Los conflictos entre la clerecía regular y secular en la Baja Edad Media. Jurisdicciones, exenciones y administración sacramental

Juan A. Prieto Sayagués1

Investigador postdoctoral Juan de la Cierva. Departamento de Historia de América y Medieval y Ciencias Historiográficas, Universidad Complutense de Madrid, España.
juananpr@ucm.es

Recibido: 01/08/2020. Aceptado: 27/01/2021.

Resumen

Durante la Baja Edad Media, el conflicto, la negociación y el pacto fueron la tónica general de la relación entre el clero secular y regular. Se generaron numerosos problemas, pleitos y concordias entre los obispos y párrocos, de una parte, y los monasterios, de la otra. Dichos conflictos comenzaron desde la fundación de un determinado cenobio, a la que se opusieron los diocesanos. Los problemas derivaban de los intentos de la clerecía secular de poner bajo su jurisdicción a los monasterios, que trataron de evitarla y depender directamente de la Santa Sede. Los conflictos también se produjeron por las numerosas exenciones tributarias de las que gozaban los monasterios y del cada vez mayor número de personas que confiaban los sacramentos, oficios y entierros a la clerecía regular. Todo ello ponía en peligro la preeminencia y los ingresos de catedrales y parroquias.

Palabras clave: monasterios, obispos, curas, conflictos.

Conflicts between regular and secular clergy in the Late Middle Ages. Jurisdictions, exemptions and sacramental administration

Abstract

During the late Middle Ages conflict, negotiation, and covenant outlined the relationship between the secular and the regular clergy. There were numerous disagreements, lawsuits and concords that opposed bishops and parish priests with monasteries. The discrepancies usually revolved around the foundation of a new monastery that was questioned by the prelates. The conflicts were a result of the attempts implemented by the secular clergy to put under their jurisdiction a number of monasteries that resisted their policies, and claimed to be subject only to the Holy See. Conflicts were also triggered by the copious tax exemptions enjoyed by the monasteries, and the increasing number of people entrusting the sacraments, offices and burials to the regular clergy, what jeopardized the preeminence and incomes of cathedrals and parishes.

Keywords: monasteries, bishops, priests, conflicts.

Introducción

Pese a que varios obispos salieron de la clerecía regular, durante la Baja Edad Media las disputas fueron frecuentes por la amenaza que supuso a la organización diocesana y parroquial la llegada de los mendicantes y otras órdenes bajomedievales, organizadas en provincias. Las fricciones surgieron desde las fundaciones que debían autorizar los obispos. Además, varias órdenes obtuvieron privilegios para confesar, predicar o enterrar en sus iglesias sin licencia de los párrocos o del diocesano y exención de diezmos y otras tributaciones. En estos conflictos fue frecuente la intervención de reyes y papas, estos últimos como autoridad común a las dos partes (Miura Andrades, 1998, pp. 55-68; García Serrano, 2014, pp. 78-79; Hasquenoph, 2009, pp. 422-423; García Oro, 1988, p. 66; Cassanyes Roig, 2020, p. 159).2

Muchos de los conflictos bajomedievales tuvieron su precedente en épocas anteriores. La oposición de los obispos a las fundaciones mendicantes se dio en el contexto de urbanización plenomedieval, cuando estos hicieron peligrar el monopolio del clero secular en las labores pastorales urbanas. En el primer capítulo general dominico, celebrado en Bolonia (1220), se obligó a solicitar licencia fundacional al diocesano con el fin de mantener unas buenas relaciones. Buen ejemplo de ello fue lo acontecido en Zamora, cuando el obispo Martín II (1221-1222) dio licencia para la instalación del convento dominico con varias condiciones: jurar obediencia, no recibir diezmos ni primicias, ni predicar o enterrar sin su licencia, excepto a sus religiosos. La fundación del convento femenino también fue conflictiva, interviniendo Alejandro IV para que el obispo concediera licencia a las hermanas Elvira y Jimena y cesase su oposición (1260). Sin embargo, el prelado solicitó y obtuvo del Papa que prohibiese fundar más cenobios en la diócesis, aunque este se reservó el derecho de autorizarla. Por la bula Affectu sincero, la visita de las dominicas se encomendó a los frailes (1267), en contra del acuerdo de 1264, donde se reservaba al obispo. Cuando Suero fue a visitarlas, le impidieron la entrada, les puso entredicho (1272) y, años más tarde, fueron excomulgadas por el obispo al no acudir a Valladolid ante la pesquisa que Nicolás III encargó al prior de la villa, huyendo varias de ellas a Benavente (1280) (Álvarez Rodríguez, 2018, pp. 219-226; Cimino, 2020, p. 146).3

