Un extractivismo cool. Apuntes sobre el avance del modelo Vino & Turismo en los Valles Calchaquíes tucumanos, República Argentina

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Resumen

En este artículo presento el problema del avance del modelo Vino & Turismo en los Valles Calchaquíes, desde Salta hacia el sur, haciendo foco en su carácter de doble extractivismo y en el riesgo ambiental y social que significa para la población local; en especial para el territorio de la Comunidad India Quilmes, ubicada en el sector tucumano de los Valles. Asimismo, sugiero que existe una construcción social positiva que legitima al modelo y colabora con invisibilizar sus efectos destructivos, a partir de la combinación de valores que operan en las distintas dimensiones de productividad económica, consumo y distinción de clase, identidad nacional y adscripción regional.  

Palabras Clave: VINO & TURISMO. EXTRACTIVISMO.  VALLES CALCHAQUÍES. TERRITORIO INDÍGENA.

A cool extractivism. Notes on the advance of the Wine & Tourism model in the Calchaquí Valleys of Tucumán, Republic of Argentina

Abstract

In this article I present the problem of the advance of the Wine & Tourism model in the Calchaquí Valleys, from Salta to the south, focusing on its double extractivism and the environmental and social risk it poses for the local population, especially for the territory of the Quilmes Indian Community, located in the Tucuman sector of the Valleys. I also suggest that there is a positive social construction that legitimises the model and helps to make its destructive effects invisible, based on the combination of values that operate in the different dimensions of economic productivity, consumption and class distinction, national identity and regional affiliation.

Key words: WINE & TOURISM. EXTRACTIVISM. CALCHAQUÍ VALLEYS. INDIGENOUS TERRITORY.

Palavras Chave: VINHO & TURISMO. EXTRATIVISMO. VALES CALCHAQUÍES. TERRITÓRIO INDÍGENA.

Introducción

Los Valles Calchaquíes constituyen un sistema de valles interserranos que se extienden por 500 km entre los cordones de Quilmes y del Aconquija, atravesando las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca, en el Noroeste Argentino. Durante las últimas tres décadas, el sector salteño de dichos Valles se ha consolidado como destino turístico privilegiado, que combina la producción de vinos de altura de calidad, hermosos paisajes y un benéfico clima, lo que ha impulsado una serie de desarrollos que producen nuevas formas de impacto en el territorio.

Se ha señalado recurrentemente la incidencia de las políticas neoliberales a partir de 1990 en la promoción de las áreas rurales, en diferentes rumbos. Para el tema que abordo, interesa señalar, por un lado, la conversión de modelos agrícolas tradicionales en diversas formas de extractivismo agrario (Manzanal, 2000; Giarraca y Teubal, 2008), que en esta zona se manifiesta a través de lo que se conoce como nueva vitivinicultura (Martín, 2009; Neiman, 2017). Por otro lado, la conversión de espacios rurales en destinos turísticos a nivel global, en el marco de nuevas prácticas de turismo alternativo o postfordista (Meethan, 2001; Urry y Larsen, 2011) que demandan atractivos –supuestamente menos estandarizados– que revaloricen la naturaleza, las tradiciones y costumbres, lo folklórico, lo étnico y lo rural. Sin embargo, esto plantea nuevas y diversas problemáticas de consumo (Santana Talavera, 2002; Barrera, 2006; Román y Ciccolella, 2009). Desde 1990, estas dos vías del desarrollo rural neoliberal convergen en los Valles Calchaquíes salteños.

Defino esta convergencia como modelo Vino & Turismo (en adelante, V&T), en lugar de utilizar tipologías que subordinen uno de los componentes al otro, como en el caso de la de enoturismo. El propósito es abordar el análisis como una articulación entre dos tipos de proyectos económicos cuyas particularidades y efectos se potencian en su interacción. A su vez, dicha interacción incrementa la significación positiva de ambas actividades e invisibiliza que este modelo constituye una forma particular y doble de extractivismo, cuya expansión, fomentada por los gobiernos, plantea una amenaza para todo el territorio y las personas que lo habitan.

En efecto, el modelo V&T avanza inexorablemente desde Salta hacia el sur, animado por intereses estatales y privados que respaldan la extensión de la Ruta del Vino en Tucumán y Catamarca, hasta ahora con pocos emprendimientos. Esto podría llevar a que la totalidad de los Valles Calchaquíes se posicione como una zona vinícola-turística. Y aunque el paisaje evidencie el impacto del avance de los viñedos y el modelo de desigualdad ambiental, social y económica que Cafayate representa en la actualidad esté muy cercano, el modelo goza de excelente prensa y provoca el interés de grandes inversores. Más aún, está siendo percibido positivamente por pobladores sin capital, quienes ven en él un potencial generador de empleo.

La negación de los efectos del modelo podría explicarse a partir de la hipótesis de que, a diferencia de otros tipos de extractivismo más claramente definidos como tales, existe una construcción social positiva en torno al vino y al turismo que permite minimizar dichos efectos. Esta construcción se basa en una combinación de valores que operan en distintas dimensiones, permeando la perspectiva de los consumidores y de los propios actores locales, y legitimando así el modelo. Estos valores incluyen: el valor económico-productivo de la vitivinicultura; un valor de uso en sentido amplio (Baudrillard, 1987) que coloca al consumo de vino y los viajes de placer como rasgos de distinción de clase; y el valor simbólico-identitario del vino como bebida nacional y regional, sostenido por diferentes dispositivos estatales.

Este artículo constituye un primer acercamiento al problema del avance del modelo V&T en los Valles Calchaquíes tucumanos y, en particular, la amenaza que representa para la vida local y para el territorio de la Comunidad India Quilmes (CIQ), el cual se encuentra actualmente bajo la protección de la prórroga de la Ley Nacional 26.160 de Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de las Tierras de las Comunidades Indígenas. El objetivo es aportar, con el análisis de este caso, a una comprensión más amplia de las diversas formas que adopta el extractivismo territorial y su impacto en las comunidades locales, un tema de gran relevancia desde la perspectiva antropológica. Dado que este trabajo es exploratorio, su propósito es presentar el problema y sus antecedentes, así como establecer las primeras directrices de una investigación iniciada en 2022, basada en observaciones durante el trabajo de campo. Los datos empleados en este escrito provienen de organismos, revisión bibliográfica y observaciones y testimonios recopilados en el territorio.

