [sic] domicilio los libros (…) que existen empolvándose en los estantes de nuestra biblioteca pública” (El Día, 4 de julio de 1892: 1). Esta vez, opositores al planteo reaccionaron de inmediato con objeciones concentradas en los riesgos que el préstamo representaba para la conservación material de las colecciones: “¿En qué razones se funda para aconsejar una medida de tan graves consecuencias? (…) ¿Dónde ha visto que los libros salidos fuera de una biblioteca, sea pública o privada, hayan vuelto á [sic] sus estantes en toda su integridad?” (El Día, 5 de julio de 1892: 1). La crítica recaía sobre cualquier modalidad de circulación bibliográfica en bibliotecas, pero juzgaba del todo inaceptable que esta práctica, finalmente admitida en otros espacios, se extendiera al eminente ámbito de una biblioteca pública, “pues que no [se] debe ignorar que de esta clase [circulante] no son ni han sido jamás las bibliotecas públicas del gobierno (…) las bibliotecas públicas oficiales de todas partes del mundo no hacen circular sus libros” (El Día, 5 de julio de 1892: 1). A la nota siguió otra réplica a favor del servicio y, sin resolución concluyente, la discusión se extendió durante años que se hicieron décadas.
Priorizar la conservación de valiosas colecciones y asegurar su disponibilidad para la consulta in situ de letrados versus promover prácticas lectoras entre las mayorías recientemente alfabetizadas, fueron los dos extremos de un largo desencuentro entre quienes comprendían que se trataba de roles compatibles y quienes los consideraban mutuamente excluyentes. En este sentido, fueron fundamentalmente dos elementos los organizadores de un debate que, a partir de los “experimentos” practicados en La Plata, articulaba una representación ideal de biblioteca pública. De un lado, se trataba de las funciones que era propio atribuir al organismo; del otro, de la clase de espacio a modelar en las inmediaciones de la misma Biblioteca. En la definición de sus funciones, no se puso en tela de juicio la responsabilidad de contribuir con el cometido historiográfico de relevamiento y relectura del pasado, a través de la reunión, conservación y puesta a disposición de materiales de archivo y de alto valor patrimonial, en especial vinculados a la memoria local y rioplatense. También hubo consenso al asignarle la moderna competencia de fomentar una cultura científica y una sociabilidad letrada, necesarias para el robustecimiento interno de la aún embrionaria vida intelectual y para la consecuente construcción del “edificio social” deseado. Finalmente, y aunque sin plena claridad respecto de las formas precisas de atender a ello, se admitió la necesidad de que la Biblioteca interviniera como faro provincial para participar en la instrucción de las masas, aunque sin caer en el descuido de los más relevantes cometidos “ilustrados”. Al delinear los contornos ideales del espacio, en tanto, se convino sin vacilaciones que la Biblioteca sería ámbito de resguardo bibliográfico, de estudio e investigación y, aún más, de encuentro erudito. La cuestión no resuelta remitía, una vez más, a la incorporación de los sectores subalternos. Las puertas de ningún modo permanecerían cerradas para algunos y abiertas para otros, pero, el diseño de una biblioteca pública, ¿debía cobijar a los no letrados? ¿O era esta una competencia particular de las bibliotecas populares? Estos dilemas que, hasta donde es posible conocer por los registros documentales, no hallaron resolución discursiva, fueron finalmente zanjados en la realización material de la Biblioteca Pública.
La Biblioteca real
Razones de distinto orden condujeron a que la puesta en acto del espacio bibliotecario fuese inicialmente lenta. Como analizamos con detenimiento en una indagación previa (Dorta, 2019), la designación del naturalista Francisco Pascasio Moreno para el cargo de director del Museo General y de la Biblioteca Pública, junto a la falta de recursos suficientes, fueron las razones centrales que, entre 1884 y 1887, impidieron a la Biblioteca concretar su impulso creador. Mientras los dos organismos compartieron director, presupuesto y espacio, el progreso de esta última se limitó a la reunión de unas colecciones iniciales y a la incipiente organización de reducidas porciones de ese fondo que, en muchos casos, no contó siquiera con mobiliario adecuado para su correcta disposición.
El 18 de enero de 1887, el gobernador Carlos D‘Amico ordenó la separación legal y administrativa de ambos organismos, junto a la “creación de una dirección especial que fomente y atienda de una manera directa las necesidades de la Biblioteca” (Provincia de Buenos Aires, 1887: 20, 21). Asimismo, considerando que era “urgente abrir la Biblioteca de la Provincia al servicio público y darle una organización [sic] que responda á [sic] las necesidades de la instrucción general y á [sic] los fines de la institucion [sic]” (Provincia de Buenos Aires, 1887: 20, 21), autorizó la provisoria designación de Augusto Belín Sarmiento como director de la Biblioteca y el nombramiento, como trabajadores de esta institución, de tres empleados que pertenecían al Museo: el inspector bibliotecario, devenido en secretario; el escribiente y el ordenanza. Prontamente, la noticia fue celebrada por la opinión pública como una
medida doblemente benéfica (…) porque, á pesar de toda buena voluntad de que creemos animado al Sr. Moreno, era materialmente imposible que el Director del Museo atendiera con igual empeño la dirección de aquella. Luego, una biblioteca es un templo que requiere mil cuidados y cierto amor á [sic] los libros. (…) El trabajo que cuesta á [sic] su Director el arreglo del museo (…) no le permite consagrar mucho tiempo á [sic] la Biblioteca que, por si sola, constituye otro tanto trabajo. Hay además el amor profundo que profesa el Sr. Moreno por su museo, pues habiéndole creado puede casi decirse que es de él, lo que podría inclinarlo á [sic] consagrarse mas á [sic] este que á [sic] aquella. Siendo por lo menos la biblioteca tan útil como el museo, el Gobierno obra perfectamente al ponerla bajo otra dirección y esperamos que seguirá empeñandose [sic] en tan importante institución (El Día, 22 de enero de 1887: 1).
La elección de Belín Sarmiento para dar comienzo a la organización real de la Biblioteca no fue azarosa. Cuando asumió el cargo tenía 33 años y una experiencia de trabajo en bibliotecas que no se limitaba a las funciones de inspector bibliotecario cumplidas en esta misma institución durante 1885 (AHPBA, MOP, 1885, Exp. 407, Arch. 2930), también había ejercido como director de la Biblioteca y Reparto de Libros —siendo destacada su labor por haber logrado que el establecimiento entrara “en un período de satisfactoria organización” (Lucero, 1910: 583)— y como director de la Biblioteca Pública de la Provincia de San Juan (Piccirilli, Romay y Gianello, 1953-1954). Hijo del reconocido impresor francés Julio Belín y de la maestra Ana Faustina Sarmiento, nieto de vínculos estrechos del ex presidente Sarmiento, el nuevo director de la Biblioteca había crecido en un ámbito de letras y política y en él se desarrolló profesionalmente. Como era habitual entre los intelectuales de la Generación del 80 (Jitrik, 1968), debía buena parte de su formación a la academia europea y a la experiencia y los conocimientos adquiridos en los viajes por el exterior (Lima, Washington y distintos puntos de Europa). Cursó en la escuela militar de la West Point, estudió educación popular en París y, entre Europa y Argentina —donde se radicó de manera estable en Buenos Aires a partir de fines de la década de 1870—, se desempeñó como publicista, escritor, redactor, traductor oficial, diplomático, impresor y, entre 1882 y 1889, como convencional constituyente provincial en el proceso que condujo a la sanción de la tercera Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Fue, asimismo, un reconocido bibliógrafo y bibliófilo que pertenecía al restringido círculo intelectual integrado por hombres como Julio Argentino Roca, Leopoldo Lugones, Onésimo Leguizamón, Roque Sáenz Peña, Dardo Rocha, José Ingenieros y Marcelino Ugarte, entre otros (Castro, 1946; De Luca, 2008; Piccirilli, Romay y Gianello, 1953-1954; Llovet, 1967; Santillán, 1956; Wright y Nekhom, 1994). Se entienden, así, las expectativas depositadas en su arribo a la institución platense, que fue aplaudido por quienes, como el diputado Florencio Madero, consideraban que “el señor Belín Sarmiento, al frente de la Biblioteca, es una garantía para todos (…). Nos facilitará muchísimo los trabajos de consulta y los libros estarán en condiciones muy distintas de las que hoy se encuentran” (Provincia de Buenos Aires. Cámara de Diputados, 1887f).