Otro de los motivos de fricción entre el clero secular y regular fue el pago decimal. La legislación civil y eclesiástica obligaba a los cristianos, laicos y clérigos, a pagar a la Iglesia el diezmo anual por sus posesiones, excepto por los bienes entregados en la dote fundacional a las iglesias. Se generaron conflictos con el clero parroquial porque algunos laicos hacían donaciones enfitéuticas a los religiosos para no pagarlo a sus parroquias. Varios monasterios y patrones eximieron las tierras adquiridas antes del IV Concilio de Letrán. Algunos, como Matallana, lograron exenciones parciales de propiedades y otros, como San Miguel de Groz, el reconocimiento de su exención total por parte del obispo gracias a la entrega de una heredad en Manganeses. En otros casos, los prelados respetaron la exención para lograr el reconocimiento de visita e institución de clérigos por parte del monasterio. Esto fue lo acontecido entre el obispo de León y Sahagún, cediendo el primero la tercia de los diezmos de Cañizo y Quintanilla (1209), lo que no evitó los conflictos e intervenciones armadas del obispo en la villa. En la misma línea, cuando se fundó la diócesis de Cuenca, se acordó que los cistercienses de Monsalud entregasen anualmente 2 áureos simbólicos al cabildo en compensación de la exención decimal (30/12/1193); su pago y ceremonia eran simbólicos y no tenían una importancia económica sino jurisdiccional (Cimino, 2020, pp. 127-128, 133-139 y 142-149; Juárez Benítez, 2014, pp. 235 y 406-411; Díaz Ibáñez, 2002, pp. 530-531 y 869-883).4

En lo referente a los aspectos jurisdiccionales, los monasterios desempeñaron un papel de primer orden en la articulación religiosa y territorial del mundo rural en la Alta Edad Media, propiciada por los obispos, cuando la jurisdicción de estos estaba limitada a algunas iglesias. Durante el periodo plenomedieval, los cenobios recibieron donaciones de iglesias parroquiales, algunas de ellas por parte de los prelados, como las donadas a Sahagún por los obispos Gonzalo y Froilán en detrimento de la jurisdicción episcopal sobre las mismas. Para paliar esta situación, el concilio de Coyanza (1055) estableció que las iglesias debían estar bajo jurisdicción del diocesano y otros, como los de Compostela (1060 y 1063), y la reforma gregoriana fortalecieron el poder episcopal, tratando de evitar las injerencias laicas. Gracias a lo anterior, los prelados fueron incorporando los monasterios e iglesias de su diócesis a su jurisdicción y trataron de establecer la obligatoriedad de su licencia para fundar parroquias en detrimento de los monasterios, por lo que tras la reforma gregoriana se produjeron conflictos y acuerdos por los derechos sobre varios monasterios e iglesias. No obstante, el poder laico mantuvo su ascendencia sobre estos últimos, pasando de tenerlos en propiedad a tenerlos en patronato (Pérez, 2013; 2020, pp. 101-102, 112-113, 118 y 121-123; Cimino, 2020, pp. 127-135, 144 y 149; Juárez Benítez, 2014, pp. 235 y 406-411; Díez Herrera, 2017, pp. 440-452).5

Otra de las vías empleadas por los prelados para manifestar su potestad jurisdiccional durante la Plena Edad Media fue la construcción de iglesias que compitieran con un determinado monasterio. En 1202, el obispo de León, Martín I se enfrentó con el monasterio de Hornija por no reconocer sus derechos y construyó un templo en dicho lugar que hacía competencia al monasterio. El prelado lo derribó y prometió no reedificarlo a cambio de un censo anual en especie in signum suiectionis et reverencie, y reafirmó su derecho a instituir curas, el pago de la visita anual y sus derechos religiosos. Sahagún buscó evitar el entredicho del obispo y que este construyera o autorizara otras iglesias en la villa, las que, en caso de fundarse, deberían repartir los diezmos con la del cenobio. Para evitar esta situación, el I Concilio de Lyon (1245) dispuso que los obispos o sus representantes debían visitar cada cierto tiempo las iglesias no exentas de su diócesis, excepto las de patronato real visitadas por el rey o su procurador (Cimino, 2020, pp. 142-147; Díaz Ibáñez, 2002, pp. 74 y 869-877).