Comienzo por mencionar aspectos conceptuales sobre la perspectiva planteada. Luego aportaré algunos datos actualizados sobre la producción vitivinícola en la zona y describiré cómo surge el modelo V&T. Posteriormente desarrollaré los problemas socioambientales que genera el modelo y sus derivados, que permiten caracterizarlo como un tipo de extractivismo doble que amenaza a la comunidad local y al territorio de la CIQ. Finalmente, sugeriré algunas claves para comprender por qué, pese a sus evidentes efectos nocivos, el modelo V&T es ampliamente valorado en diversos sectores sociales, lo que impide percibirlo como una forma de extractivismo destructivo.

El modelo V&T desde la perspectiva extractivista

El boom internacional de los Valles Calchaquíes salteños, especialmente en Cafayate, ha sido objeto de estudio debido a dos causas principales: el posicionamiento del vino de altura calchaquí como commodity de lujo en el mercado mundial gracias a nuevas tecnologías de comercialización y distribución (Rainer, 2016); y la inclusión de esta zona rural como uno de los principales destinos de la migración de amenidades en América Latina (Rainer y Malizia, 2014 y 2015). Estos fenómenos han generado reestructuraciones sociales, económicas y ambientales, además de abrir brechas de desigualdad en el acceso a recursos y derechos inalienables como el agua, la tierra y la vivienda.

El extractivismo es conceptualizado como una práctica económica, política y cultural del capitalismo global, basada en la apropiación y control de regiones capitalizadas sobre los recursos naturales y materias primas de las regiones objeto de extracción (Gudynas, 2009 y 2013; Machado Aráoz, 2015). Este proceso, iniciado con la colonización europea, se reprodujo en la actualidad con diferentes características según cada orientación política, pero manteniendo la acumulación de capital transnacional a expensas de los territorios expoliados, en un mercado desigual (Acosta, 2011). Los aspectos más sobresalientes son la presencia de capitales internacionales en los territorios, el respaldo estatal (Franquesa, 2007), la gran extensión de los emprendimientos y su concentración en manos extranjeras. En Argentina son bien conocidas la extracción de hidrocarburos, la megaminería y los agronegocios, que permiten la exportación de recursos naturales a bajo costo, generalmente sin valor agregado (Seoane, 2013).

La otra forma de comprender el extractivismo es a través de sus efectos. La expoliación y mercantilización de la naturaleza (Grigena y Álvarez, 2013), ejercida sobre territorios generalmente considerados improductivos o ineficientes, produce en ellos un grave impacto ambiental (Vega Cantor, 2014; Klier y Folguera, 2017). Asimismo, la lógica de enclaves en espacios amplios y poco poblados produce alteraciones en las tradiciones económicas locales, nuevas formas de desigualdad o desplazamientos (Castilla, 2022).

Respecto de estos lineamientos, el modelo V&T plantea algunas diferencias, especialmente en cuanto al escaso procesamiento de los recursos naturales exportables, que define al extractivismo clásico. En este sentido, podría objetarse que la industria vitivinícola produce sus commodities en el país y luego los coloca en el mercado internacional. Sin embargo, desde el punto de vista de su expansión descontrolada, la devastación ambiental, la explotación de recursos no renovables como el monte y el agua, la concentración de tierras en manos extranjeras, la mercantilización de bienes comunes y el consecuente riesgo de las comunidades locales, es posible concebirlo como una modalidad extractiva.

Por otro lado, el turismo en espacios rurales también comienza a observarse como una modalidad extractiva, debido a su propia apropiación y mercantilización de elementos y bienes naturales (y culturales) con fines de lucro (Rodríguez y Di Nicolo, 2019) y a su impacto ambiental y social. Distintos autores han abordado este impacto (que no siempre es caracterizado como extractivismo) y que se agrava especialmente cuando involucra a territorios indígenas (Valverde, 2006; Balazote y Radovich, 2009; Valverde, Maragliano e Impemba, 2015; Enriz, 2020).

Torres, Grosso y Scoones han aplicado el marco conceptual del extractivismo para analizar la relación entre el turismo de lujo y la vitivinicultura en el Valle de Uco, Mendoza, debido a la gravedad de su impacto. Aunque diferencian características asociables a dinámicas extractivas de otras que deben repensarse según sus particularidades y diferencias con extractivismos más definidos, sostienen “que el turismo de lujo expresa una forma de mercantilización de la naturaleza y la cultura que, tras el placer y una estética refinada, construye enclaves de ganancia monopólica” (2018:4). En este sentido, la revalorización del espacio rural y la modificación de la naturaleza (Castree, 2005; Cronon, 1995) según modelos urbanos puede considerarse una doble apropiación: de la tierra como recurso económico y del paisaje como recurso escénico, aspectos que conforman el valor del espacio mercantilizado (Rainer y Malizia, 2014: 41).

El modelo V&T calchaquí comparte las características extractivas del turismo de lujo; ha concentrado territorios, impuesto formas de consumo basadas en modelos foráneos, se ha apropiado tanto del paisaje como de ciertas tradiciones culturales locales, promoviendo una lógica de aislamiento del entorno social local, expulsado de este circuito. Asimismo, participa en el mercado global a través de capitales trasnacionales y su impacto es elevado. Así, los motivos esgrimidos permiten definir al modelo V&T como una forma peculiar y doble de extractivismo.