Efectivamente, esta designación marcó el verdadero inicio de la Biblioteca Pública, que fue acompañado, de un lado, por el tratamiento de una variedad de proyectos presentados por distintos actores y con los que se buscó fijar las formas y funciones institucionales precisas; del otro, por las concreciones materiales que hicieron posible su despliegue.
El primero de los proyectos, como era de esperar, regularizó la situación de anomalía que, en la práctica, llevó a que Belín Sarmiento cumpliera funciones de cabeza institucional, pero sin recibir pago por ello. El 1 junio de 1887, los diputados Madero y José Fonrouge solicitaron el abordaje de un breve proyecto de ley creando el puesto de director de la Biblioteca Pública, “un empleo que hace mucha falta a la administración y que ha quedado fuera del presupuesto” (Provincia de Buenos Aires. Cámara de Diputados, 1887d: 94). Dos semanas más tarde, la cámara baja aconsejaba su sanción con unanimidad de los representantes (Provincia de Buenos Aires. Cámara de Diputados, 1887c) y, para agosto del mismo año, los senadores hacían lo propio considerando que “este proyecto se funda por si mismo. Existe una biblioteca pública y una persona desempeñando el puesto de bibliotecario, sin sueldo” (Provincia de Buenos Aires. Senado, 1887a: 93). Sancionada la Ley en ese mismo mes (Provincia de Buenos Aires. Cámara de Diputados, 1887a: 1026), Belín Sarmiento, desde entonces con firma y sueldo, intensificó sus actuaciones en la Biblioteca que, según afirmó, todavía era “apenas un proyecto” (Llovet, 1963).
Se cumplía el aniversario número diecisiete de la aprobación de la Ley 419 de protección y fomento a las bibliotecas populares a nivel nacional (Planas, 2017), cuando el 23 de septiembre de 1887 el nieto de Sarmiento retomó los fundamentos de aquel programa —fuera de vigencia desde 1876— para elaborar uno propio en jurisdicción bonaerense. Desde el esquema de argumentaciones que presentamos en el primer apartado, Belín Sarmiento empezaba por señalar “conceptúo que mis funciones no deben limitarse a la conservación de lo existente” y, acto seguido, enfatizaba en la necesidad de que “el problema de la educación del pueblo” comprendiera “en su esencia y no sólo como un accesorio la biblioteca”, institución que debía hallarse “al alcance de todo habitante” para que la instrucción no resultara “trunca é [sic] inútil” (Belín Sarmiento, 1888a). Respaldándose en los antecedentes estadounidenses, en los éxitos del programa desarrollado por su abuelo e, incluso, en una idea que el mismo ex presidente había tenido en 1874 cuando imaginó una gran Biblioteca General de Buenos Aires de la que pudieran desprenderse otras decenas de bibliotecas organizadas y sostenidas por los particulares, pero con respaldo oficial (Sabor Riera, 1974), propuso la inauguración de una Comisión Protectora de Bibliotecas Populares de la provincia de Buenos Aires que funcionara en dependencia de la Biblioteca Pública y bajo la autoridad directa de su jefe máximo, con acompañamiento de representantes que cumplirían tareas ad honorem. En concreto, el proyecto contemplaba: a) la obligación para la administración escolar de destinar, en la escuela de cada partido, un salón con objeto permanente de biblioteca popular y b) la incorporación al presupuesto de la Biblioteca de una suma mensual para la compra de materiales bibliográficos que serían rigurosamente seleccionados por los miembros de la Comisión y remitidos a las respectivas bibliotecas populares. Sin pasar por la Legislatura, la creación de esta Comisión se aprobó al mes siguiente, el 19 de octubre de 1887, por determinación directa del gobernador, admitiéndose para sus gastos corrientes los $1000,00 m/n mensuales solicitados por Belín Sarmiento (Provincia de Buenos Aires, 1887: 671, 672; Provincia de Buenos Aires, 21 de noviembre de 1887; Provincia de Buenos Aires. Ministro de Obras Públicas, 1888). La novedad fue aplaudida por todos y replicada en términos laudatorios en las páginas de la Revista de La Plata (Belín Sarmiento, 1887), del diario El Día (7 y 8 de noviembre de 1887) y, hasta donde hemos podido revisar, en La Educación Común (Provincia de Buenos Aires, 8 de noviembre de 1887).
Que el gobierno considerara “de urgente utilidad para la instrucción general de la Provincia el fomento de las Bibliotecas populares en la forma proyectada por el Director de la Biblioteca Pública” (Provincia de Buenos Aires, 1887: 671, 672), consistió en el más significativo reconocimiento oficial de la necesidad de actualización de los alcances conceptuales y prácticos que permanecían vigentes, casi sin variaciones, en la institución nacida hacia 1810. Se trató de la innovación que habilitó, por primera vez en la historia argentina, la vinculación de los sentidos de las bibliotecas públicas con aquellos propios a las bibliotecas populares. Sin embargo, esta intensión expansiva también representó el límite admitido por las ideas fuertemente arraigadas que asociaban el concepto de biblioteca pública a lectores especializados.
En efecto, si bien la creación de la Comisión fue aceptada sin resistencias e incluso celebrada por la clase dirigente y por la sociedad civil, el siguiente proyecto presentado por Belín Sarmiento no gozó del mismo consenso. La propuesta de habilitar, en el propio recinto de la Biblioteca Pública, una sección de carácter popular y con préstamo domiciliario fue formalmente presentada al ministro de Obras Públicas en abril de 1888 (Belín Sarmiento, 1888b), aunque desde junio del año anterior los rumores de esta iniciativa ya circulaban en la prensa y cosechaban adherentes y detractores (El Día, 17 de junio de 1887: 1). Sin entorpecer el normal funcionamiento de la Biblioteca Pública ni el debido cumplimiento de sus competencias de acopio y conservación patrimonial, en la lectura del director no haría falta más que seleccionar de su fondo los libros que no podrían salir y establecer el cobro de una contribución mensual no mayor a $0,50 m/n, para hacer posible la circulación bibliográfica extramuros en el territorio municipal. De esta forma, la ciudad capital podría contar con un espacio de lectura popular inexistente hasta entonces y, según argüía con dureza, se evitaría que el organismo bajo su autoridad quedase “estacionario, sino en retroceso”, como la Biblioteca Nacional dirigida por Paul Groussac, donde “dado el aumento de la población, la cifra de lectores del año 87, es cinco veces menor comparada con la del año 45” (Belín Sarmiento, 1888b: 243). En el paisaje de época, empero, la visión dominante se correspondía con la defendida por Groussac: a las bibliotecas oficiales no concernía alojar obras populares ni hacer lugar a forma alguna de préstamo domiciliario. Así, aun cuando la preocupación por instalar una biblioteca circulante en las inmediaciones de la Biblioteca Pública volvió al centro de escena en repetidas ocasiones, la insistencia de Belín Sarmiento no alcanzó para lograr la aceptación de esta novedad bibliotecaria.