En cuanto a la administración sacramental, a pesar de que las parroquias eran el centro principal de la cura pastoral, los monasterios también gestionaron parroquias y las constituciones de órdenes como las de los premonstratenses y los dominicos hacían alusión a la predicación y a la administración sacramental como dos de sus cometidos principales. Los obispos trataron de excluir a los regulares de la cura de almas, quienes fueron perdiéndola progresivamente y dejaron de ser los protagonistas de la vida religiosa tras la reforma gregoriana en favor de los obispos y el clero parroquial. Los cenobios se opusieron a este cambio por poner en peligro su autonomía y su control sobre las parroquias y los diezmos por la posesión de iglesias que escapaban al control episcopal (Díaz Ibáñez, 2002, pp. 363 y 425; Cassanyes Roig, 2020, pp. 155-161, 167 y 170; Cimino, 2020, pp. 144-145; Diago Hernando, 1997, pp. 625-626, 631 y 637; Ruiz Gómez, 1990, pp. 276-289; Álvarez Rodríguez, 2018, pp. 236).6

En esta línea, los entierros y oficios funerarios fueron el foco principal de enfrentamientos entre la clerecía regular y secular. Franciscanos y dominicos obtuvieron de Gregorio IX la autorización de enterrar en sus conventos por la bula Ita vobis (1227). Sin embargo, a los dominicos se le permitía sepultar a los laicos y a los franciscanos solo a sus miembros, hasta que Inocencio IV les dio licencia para ello (25/2/1250). Según algunos cronistas de la orden, estos aceptaron las sepulturas más tardíamente para evitar conflictos con el clero secular. El capítulo dominico de España reunido en Palencia fue más rígido, limitando la sepultura de los parroquianos a los cementerios (1256). El clero secular continuó siendo reticente a aceptar los entierros de los religiosos a pesar de la canónica porción e Inocencio IV (1243-1254) acusó a los frailes en su bula Etsi animarum de convencer a los moribundos para enterrarse en sus conventos y redactar testamentos favorables. Ante esta situación, las autoridades mendicantes propusieron diversas soluciones encaminadas a evitar el conflicto (Morvan, 2014, pp. 12-15, 20-25 y 28-31; Álvarez Rodríguez, 2018, pp. 227-229).

Todos estos precedentes alto y plenomedievales y las novedades producidas con posterioridad pusieron el caldo de cultivo para la continuación e intensificación de la conflictividad entre el clero regular y secular durante la Baja Edad Media, cuestión a la que dedicaremos las siguientes páginas. Si en la Plena Edad Media la reforma gregoriana, algunos concilios y la actuación de varios papas fomentaron el fortalecimiento del poder episcopal frente a los monasterios, durante el periodo bajomedieval, en casi todas las intervenciones papales en los enfrentamientos entre la clerecía secular y regular, los pontífices apoyaron a esta última.

La oposición de los obispos a las fundaciones conventuales

La oposición de los obispos a las fundaciones mendicantes, a la que acabamos de aludir, continuó durante el periodo bajomedieval. En agosto de 1291 el cabildo de Burgos denegó la licencia a los dominicos porque algunos legos y religiosos entraban por la fuerza en las heredades y el diezmo de la catedral y logró que el obispo Fernando denegase la fundación y los excomulgase. Ante estas oposiciones, Honorio IV (25/11/1285) autorizó a la orden a buscar otro obispo si el del lugar se negaba a consagrar sus edificios. Los problemas con el cabildo continuaron porque los religiosos compraban huertas en las que tenía rentas para edificar el cenobio y por los entierros, monopolizados desde hacía más de un siglo por el primero, sellándose una concordia (14/2/1301). Se firmó el compromiso solicitándose aprobación del obispo y del Papa (14/2/1302), los frailes aceptaron abandonar el arrabal de la Vega y el cabildo permitió su instalación cerca del puente, en un espacio cedido por Sancho IV, alcanzándose la concordia definitiva en 1310. Un siglo después, el clero secular seguía oponiéndose a las fundaciones dominicas, como atestigua Alcaraz, donde los frailes se instalaron cerca de la Trinidad (1415), ante lo que el clero parroquial inició un pleito de seis años, perdiendo los seculares (Arriaga, 1972, pp. 54-56; Casillas García, 2002, pp. 224-227; 2016, p. 46; López, 1613, p. 164; RAH, Salazar y Castro, M-76, f. 182; Oceja Gonzalo, 1986, p. 288; Ayllón Gutiérrez, 2015, p. 285).7

