Introducción

Una noche de junio de 1681 don Diego Inclán Valdés, oidor de la Real Audiencia de Lima, acompañado de varios soldados, arribó abruptamente a la morada del Contador de la Real Hacienda, don Sebastián de Navarrete. El cometido de tan escandalosa visita era ejecutar una cédula real que ordenaba la prisión, exilio y embargo de bienes del dicho contador, además de una investigación sobre sus manejos del erario real. La diligencia causó gran conmoción en la capital virreinal, pues Navarrete estaba en el ápice de una exitosa carrera en el servicio real y contaba con fuertes conexiones en dicha ciudad y fuera de ella. Entre los bienes que se le embargaron estaban unas tierras ubicadas en el cercano valle de Magdalena, las cuales pertenecían a su única hija, doña Silvestra de Navarrete, por donación de una parienta cercana. A las pocas semanas, un clérigo se presentó ante los oficiales reales reclamando la propiedad como suya, pues la había adquirido de los Navarrete, padre e hija, un año atrás. A pesar de exhibir los instrumentos legales que avalaban sus reclamos, los oficiales reales negaron la demanda del supuesto nuevo propietario hasta esclarecer la pertenencia de dicha propiedad. Pronto descubrirían un intrincado cúmulo de documentos notariales que el contador consiguió producir ante notarios, asistido por allegados suyos, y para asegurarse la posesión de tales tierras sin levantar sospechas de sus malos manejos de la caja real.

Estudios sobre la cultura jurídica en la América española moderna temprana demuestran la adopción y adaptación del sistema legal español por los súbditos coloniales (Graubart, 2007; Premo, 2017; De la Puente Luna, 2018; McKinley, 2018). Este proceso no significó una aceptación pasiva e instantánea de parte de los diversos actores coloniales, sino que revela su conocimiento y uso de las formas y mecanismos del sistema legal. Estos trabajos demuestran cómo, en busca de negociar y reclamar recompensas, honores o privilegios específicos, los súbditos coloniales se convirtieron en agentes activos de la cultura legal en Indias. La expansión de la administración de justicia, con sus diversos fueros y oficiales a cargo de estos, y la creciente actividad de los notarios contribuyeron a perfilar dicha cultura legal en los nuevos territorios de la monarquía española.

La historiografía sobre la labor de los notarios en Hispanoamérica, y la relevancia de su producción documentaria, resalta la contribución de este grupo de letrados en preservar datos de sumo valor histórico y, en especial, difundir dicha cultura legal (Herzog, 1996; Gayol, 2007; Argouse, 2016). Los sujetos coloniales, a su vez, fueron activos participes de dicha cultura legal, empleando los recursos y discursos disponibles en el sistema jurídico implementado en la América española. El accionar de Sebastián de Navarrete, quien utilizó la vía notarial para legitimar la donación de dicha chacara a favor de su hija, evidencia el impacto de dicha cultura legal, entendida como el conocimiento y uso de los fueros y recursos aceptados por el sistema jurídico.

Aunque el caso examinado envolvió la participación de notarios, el análisis de este trabajo se enfoca en aquellos actores sin conocimiento formal del sistema legal. Estudios recientes sobre la creación de estos documentos revelan la complejidad de su producción (González Echevarría, 1990; Burns, 2010: 42; Gómez-Bravo, 2013).¹ En teoría, estos registraban lo que las partes habían negociado y acordado firmar, antes de buscar la validación oficial de un escribano. Los notarios y sus asistentes reproducían por escrito dichos acuerdos, haciéndolos claros e inteligibles de acuerdo con los estándares notariales (Mumford, 2017). De modo que la creación de estos documentos involucró varios pasos y participantes, lo cual explica la flexibilidad de estos trabajos colaborativos. La investigación iniciada por los oficiales reales sobre la propiedad de la chacara en el valle de la Magdalena revela la participación de diversos actores en la elaboración de múltiples registros notariales, además de las partes firmantes y de los oficiales encargados de darle un carácter oficial.

Además de ilustrar esta labor colaborativa, la investigación de los oficiales reales demuestra que Navarrete poseía un círculo de familiares y amigos que le permitieron obtener dicha propiedad para la dote de su hija. Esta misma red de allegados no solo contribuyó en la elaboración de tales documentos sino que fue clave en difundir su contenido, el cual confirmaba el holgado patrimonio del contador. Según los instrumentos legales presentados por el nuevo propietario de la chacara, doña Escolástica de Toledo y Pancorvo, vecina de la ciudad de Trujillo, había comprado esta propiedad para que fuese parte de la dote de doña Silvestra de Navarrete. Con este propósito, ella requirió un intermediario que efectuara la compra en la capital virreinal y se encargara de la producción de instrumentos adicionales para legitimar la transacción.