De forma simultánea a la presentación de estas originales propuestas, el director avanzó con las gestiones indispensables “con respecto á [sic] conseguir un local definitivo” (Belín Sarmiento, 1888b: 236) que permitiera la organización elemental de la Biblioteca y la consecuente habilitación de un normal servicio público. Todas ellas resultaron estériles, hasta que en octubre de 1887 el diputado Goyena presentó un proyecto destinando los salones del piso alto de la Legislatura para asiento de la Biblioteca Pública y asignando a los gastos que implicaría el traslado unos $8.000,00 m/n por única vez (Provincia de Buenos Aires. Cámara de Diputados, 1887e). Tratada sobre tablas el mismo día de su introducción en la cámara baja, la iniciativa parlamentaria tuvo una recepción general favorable y, con la anuencia de ambas cámaras, la ley de traslado fue sancionada para noviembre de 1887, permitiéndole a Belín Sarmiento iniciar la mudanza de inmediato (Belín Sarmiento, 1888b; Provincia de Buenos Aires. Cámara de Diputados, 1887b; Provincia de Buenos Aires. Senado, 1887b).
Resueltas estas cuestiones básicas para el ordenamiento de la Biblioteca, por decreto del gobernador bonaerense del 4 de febrero de 1889 se anexó a sus funciones y se dejó bajo autoridad inmediata de su dirección la gestión de un Depósito General y Distribución de las Publicaciones (El Día, 3, 4 y 5 de febrero de 1889: 1; Provincia de Buenos Aires, 1889). Así, se adherían a la Biblioteca Pública las competencias de reunión, conservación, organización y distribución de una porción (indeterminada) de: las publicaciones oficiales, las publicaciones subvencionadas con el erario público y las publicaciones adquiridas por compra o suscripción por las distintas oficinas, departamentos y reparticiones provinciales, si es que ellas se encontraban en sus archivos o depósitos especiales. Con una porción de ellas se nutriría la misma Biblioteca Pública, pero también se destinarían materiales en donación a las bibliotecas populares de la campaña y, en canje o venta, a otras instituciones públicas y privadas (Provincia de Buenos Aires, 1889).
Fueran finalmente aprobados, rechazados o perecieran en el olvido, estos proyectos —su fecunda sucesión en un acotado lapso de tiempo— evidenciaron la voluntad e interés de dar forma real al arquetipo ideado discursivamente. Con ellos se organizó el marco regulatorio que puso a andar la maquinaria de biblioteca. En principio, se requería personal abocado de forma exclusiva a su organización y atención cotidiana, algo que comenzó a solucionarse con la designación de Belín Sarmiento como director y con la creación de los cargos de oficial primero, oficial segundo y portero (Provincia de Buenos Aires. Senado, 1888). A continuación, la asignación de los altos de la Legislatura hizo posible una definitiva ordenación de los acervos y de los servicios. Si en noviembre de 1887 se había aprobado la Ley de traslado, en diciembre la mudanza estaba en curso y, al menos para abril de 1888, ya era una realidad (Belín Sarmiento, 1888b; El Día, 31 de diciembre de 1887). Como observó Belín Sarmiento, el anterior edificio del Banco Hipotecario resultaba “insuficiente para abrir el establecimiento al servicio público” y “no permitía proceder á [sic] una organización definitiva de la catalogación” (1888b: 237), con lo cual esta empresa inició una vez instalada la Biblioteca en su nueva sede. Allí el director se ocupó de repartir las salas disponibles en función de los servicios a prestar y del caudal bibliográfico a ordenar, apartó espacios y solicitó mobiliario específico para los distintos tipos de colecciones, para el trabajo del personal, para la recepción de lectores, para la lectura en sala, para un deseado taller de encuadernaciones, para el funcionamiento de la Comisión Protectora y, más tarde, para la anexión del Depósito General (AHPBA, MOP, 1887, Exp. 40, Arch. 3050; Belín Sarmiento, 1888b; El Día, 3 de mayo de 1888). Una vez instalado lo esencial, avanzó con las tareas de catalogación y también se interesó en el arreglo estético del recinto (Belín Sarmiento, 1888b; AHPBA, MOP, 1887, Exp. 31, Arch. 3028; AHPBA, MOP, 1887, Exp. 107; Arch. 3448). En simultáneo, continuó el trabajo por el enriquecimiento de las colecciones, algo que requirió la revisión de lo existente, la detección de faltantes y la distinción de prioridades: se compraron obras de referencia, algunas revistas, se abonó y recepcionó un importante encargo hecho a Zinny bajo la gestión de Moreno para la recopilación de obras históricas rioplatenses y de las provincias argentinas y, gracias a las incipientes relaciones de canje establecidas, se incrementaron los acervos con algunas obras de procedencia internacional (Ministerio de Gobierno. Oficina de Estadística Central, 1889; Paz y Gonnet, 1888; Zinny, 1887). Después de un arduo trabajo puertas adentro, el 7 de julio de 1888 se informaba la regular apertura del servicio público (Llovet, 1967).
Con todo, el ingreso de los lectores a la Biblioteca fue acompañado de algunas críticas y reclamos. Registros periodísticos de distintas fechas advierten, en primer lugar, que la atención al público no se mantuvo constante desde la confirmación de apertura. En febrero de 1889 una nota lamentaba que “la Biblioteca Pública aún no está habilitada” (El Día, 24 de febrero de 1889: 1) y a ella le siguieron sucesivos avisos de cambios en el horario de atención (El Día, 16 de noviembre de 1889; El Día, 25 de febrero de 1891; El Día, 3 de abril de 1891; El Día, 16 de mayo de 1891). Vinculado a lo anterior, existieron solicitudes para que permaneciera abierta en horarios no coincidentes con la jornada laboral o escolar y pudiera ser concurrida y aprovechada por mayor número de ciudadanos platenses (El Día, 27 de octubre de 1889; El Día, 16 de noviembre de 1891). Y, por último, circularon cuestionamientos “acerca de algunas deficiencias” (El Día, 16 de noviembre de 1889) que referían a la presunta itinerancia en la prestación de servicios, a la supuesta falta de organización de los acervos, a la ausencia de catálogos o a falencias en los escasos catálogos disponibles y que llegaron al extremo juicio del diario El Día, cuando uno de sus propios columnistas escribió:
Hace unos días hicimos conocer de nuestro lectores, que en La Plata existía una Biblioteca pública (...), ignorada por todos.
También dimos la noticia de que la Cámara, entre las economías que haría, suprimiría al Bibliotecario y demás personal, dejando el establecimiento al cuidado de un mayodormo, hasta mejores tiempos de bonanza financiara.
Hoy nos toca llevar á [sic] conocimiento del público, que el P. E., á [sic] fin de que no sea tan inútil el gasto ocasionado por el personal, ha resuelto que la Biblioteca se abra de noche (...) (24 de enero de 1891: 1).