Los monasterios femeninos también tuvieron problemas con los prelados como los surgidos por los derechos parroquiales durante el proceso de fundación de Santa Clara de Toledo. El tesorero de Toledo, Diego Fernández, hizo firmar a su fundadora, María Meléndez, que los diezmos y primicias de las posesiones del cenobio fueran para el arzobispado y que cada abadesa jurase respetarlo. Lo cumplieron pese a estar exentas hasta que Enrique III consiguió de Clemente VI su abolición. Santa Clara de Reinoso se vio afectado por la guerra civil y solicitó ayuda y protección del Papa y de los reyes. El legado Guido de Boulogne autorizó su traslado a Palencia (29/5/1373) con la aprobación de Gregorio XI (12/8/1373), ordenando al obispo y cabildo que cesaran su resistencia (4/10/1375). Enrique II preparó y negoció la concordia (2/1/1378) y el obispo permitió su instalación a cambio de la mitad de las ofrendas, un cuarto de los derechos funerarios que percibieran y la sujeción a su jurisdicción en la percepción de estos derechos y el pago de diezmos, primicias y otros tributos por las propiedades que tenía en la urbe. El conflicto continuó, sellándose una concordia por la mitad de la ofrenda que se hacía cada año en el monasterio y por dinero que el cabildo demandaba a la abadesa (22/12/1443) (Martín Prieto, 2007, pp. 65-66; Beceiro Pita, 2014, p. 321; Castro, 1982, pp. 21-22 y 111; 1983, nº 1 y 2; García Oro, 1988, pp. 306 y 380-381).8

La Orden de San Jerónimo, fundada en el último tercio del siglo XIV, también gozó de numerosos privilegios y los diocesanos se opusieron a sus fundaciones. A comienzos del siglo XV, los ermitaños de Yuste fueron expulsados por el obispo de Plasencia, Vicente Arias Balboa. Tras ello, el infante Fernando solicitó la bula fundacional (1407), otorgada por Benedicto XIII. Ante las resistencias del obispo, intervino el metropolitano de Santiago, Lope de Mendoza (1/6/1409), quien ordenó al señor de Oropesa, Garci Álvarez de Toledo, que fuese con los religiosos al cenobio para defenderlos y lograr la devolución de libros, joyas y otros objetos (10/6/1401). Tras dar carta de fundación, el infante escribió al noble para que cumpliera la orden del arzobispo y les diera posesión del cenobio, haciendo profesión como jerónimos. También hubo problemas entre la colegiata y Santa Catalina de Talavera cuando se fundó el monasterio (1397) y cuando amplió su iglesia (c. 1454-1455) (María de Alboraya, 1906, pp. 27-41 y 46-48; Revuelta Somalo, 1982, pp. 265-269; Ladero Quesada, 1986, p. 416; Ayllón Gutiérrez, 2015, p. 285; AHN, Clero, Pergaminos, C. 2.980, nº 8).

En algunos casos, la oposición fue tal que logró paralizar el proyecto. Fernando de Estúñiga, hijo de los condes de Trastámara y arcediano en la catedral de Sevilla, ordenó fundar en esta ciudad un monasterio benedictino sujeto a San Benito de Valladolid, cancelándose el proyecto por los pleitos con la catedral (Colombás, 1963, p. 374).

Para evitar los problemas presentados por los diocesanos a las fundaciones monásticas, sus mecenas trataron de eximirlas de los mismos. Lope de Rojas y su hermana Sancha solicitaron a Martín V los privilegios de los jerónimos para su fundación de Santa María de Cinco Altares de Rojas (19/5/1419) y tras eximirla de la jurisdicción del obispo de Burgos le dio la posesión a los religiosos. Gómez Suárez de Figueroa y Elvira Laso de Mendoza fundaron un monasterio de clarisas en su villa de Zafra y Martín V le dio los privilegios de Santa Clara de Tordesillas, incluido el de exención del diocesano (1428). Calixto III autorizó a Juan Pacheco fundar San Francisco de Belmonte, eximiéndole de la licencia del diocesano, Lope de Barrientos, enfrentado políticamente al noble (4/2/1457) (Ruiz de Loizaga, 2003, nº 43; González Cristóbal, 1987, nº 296; Díaz Ibáñez, 1998, p. 325; Folgado, 2012, p. 143).9