Más allá del beneficio económico y legal que Navarrete y su hija recibieron con la donación notarial de estas tierras, el conocimiento público sobre la generosidad de esta tía acaudalada les permitió justificar lujos y gastos excesivos. El rumor fue, además de un medio de comunicación, una herramienta política y de injerencia social que permitía la amplia difusión de información incluso entre sectores iliterarios (Ceballos Gómez, 2002; Silva Prada, 2003, 2016). Esta difusión se producía por intercambio de información que iba de boca en boca, hasta dar paso al conocimiento público que era aquello que “todos sabían” por haberlo escuchado de alguien (Wickham, 1998: 4; Horodowich, 2005: 23). Navarrete empleó la misma red de allegados para difundir las nuevas de la donación de la chacara y otras dádivas recibidas por su tía doña Escolástica, consiguiendo erigir la fama pública de un patrimonio familiar opulento. Este conocimiento público le permitió esconder su uso indebido del tesoro real y justificar los excesivos gastos de su estilo de vida.

Una exitosa carrera en el servicio real

Hasta el momento de su arresto, Navarrete había desarrollado una exitosa carrera al servicio del monarca español. Tenía sólo quince años cuando su padre, Francisco de Navarrete, consiguió del rey un puesto en la real hacienda de Lima para el joven Sebastián en 1641.² El monarca concedió este puesto en futura, lo que significaba que Sebastián de Navarrete ocuparía el primero de los altos cargos en dicha caja real -que estuviese disponible. No obstante, el joven Navarrete tendría que esperar hasta los veinticinco años para entrar al servicio real. Su oportunidad llegó en 1651 cuando reemplazó al oficial real Bartolomé de Astete, quien fue suspendido de su cargo por algunos años. Navarrete se desempeñó como contador futurario hasta 1654, momento en que Astete pudo retornar a ocupar su puesto (Andrien, 1982: 216). Después de esto, Navarrete recibió otros nombramientos en la administración real hasta que obtuvo la plena posesión de la contaduría del tesoro real de Lima, en 1663.³ De este modo, cuando la Corona ordenó la inspección a esta oficina real y sus administradores en 1664, Navarrete era una de las autoridades que debía auditarse.

Natural de Pasto, una pequeña ciudad en el reino de Quito, Sebastián de Navarrete desarrolló una sólida posición social y política en Lima, lo cual le permitió evitar sanciones a sus muchas y diversas faltas. En la capital virreinal, se casó con la hija de Bartolomé de Salazar, juez u oidor de la Real Audiencia.⁴ En 1661 fue elegido alcalde ordinario de la ciudad, aunque su tenencia de dicho cargo no estuvo exenta de problemas. El Santo Oficio de la Inquisición lo excomulgó por desacato y falta de respeto a esta institución, a los pocos meses de recibir la vara de alcalde, junto al otro alcalde ordinario y a un regidor perpetuo (Castañeda Delgado y Hernández Aparicio, 1989: 551).⁵ Dos meses más tarde y tras pagar una multa de mil pesos, pudo reasumir las actividades de su cargo.⁶ De modo que el poder, político y económico, del contador le permitió evitar la mayor condena que la Iglesia podía infligir a una persona.

Aun cuando algunas de sus acciones recibieron castigos, estos fueron de poco alcance. Por ejemplo, en 1666, un comerciante vasco, que regresó a su casa sin anunciarse, encontró a su esposa en compañía de Navarrete a altas horas de la noche. El escándalo se agravó cuando el humillado consorte abandonó su hogar y mujer, lo cual llevó al virrey Conde de Alba a castigar a Navarrete, exiliándolo al puerto de Pisco, varias leguas al sur de Lima. Sin embargo, apenas transcurridos tres meses, la súbita muerte del conde permitió el retorno del exiliado contador a la capital virreinal.⁷ En otra ocasión, Navarrete fue absuelto del proceso criminal por el asesinato de un sacerdote, quien fue mortalmente acuchillado “por error” cuando el esclavo de Navarrete y sus tres secuaces intentaban deshacerse de un rival amoroso del contador.⁸ Por lo tanto, estos hechos demuestran que Navarrete detentaba suficiente autoridad para evitar sanciones duras por sus actos.

Sorteando la extensa visita a la Caja Real de Lima

El despliegue de autoridad que poseía Navarrete le permitió aliarse con varios de los inspectores (visitadores) encargados de examinar el tesoro real desde 1664. Efectivamente, el visitador Juan de Cornejo, tras asumir el control de la audiencia de Lima luego de la muerte del virrey Conde de Alba en 1666, llamó a Navarrete de su exilio en Pisco. Su cercanía con el visitador Cornejo, quien además lo nombró superintendente de las flotas y galones reales del Callao, hizo posible que Navarrete expandiese su experiencia y presencia en otras áreas de la administración de la capital virreinal.⁹ Incluso, cuando el rey ordenó al visitador Cornejo regresar a la metrópolis, debido a conflictos con los oidores de la Real Audiencia en Lima, Navarrete continuó consolidando su autoridad en dicha ciudad.

En los siguientes años la visita avanzó a paso lento, sin aparente impacto en las actividades del contador Navarrete. Tras los pocos progresos de otros dos visitadores, Francisco Antonio de Manzolo y Álvaro de Ibarra, el oidor don Agustín Mauricio de Villavicencio asumió la inspección en 1676. Durante los años en que se ocupó de la visita, Villavicencio se dedicó a colectar deudas a favor del erario real, y a interrogar a oficiales reales y principales residentes de la ciudad acerca de las actividades de los administradores de la caja real de Lima: el tesorero don Francisco de Colmenares, el factor don Cristóbal de Llanos Jaraba y el contador don Sebastián de Navarrete. Junto a su secretario, don Juan de Sayceta y Cucho, el visitador registró decenas de testimonios indicando que Llanos Jaraba y Navarrete vivían ostentosamente, gastando mucho más de lo que sus salarios permitían. Aun cuando los mismos deponentes declararon que tales oficiales reales podían llevar aquel estilo de vida tan holgado debido a sus fortunas familiares,¹⁰ y a pesar de que la mayor parte de los testimonios elogiaron la labor de los oficiales investigados, Sayceta y Cucho puso sumo interés en indagar sus manejos.