Según indicaban esas líneas la inminente parálisis de la Biblioteca se había frenado, pero poco tiempo después se hacía efectivo el anunciado retiro de fondos. Por decreto del poder ejecutivo, en abril de 1891 se suprimían, de la partida asignada a la Biblioteca, los cargos de oficial segundo, encargado de la oficina de publicaciones y de ordenanza y, junto a ello, los gastos correspondientes a compra de libros, encuadernaciones y gastos de la Comisión Protectora. Más tarde, en junio del mismo año, se llegó incluso a suspender la partida correspondiente al cargo de director del establecimiento (Provincia de Buenos Aires. Cámara de Diputados, 1892a, 1892b). Estos movimientos, como señala Llovet (1963) en su recorrido por uno de los libros copiadores de la Biblioteca, posiblemente fueran advertidos por Belín Sarmiento como parte de una maniobra política en su contra justificada en la crisis financiera de 1890 que, efectivamente, estaba promoviendo una fuerte retracción del Estado. En consecuencia, para julio de 1891 terminó decidiéndose por la renuncia al cargo de director, sustituyéndole provisoriamente el oficial primero Amador Mateos (Palcos, 1934).
En marzo de 1892 fue “restablecido con economía el puesto de Bibliotecario que estaba suprimido” (Provincia de Buenos Aires, 1892: 476) y, también, los correspondientes al auxiliar (o encargado de la oficina de publicaciones) y al ordenanza (Provincia de Buenos Aires, 1892: 161). Ciertamente, estas extrañas actividades administrativas alimentan las sospechas de que fueran parte de una estrategia para promover la renuncia de Belín Sarmiento, pero, en cualquier caso, el restablecimiento de las partidas destinadas a salarios no representó la reparación necesaria para detener el estancamiento previamente advertido. A sabiendas de las dificultades económicas que enfrentaría en su gestión, Clodomiro Quiroga asumió como nuevo director de la Biblioteca (El Día, 6 de marzo de 1892).
Clodomiro Quiroga nació en 1838 en la provincia de San Juan, siendo su padre José Santiago Quiroga Alvarez un integrante activo de la clase dirigente local y nacional. En el Colegio Superior del Uruguay se graduó de Profesor de Derecho y Traductor Público de Inglés. Pese a las diferencias etarias, la proximidad territorial y de ideas le hizo cercano de Domingo Faustino Sarmiento, quien lo llamó “mi amigo” (1900: 255). Con el ex presidente compartió su estadía oficial en Estados Unidos y coincidió, de distintas maneras, en su dedicación al estímulo de la educación popular. En tanto traductor oficial y privado, Quiroga publicó ediciones en español de obras en inglés requeridas por Sarmiento (1899) para su proyecto educativo y bibliotecario. Fue autor de títulos que cobraron importancia como instrumentos para la formación de educadores, tales como Manual del Ciudadano y Comentario de la Constitución. Ocupó cargos públicos de diversa índole: en 1873 fue nombrado subsecretario del Ministerio de Culto, entre 1874 y 1880 se desempeñó en el Colegio Superior del Uruguay como rector y profesor de inglés e instrucción cívica, en 1881 se le designó cónsul argentino en el Callao y en 1888 asumió el cargo de profesor de gramática en el Colegio Provincial de La Plata. Como parte de su actividad bibliográfica elaboró y publicó recopilaciones de documentos oficiales, aunque su vínculo con el ámbito de las bibliotecas y la documentación fue mucho más allá: a fines de la década de 1860 estuvo a cargo de la Biblioteca del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, en 1870 el ejecutivo nacional decretó la creación de la Biblioteca y Reparto de Libros y lo nombró como su primer director y, en el marco de formación del nuevo aparato institucional bonaerense, en 1884 fue designado como archivero del Ministerio de Gobierno (AHPBA, MG, 1886, Leg. 16, Exp. 1137; Argentina. Registro Nacional, 1884; Avellaneda, 1879; Cutolo, 1968; El Día, 11 de abril de 1897; Lucero, 1910; Quiroga, 1879; Quiroga de Frassoni, 1996). Ante la compleja coyuntura nacional y provincial, estos antecedentes, conocimientos y vínculos profesionales e intelectuales del nuevo director fueron en buena medida los que permitieron sostener, en lo elemental, a la todavía naciente Biblioteca Pública.
La escena era dramática. Hacia fines de la década de 1880-1890, la rivalidad entre Rocha y Roca dejaba ver sus efectos más severos. La crisis económica y la agitación política que iniciaron con Roca se acentuaron y colapsaron tras la asunción de Miguel Juárez Celman como presidente y el posterior arribo de Máximo Paz al frente del gobierno de Buenos Aires, ambos pertenecientes al Partido Autonomista Nacional. En el cierre de 1889 la inversión extranjera quedó interrumpida y los bancos del exterior dejaron de dar préstamos a la Argentina, lo que derivó en una crisis monetaria y en una depresión comercial profundas. En paralelo, el surgimiento de la Unión Cívica y las rebeliones que le sucedieron crearon un clima de permanente convulsión política que afectaría intensamente la vida pública nacional y de la capital bonaerense en particular. En este contexto, la caída de Juárez Celman en 1890 y la subsiguiente llegada del gobierno de coalición de Carlos Pellegrini fueron acompañadas de estrictas medidas de austeridad y de un progresivo deterioro en las condiciones de funcionamiento del aparato estatal y en las condiciones de vida de la población general (Rock, 2006; Sabato, 2012; Ternavasio, 2013). Así se comprende que el desarrollo del proyecto bibliotecario, sin perder relevancia simbólica ni estratégica en el plan trazado por la élite dirigente, sufriera los efectos de una sucesión de emergencias frente a las cuales sin dudas no representó una prioridad.
Sin aprobación de la Legislatura provincial en 1892 el ejecutivo restituyó por decreto la partida presupuestaria correspondiente a la Biblioteca Pública. No obstante lo cual, el recorte para ella fue procaz: se conservaron cuatro de los cinco cargos vigentes hasta el momento, eliminándose el puesto de ordenanza del servicio nocturno y, si bien el oficial primero, el auxiliar de servicio y el ordenanza mantuvieron iguales sus salarios, el pago correspondiente al cargo de director fue reducido en casi un 40% con respecto al presupuesto de 1891. Y había aún más: el presupuesto eliminaba los ítems correspondientes a gastos para encuadernación, compra de libros y sostén de la Comisión Protectora, que en total sumaban $1480,00 m/n, para dejar tan solo unos $20,00 m/n destinados al genérico “gastos de oficina” (Provincia de Buenos Aires, 1892). La realidad era magra, pero se pondría peor. Entre 1893 y 1896 la Biblioteca, del mismo modo que otras dependencias, volvió a desaparecer del presupuesto provincial. A solicitud de Quiroga, en 1893 el ministro de Obras Públicas autorizó que la Contaduría General liquidara mensualmente $200,00 m/n para encuadernaciones, compra de libros, canje y reparación de muebles y $50,00 m/n para pago de alumbrado, pero estos montos no fueron girados de modo constante (AHPBA, MOP, 1892, Exp. 108, Arch. 4031; AHPBA, MOP, 1893, Exp. 11, Arch, 4035; El Día, 11 de febrero de 1893; El Día, 19 de febrero de 1893). En tanto, con dificultad y previsibles demoras, los trabajadores pudieron recibir el pago por las tareas realizadas gracias a la sanción de leyes de la Legislatura o del ejecutivo que ordenaron pagar, a todo el plantel provincial suprimido del presupuesto anual, el salario correspondiente a las funciones que de facto hubieren cumplido (Provincia de Buenos Aires. Cámara de Diputados, 1894a, 1894b, 1895; Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Obras Públicas, 1894-1895, 1896). Recién en 1897 la partida para la Biblioteca Pública fue restablecida con regularidad. A partir de entonces, todos los cargos tuvieron un aumento que varió entre el 20% y el 25%; se incorporaron dos empleados (un escribiente y un segundo ordenanza) y aumentaron levemente los gastos “de oficina”, que quedaron en $100,00 m/n, pero continuaron resultando insignificantes para cualquier forma de adelanto institucional (Provincia de Buenos Aires. Cámara de Diputados, 1896a, 1897).