Vino & Turismo en los Valles Calchaquíes: una fórmula exitosa

Valor productivo y económico

El éxito económico de los emprendimientos vitivinícolas es el principal argumento para fomentar el avance del sector. Aunque las cifras correspondientes a los Valles Calchaquíes no representan un alto porcentaje en la producción nacional total (1,7% de la superficie cultivada en Salta, respecto de un 70,6% en Mendoza) la vid ha experimentado un notable crecimiento en esta zona, según el Informe Anual 2021 del Instituto Nacional de Vitivinicultura de la República Argentina (INV). En los Valles Calchaquíes, la superficie cultivada representa más del 30% y la producción de sus bodegas equivale a casi el 70% de la producción total de la región NOA (Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy y La Rioja), la segunda más grande después de Cuyo.

Las características orográficas y climáticas de los Valles Calchaquíes ofrecen variables ideales para el cultivo de viñedos de altura, entre los 1600 y 3100 metros sobre el nivel del mar, lo que los convierte en una de las zonas productoras más altas a nivel mundial. La aridez y la amplitud térmica de esta zona benefician especialmente a variedades como el Malbec, Torrontés y Cabernet Sauvignon, que en conjunto representan el 54% de la superficie total cultivada. Aunque el Instituto Nacional de Vitivinicultura menciona que los ríos Calchaquí y Santa María, junto con sus afluentes, son las principales fuentes de irrigación, no hace referencia al uso de vertientes naturales ni a la proliferación no regulada de perforaciones profundas para sustentar sistemas de riego por goteo. Estos últimos, entre 1995 y 2021, han contribuido al aumento de la superficie cultivada de vid en Salta, pasando de 1560 a 3608 hectáreas, aunque la cantidad de viñedos (de unas 12,4 hectáreas promedio) haya descendido levemente, de 354 a 292).

En el mismo período, Tucumán experimenta un crecimiento extraordinario en su superficie cultivada (de 12 a 127 hectáreas) y en el número de viñedos (de 23 a 56), aunque el tamaño promedio de estos últimos es de apenas 2,3 hectáreas. Según el Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán, hay alrededor de veinte bodegas nucleadas en la Asociación de Bodegueros de Tucumán, con una producción total de 600.000 litros, comercializados a través de 91 etiquetas.1

La comparación entre ambas provincias es relevante para los fines de este artículo, no solo por su contigüidad espacial sino porque el impulso vitivinícola de Salta es retomado con ímpetu por Tucumán, que ve con buenos ojos la continuación de la Ruta del Vino en su provincia, con mucho territorio improductivo a los ojos de quienes animan esta industria. Esto se percibe en el rotundo cambio de paisaje al atravesar el límite provincial por la Ruta Nacional 40: mientras que las localidades salteñas de Tolombón, Animaná y Cafayate exhiben prácticamente la totalidad de sus superficies cultivadas, la región tucumana conserva gran parte de su monte nativo. Además, sus viñedos y bodegas, de dimensiones más pequeñas, todavía no han experimentado una influencia significativa de inversiones extranjeras (véanse Figuras 1, 2 y 3). Dos factores parecen confluir en esta diferencia: una Ley de Bosques más rigurosa que la vigente en Salta, y la existencia del territorio de la Comunidad India Quilmes (CIQ).

Figura 1. Superficies afectadas por el cultivo de vid y emprendimientos turísticos de gran escala (en rojo) y superficies desmontadas para cultivar vid (amarillo) en el sector salteño. Elaborado por la autora a partir de Google Earth.

Figura 2. Superficies afectadas por el cultivo de vid y emprendimientos turísticos de gran escala (en rojo) y superficies desmontadas para cultivar vid (amarillo) en el sector tucumano. Elaborado por la autora a partir de Google Earth.

Figura 3. Superficies afectadas por el cultivo de vid y emprendimientos turísticos de gran escala (en rojo) y superficies desmontadas para cultivar vid (amarillo) en el sector salteño y en el sector tucumano. Elaborado por la autora a partir de Google Earth.

¿Una producción tradicional de la zona?

Los Valles Calchaquíes albergan bodegas de gran antigüedad y representatividad. Las primeras fueron las de las antiguas estancias jesuíticas en Tafí. Luego, en 1831, Nicolás Severo de Isasmedi y Echalar, el último gobernador colonial, estableció la Bodega Colomé en Molinos para producir vino de uva criolla. Sin embargo, Ascensión Isasmendi, quien recibió la finca como dote, fue quien introdujo variedades francesas como el Malbec y el Cabernet y comenzó a exportar vino. Durante la presidencia de Bartolomé Mitre, sus vinos también se presentaron en eventos políticos. La finca permaneció en manos de sus descendientes hasta el año 2000, cuando fue adquirida por Donald y Úrsula Hess, quienes también compraron los viñedos El Arenal y Finca La Brava, en Cafayate. En esta localidad, por su parte, en 1857 la familia Córdova y Murga fundó la Bodega La Banda para consumo propio, que posteriormente se convirtió en Vasija Secreta y aún sigue en manos de la familia. Los Murga también poseen otra antigua finca, Viñas de Animaná. En Cafayate se encuentra también Bodegas Etchart, una de las más importantes de la zona. Fundada en 1850 como bodega de vinos blancos por Flavio Niño y Plazaola, fue adquirida en 1938 por Arnaldo Benito Etchart, quien la compró a la familia de su esposa.

Ya a fines de siglo XIX se ponderaban los suelos vallistos para el cultivo de la vid, sus extensas superficies y el bajo costo de producción, desde una narrativa de la potencialidad que buscaba visibilizar esta zona hasta allí excluida de la inversión de capitales, concentrados en el llano cañero (Tolosa, 2019). Groussac et al. plantearon que la formación en técnicas modernas y la protección gubernamental permitirían mejorar la calidad y reducir desperdicios, a fin de que esta industria “aun en embrión en la República […] [llegara] a constituir una fuente de riqueza para el país entero” (1882:457-461). Ambrosetti (1895) resaltó la industria vinícola de Cafayate y Tolombón y subrayó la necesidad de modernizar el proceso y construir un camino hacia San Miguel para ampliar el comercio local.2 En ese entonces, en Tucumán solo quedaban las ruinas de los establecimientos jesuitas y un único viñedo activo en Colalao del Valle, propiedad de Felipe Tanco. A principios del siglo XX, las variedades plantadas en 25 hectáreas de Colalao incluían la uva negra criolla, huevo de gallo, rubia primera torrentel, moscatel blanca y negra, con un rendimiento de 7000 a 9000 litros por hectárea, a pesar de los métodos rudimentarios y la regulación del agua por turnos (Bello, 1911).