Aunque los testimonios recolectados no motivaron mayores acciones por parte del Visitador, el secretario de la visita estaba a punto de ocasionar un cambio abrupto en la posición del contador Navarrete. Tras un escrutinio riguroso, Sayceta y Cucho encontró varias irregularidades en la relación jurada entregada por los administradores de la caja real. Dicha relación contenía 218 entradas que omitían información básica, como el monto o el objeto específico de cada gasto.¹¹ Tras solicitar en repetidas ocasiones a dichos administradores documentos adicionales para avalar su declaración, el secretario envió una carta al rey listando sus hallazgos, haciendo hincapié en varios de los excesos cometidos por Navarrete. ¹² A los pocos meses, llegó a Lima una real cédula, firmada el 23 de Octubre de 1679, que ordenaba al nuevo visitador, don Juan de Peñalosa, una investigación minuciosa de las actividades del contador Navarrete. Estas órdenes reales marcarían un cambio drástico para el, poderoso contador -hasta entonces- de las cajas reales de Lima.

A través de los canales ordinarios de comunicación que se extendían a lo largo de la monarquía española, Sayceta y Cucho pudo notificar al rey y a sus ministros peninsulares de los abusos cometidos por Navarrete, tirando abajo su carrera en el servicio real. A pesar de la extensión de la monarquía española y de los obstáculos que la distancia supuso para gobernar con rapidez, la comunicación entre las autoridades coloniales y peninsulares fue continua y constante a través de documentos oficiales y privados (Phelan, 1960: 53).¹³ El contenido de dicha real cédula reproducía ampliamente la información y recomendaciones provistas por el secretario en su misiva al rey en el mes de marzo. Además de ordenar una investigación exhaustiva sobre Navarrete, el monarca dispuso el aprisionamiento de Navarrete, el embargo de sus bienes, y su exilio a Nueva España, como el secretario lo sugirió.¹⁴ De modo que, tras evadir por años sanciones contra sus varias actividades deshonestas, Sebastián de Navarrete finalmente enfrentaría las consecuencias de sus abusos.

Siguiendo instrucciones de las órdenes reales, el virrey interino, el arzobispo don Melchor de Liñan y Cisneros, ordenó apresar a Navarrete y confiscar sus bienes. Entre dichos bienes estaba la chacara que había recibido su hija Silvestra por donación de una parienta varios años atrás. Poco después de la detención y el embargo, un joven llamado Juan de Villota solicitó al juez del crimen, don Miguel de Ynclán, la restitución de dicha propiedad alegando ser el arrendatario de ella. Como prueba de su demanda presentó un contrato de arrendamiento firmado por fray Fernando Núñez de Sanabria, el nuevo dueño de la chacara, quien la había comprado de doña Silvestra y su padre tan solo un año atrás, en 1680. El virrey-arzobispo Liñán y Cisneros accedió a que Villota se quedara en posesión de la propiedad rural hasta que el visitador Peñalosa, a cargo de inspeccionar la caja real de Lima y sus administradores, tras el fallecimiento de Villavicencio, pudiese confirmar a quien pertenecía. Mientras tanto, Villota debía entregar el pago del arrendamiento al depositario general de la Real Audiencia. La consecuente investigación de Peñalosa, y otros eventos inesperados que alterarían su curso, revelarían el entramado documental que benefició la carrera y el prestigio de Navarrete.

Patrimonio y ostentación

Era de conocimiento público en la capital virreinal que Navarrete poseía una tía pudiente, cuya largueza permitía que el contador viviera con ciertos lujos que su salario en el servicio real no podía costear. La existencia de este personaje en el círculo familiar de Navarrete confirmaba su capacidad económica, independiente de su posición en la caja real, despistando cuestionamientos sobre su administración de esta.

La afinidad de un individuo para ser un administrador real dependía en gran parte de su origen y patrimonio, entre otras características. Un ministro real debía ser “honorable… rico y no pobre”, según refería el escritor portugués Luis Torres de Lima, en 1654 (Rosenmüller, 2020: 74). Su mérito no procedía de su desempeño o preparación directamente, sino de su linaje y solvencia que suponían evitar avaricia y mal desempeño en el servicio real. El título real que otorgaba a Sebastián de Navarrete el cargo a futura en la real hacienda confirmaba sus méritos.¹⁵ En varias informaciones que presentó solicitando mercedes, Navarrete recalcaba ser descendiente de los 300 infanzones de Baeza, aquellos que habían acompañado al rey San Fernando a reconquistar dicha ciudad de los moros en 1223.¹⁶ Además del distinguido linaje y servicios militares de sus antepasados, Navarrete hacía despliegue visual de su capacidad económica, viviendo con gran ostentación.