Siendo este el marco de circunstancias, el escaso personal de la Biblioteca debió limitarse a sostener, con esfuerzo, los progresos alcanzados al momento. Puertas adentro, lo primero fue continuar con la organización de las colecciones. Luego de un proceso que inició por la descripción técnica de los ejemplares que Belín Sarmiento no llegó a incluir en los catálogos y de aquellos que en escasa cantidad se incorporaron a los anaqueles, siguió con la verificación y corrección de los registros existentes y se completó con la elaboración de nuevos repertorios en función de criterios todavía no aplicados, el ministro de Obras Públicas pudo anunciar en la memoria presentada a la Legislatura por la actividad del año 1895 que “dentro de poco estará terminado y pronto a imprimirse el catálogo” (Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Obras Públicas, 1894-1895). Otra de las más urgentes preocupaciones de gestión fue resguardar “una valiosa colección de diarios, llamada Colección Zinny” que precisaban “encuadernarse para evitar su destrucción ó deterioro, y para que presten el servicio á [sic] que se destinan, pues en su estado actual ni es posible consultarlos ni conservarlos en buen estado” (AHPBA, MOP, 1895, Exp. 30, Arch. 5180). Quiroga presentó un listado de los volúmenes más comprometidos y, tras solicitar el auxilio provincial, el ministro de Obras Públicas resolvió que el Taller del Museo se ocupara de la restauración de esos acervos, lo que permitió encuadernar buena parte de la colección Zinny, quedando a la espera de mejor fortuna el resto del fondo hemerográfico y librario (AHPBA, MOP, 1895, Exp. 30, Arch. 5180; Quiroga, 1898). La recesión económica no permitió mucho más. Faltaba mobiliario adecuado y parte del existente se hallaba dañado, dificultad que el director sorteó procurando su reparación con las reducidas partidas disponibles y gestionando donaciones toda vez que halló oportunidad de hacerlo (AHPBA, MOP, 1895, Exp. 97, Arch. 5177; Quiroga, 1898). Sumado a lo anterior, la actividad interna también contempló la redacción, presentación y aprobación por el ejecutivo provincial de un Reglamento para la Biblioteca, “que era indispensable” (Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Obras Públicas, 1894-1895).
Mientras se adelantaban estas tareas, la Biblioteca continuó con el servicio público inaugurado por la administración anterior: el recinto permaneció abierto y gradualmente concurrieron a él más y más variados lectores y lectoras. En esa paulatina ampliación y diversificación lectora jugaron un rol importante los reclamos y las diligencias realizadas con objeto de habilitar el servicio nocturno, uno de los asuntos más intensamente tratados en la prensa en relación a la Biblioteca. La apertura nocturna del espacio fue una solicitud atendida por Belín Sarmiento hacia el cierre de su mandato, pero que no se mantuvo estable. A poco de asumir Quiroga, volvieron los reclamos: solicitadas vecinales, de maestras, de jóvenes estudiantes y de sus padres, entre otros, se multiplicaron y replicaron en medios de comunicación instando al favorable despacho de los pedidos de reapertura del turno de consulta por la noche (El Día, 30 de abril de 1892; El Día, 20 de mayo de 1892). El director y el ministro de Obras Públicas agenciaron la instalación del servicio de alumbrado eléctrico, suministro indispensable para la atención vespertina y que, si bien existía en La Plata desde 1884, todavía no estaba disponible en muchas reparticiones públicas, entre ellas la Biblioteca, que solo contaba con alumbrado a gas (El Día, 9 de junio de 1892; El Día, 11 de junio de 1892; Llovet, 1967). Las puertas se abrieron de noche y la concurrencia aumentó, pero nuevamente la itinerancia imprimió el ritmo del servicio y las quejas no se hicieron esperar (AHPBA, MOP, 1895, Exp. 37, Arch. 5189; El Día, 4 de abril de 1893; El Día, 3 de julio de 1894; El Día, 29 de marzo de 1895; El Día, 4 de mayo de 1897). Se interrumpió el abastecimiento eléctrico por falta de pago y el frío y la oscuridad hacían inhabitable la Biblioteca; el personal exigía un lógico aumento por el trabajo realizado fuera del horario originalmente convenido y / o la incorporación de nuevos empleados y, entre otras dificultades, la falta de personal de seguridad para el servicio nocturno daba lugar a disturbios que entorpecían el buen funcionamiento (AHPBA, MOP, 1894, Exp. 66, Arch. 4491; AHPBA, MOP, 1895, Exp. 58, Arch. 5178; El Día, 11 de febrero de 1894; El Día, 21 de junio de 1894; El Día, 26 de junio de 1894). Así, la Biblioteca no pudo mantener constantes sus prestaciones y ello impactó en la asistencia al espacio, que se tornó fluctuante.
Aunque sin partida presupuestaria específica, también se hizo lo posible para que el Depósito General y la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares mantuvieran su funcionamiento esencial. En contraste con la relativa quietud en la Biblioteca que exponen los archivos históricos durante la golpeada administración de Quiroga, el Depósito General fue un espacio en permanente actividad. Al dejar de contar con personal abocado específicamente a su atención, las tareas recayeron fundamentalmente sobre el director de la Biblioteca y superintendente de la oficina, para quien el acceso allí resultó estratégico: se convirtió en la principal herramienta para incorporar obras nuevas a la Biblioteca, un instrumento que permitió establecer lazos interinstitucionales y una potencial fuente de ingresos monetarios que podría garantizar su mismo sostén pese a las adversidades. Sin embargo, como observó Lemée, el Depósito funcionaba “con mucha irregularidad” (1898: 107) y ello demandó de Quiroga gran esmero para lograr que los envíos se concretaran según lo dispuesto por el decreto de 1889. Desde su ingreso a la Biblioteca, tramitó ante los Ministerios de Gobierno y de Obras Públicas, según el caso, múltiples reclamos para conseguir que los organismos provinciales enviasen al Depósito, cuanto menos, los impresos editados y publicados con el erario oficial. El incumplimiento obedecía a múltiples razones, entre las que se reiteraron con mayor frecuencia: la simple negligencia, la falta de ejemplares de tiradas reducidas y reticencias fundadas en puntos de vista contrarios respecto a los criterios de aplicación del precepto1. Pese a ello, para la Biblioteca recibir los materiales en el Depósito se volvió condición de supervivencia y el director no escatimó esfuerzos en sus reclamos: así logró que en tiempos de crisis económica y política, el crecimiento de las colecciones no quedara totalmente estático y que la Biblioteca Pública no se convirtiera en una institución por completo aislada del movimiento bibliotecario nacional e internacional. Por un lado, como establecía el decreto de fundación del Depósito, una porción de sus ingresos fueron directamente derivados a los anaqueles de la Biblioteca acrecentando su joven acervo. Por otro lado, conocedor —en vistas de su trabajo en la Biblioteca y Reparto de Libros, donde estuvo al cargo de organizar el sistema de canje internacional— de las dinámicas y de los actores para el intercambio bibliográfico, Quiroga fortaleció e incrementó con decisión los vínculos con agencias del mundo impreso para hacer del canje de publicaciones oficiales almacenadas en el Depósito el principal medio de enriquecimiento del fondo de la Biblioteca (Quiroga, 1898). Además de sus reclamos persistentes, llevó sistemático registro de los duplicados que podían ofrecerse en canje, ubicó instituciones que pudieran brindar a cambio obras relevantes a los fines de la Biblioteca Pública e hizo y recibió envíos regulares que involucraron a las principales bibliotecas públicas y nacionales de América Latina, a las más importantes bibliotecas argentinas y a casas libreras de latitudes diversas2.