Otra vía para evitar las tensiones fueron los acuerdos entre el clero secular y regular delimitando la predicación y la petición de limosnas. Ambas cuestiones iban aparejadas, ya que los vecinos de las zonas en las que los frailes predicaban eran más propensos a hacer donaciones y disponer mandas testamentarias. La bula Inter cunctas (1304) estableció las competencias de ambos, aplicadas por jueces conservadores. Benedicto XI nombró a los obispos de Lisboa y Zamora y al arzobispo de Santiago en los conflictos entre el obispo de Orense, Pedro Yáñez de Noboa (1286-1308), y los franciscanos (2/4/1304). El prelado y el cabildo los veían como una amenaza contra el derecho diocesano, oposición que aumentó porque los religiosos apoyaban a un bando contrario a su familia. Asesinaron a un familiar del todavía chantre Pedro, el convicto se retiró al convento y los religiosos lo defendieron cerrando las puertas, ante lo que se le prendió fuego, desterraron a la comunidad y destruyeron libros, objetos litúrgicos y otras pertenencias. El asunto acabó en manos de la Santa Sede y del rey, finalizando, seguramente, con el fallecimiento del prelado (Álvarez Rodríguez, 2015, p. 356; 2018, p. 233; Flórez, 1763, pp. 110-112; García Oro, 1988, p. 241).10

Por tanto, varios fueron los motivos que llevaron a la oposición de la clerecía secular a las fundaciones conventuales, particularmente de los diocesanos, siendo los principales las exenciones jurisdiccionales y tributarias y la administración de sacramentos, que analizaremos en las siguientes páginas. En dichos conflictos, la clerecía regular contó con el apoyo de reyes y nobles y, en numerosas ocasiones, de la Santa Sede.

Las fricciones por las exenciones económicas de monasterios y órdenes religiosas

Los laicos y eclesiásticos estaban obligados a pagar diezmo, como ya referimos en la introducción. En la Baja Edad Media esto se siguió recordando, como pone de manifiesto el obispo de Cuenca, Juan Cabeza de Vaca, quien en el sínodo de 1399 mandó que las órdenes que no tuviesen el privilegio de exención entregasen el diezmo por las tierras que les donasen los laicos, reiterado por Lope de Barrientos (1446). Sin embargo, varias órdenes y monasterios estuvieron exentos del pago decimal. Desde la aparición de los mendicantes los papas le concedieron la exención de tributación, en particular de diezmos que gravaban sus bienes y de tributos regios. Lo mismo hicieron hacia órdenes tradicionales como los cistercienses y de reciente fundación, como los jerónimos. Esto llevó al enfrentamiento entre la clerecía secular y los monasterios, casi siempre resolviéndose a favor de estos últimos gracias a la intermediación del poder real y pontificio y, en ocasiones, de los propios prelados (Díaz Ibáñez, 2002, pp. 530-531, 870, 875 y 882-883; Vaca Lorenzo, 1991, nº 2; Ayerbe Iribar, 2000, perg. 20 y 23; Rodríguez Guillén, 2010, pp. 277 y 377-380; ASCCC, Leg. I, nº 16; Castro, 1982, p. 121; Pérez-Embid, 1986, p. 557; AHN, Códices, L. 925, f. 469v; Serrano Rodríguez, 2006, pp. 190-191).11

En cuanto a las clarisas, en el traslado al interior de la villa del monasterio de Alcocer (1373) con intervención de Enrique II y Juana Manuel, las monjas se quejaron al obispo Bernardo de Cuenca de las demandas de diezmos y otros servicios que pedía la parroquia (1363) pese a estar exentas por bula de Alejandro IV (31/7/1259). A finales del siglo XIV hubo un pleito entre Santa Inés de Sevilla y la catedral por los diezmos, sentenciándose a favor de esta última; las clarisas continuaron pleiteando durante el papado de Benedicto XIII hasta que el arzobispo Gonzalo de Mena llegó a un acuerdo junto con el deán y cabildo, cediéndoselos a las monjas. Enrique III puso fin al pleito entre Santa Clara y la iglesia de Coria por la exención de tributos de las posesiones que el primero tenía en Medellín, no respetada por la segunda, con sentencia favorable al monasterio (3/8/1402). Hubo problemas entre Santa Clara de Carrión, la catedral de Palencia (1310 y 1401) y la parroquia de Sancti Spiritus (1390) por la percepción de diezmos, favorables a las clarisas, quienes anexionaron la parroquia gracias al obispo Gutierre de la Cueva (1468-1469), y entre la catedral y Santa Clara de Palencia con concordias en 1378 y 1443-1444 (Díaz Ibáñez, 2002, pp. 881-882; Martín Prieto, 2007, pp. 66-70; Arco, 1954, p. 263; Miura Andrades, 1998, pp. 55-68; Cavero Domínguez, 1991, nº 150; ASCCC, Leg. II, nº 66, 68, 73 y Leg. VII, nº 566; Castro, 1982, pp. 23-25 y 111-114).12