De modo que el cultivo de vid y la producción de vino son actividades tradicionales de la zona, y hasta hoy pueden observarse en las fincas familiares viñas para autoconsumo de frutos, pasas y vino artesanal. Entonces, ¿cuándo y cómo cambió esta producción, para que hoy su avance constituya una amenaza territorial?

El cambio hacia el modelo Vino & Turismo

La nueva vitivinicultura se implementó en la década de 1990, tanto en esta zona como en la región cuyana. Se caracteriza por la capitalización extranjera del sector, la incorporación de variedades de vid, la tecnologización del cultivo y la cosecha, la sistematización del riego, la mecanización y tercerización del trabajo y el cambio en la comercialización, antes limitada al mercado interno, y ahora con un perfil eminentemente exportador.

En los Valles, la llegada de inversiones extranjeras fue propiciada por las dos corrientes de revalorización del espacio rural, tanto la productiva como la turística. En esa confluencia se gestó el exitoso modelo V&T, que posicionó la región de manera competitiva en el mercado global al satisfacer tanto la creciente demanda de vinos de altura como la búsqueda de un destino privilegiado, debido a sus características paisajísticas singulares.

El proceso comenzó en las bodegas tradicionales. Colomé es un ejemplo del nuevo modelo de inversión: vinos exclusivos y premiados internacionalmente, enólogos profesionales –generalmente extranjeros– y recepción de turistas. Esta y otras bodegas exclusivas ofrecen alojamiento con altas tarifas dolarizadas. Otras, solo degustaciones y recorridos guiados por los viñedos y plantas de producción. Un rasgo común en las bodegas más antiguas es la posesión de sus propios museos, que exhiben objetos utilizados en las antiguas prácticas de producción.

Un aspecto crucial para la implementación del modelo en Salta fue el apoyo del gobierno, desde el sector productivo, pero especialmente desde la Secretaría de Turismo y Deportes. Esta última otorgó avales a empresas dedicadas al enoturismo y promovió la creación de la Ruta del Vino, uno de los principales atractivos de la provincia. La ruta comprende tramos de las rutas nacionales 40 y 68, con cartelería que indica la ubicación de las bodegas. Además, atraviesa diez municipios con paisajes únicos, como las Quebradas de las Conchas y de las Flechas, y pueblos históricos como Molinos, Seclantás, Cachi y San Carlos, que son presentados como ricos en tradiciones y artesanías. También se han creado atracciones temáticas, como el Museo de la Vid y el Vino en Cafayate. Este museo, construido sobre la estructura de la Bodega Encantada (un lugar emblemático por celebrarse allí la Serenata a Cafayate), fue inaugurado en 2011 como símbolo de la importancia de la vitivinicultura. Diseñado por profesionales de Buenos Aires, el museo incorpora piezas históricas y recursos estéticos y narrativos interactivos, novedosos en la zona. Fue concebido como un hito de la Ruta y financiado por Turismo de Nación y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como parte de un programa de afianzamiento del turismo en Salta.

Actualmente, el sitio web de Turismo de Salta resalta la “variedad de colores en sus montañas, los pueblos típicos y la calidez de su gente” que convierten a este lugar en algo mágico”;3 pero, sobre todo, los vinos premium “más altos del mundo”, de cepas especiales y variadas, de los cuales se exportan 1.200.000 botellas a treinta países, lo que convierte a Salta en “uno de los destinos preferidos de la Argentina en enoturismo”. Esto da lugar a nuevas acciones, como las II Jornadas Nacionales de Turismo del Vino –y I Internacionales–, inauguradas el Día del Vino Argentino 2022.4 Estas jornadas reunieron a más de trescientos referentes y autoridades de la industria, y en ellas se anunció la decisión de continuar fortaleciendo la Ruta del Vino con una significativa inversión en infraestructura. Entre los proyectos se encuentra la creación de un nuevo Centro de Convenciones en Cafayate, la “puesta en valor” del dique Cabra Corral, la pavimentación de dos tramos de la Ruta Nacional 40, la construcción de miradores, la mejora de la señalética y refuncionalización de campings. Estas políticas son argumentadas por los beneficios que genera: divisas, crecimiento económico, creación de puestos de trabajo por multiplicación de actividades relacionadas, derrame hacia otros rubros vinculados directa o indirectamente y una supuesta redistribución del ingreso a nivel regional.

Cuando Bernardo Racedo Aragón, titular de Turismo en Salta –y principal promotor de la Ruta– pasó a ocupar esa cartera en Tucumán, prosiguió el proyecto de “potenciar la Ruta del Vino de Salta e instalarla como destino en el mundo” para convertir a los Valles Calchaquíes en un emblema. Fue entonces cuando se quiso incluir al sitio Ciudad Sagrada de Quilmes como hito de ese recorrido revalorizado, lo que trajo disputas con la comunidad indígena por su manejo (Tolosa, 2014, 2017). Actualmente, Tucumán pretende seguir incorporando de manera funcional ese y otros espacios del pasado indígena, y otros edificios históricos como la casa perteneciente al viñedo de Felipe Tanco en Colalao, sobre la cual pesa un proyecto de expropiación para crear otro Museo del Vino.