Los recursos del Depósito fueron, asimismo, la única herramienta que en tiempos de escasez permitió alguna clase de fomento a las bibliotecas populares. La Comisión no había cesado formalmente su actuación pero, sin siquiera los escasos fondos que el presupuesto le asignó al momento de su fundación, quedó virtualmente paralizada. No obstante esta situación, las obras duplicadas en cantidad en el Depósito y consideradas de potencial utilidad para el poblador de la campaña fueron seleccionadas, registradas (Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Obras Públicas, 1896) y, cuando se pudieron agenciar los medios para el traslado, enviadas en “muchas remesas (…) á [sic] las bibliotecas populares de la Provincia” (Quiroga, 1898: 309).
Resistir hasta el advenimiento de tiempos más favorables fue la consigna que signó el devenir de la gestión Quiroga. Por fuera del sostén de lo montado hasta el momento, prácticamente no hubieron más movimientos y mucho menos novedades. A diferencia de lo observado en tiempos de Belín Sarmiento con la presentación y tratamiento de proyectos que dieron forma a la Biblioteca y delimitaron sus funciones, desde su renuncia este dinamismo se frenó. Continuador de las ideas de aquel y de su amigo, el ex presidente Sarmiento, Quiroga volvió a proponer la creación de una sección de biblioteca circulante en las inmediaciones de la Biblioteca Pública, pero el proyecto ni siquiera llegó al orden del día en las cámaras legislativas (Llovet, 1967). Una de las pocas primicias que se pudieron concretar y anunciar en estos años tuvo que ver con mejoras en la organización del Depósíto. Al convertirse en la oficina más activa y con mayor crecimiento, el espacio que tenía asignado en los altos de la Legislatura pronto resultó insuficiente y Quiroga negoció la disponibilidad de un espacio más amplio y adecuado: solicitó unos sótanos vacíos en la Legislatura y el ejecutivo autorizó la cesión, concretándose los arreglos de las salas para 1893 y el desplazamiento y la reorganización de los materiales hacia 1895 (AHPBA. MOP, 1892, Exp. 65, Arch. 4032; Provincia de Buenos Aires, 1893; Quiroga, 1898). Otra de las contadas novedades que pueden destacarse fue la compra e incorporación al acervo de la Biblioteca de los ejemplares que pertenecieran al patrimonio del difunto bibliógrafo Juan Mariano Lársen (Provincia de Buenos Aires. Senado, 1896) y, por último, la inauguración del servicio telefónico (AHPBA, MOP, 1897, Exp. 66, Arch. 6961), junto a la definitiva instalación del servicio de luz eléctrica, que en 1895 y por razones ignoradas, debió restablecerse (AHPBA, MOP, 1895, Exp. 37, Arch. 5189; El Día, 9 de junio de 1892).
Durante todo este tiempo, Quiroga no cesó en sus reclamos, aun cuando no obtuvo las respuestas esperadas. En un apartado de las memorias correspondientes al año 1895, al cual tituló “necesidades principales”, se lee: “varias veces he tenido ocasión de manifestar á [sic] V.S. las necesidades más urgentes de esta biblioteca, necesidades de carácter permanente” y que era imperioso cubrir para que la Biblioteca pudiera ser “digna de su nombre y de la cultura del pueblo de Buenos Aires” (Quiroga, 1898: 312, 313). Y si bien esas carencias fueron igualmente reconocidas por toda dirigencia provincial, independientemente de sus responsabilidades institucionales y / o filiación política, los recursos no aparecieron, los progresos no pudieron hacerse presentes (Costa, 1892; Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Obras Públicas, 1894-1895, Udaondo, 1896) y las severas críticas al espacio e incluso al mismo Quiroga no dejaron de replicarse en la prensa, tanto por parte de figuras del radicalismo opositor, como por autonomistas cercanos al director, para quienes el deterioro institucional no pasaba inadvertido (El Tribuno, 7 de marzo de 1895; El Día, 28 de abril de 1894; El Día, 25 de mayo de 1894; El Día, 14 de junio de 1894; El Día, 14 de agosto de 1894; El Día, 18 de agosto de 1894; El Día, 11 de abril de 1897).
Siendo estas las circunstancias institucionales, en octubre de 1898 Quiroga dimitió del cargo sin lograr que con su gestión se materializara el efectivo desarrollo del proyecto bibliotecario. Por intervención de Belín Sarmiento se habían establecido las bases elementales de una propuesta que restaba poner en acto haciéndola participar activamente en la vida pública local y provincial. Pero la situación de coyuntura paralizó todo posible progreso. Como advirtió con desazón el renunciante: “la crisis que (…) ha conmovido tan hondamente las fuerzas vitales de la Provincia, y del país entero, hizo sentir fuertemente su influencia desastroza en este establecimiento” (Quiroga en Llovet, 1967). Así, pese a sus esfuerzos por promover cualquier clase de avance, no pudo evitar que la quietud se apoderara de la Biblioteca haciendo de ella una institución reconocida por “el abandono en que se ha dejado” (El Día, 28 de abril de 1894: 1).
Consideraciones finales
Catorce intensos años estuvieron involucrados en la génesis simbólica y material de la Biblioteca Pública de la Provincia de Buenos Aires. Conceptualmente, la constelación intelectual del 80 coincidió en que la eminente ciudad letrada requería una biblioteca selecta, que cumpliera con las tradicionales funciones de reunión y conservación del patrimonio bibliográfico (rioplatense, nacional, provincial y local), pero que además se constituyera en un moderno espacio de lectura, estudio, investigación y sociabilidad letrada. Sin perjuicio de lo anterior, también se admitió la necesidad de una renovación de sentidos que permitiera hacer de la biblioteca pública una institución ligada, junto a la escuela, a las funciones de educación popular. Al proyectar discursivamente el arquetipo bibliotecario ideal, no hubo consenso respecto a la forma concreta de articular estas funciones, de modo que el dilema fue resuelto una vez iniciada la realización material del proyecto: si bien se exigía que la Biblioteca Pública comenzara a participar en la modelación de los sectores subalternos, no se aceptó que ello implicara a las inmediaciones de su propio recinto. El espacio de una biblioteca pública no se podía confundir con el espacio de una biblioteca popular.
Esto quedó expresado en una serie de decisiones administrativas impulsadas especialmente desde el arribo de Belín Sarmiento. La Biblioteca se configuró como un espacio ilustrado. Se reunieron colecciones bibliófilas y de alta relevancia para la reconstrucción del pasado histórico regional y, en paralelo, existió una fuerte preocupación por adquirir materiales novedosos, especialmente obras de referencia y revistas académicas que dieran cuenta de los últimos avances y discusiones científicas. Las colecciones fueron organizadas técnicamente, se crearon instrumentos para su consulta metódica y se procuró por distintos medios agenciar recursos para la correcta conservación y preservación del patrimonio escrito recopilado, una misión bibliotecaria de primer orden que sirvió de argumento en contra de todo intento por habilitar la circulación extramuros de los acervos. El recinto de la Biblioteca, especialmente tras su mudanza a los altos de la Legislatura, se dispuso como ámbito para un empleo pragmático del texto y para la sociabilidad de la comunidad letrada cuya consolidación aspiraba a promover. Allí no hubo lugar para la lectura de entretenimiento, ni de ocio y aún tampoco para acompañar al proceso de educación de las masas. A su tiempo, Belín Sarmiento, Quiroga, propusieron la creación de una sección de biblioteca circulante destinada a la formación de los sectores populares, pero se trató de iniciativas que no hallaron el consenso necesario para prosperar. En su lugar, la única forma adecuada que se encontró para que la Biblioteca cumpliera su cometido de formación pedagógica de las masas fue la vinculación institucionalizada con las bibliotecas populares de la provincia a través de la creación de una Comisión Protectora de Bibliotecas consagrada a su fomento, crecimiento y sostenimiento a lo largo del tiempo.