En lo referente a los jerónimos, Sancho Fernández, arcipreste de Madrid, tras ver la demanda del cura de Rejas, Fernando Díaz, y su hermano Pedro, como rentero de los panes de Rejas, reclamaba el diezmo del pan de Muñoca que dieron a Lupiana (1387); el monasterio alegó no tener que pagarlo por privilegio papal, logrando una sentencia favorable (29/10/1387). También se eximió del pago decimal a Fresdeval (23/6/1419) (AHN, Clero, Libro 4.378; Ruiz de Loizaga, 2003, nº 45).

Por lo que respecta a las órdenes tradicionales, San Pedro de Eslonza apeló porque el obispo de Oviedo intentaba que el yantar que se le daba en Algadefe por la visita que hacía a la parroquia fuera un derecho (1331). El cabildo palentino y San Zoilo sellaron una concordia, terminando con el pleito por los diezmos de los vecinos de Carrión que labraban heredades del monasterio y la parroquia de San Zoles: el deán y cabildo cobrarían el diezmo de lo que le correspondiera de su tercera parte a cambio de dar al cenobio seis cargas de pan en las casas que tenía el cabildo en la villa (22/7/1405). A pesar de los acuerdos entre los cistercienses y el obispo de Cuenca, señalados en la introducción, surgieron algunos pleitos por los diezmos de la heredad de Langa, favorable al monasterio, y con el clérigo arrendador del beneficio curado de Salmeroncillo (1474) (Palacio Sánchez-Izquierdo, 1988, nº 170; Calvo, 1957, Ap. nº 217; Díaz Ibáñez, 2002, pp. 869-877).

En Aragón, la recepción de limosnas por los mercedarios les enfrentó con el clero secular y con los mendicantes, recibiendo los primeros el apoyo de los reyes por estar la orden estrechamente ligada a la monarquía, como hemos expuesto en un reciente trabajo (Vázquez Núñez, 1931, pp. 277-278 y 281-282; Prieto Sayagués, 2020a).13

En otras ocasiones fue el fundador quien ordenó pagar el diezmo, pese a la exención de los dominicos. Don Juan Manuel, junto a su padre, el infante don Manuel, mandó a los dominicos pagar al cabildo de San Vicente de Peñafiel seis cargas de trigo anuales y el diezmo de las rentas de sus molinos y aceñas, para oficiar un aniversario por su alma. Al no entregar las cargas los dominicos se generó un pleito favorable a San Vicente, continuando la resistencia de los frailes (16/12/1418) (García García, 1986, p. 19; AHN, Clero, Códices, L. 1264, ff. 207-208; Castro Toledo, 2014, nº 203, 352-353, 365-368, 490 y 512).14

Excepto en este último caso, lo habitual fue la exención de tributación de los monasterios frente a parroquias y catedrales. Por ello, en los pleitos que surgieron entre ambas partes, gracias al apoyo de otros poderes, fueron los cenobios quienes salieron triunfantes en la mayor parte de los casos.

Pleitos entre monasterios y obispos por motivos jurisdiccionales

Los conflictos entre obispos y monasterios derivados de la jurisdicción que los primeros pretendían sobre los segundos, continuaron durante el periodo bajomedieval. Las grandes abadías trataron de eximirse del rey y de los diocesanos, depender de la Santa Sede y evitar las visitas del obispo y tributarle. Sin embargo, reyes y obispos fueron aumentando su poder e influencia sobre ellas, como ocurrió con Sahagún y el obispo de Palencia. Pese a ser independiente de los obispos –“conventum monasterii sancti Facundi legionensi diocesis ad Romam Ecclesiam nullo medio pertinentis”–, muchas de sus posesiones y prioratos estaban en la diócesis palentina, surgiendo pleitos con el obispo por su jurisdicción. También se enfrentó al obispo de Plasencia y, sobre todo, al obispo y cabildo de León por la jurisdicción que pretendía ejercer sobre iglesias y vasallos del cenobio, interviniendo otras autoridades para poner fin a las discordias, como la reina, el rey, sus oficiales de justicia, el Papa y el abad de San Isidoro. Estas resurgieron en el comienzo de la dinastía Trastámara, extendiéndose al siglo XV (Fernández, 1971, pp. 209-213; Martínez Liébana, 1990, p. 657; Escalona, 1782, p. 165; Fernández, 1985, nº 16 y 29; AHN, Clero, Pergaminos, C.923, nº 12; C. 924, nº 10, 18 y 20 y C. 927, nº 17 y 18; VV. AA., 1997, nº 1968; 1975, nº 2448 y 2609; Pérez, 2018, pp. 75-90; Benavides, 1860, nº CDXXXV; Santos Díez, 1961, p. 49).15