Derivaciones del modelo V&T

Una de las ramificaciones de mayor impacto derivadas de este modelo fue la proliferación de barrios cerrados en Cafayate desde la primera década de los años 2000. Este fenómeno fue analizado por Rainer y Malizia (2014 y 2015) como un ejemplo local de amenity migration (Gosnell y Abrams, 2011), parte de un movimiento global de idealización de lo rural (Moss, 2006; McCarthy, 2008). En Argentina, otros desplazamientos similares en entornos montañosos se han observado en la Patagonia (González, 2011; Otero et al., 2006).

En Cafayate, los barrios privados disponen de amenities como “bares, club houses, centros comerciales, caballerizas, viñedos comunitarios, canchas de golf, polo, futbol y tenis hasta lagunas artificiales” (Rainer y Malizia, 2015:66-67). Algunos desarrollos, como La Estancia o Tolombón Wine Village, ocupan extensiones de más de quinientas hectáreas y cuentan con viñedos propios, así como hoteles de cinco y cuatro estrellas, respectivamente, que atraen a un turismo de élite. Los compradores de estos costosos lotes suelen ser extranjeros que conocen la zona mediante publicidad en línea, que resulta crucial para la circulación global de este negocio (Rainer y Malizia, 2015). El discurso de marketing utilizado para atraer al turismo en general se basa en la idea de un paisaje único e incontaminado, evoca la noción de una naturaleza prístina y bucólica, y sugiere una relación armónica y contemplativa con el entorno (Saarinen, 2004; Nates Cruz y Raymond, 2007; Nouzeilles, 2002). En particular, a los futuros compradores se le destacan las amenities de las urbanizaciones y las bodegas, ya sean propias o de la zona, que son elementos fundamentales de la promoción.

Muchos de estos emprendimientos se desarrollaron mediante fideicomisos entre terratenientes locales e inversores foráneos; el caso más relevante es La Estancia, sociedad entre el estadounidense Doug Casey y Juan Romero, hijo del exgobernador de Salta. Esta estrecha vinculación entre el capital y la política local ha permitido, además de generar negocios, prescindir de un código de planificación urbana e incluso infringir la Ley provincial de Protección del Medio Ambiente 7070/00. Esta ley establece que todo emprendimiento mayor a las tres hectáreas de superficie requiere realizar estudios de impacto ambiental y social. Actualmente continúan loteándose nuevos barrios cerrados hacia el norte de Cafayate (Figura 4), que se suman a la proliferación de restaurantes, hoteles, nuevas bodegas boutique (algunas ubicadas considerablemente lejos de la ciudad) dirigidas a una clientela con un alto poder adquisitivo y al notable incremento en la extensión de terreno dedicada al cultivo de vid. Hacia el sur, los viñedos prácticamente cubren por completo las localidades de Animaná y Tolombón, y se aproximan a la frontera con Tucumán.

Figura 4. Salta, Cafayate. Nuevos loteos para proyectos inmobiliarios. Fotografía de la autora.

El lado b del modelo

El impacto ambiental

En contraste con los argumentos positivos esgrimidos por los impulsores y el beneplácito de los consumidores, el modelo muestra un impacto profundo en la armonía ecológica, cultural y socioeconómica de la zona. El avance de los viñedos implica la destrucción absoluta del bosque nativo, visible en el radical cambio de paisaje entre Tucumán y Salta; en esta última provincia, la vid invade el campo visual, extendiéndose ininterrumpidamente desde el pie de los cerros hasta la lejanía, sin rastro de la vegetación autóctona (Figura 5).

Figura 5. Salta. Extensión de los viñedos, visto desde la RN 40. Fotografía de la autora.

Las consecuencias ecológicas resultantes del proceso de desmonte son sencillas de identificar: modificación de la biosfera regional, desplazamiento de la fauna silvestre, modificación de cursos de agua superficiales y subterráneos, y una reducción casi total de la vegetación autóctona que incluye una amplia variedad de algarrobos, chañares, espinillos, cactáceas, hierbas y pastos (Figura 6). Esto produce a su vez la restricción del acceso de los pobladores a elementos naturales que constituyen bienes de uso común: reduce significativamente las áreas de pastoreo y recolección de algarroba, leña y hierbas de uso cotidiano y medicinal, impactando significativamente en las prácticas culturales y económicas.

Figura 6. Salta. Gran superficie desmontada, para futuro cultivo. Fotografía de la autora.

Como adelanté, una de las razones del freno al avance de la vid en Tucumán es una abundante legislación respecto de la conservación de bosques nativos. Entre estas normas, la Ley 8304/2010 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, siguiendo la categorización ordenada por Ley Nacional 26.331 (Protección Ambiental de Bosques Nativos) plantea promover la conservación; planificar y regular la expansión de la frontera agropecuaria y cualquier otro cambio de uso del suelo; controlar y aumentar y perdurar la superficie de bosques existentes. Gran parte del sector calchaquí tucumano corresponde a la Categoría I de la Ley 8304/2010, donde se estipula lo siguiente:

Los sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse a otro uso del suelo. Se incluyen áreas que, por sus ubicaciones en relación a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y objeto de investigación científica. (Ley 8304/2010 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, Art. 5)

Un ingeniero agrónomo que trabaja en la zona explica que Tucumán preserva los bosques que le quedan, debido al desmonte casi total en las tierras del llano, que históricamente se destinaron a la industria azucarera (Comunicación personal, julio de 2022). Esto permite preguntarse si la protección de bosques allí responde a un cuidado ecológico o es producto de la marginalidad productiva que siempre se asignó a la zona, que comienza a cambiar justamente por las proyecciones viñateras. El mismo ingeniero plantea la duda de si un mayor interés de los inversores podría conducir a cambios en la legislación. Será relevante observar en adelante en qué medida el fomento al modelo V&T en Tucumán pueda producir dichas modificaciones, sobre todo teniendo en cuenta la convergencia de intereses entre empresarios provinciales y políticos. Distintos relatos locales mencionan que algunos políticos poseen grandes terrenos en la zona, a través de testaferros.