Durante el período analizado, sin embargo, esa estructura bibliotecaria definida no llegó a ser el centro de actividad letrada originalmente proyectado, ni su Comisión de protección y fomento a las bibliotecas populares logró actuar como el faro provincial previsto. La severa crisis económica, junto a la convulsión política de fines del XIX, paralizaron el pleno desarrollo de la biblioteca ideal, si bien su relevancia simbólica permaneció incólume. La biblioteca real contó con menor variedad bibliográfica que la esperada; abrió sus puertas y comenzó a recibir creciente número de lectores, pero la itinerancia de sus servicios obstaculizó que la concurrencia se robusteciera; en su recinto no se alcanzaron todas las adecuaciones y mejoras planificadas para el mejor recibimiento de lectores y, por fin, la Comisión sólo pudo limitarse a cumplir con el envío de algunas remesas de libros y documentos que existían por duplicado en el Depósito. En este estado de situación, la institución fue objeto de numerosas críticas que circularon de modo creciente, al menos, en la prensa local, si bien nunca se dejó de esperar (y reclamar) que se convirtiera en el dinámico núcleo erudito planificado desde su fundación.
Al margen de la vida pública platense y lejos de articular cualquier clase de sociabilidad, la Biblioteca mantendría no obstante la relevancia simbólica y la importancia estratégica que le fuera atribuida desde el momento fundacional. Así, el mismo habitus ordenador que daba su forma a La Plata y que había definido las atribuciones fundamentales este espacio bibliotecario, perduraría durante décadas e insistiría en materializar las indefiniciones de la planificación original. Tras años de letanía, en el período de reestructuración que se abrió hacia 1897 y que contempló la reanudación de distintas propuestas culturales, científicas y educacionales (Vallejo, 2001), también revivió el proyecto de una Biblioteca Pública como espacio específico de la cultura letrada y de la ciencia positiva y, sobre las bases establecidas, el nuevo director a cargo —con el debido respaldo institucional— avanzó en su desarrollo definitivo. Esta parte de la historia fue protagonizada por el olvidado Luis Ricardo Fors, una pujante figura bibliotecaria que esperamos reivindicar en un trabajo posterior.
1. Un detalle de estas dificultades puede seguirse en la consulta de los siguientes expedientes: AHPBA, MG, 1892, Leg. 11, Exp. 941/0; AHPBA, MG, 1895, Leg. 4, Exp. 409/0; AHPBA, MG, 1896, Leg. 1, Exp. 19/0; AHPBA, MG, 1898, Leg. 9, Exp. 1016/0; AHPBA, MG, 1898, Leg. 14, Exp. 1769/0; AHPBA, MG, 1898, Leg. 16, Exp. 1948/0; AHPBA, MOP, 1894, Exp. 52, Arch. 4496; AHPBA, MOP, 1896, Exp. 93, Arch. 6295; AHPBA, MOP, 1897, Exp. 12, Arch. 6982; AHPBA, MOP, 1898, Exp. 107, Arch. 7608
2. En las siguientes fuentes se da cuenta de las gestiones de Quiroga para la recepción e intercambio de publicaciones: AHPBA, MG, 1892, Leg. 1, Exp. 48/2; AHPBA, 1982, Leg. 10, Exp. 871/0; AHPBA, MG, 1893, Leg. 5, Exp. 457/0; AHPBA, MOP, 1891, Exp. 105, Arch. 3479; AHPBA, MOP, 1892, Exp. 30, Arch. 3477; AHPBA, MOP, 1892, Exp. 35, Arch. 3434; AHPBA, MOP, 1892, Exp. 72, Arch. 3442; AHPBA, MOP, 1894, Exp. 13, Arch. 4047; AHPBA, MOP, 1896, Exp. 63, Arch. 6278; AHPBA,MOP, 1896, Exp. 141, Arch. 6282; AHPBA, MOP, 1896, Exp. 147, Arch. 6281; AHPBA, MOP, 1896, Exp. 129, Arch. 6287; AHPBA, MOP, 1896, Exp. 101, Arch. 6296; AHPBA, MOP, 1896, Exp. 82, Arch. 6297; AHPBA, MOP, 1898, Exp. 6, Arch. 7618).
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AHPBA. MG. Año 1886. Leg. 16. Exp. 1137. “Quiroga Clodomiro. Renuncia al puesto de Archivero de este Ministerio”.
AHPBA. MG. Año 1892. Leg. 1. Exp. 48/2. “Bibl. Púb. de La Plata. Acompaña nómina de las publicaciones que existen por duplicado”.
AHPBA. MG. Año 1892. Leg. 10. Exp. 871/0. “Bibl. Púb. Acompaña relación de las publicaciones que existen por duplicado”.
AHPBA. MG. Año 1892. Leg. 11. Exp. 941/0. “Bibl. Púb. Solicita varias publicaciones oficiales”.
AHPBA. MG. Año 1893. Leg. 5. Exp. 457/0. “Biblioteca Pública La Plata. Sobre envío del Registro Oficial pedido por el Gobierno”.
AHPBA. MG. Año 1895. Leg. 4 Exp. 409/0. “Bibl. Púb. Solicita la remisión de la Táctica Militar del Gral. Capdevila”.
AHPBA. MG. Año 1896. Leg 1. Exp. 19/0. “Mrio Obras Pub. Sobre publicaciones oficiales para la Bibl. Pública”.
AHPBA. MG. Año 1898. Leg 9. Exp. 1016/0. “Bib. Púb. Pide reimpresión de los Reg. Oficiales de los años que detalla”.
AHPBA. MG. Año 1898. Leg. 14. Exp. 1769/0. Bib. Pub. pide el envío de los Reg. oficiales del 2° semestre último”.
AHPBA. MG. Año 1898. Leg. 16. Exp. 1948/0. “Bib. Púb. pide ejemplares de la Ley Electoral y Orgánica de las Mun.”.
Expedientes del Ministerio de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires
AHPBA. MOP. Año 1885. Exp. 407. Arch. 2930. Iniciador: Sarmiento Belín. “Renuncia del empleo del Inspector Bibliotecario”.
AHPBA. MOP. Año 1887. Exp. 31. Arch. 3028. Iniciador: Biblioteca La Plata. “Biblioteca ‘La Plata’ pide autorización para encargar a los artistas Luis de Servi y Sta. Eugenia Belín Sarmiento la confección de un cuadro alegórico para el techo de una de las salas de lectura de su repartición”.
AHPBA. MOP. Año 1887. Exp. 40. Arch. 3050. Iniciador: Biblioteca Pública. “Biblioteca Pública pide [ilegible] para compra de muebles para ese establecimiento”.
AHPBA. MOP. Año 1887. Exp. 107. Arch. 3448. Iniciador: Biblioteca Pública. “El Director solicita la serie de retratos de los gobernadores”.