Lejos de generar cuestionamientos sobre su manejo de la caja real de Lima, dicha demostración de poder económico era entendida como producto del patrimonio que Navarrete poseía fuera de su rol como oficial real. Cuando Villavicencio realizó los interrogatorios arriba referidos, varios testificantes confirmaron el suntuoso gasto del contador. Don Andrés de Alseda Caro, contador del Tribunal de Cuentas, indicó que, entre otros oficiales reales, Navarrete concurría “en todos los actos lustrosos de esta ciudad con pajes y libreas, comiendo en las fiestas de cañas y toros”.¹⁷ Al mismo tiempo, los testigos indicaban que Navarrete podía darse tales lujos por contar con el patrimonio para hacerlo. El Capitán Pedro Luque Cosar, cónsul del Tribunal del Consulado señaló “que tubo [Navarrete] despues de ser oficial real una herencia de una tia suya que murió en los balles [de Trujillo]”.¹⁸ De modo que, aunque los gastos excesivos de Navarrete eran notorios en la ciudad, estos no levantaban suspicacias sobre su administración del tesoro real, puesto que tales gastos confirmaban que el contador tenía suficiente caudal o acceso a este.

Para los residentes y oficiales reales de Lima, la generosidad de dicha parienta justificaba la acomodada posición de Navarrete quien podía vivir como un caballero más de la elite local. Además de una herencia, era de conocimiento público que aquella dadivosa dama había contribuido con la mayor parte de la dote de doña Silvestra de Navarrete.¹⁹ Hija única del contador con doña Antonia de Salazar, hija del oidor Bartolomé de Salazar, Silvestra era una niña cuando la benefactora de su padre ofreció comprar una chacara que sería parte de su dote. Tras efectuarse la transacción, su padre la administró y poseyó como suya reafirmando una capacidad económica que avalaba sus lujos y excesos.

Bajo un nuevo manejo

Tras el arresto de Navarrete en 1681, la chacara del valle de la Magdalena pasó a manos del depositario general de la Real Audiencia, como bien embargado del contador. Juan de Villota, como arrendatario de ella, y fray Fernando Nuñez de Sanabria, como su propietario, se enfrascaron en un arduo proceso para solicitar que los oficiales de la Real Audiencia y el visitador de las cajas reales de Lima reconocieran sus derechos sobre la propiedad. Ambos presentaron diversos instrumentos notariales que dieron soporte legal a sus reclamos, aunque sin resultados positivos.

Juan de Villota exhibió el contrato de arrendamiento otorgado a su favor por el sacerdote, para demonstrar ser el arrendatario de ella y demandar su posesión. En su petición, dirigida al virrey-arzobispo, Villota señaló los muchos menoscabos que estaba sufriendo como resultado del embargo que había interrumpido la siembra y el riego de las tierras, imposibilitándole pagar la renta de la chacara y otros gastos adicionales de jornales y sustento de esclavos.²⁰ Liñan y Cisneros ordenó el desembargo de la propiedad en el arrendatario, luego de que este proporcionara tres fiadores y otorgara una nueva carta de obligación comprometiéndose a pagar el alquiler de la chacara al depositario general de la Real Audiencia.²¹ En dicha carta, Villota se comprometía a pagar 2.400 pesos anuales de alquiler por la chacara en el valle de la Magdalena. A través de esta petición, tras presentar los fiadores requeridos, el arrendatario pudo recuperar las tierras embargadas.

Tras recobrar la posesión de la chacara, Villota presentó instrumentos adicionales para mostrar que no debía arriendo alguno sino que tenía un saldo a su favor. En un papel simple firmado por Nuñez Sanabria, este confirmaba haber recibido 2.400 pesos por el primer año del arrendamiento. Además, autorizaba a Villota a “que gaste la cantidad necesaria en los aderesos y reparos que necesite la chacara”.²² El arrendatario también adjuntó una memoria de los gastos realizados en la propiedad, los cuales incluían un galpón para los esclavos y un corral de ganados. A estos gastos añadió las pérdidas sufridas en los cultivos de trigo, alfalfa y aceituna, sumando un monto de 1.726 pesos que Villota tenía a su favor.²³ De este modo, el nuevo arrendatario no tenía que hacer pago alguno al depositario general por varios meses.

Por su parte, el padre Nuñez de Sanabria buscó también confirmar sus derechos sobre la chacara, argumentando que la había adquirido por vía legal a doña Silvestra de Navarrete, legítima dueña de la propiedad. A través de su representante, don Joseph de Altubes, procurador de la Real Audiencia, el sacerdote demandó el desembargo de la propiedad, alegando que esta no había pertenecido nunca al contador sino a la hija de este, según la escritura de venta que exhibió.²⁴ Nuñez de Sanabria señaló que antes de firmar dicho contrato había revisado los instrumentos notariales que confirmaban que doña Escolástica de Toledo y Pancorvo, tía de don Sebastián de Navarrete, compró y donó la dicha chacara para la dote de su sobrina-nieta, cuando esta era aún una niña. En la carta de venta, firmada en 1680 ante el notario Bartolomé de Espina, don Sebastián de Navarrete aparecía como padre y administrador de doña Silvestra de Navarrete, viuda de don José de la Cueva, otorgando en venta la chacara en el valle de la Magdalena a Nuñez de Sanabria.²⁵ Basado en este documento, el clérigo indicaba que el embargo se había realizado erróneamente y debía devolvérsele la chacara por ser el nuevo legítimo propietario.