No todos lograron la exención episcopal, observándose actos de vasallaje por parte de monasterios cistercienses a los obispos, como los masculinos de San Martín de Castañeda, Espinosa y los Mártires Acisclo y Victoria de Córdoba y el femenino de las Huelgas de Burgos. Otros, como el abad de San Isidoro, apelaron al Papa para ponerse bajo su protección por los abusos cometidos por Gonzalo, obispo de León, quien había visitado el priorato de Villalpando y las iglesias de Pozuelo de la Orden y Castilfalé, pertenecientes al monasterio (13/1/1303). Hubo excepciones entre las órdenes tradicionales, como la exención del diocesano concedida por Benedicto XII a los cistercienses y a los premonstratenses por Clemente VI y confirmada por Juan XXIII (1413) (Quintana Prieto, 1972, nº 11; Fernández Gallardo, 1998, p. 1195; Sanz Sancho, 2002, p. 624; Caby, 2004, pp. 29-30; Hasquenoph, 2009, pp. 533-534; Baury, 2012, pp. 180-181; Domínguez Sánchez, 1994, nº 9; Castro Garrido, 1987, Índice de documentos (1284-1328), nº 114; Benavides, 1860, nº LVIII y LXI; Pinilla González, 1978, p. 149).16

Los papas eximieron a los mendicantes de la jurisdicción episcopal, poniéndolos bajo la dependencia de la Santa Sede al igual que a fundaciones de la familia real o de personajes cercanos a la corte. Pese a ello surgieron conflictos, ya que los prelados no respetaron dichas exenciones, como ocurrió entre Santo Domingo el Real de Madrid y el arzobispo de Toledo por la autonomía del convento que reclamó la exención de su jurisdicción y del pago de pedidos y subsidios eclesiásticos, con gran tensión en 1360 (Romero Fernández-Pacheco, 2008, p. 96; Castro Toledo, 1981, nº 150; Castro, 1982, p. 121; Llopis Agelán, 1998, p. 441; Martínez Liébana, 1990, p. 685; Rodríguez Martínez, 1981, p. 110; VV.AA., 1997, nº 2787; Nieva Ocampo, 2011, p. 20; López, 1613, p. 347; AHN, Códices, L. 925, f. 469v; AHN, Clero, Pergaminos, C. 943, nº 10).17

Durante la Baja Edad Media, un cada vez mayor número de monasterios y órdenes fueron puestos bajo la dependencia directa del Papa para evitar la jurisdicción episcopal. Lejos quedaban ya los tiempos de la reforma gregoriana, aunque los prelados no renunciaron al fortalecimiento del poder episcopal ni a sus pretensiones jurisdiccionales, inmiscuyéndose en la de los cenobios.

Pleitos y concordias por la administración de sacramentos y otras actividades religiosas

Predicaciones, confesiones y procesiones

El poder laico y eclesiástico trató de evitar los conflictos entre la clerecía regular y secular. En cuanto a las actuaciones de los monarcas, en su época de infante (1282), Sancho IV tomó bajo su protección y concedió a los dominicos el derecho a predicar, confesar y enterrar, ordenó que no les forzasen los cuerpos de quienes deseaban enterrarse y que los obispos “no pasen en ninguna cosa a los fraires predicadores contra sus privilegios ni les fagan tuerto ni mal”, confirmándolo años después como rey (12/12/1288). También puso a los franciscanos bajo su protección y, además de ordenar lo anterior, mandó a los jueces y alcaldes de cada lugar “que les den un ome que ellos quesieren que pueda demandar por ellos las fuerças que contra sus libertades les fasieren” (25/2/1285). Por su parte, Fernando IV ofreció protección a Santo Domingo de Pravia y ordenó que “los obispos nin los clerigos non pasen en ninguna cosa a estos frayres predicadores quanto sus privilegios nin les fagan tuerto ninguno” (20/8/1311) (Cañas, 2010, nº 3; Castillo, 1612, f. 7r; Díaz Martín, 1997, nº 230; Miura Andrades, 1998, pp. 55-68; García Serrano, 2014, pp. 78-79; Hasquenoph, 2009, pp. 422-423; García Oro, 1988, p. 66; AHN, Clero, Pergaminos, C. 185, nº 3 y C. 1.962, nº 14).