Asimismo, el desmonte produce la destrucción de árboles centenarios, los cuales son muy valorados en la cultura local, así como elementos del pasado ancestral indígena, fundamental para la reproducción cultural e identitaria de la CIQ como también de los pobladores que, si bien no adscriben a esta comunidad, consideran a ese pasado como parte de su historia. Las topadoras no discriminan y destruyen piezas y estructuras prehispánicas; los relatos coinciden en señalar que las empresas no dan aviso a la comuna, ni a la CIQ, ni a organismos de resguardo patrimonial, lo que resulta que muchos materiales se destruyan irremediablemente.

La consecuencia más grave del cultivo de la vid es la profundización de uno de los mayores problemas históricos de la zona: la escasez de agua. Los ríos principales, Santa María y Calchaquí, son estacionales y solo cuentan con agua durante el verano. Desde tiempos prehispánicos, los pobladores han utilizado represas, acequias y encauce de vertientes en las laderas de los cerros, para la distribución de aguas. También existen pozos de uso común, que los vecinos utilizan para el riego, mediante un sistema de turnos. Estas laboriosas prácticas de manejo del agua parecen verse burladas por las modernas tecnologías empleadas en los viñedos, que hacen uso de sistemas de riego por goteo y perforaciones profundas, los cuales solo son viables con una inversión económica considerable.

El problema del uso de sistemas de riego con aguas subterráneas en viñedos ha sido objeto de análisis por parte de Saldi y Petz (2015) en el contexto de Mendoza. Estas investigadoras destacan que esta tecnología, respaldada por inversionistas privados y el gobierno provincial, ha permitido expandir la superficie cultivable sobre espacios considerados, desde fines del siglo XIX, como desiertos –por oposición a los oasis–. Una dicotomía similar se estableció en Tucumán durante el mismo período, con la división entre el fértil y progresista llano agrícola y el yermo, atrasado y ganadero territorio montañoso (Tolosa, 2019). Más de un siglo después, otra similitud se plantea entre estas regiones: la reconceptualización positiva de esos espacios antes menospreciados, a partir del desarrollo vitivinícola. Esto no es casual; como señala Svampa (2019) para el caso de la Patagonia, la definición de ciertos espacios como desiertos permite a los gobiernos justificar la necesidad de impulsar negocios extractivos para volverlos productivos, sin considerar su impacto ambiental y social.

A diferencia de Mendoza, donde intervienen organismos gubernamentales en la distribución hídrica, en los Valles Calchaquíes el control de uso de aguas resulta mucho más difuso. En 2014, Rainer y Malizia señalaron la extracción incontrolada de aguas subterráneas en Cafayate, donde no se realizaban estudios de niveles freáticos, para abastecer viñedos, lagos artificiales, piscinas y riego de campos de golf, todo ello en una zona con grandes carencias hídricas. En el sector tucumano, tampoco se implementan regulaciones y las perforaciones privadas suelen realizarse sin restricciones. Un agrimensor local destaca que el incumplimiento de la distancia mínima entre pozos podría tener consecuencias irreversibles, generando desplazamientos y hundimientos de las napas (Comunicación personal, agosto de 2022). Esto perjudicaría tanto a las nuevas perforaciones como a las ya existentes, complicando el acceso al agua para las familias, afectando la productividad de las pequeñas explotaciones agrícolas y fomentando nuevas formas de “desigualdad hídrica” (Saldi y Petz, 2015).

Tierra, trabajo y estructura de clases

Los efectos sociales del turismo de paso en territorios con comunidades pequeñas, actividades diarias tranquilas y rutinas constantes, también pueden ser considerables. Esto se debe a que altera las dinámicas tradicionales de trabajo, produce desplazamientos de personas, orienta a invertir en algún negocio vinculado, y genera diferenciaciones, a la vez que modifica las formas mismas de la cotidianeidad, por la circulación de personas que traen consigo otro ritmo y costumbres. Asimismo, deben tenerse en cuenta las distintas formas de apropiación cultural que el turismo conlleva.

Sin embargo, el ejemplo del modelo V&T en Cafayate permite ver el gran impacto social que pueden alcanzar estas formas combinadas de extractivismo. Primero, cabe destacar el profundo cambio demográfico producido por la llegada de residentes a los barrios cerrados y por migrantes que buscan una nueva forma de vida (muchos dedicados a emprendimientos turísticos); y por un doble desplazamiento de pobladores locales. Uno, el de quienes vivían en áreas hoy cultivadas o con urbanizaciones cerradas; otro, el de quienes vinieron a cubrir la demanda de mano de obra no calificada en construcción, servicios y tareas domésticas, que ha incrementado la población en un 26% (Rainer y Malizia, 2015).

La precariedad de los empleos accesibles a los lugareños,5 los bajos salarios y las condiciones de contratación (muchas veces por jornales), sumados al aumento de la propiedad, generaron una emergencia habitacional, escasamente respondida por el municipio, que dice carecer de tierras fiscales y recursos económicos, argumento incomprensible en una localidad donde, en 2014, los barrios de lujo ocupaban 1260 hectáreas en comparación con un ejido urbano de 370 hectáreas, de las cuales solo 50 estaban destinadas a viviendas sociales (un 4% de la superficie de las urbanizaciones cerradas) (Rainer y Malizia, 2014:53). El mapa de desigualdad de la localidad continúa demarcándose, así como la emergencia habitacional. El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) construye a cuentagotas pese a los largos reclamos, cuyo ejemplo más conocido es el de Finca El Socorro II, barrio de viviendas sociales con condiciones deficientes, cuyos residentes han estado luchando durante más de una década para que el gobierno responda a sus necesidades de ampliación y servicios básicos.

La marginalidad habitacional de los sectores trabajadores permite dudar sobre los tan publicitados beneficios de la ocupación laboral generada por el modelo en el campo de los servicios turísticos. Por su parte, el trabajo en los viñedos no parece ser mucho más prometedor. A pesar de las afirmaciones de Daniel Rada, director del Observatorio Vitivinícola Argentino, de que cien hectáreas de viñedos brindan empleo a setenta y dos personas (en comparación con las dos personas que emplea la soja), reflejando “el efecto dinamizador que tiene la vitivinicultura para las economías regionales y la potencialidad para generar divisas genuinas y crear empleos en zonas rurales”.6 Sin embargo, los pobladores refieren que la oferta laboral es reducida, estacional y mal paga, por lo cual muchos la combinan con otros empleos informales.