A pesar de las pruebas mostradas por el sacerdote, el fiscal en lo civil de la Real Audiencia, don Juan González de Santiago, se opuso a su pedido alegando que dicha corte no tenía facultad para desembargar dicha chacara hasta que se concluyera la investigación realizada para averiguar y descubrir al verdadero propietario de ella.²⁶ Frente a esta negativa, Nuñez de Sanabria presentó tres instrumentos notariales adicionales que corroboraban la compra y donación efectuadas por doña Escolástica de Toledo y Pancorvo. El primero de estos era la carta de venta que otorgó don Francisco de la Cueva, vecino y regidor de la ciudad de Lima, a don Sebastián de Collado, contador del Tribunal de Cuentas, ante el escribano Juan del Corro en 1662. Por dicha escritura, el regidor vendió a Collado la chacara del valle de la Magdalena en 19.325 pesos de a ocho reales, de los cuales se descontaron 6.025 pesos de dos censos cargados sobre la propiedad.²⁷ El segundo documento era una declaración de Collado, notarizada ante Lázaro Ortiz de Peralta, donde indicaba que la compra la realizó por orden de doña Escolástica de Toledo y Pancorvo, que le había dado 14.000 pesos para comprar una propiedad para que pudiera entrar como parte de la dote de su sobrina-nieta -doña Silvestra de Navarrete de solo tres años.²⁸ Un tercer instrumento correspondía a una carta de doña Escolástica, firmada ante Simón Suárez del Corral, escribano en la ciudad de Trujillo, confirmando la donación de la characa a dicha sobrina. En esta carta, la acaudalada parienta indicaba no tener herederos, por lo cual deseaba ayudar a la hija de don Sebastián de Navarrete.²⁹ De acuerdo a estos documentos, notarizados ante tres diferentes escribanos y en dos ciudades distintas, Lima y Trujillo, la chacara en el valle de la Magdalena pertenecía a doña Silvestra de Navarrete y no debió ser embargada como parte de los bienes de su padre.

A pesar de presentar todos estos registros notariales, el fiscal González se mantuvo renuente a conceder el levantamiento del embargo, indicando que tales documentos no eran suficientes para comprobar la ausencia de fraude en la transacción. Aunque estos instrumentos señalaban que doña Escolástica compró y donó trece fanegas de tierra que originalmente tenía la chacara, la propiedad que doña Silvestra y su padre vendieron era un área más extensa que comprendía tierras pertenecientes al contador.³⁰ De hecho, la carta de venta otorgada por los Navarrete, padre e hija, señalaba que además de las tierras que su parienta compró de don Francisco de la Cueva, la chacara incluía tres adiciones: dos fanegas y medias donadas por don Pablo Fernández, indio, a Navarrete en 1670;³¹ siete fanegas y diez almudes que recibió del Noviciado de la Compañía de Jesús, por un pacto que hizo con el rector, Padre Ignacio de la Rocha, en 1679;³² y una cantidad de tierras sin especificar que doña Juana de Virvete, hermana de Sebastián de Navarrete, donó a su sobrina Silvestra. De esta manera, el total de tierra que vendieron los Navarrete a Nuñez de Sanabria ascendía a veinticinco fanegas, casi el doble de la compra y donación original. Por ende, el fiscal y el visitador rehusaron levantar el embargo de la chacara hasta que pudieran corroborar las transacciones contenidas en los documentos, para determinar a quién pertenecía dicha propiedad verdaderamente y los medios empleados para su adquisición.

Un leal sirviente

Debido a la negativa de los oficiales reales a restituir la propiedad a Núñez de Sanabria y a la ausencia de este de la capital virreinal, el proceso se dilató. A inicios de 1683 el depositario general, don Diego Hurtado de Mendoza, presentó un memorial ante el visitador Peñalosa excusándose por no haber podido cobrar los arrendamientos de la propiedad embargada a Sebastián de Navarrete, puesto que estuvo en la villa de Huancavelica sirviendo como gobernador.³³ Por ello solicitaba al inspector le proveyera orden ejecutoria para el cobro de 5.800 pesos que el arrendatario, Juan de la Villota, debía del tiempo que poseía la chacara. Provistos de la orden del visitador Peñalosa. el alguacil mayor don Gómez de Agüero y demás oficiales reales procedieron a realizar las diligencias contra Villota y sus fiadores. Debido a la dilatación de las investigaciones y a la omisión del depositario general, el arrendatario había evadido entregar pago alguno por la chacara, acumulando una deuda sustanciosa.

Tras proceder a las diligencias respectivas, los oficiales reales descubrieron que el arrendatario moroso era un leal sirviente del contador Sebastián de Navarrete. Gómez de Agüero confirmó, luego de indagar sobre su paradero, que Villota no se encontraba en Lima. Varias personas que conocían al supuesto arrendatario refirieron que este se había embarcado para Nueva España, en el mismo navío que conducía al contador Sebastián de Navarrete a su exilio en diciembre de 1682.³⁴ De modo que Villota estaba bajo las órdenes de Navarrete, quien debió instruirle para recuperar la posesión de la chacara y para seguirlo en su exilio.