AHPBA. MOP. Año 1891. Exp. 105. Arch. 3479. Iniciador: Biblioteca Pública. “Pide autorización para entregar libros á la Biblioteca Nacional”.
AHPBA. MOP. Año 1892. Exp. 30. Arch. 3477. Iniciador: Biblioteca Pública. “Remite libros que se pidieron para [ilegible] á la Escuadra Norte Americana”.
AHPBA. MOP. Año 1892. Exp. 35. Arch. 3434. Iniciador: Biblioteca Pública. “Biblioteca Pública remite el unico ejemplar de la ‚Cuestión San Juan‘ existente en este establecimiento”.
AHPBA. MOP. Año 1892. Exp. 65. Arch. 4032. Iniciador: Biblioteca Pública. “Pide autorización para ocupar sótanos de la [ilegible] H. Legislatura y efectuar los [ilegible]”.
AHPBA. MOP. Año 1892. Exp. 72. Arch. 3442. Iniciador: Biblioteca Pública. “Sobre entrega de libros al Dep. De Ing. para la Biblioteca del Perú”.
AHPBA. MOP. Año 1892. Exp. 108. Arch. 4031. Iniciador: Biblioteca Pública. “Sobre el alcance de una resolución”.
AHPBA. MOP. Año 1893. Exp. 11. Arch. 4035. Iniciador: Biblioteca Pública. “Biblioteca Pública pide ampliación de la resolución de fecha 1 de febrero”.
AHPBA. MOP. Año 1894. Exp. 13. Arch. 4047. Iniciador: Biblioteca Pública. “Biblioteca Pública remire planilla demostrativa del movimiento habido en el mes de enero”.
AHPBA. MOP. Año 1894. Exp. 52. Arch. 4496. Iniciador: Biblioteca Pública. “Biblioteca Pública da cuenta que esta casi agotada la recopilación de Leyes y Decretos y Resoluciones”.
AHPBA. MOP. Año 1894. Exp. 66. Arch. 4491. Iniciador: Biblioteca Pública. “Biblioteca Pública solicita fondos”.
AHPBA. MOP. Año 1895. Exp. 30. Arch. 5180. Iniciador: Biblioteca Pública. “Sobre encuadernación de obras”.
AHPBA. MOP. Año 1895. Exp. 37. Arch. 5189. Iniciador: Biblioteca Pública. “Biblioteca Pública comunica que pronto abrirá los salones de lectura a disposición pública”.
AHPBA. MOP. Año 1895. Exp. 58. Arch. 5178. Iniciador: Biblioteca Pública. “Biblioteca Pública pide el concurso la [ilegible] para hacer [ilegible] el órden en el este”.
AHPBA. MOP. Año 1895. Exp. 97. Arch. 5177. Iniciador: Biblioteca Pública. “Biblioteca Pública solicita dos bibliotecas”.
AHPBA. MOP. Año 1896. Exp. 63. Arch. 6278. Iniciador: Biblioteca Pública. “Biblioteca da cuenta de la recepción de obras remitidas de la Capital de Paraguay”.
AHPBA. MOP. Año 1896. Exp. 82. Arch. 6297. Iniciador: Biblioteca Pública. “Biblioteca eleva la lista de las obras recibidas dutante los última días de junio”.
AHPBA. MOP. Año 1896. Exp. 93. Arch. 6295. Iniciador: Biblioteca Pública. “Biblioteca solicita una nueva edición de la Ley de Caminos y Cercas”.
AHPBA. MOP. Año 1896. Exp. 101. Arch. 6296. Iniciador: Biblioteca Pública. “Comunica el catálogo de las obras recibidas durante la primera quincena de agosto”.
AHPBA. MOP. Año 1896. Exp. 129. Arch. 6287. Iniciador: Biblioteca Pública. “Biblioteca eleva la lista de las obras recibidas durante la primera quincena”.
AHPBA. MOP. Año 1896. Exp. 141. Arch. 6282. Iniciador: Biblioteca Pública. “Biblioteca eleva la lista de las obras recibidas en virtud de canjes, durante la segunda quincena de octubre y primera de noviembre”.
AHPBA. MOP. Año 1896. Exp. 147. Arch. 6281. Iniciador: Biblioteca Pública. “Biblitoeca Pública dando cuenta de las publicaciones recibidas durante la segunda quincena de Noviembre”.
AHPBA. MOP. Año 1897. Exp. 12. Arch. 6982. Iniciador: Biblioteca Pública. “Biblioteca Pública solicita la remisión de cuatro ejemplares mas del Boletín Judicial”.
AHPBA. MOP. Año 1897. Exp. 66. Arch. 6961. Iniciador: Biblioteca Pública. “Comunica haber quedado establecido el servicio telefónico”.
AHPBA. MOP. Año 1898. Exp. 6. Arch. 7618. Iniciador: Biblioteca Pública. “Biblioteca Pública comunica que no existen en esa repartición mas que diez ejemplares de la Recopilación de Leyes y Decretos por Prado y Rojas”.
AHPBA. MOP. Año 1898. Exp. 107. Arch. 7608. Iniciador: Biblioteca Pública. “Biblioteca Pública solicita varios ejemplares del libro del Dr. Moreno sobre el viaje al Río Negro, Chubut y Santa Cruz”.
Memorias del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires
Belín Sarmiento, Augusto. 1888a. Bibliotecas Populares en la Provincia de Buenos Aires: Memorandum elevado por el Director de la Biblioteca Pública de La Plata á S. E. el señor Ministro de Obras Públicas Dr. D. Manuel B. Gonnet. En Gonnet M, B. Memoria presentada a la honorable Legislatura de la Provincia. Buenos Aires: El Censor. p. 262-270
Belín Sarmiento, Augusto. 1888b. Informe y anexos del Director de la Biblioteca Pública de La Plata elevado al Ministro de Obras Públicas. En Gonnet, M, B. Memoria presentada a la honorable Legislatura de la Provincia. Buenos Aires: El Censor. p. 236-261
Paz,
M.áximo y Gonnet, Manuel B. 1888. Mensage y Proyecto de Ley sobre
compensación al señor Antonio Zinny por adquisición de libros. En
Gonnet, M, B. Memoria presentada a la honorable Legislatura de la
Provincia.
Buenos Aires: El Censor. p. 48, 49
Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Obras Públicas. 1888. Biblioteca Pública. En M. B. Gonnet, Memoria presentada a la honorable Legislatura de la Provincia. Buenos Aires: El Censor. p LXX-LXXII
Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Obras Públicas. 1894-1895. Biblioteca Pública. En Frers, E. Memoria presentada a la Honorable Legislatura por el Ministro de Obras Públicas Dr. Emilio Frers: 1894-1895. La Plata: Talleres de Publicaciones del Museo. pp. CXXVII-CXXVIII
Quiroga, Clodomiro. 1898. Biblioteca Pública. En Frers, E. Memorias presentadas por las oficinas dependientes del Ministerio: año 1895-1896. La Plata: Talleres de Publicaciones del Museo. p. 308-318
Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires
Provincia de Buenos Aires. 1884. Registro Oficial: Año 1884. La Plata: El Día.
Provincia de Buenos Aires. 1887. Registro Oficial: Año 1887. La Plata: El Día.
Provincia de Buenos Aires. 1892. Registro oficial: Año 1892. La Plata: El Día.
Provincia de Buenos Aires. 1893. Registro oficial: Año 1893. La Plata: Talleres de Publicaciones del Museo.