El proceso de gentrificación generado por el modelo se acompaña de dos formas principales de traspaso de tierras a la nueva clase propietaria, generalmente extranjera: a) desde la vieja élite propietaria local, que vende a valores de mercado o se asocian con los capitales extranjeros; b) desde pobladores locales sin conocimiento del valor, especialmente ancianos, a precios ínfimos y muchas veces mediante operaciones engañosas; muchas de estas propiedades son heredadas “desde siempre” y presentan problemas legales de sucesión, que asume la persona o empresa compradora. El resultado inmediato de estos traspasos es una nueva concepción sobre la tierra y una brutal revaluación inmobiliaria según los valores del mercado internacional, que destruye cualquier posibilidad de acceso por parte de los pobladores locales, ya ni siquiera como arrendatarios.

Otro aspecto que se desprende es el cambio producido en la estructura de clases. La propia clase alta se ve transformada al reemplazarse la antigua élite terrateniente, cuyo capital era centralmente la tierra, por una nueva clase foránea, cuyo capital es monetario. Esto transforma las relaciones sociales tanto entre las familias tradicionales —que habían perdurado en el tiempo y ahora se desintegran debido a la dispersión de los herederos— como entre los distintos sectores sociales locales. El sistema de patronazgo tradicional, aunque también planteado desde una profunda desigualdad, contenía un conocimiento y vinculaciones interpersonales –de compadrazgo, padrinazgo, relaciones no declaradas, hijos extramatrimoniales– con sus subalternizados. La nueva clase alta no establece relaciones con la comunidad local, más que las limitadas al trabajo de limpieza y servicios, manteniendo su aislamiento en los barrios cerrados, estancias y viviendas exclusivas, anulando el armado de redes de sociabilidad y cualquier beneficio a la economía local real. En resumen, continúan las formas de segregación y explotación social, aunque ahora estas interacciones son más pragmáticas y carecen del componente interpersonal de antaño.

El territorio indígena

Frente al traspaso de tierras de propiedad privada, existen áreas del territorio que pertenecen a comunidades indígenas, como es el caso de la CIQ. Como se anticipó, este hecho podría funcionar como un freno al avance del modelo en Tucumán. El territorio de la CIQ, que ha sido relevado y protegido por la Ley Nacional 26.160, es defendido por la comunidad desde hace años, incluso frente a algunas ventas de parcelas para proyectos vitivinícolas por parte de terratenientes y particulares. La CIQ cuestiona estos traspasos debido a su convicción de que el territorio les pertenece en virtud de su preexistencia a la Colonia y al Estado.

Aunque la Ley 26.160 fue aplicada en favor de la CIQ en 2011 por el juez Carlos Arraya en un conflicto con terratenientes por lotes en la entrada de Colalao del Valle, quienes poseen títulos (de propiedad o algún tipo de posesión) suelen ser tentados a vender, especialmente en vista del aumento de los precios propiciado por los nuevos emprendimientos. Esto complica aún más la lucha de la comunidad, ya que a la histórica confrontación con los terratenientes locales se suma un nuevo frente de batalla contra adversarios desconocidos, que a menudo manejan sus inversiones a distancia, a través de representantes (o testaferros), y que suelen mantener relaciones con las esferas de poder a nivel local o provincial. Hay que considerar así la permeabilidad de los mecanismos jurídico-punitivos a la influencia de estos sectores de poder. En litigios previos, la mayoría de los jueces resolvieron rápidamente pedidos de desalojo contra la CIQ, legitimando el derecho de los propietarios y contando con el respaldo de instancias judiciales superiores, omitiendo o directamente contradiciendo los términos de la Ley 26.160.

La oposición entre tierras productivas e improductivas establecida por capitales y gobiernos recae sobre el territorio de la CIQ, cuya concepción es radicalmente opuesta a la consideración de la tierra como un medio de producción. Desde la episteme indígena, el territorio se concibe como una unidad compleja e interdependiente que comprende elementos, animales, plantas, ancestros, espíritus, seres humanos, el aire y el inframundo. No obstante, la concepción capitalista tampoco coincide con el uso más pragmático que la comunidad le otorga, como la asignación de lotes a las nuevas familias o la designación de espacios comunes para pastoreo y recolección, entre otros usos comunitarios.

Figura 7. Tucumán, Colalao del Valle. Inclusión de la Tecnicatura en Enología y Viticultura en la cartelería de la Ruta del Vino. Fotografía de la autora.

Lo anterior no significa que la comunidad esté cerrada a realizar desarrollos productivos; pero la consideración del cuidado de la tierra, la coherencia con los principios comunitarios y la escasez de recursos para inversiones continúan dando lugar a debates sobre cómo sería la mejor manera de canalizarlos (Joven comunero, comunicación personal, 2022).

La valoración social del modelo

Más allá de los resultados económicos que el sector vitivinícola y los gobiernos defienden, es crucial destacar la existencia de una legitimación social arraigada en torno al modelo V&T. Esta legitimación se basa en una construcción positiva que tiende a invisibilizar las consecuencias destructivas del modelo e incluso influye en la percepción de los pobladores locales, quienes lo contemplan como una oportunidad de desarrollo, a pesar de estar muy cerca de los efectos adversos que conlleva.