En efecto, luego de que el alcalde del crimen apresara a Navarrete y confiscara sus bienes a mediados de 1681, el virrey-arzobispo y demás oficiales de la Real Audiencia no ejecutaron por completo las órdenes reales contra el contador. Cuando el nuevo virrey, don Melchor de Navarra y Rocafull, Duque de la Palata, arribó a Lima a fines de 1681 descubrió con asombro que dichas autoridades no habían efectuado el exilio contra Navarrete, alegando que no se había presentado ningún navío que partiese a Nueva España. Más aun, le habían conmutado la prisión efectiva por arresto domiciliario, motivo por el cual Navarrete caminaba libremente por la ciudad resguardado por dos soldados que supuestamente lo vigilaban.³⁵ El duque de la Palata, entonces, se ocupó de hacer las diligencias necesarias para que el contador se fuese en exilio, como en efecto lo hizo, en un navío que partió del puerto del Callao llevando azogue al de Acapulco, en Nueva España.

Juan de Villota era solo un integrante de la extensa red clientelar que Navarrete había desarrollado, la cual le había permitido recuperar subrepticiamente la chacara del valle de la Magdalena y sus recursos. Al buscar a Villota en la chacara del valle de Magdalena, el alguacil mayor halló al alférez Joseph de Justiniano, trabajando como mayordomo de ella. En su declaración, Justiniano refirió que estaba en dicho cargo hacía cuatro meses, contando desde fines de 1682, coincidentemente cuando Navarrete y Villota partieron para Nueva España. El mayordomo también señalo estar bajo las órdenes del General Fernando de Castro, esposo en segundas nupcias de doña Silvestra de Navarrete, quien se comprometió a pagarle un salario de 250 pesos anuales. Indicó también que antes de partir a Nueva España, Villota vendió varias yuntas de bueyes, además de borricos, caballos y una vaca. A estas pérdidas, el alguacil Gómez de Agüero agregó dos esclavos que se habían embargado con la propiedad pero estaban ausentes. Uno de ellos, Juan de Navarrete, de casta mina, partió con Navarrete y su criado a Nueva España. El otro, Antonio Terranovo, estaba en la hacienda La Taboada, propiedad de doña Constanza de Loayza, esposa en segundas nupcias del contador Navarrete.³⁶ De modo que, además de Villota, los parientes de Navarrete fueron participes del complejo proceso para obstruir el embargo de la chacara, aprovechándose además de sus recursos.

Desenmarañando un intrincado ardid

A pesar de este descubrimiento, el maestro Nuñez de Sanabria continuó demandando la propiedad como suya por lo cual los oficiales reales debieron aplicarse para demonstrar el fraude, tras embargar la propiedad nuevamente.³⁷ Unos meses más tarde, a inicios de 1684, el clérigo y el fiscal real Juan de González presentaron diversos testigos para respaldar sus argumentos. Estos testimonios permiten reconstruir la red clientelar de Navarrete, la cual se extendía más allá de su círculo familiar. Con ayuda de estos aliados, el contador pudo confeccionar la supuesta donación de la chacara inescrupulosamente e incluso producir un ‘conocimiento público y notorio’ sobre un patrimonio que justificaba los excesos y lujos que con su salario de administrador real no podía costear.

Los testigos que presentó el fiscal real refirieron casi unánimemente que había una estrecha relación entre el contador Navarrete y don Sebastián del Collado, a quien doña Escolástica encomendó la compra de una propiedad para la dote de doña Silvestra. Don Gerónimo de Celeyaran, Oficial Mayor de la Secretaría de la Gobernación, declaró que Navarrete y Collado tenían estrecha amistad de modo que se veían todos los días.³⁸ Don Agustín Fernández Dávila, quien fue contador de las cajas reales de Arica, señaló que las veces que fue a ver a Navarrete a su casa lo encontraba con Collado pues eran amigos (Dagnino, 1909: 183).³⁹ Aunque ninguno de los testigos indicó saber de confidencia alguna entre los contadores Navarrete y Collado, resultaba interesante que fuese este último a quien doña Escolástica escogiera para ayudarla en la compra referida.

Más interesante aún resultaba que los testigos que conocían a la donante aseguraban que distaba de ser la generosa parienta que Navarrete proclamaba tener. Don Joseph Bonilla de Guzmán, escribano real, señaló haber conocido a doña Escolástica unos catorce años atrás. Dicha dama, vecina de Trujillo, era ciertamente acaudalada, según Bonilla, pero sumamente miserable pues mantenía a su familia con mucha escasez.⁴⁰ El licenciado Damián Pizón de Mengolea, clérigo presbítero, declaró haber asistido a doña Escolástica durante los últimos años de su vida. En dicho tiempo, aunque vio que mantenía correspondencia con Navarrete, nunca le escuchó referir que tuviera parentesco alguno con él. Además, concordando con Bonilla, Pizón la describió como “sumamente miserable” pues no quiso asistir a su propio hijo, aun cuando estaba en “peligro su honra.”⁴¹ Don Joseph Jorge Nevado, vecino de Trujillo, indicó que además de no socorrer a su propio hijo cuando estuvo en prisión, la dicha doña Escolástica tenía otros hijos legítimos y parientes cercanos a los que nunca acudió. Más aún, Nevado no comprendía cómo pudo haber donado graciosamente la cantidad de pesos que costó la chacara de la Magdalena, cuando no asistía a sus propios hijos y parientes cercanos.⁴² De esta manera, los testimonios desestimaron los alegatos de generosidad que Navarrete y sus allegados se habían encargado de esparcir sobre su supuesta benefactora.

Los testigos presentados por Nuñez de Sanabria, varios de ellos emparentados con Navarrete, reiteraron conocer sobre la donación de doña Escolástica, aunque dicho conocimiento se basada solamente en información obtenida de oídas. El Maestre de Campo, don Marcos de Lucio y Robles, casado con doña Catalina de Navarrete, hermana del contador Navarrete, declaró saber que doña Escolástica de Toledo y Pancorvo mandó a nombre de Sebastián Collado trece o catrorce mil pesos de a ocho reales para que comprase una chacara para la dote de doña Silvestra. De Lucio y Robles supo acerca de dicha compra y donación por oírlo de su cuñado Sebastián de Navarrete, quien decía que la susodicha tía le daba “muchas dadivas y presentes” e incluso le dejó un legado de diez mil pesos tras su muerte, por el “mucho amor y amistad” que le tenía.⁴³ Sin embargo, el maestre de campo no refirió ninguna atención que Toledo y Pancorvo tuviese hacia su esposa -quien debía ser también sobrina suya. Este testigo tampoco pudo confirmar el parentesco entre los Navarrete y doña Escolástica. Otro de los declarantes, el Maestre de Campo don Alonso de la Cueva, tío de Joseph de la Cueva, primer esposo de doña Silvestra de Navarrete, señaló que el contador Navarrete le había dicho en varias ocasiones que tenía la “dicha de a ver topado una parienta como la dicha doña Escolastica de quien havia recibido muchos regalos.”⁴⁴ De forma similar, don Juan de la Cueva, hermano del Joseph de la Cueva, indicó que escuchó decir a varias personas, especialmente Sebastián de Navarrete y a Sebastián de Collado, que la chacara se compró con plata de doña Escolástica por mano del dicho contador Collado. Incluso recordó que su difunto hermano dijo que la dicha doña Escolástica le donó otras muchas cantidades al “dicho Don Sevastian de Navarrete por el amor y voluntad que le tenía”.⁴⁵ Como se puede apreciar en los testimonios, los deponentes se basaron en información diseminada por el contador Navarrete y sus allegados, entre los que estaba Sebastián de Collado e incluso su yerno Joseph de la Cueva, primer esposo de doña Silvestra.

Un efectivo círculo de apoyo

Estos testimonios resonaban con los recabados por el visitador Villavicencio un lustro atrás, donde varios declarantes señalaban que el ostentoso estilo de vida que llevaba Navarrete se justificaba por el patrimonio familiar que poseía. En ambas ocasiones hubo referencias a la parienta acaudalada, cuyos regalos explicaban los excesivos gastos del contador. Es posible inferir de estas declaraciones que, por varios años, don Sebastián de Navarrete se encargó de esparcir las nuevas sobre la supuesta donación de la chacara y la existencia de una tía generosa porque permitían justificar la ostentosa vida que llevaba. Para ello contó no solo con su amigo Sebastián de Collado y otros allegados, sino con la trasmisión oral de esta información a través del rumor o chisme.

Según los testimonios presentados, Sebastián de Navarrete combinó estratégicamente la producción de documentos notariales y el rumor para hacerse de la chacara de la Magdalena, sin levantar suspicacias contra su desempeño en la caja real de Lima. Para llevar a cabo tan minucioso plan, el contador Navarrete contó con un círculo de allegados que lo asistió en ambas labores. Su amigo Sebastián de Collado actuó como representante de doña Escolástica para efectuar la compra y donación en forma “legítima”, encargándose de producir la documentación necesaria para demostrarlo. Su criado Juan Villota pretendió ser el arrendatario de la propiedad cuando esta fue confiscada, logrando que la familia de Navarrete la recuperara luego de presentar el supuesto contrato de arrendamiento otorgado por el nuevo dueño. Aunque las fuentes no revelan sus motivaciones o la específica relación con Navarrete, el clérigo Nuñez de Sanabria y doña Escolástica de Toledo y Pancorvo colaboraron en la fabricación de diversos documentos notariales convenientes para Navarrete. Uno de los testigos, Damián Pizón de Mengolea, declaró haber presenciado el intercambio de correspondencia entre doña Escolástica y Navarrete pero no sabía su contenido ni los asuntos que los vinculaban. De manera que aunque había una relación entre ambos, esta no era lo suficientemente estrecha o evidente para justificar una donación tan cuantiosa como la efectuada.