Dicha construcción positiva combina valores que operan en diferentes dimensiones. En primer lugar, está el argumento económico-productivo, de gran peso para los inversionistas y los gobiernos. En segundo lugar, se encuentra un valor de uso en sentido amplio (según Baudrillard, 1987) que otorga al vino de calidad un carácter de objeto de consumo exclusivo, lo que lo convierte en un lifestyle commodity, un producto que resalta un determinado estilo de vida (Rainer y Malizia, 2014:46). Esta cualidad se traspasa al turismo bodeguero. El consumo de vinos premium como mercancía de privilegio opera tanto en las nuevas formas locales de demarcación de clase como en la experiencia turística de sectores sociales más amplios (aunque con un poder adquisitivo relativamente alto), a quienes la experiencia de los recorridos por las bodegas, las degustaciones y compras de esos productos les otorga la posibilidad de participar de ese mundo restringido. De esta manera, el modelo V&T sostiene tanto la distinción de sectores altos, como la capacidad de inserción –al menos circunstancial– de sectores medios en esos círculos de consumo privilegiados, reactualizados mediante el turismo.

Un último elemento a destacar en la construcción, es la valorización identitaria y cultural del vino como producto nacional y regional, operada desde distintos niveles de estatalidad. Como señalan Castro y Pérez Winter (2019), desde la década de 1990 se han implementado diversos mecanismos con el objetivo de agregar valor a los productos rurales para su comercialización, especialmente en el ámbito turístico, en respuesta a la “crisis” que enfrentan estas áreas. Estrategias de patrimonialización, promoción, políticas públicas, organismos especializados, certificaciones, declaraciones y discursos contribuyen a construir el valor diferencial de estos productos, estableciendo marcas representativas de la cultura y la identidad territorial, lo que a su vez involucra procesos de apropiación del espacio y creación de redes de circulación y consumo a nivel local y global.

El vino calchaquí se encarama sobre dos procesos de reconocimiento. El nacional, iniciado con la declaración del Día del Vino Nacional (Decreto 1800/2010) y la Ley 26.870/2013 que declara al vino argentino como bebida nacional. Esto se fundamenta en la valorización cultural de la bebida, los recursos humanos que involucra, su uso en eventos oficiales y diplomáticos, sus amplias gamas de consumo y la promoción de las economías regionales productoras. Y el regional, surgido de la Ley 14.878/1959 de protección de las identidades locales, muy previamente a la definición de las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen Reconocidas y Protegidas de la República Argentina. Molina (2020) señala que la genealogía del régimen proviene de normas internacionales –orientadas por la defensa de la propiedad industrial y las procedencias–, aprobadas en Argentina por las Leyes 17.011, 24.425 y 25.163, para cumplir con estándares internacionales, ordenar la actividad y tipificar los productos de vides “finas”.

Asimismo, otros mecanismos institucionales estimulan la percepción positiva del vino y del turismo, a nivel local. Entre ellas, son fundamentales las instancias de formación como las Tecnicaturas en Turismo o en Enología y Viticultura; una de estas últimas funciona en Colalao del Valle, es presentada como parte de la Ruta del Vino tucumana (Figura 7) y es vista como una gran promesa por los cursantes. De modo que son múltiples las estrategias desde las cuales el propio Estado (en sus diversos niveles) forma el valor de los alimentos y sus espacios, para colocarlos en un marco de trasnacionalización de normas, prácticas y tecnologías. Todos estos dispositivos producen discursividades que colaboran con la valorización social de los productos, y con la percepción de identidad, ciudadanía y adscripción territorial.

Palabras finales

En este artículo presenté el problema del avance del modelo V&T en la zona calchaquí, entendido como un tipo particular y doble de extractivismo, a partir de sus múltiples efectos negativos. También he destacado que la invisibilización de dichos efectos no solo se debe a la promoción interesada por parte de empresarios y gobiernos, sino también a la extendida legitimación social del consumo de vino y del turismo, construida a partir de una combinación de valores.

El inexorable avance de capitales hacia el sector tucumano constituye una amenaza para el territorio de la CIQ. El caso salteño, especialmente en Cafayate, permite observar que los graves efectos ambientales, como la pérdida del monte nativo y la sobreexplotación de recursos no renovables como el agua, son significativos como los impactos sociales, incluidos el proceso de gentrificación, la creación de nuevas formas de estratificación y segregación de clases y la restricción del acceso a derechos fundamentales. Además, se presentan efectos culturales, como la mercantilización del pasado indígena e histórico, en desmedro de su importancia para las personas originarias dueñas del mismo.

Por ello, si bien hasta ahora la expansión de capitales viñateros en Tucumán es pequeña y opera la protección legal sobre los bosques y sobre el territorio indígena, esto no garantiza que ceje el sostenido intento de los inversionistas, que cuentan con la anuencia del gobierno provincial y con la intención de venta de algunos propietarios locales. Los discursos de desarrollo y dispositivos tales como las instancias de formación generan –en un contexto de necesidades económicas históricas– esperanzas de beneficios que tienen como objeto crear consenso, para implantar el modelo en la zona.

Como en otros casos de avances extractivistas, el desarrollo del modelo V&T se apoya en un discurso del aprovechamiento de tierras supuestamente improductivas, que justifica la recolonización de territorios y la expoliación de sus recursos, al tiempo que ignora la concepción indígena del territorio. En este sentido, es preciso distinguir una proyección turística y viñatera local, acotada, respetuosa del territorio, la episteme y la identidad indígena, que beneficie a comuneros y pobladores, del modelo extractivista aquí descrito, representado por la invasión de capitales extranjeros, el impacto ambiental y la vulneración de derechos locales. Sería deseable que las políticas provinciales, en lugar de avalar el despojo producido por los capitales extranjeros, promueva y apoye las limitadas capacidades de inversión locales y colaboren en la creación de proyectos autónomos y sustentables.

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Sandra Tolosa / cahsandra@gmail.com

Profesora en Ciencias Antropológicas y doctora en Antropología Social por la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Trabaja con la Comunidad India Quilmes, en los Valles Calchaquíes tucumanos, e investiga y publica en revistas especializadas sobre problemáticas patrimoniales, territoriales y sociales en ese campo, en un contexto de avance de capitales privados e intereses gubernamentales sobre este.

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