Además de estos personajes, otros allegados asistieron a Navarrete en sus argucias. Su yerno, don Fernando de Castro, segundo esposo de doña Silvestra, asumió el cuidado de la chacara cuando Villota la recuperó, empleando a un mayordomo para que se ocupe de ella. Castro también se encargó de conseguir los testigos que Nuñez de Sanabria presentó, como lo indicó don Alonso de la Cueva.⁴⁶ Su difunto yerno, primer esposo de doña Silvestra, don Joseph de la Cueva, también colaboró a esparcir las noticias de la donación y las dádivas que su suegro recibía, supuestamente, de doña Escolástica. Al igual que don Sebastián de Collado, don Joseph contribuyó a producir el conocimiento público en torno al patrimonio de su familia política.

Una pieza clave de este círculo resultó Juan de Villota por los distintos servicios que prestó a don Sebastián de Navarrete, hasta el final de los días de este.⁴⁷ Villota sirvió a Navarrete por alrededor de ocho años acompañándolo en su exilio a Nueva España. Además de fingir ser el nuevo arrendatario de la chacara, ayudó a su amo a obtener los recursos necesarios para su viaje vendiendo varios de los animales bajo su cuidado. Tras la muerte de Navarrete en la cárcel del cabildo de la Ciudad de México en agosto de 1684, Villota regresó a Lima.⁴⁸ Allí los oficiales reales lo esperaban para cobrarle los 5.400 pesos de renta que debía por la carta de obligación que firmó al recibir la posesión de la chacara en 1681. Sin recursos ni la asistencia de su difunto patrón para sortear el entramado legal por sí solo Villota fue encarcelado en 1686.

A diferencia de Villota, muchos de los individuos que asistieron a Navarrete en armar tan cuidadoso fraude no recibieron sanción alguna por parte de las autoridades reales. Doña Escolástica de Toledo y Pancorvo estaba muerta cuando la propiedad fue embargada y don Sebastián de Collado moriría antes de que el visitador Peñalosa sentenciase que la chacara pertenecía a Navarrete, en 1685.⁴⁹ Don Fernando de Castro y doña Silvestra de Navarrete tampoco enfrentaron cargos, a pesar de haber colaborado en encubrir la chacara de las autoridades. La sentencia de Peñalosa concretamente declaró que la chacara, como propiedad de Navarrete, estaba sujeta al embargo y los cargos que resultasen en contra de este

Conclusión

El fraude detrás de la compra y la donación de la characa de don Sebastián de Navarrete demuestra su estratégico uso de registros notariales para legitimar una transacción falsa, la cual a la vez serviría para generar el conocimiento público del acaudalado patrimonio familiar del contador. Navarrete no solo procuró que su amigo Sebastián de Collado realizara los trámites notariales para oficializar el traspaso de la characa a doña Silvestra de Navarrete, sino que empleó el mismo recurso para aparentar su venta al clérigo Nuñez de Sanabria. Independientemente del contenido de tales registros, se infiere que Navarrete negoció con, al menos, algunos de los firmantes para convencerlos de participar en prácticas engañosas.

Aunque no es posible corroborar las motivaciones de algunos de estos participantes, se reconoce que lazos de amistad, parentesco y clientelaje permitieron que Navarrete tuviera una sólida red de aliados. Además de su gran amigo don Sebastián de Collado, quien fingió comprar la chacara con dinero y por orden de doña Escolástica de Toledo y Pancorvo, Navarrete contó con la asistencia de Juan de Villota, su criado, quien fielmente lo siguió en su exilio a Nueva España. Sus parientes políticos también fueron participes en el ardid. Miembros de la familia De la Cueva, emparentados con doña Silvestra durante su matrimonio con Joseph de la Cueva, testificaron en favor del supuesto nuevo propietario de la chacara, Nuñez de Sanabria, aunque aparentemente fueron conminados por el comisario Fernando de Castro, segundo esposo de esta.

Este círculo de allegados fue también clave para convertir el patrimonio familiar de Sebastián de Navarrete en conocimiento público. Tanto el contador Navarrete como su amigo Collado se encargaron de divulgar la compra y donación de la chacara. Así varios de los testigos interrogados sobre estas transacciones refirieron conocer de ellas por haberlo escuchado de muchos otros individuos, además de Navarrete y Collado. Este conocimiento sobre el patrimonio de Navarrete no era nuevo o casual, como lo demostraron los interrogatorios del visitador Villavicencio en 1678. En aquella ocasión, los declarantes confirmaron saber del patrimonio familiar de Navarrete el cual permitía que este administrador de la caja real de Lima pudiera vivir con lujos que excedían su salario de contador.

El ardid de Sebastián de Navarrete resultó ser eficaz por varios años, en tanto cumplió el propósito de justificar sus lujos frente a la sociedad limeña. Los diversos instrumentos notariales que elaboró, con asistencia de Collado y Nuñez de Sanabria, permitieron a su familia recuperar la chacara luego de su embargo, al menos provisionalmente. El conseguir acceso a sus recursos, varios de los cuales Villota vendió, permitió a Navarrete costear los gastos durante su exilio y en los últimos años de su vida, en los cuales continuó produciendo muchos más instrumentos notariales para intentar demostrar su lealtad al rey.

Fuentes documentales

Archivo General de Indias (AGI)

Lima, 78, 106, 171, 288, 289, 290, 293, 294, 1070 y 1071.

Archivo Arzobispal de Lima (AAL)

Causas Civiles, Legajo 140, expediente 74.