La Santa Sede también tomó medidas para evitar los enfrentamientos. Por la bula Super Cathedram (18/2/1300) Bonifacio VIII decretó las relaciones entre regulares y seculares autorizando a los mendicantes a predicar en las parroquias por invitación del cura o mandato del obispo, fuera de las horas que correspondían a los párrocos. Los provinciales debían nombrar candidatos para predicar y confesar y presentarlos al obispo para que diera licencia y su número se regularía por el tamaño de la población, con permiso del cura y dependiendo del obispo. A los frailes se les permitió enterrar en sus iglesias a cambio de entregar a la parroquia un cuarto de los legados. La bula fue anulada por Benedicto XI, concediendo a los mendicantes amplias prerrogativas, y, ante el agravamiento de las tensiones, fue restaurada por Clemente V en el Concilio de Vienne (1311-1312). A pesar de ello y de que en lugares como Londres los problemas entre los mendicantes y el clero secular en el siglo XIII pasaran a la colaboración en las dos siguientes centurias, hubo conflictos en otras partes de Europa (Álvarez Rodríguez, 2015, p. 352; Röhrkasten, 2004, pp. 301-302, 317-318 y 337-338; Robson, 2006, pp. 147-150 y 181; Racinet, 1997, p. 165; Levesque, 1978, pp. 107, 117 y 127-128; Stouff, 2001, pp. 69-71; Lançon, 1997, p. 60; Paloc, 2001, pp. 89-93).18

A pesar de los esfuerzos de los poderes laico y eclesiástico, en Castilla los mendicantes se enfrentaron con el clero secular por predicar, tañer campanas, poseer cementerios y procesionar con sus cruces en alto. Se constatan varios ejemplos al respecto como el enfrentamiento entre el obispo Suero de Zamora y los conventos de dominicos y dominicas de Zamora (1285-1287) y los mantenidos entre las agustinas de San Bartolomé de San Sebastián con las parroquias de San Vicente y Santa María. En este último caso, Íñigo Sánchez de Chapitel, en representación del monasterio, y Sancho de Eguiñarreta, de las iglesias, nombraron jueces en el pleito entre ambos por los derechos funerarios (23/5/1319); pese a la sentencia del 17 de julio, los problemas persistieron y el obispo de Pamplona y árbitro, Arnaldo de Barbazán, tomó varias disposiciones, unas favorables al cenobio y otras a las parroquias (15/11/1342) (López, 1613, pp. 238-241; Álvarez Rodríguez, 2015, p. 351; 2018, pp. 221 y 226; Hernando Garrido, 2016, p. 167; García Serrano, 2014, pp. 78-79; Larrañaga Zulueta y Lema Pueyo, 1995, nº 20, 21 y 28).19

En Valladolid surgieron problemas entre la colegiata y los monasterios. Ante la amenaza de los privilegios de los cenobios, el cabildo tomó medidas: en 1296 contra los franciscanos –a los que habían excomulgado en 1266– por haber procesionado con la cruz en alto para recibir al obispo de Palencia; el abad puso entredicho a la ciudad, siendo necesaria la intervención del Papa. El monopolio de la colegiata en la urbe terminó con los Trastámara y la reanudación de las fundaciones monásticas: San Benito (1390), San Agustín (1407) y el Prado (1440), los cuales, junto a los ya existentes, atrajeron donaciones de los vecinos en detrimento de la colegiata. Esta selló pactos para mantener su preeminencia en las procesiones, cruces, entredichos, campanas, cementerios, cuarta funeraria y diezmos con los mercedarios (1375), dominicos (4/9/1385), benedictinos (1394 y 1435), las cistercienses de San Quirce (1400), trinitarios (1314, 1423, 1432 y 1438) y el Prado (1444). Otros conventos recurrieron a las autoridades eclesiásticas y al Papa cuando consideraron el contrato abusivo (Rucquoi, 1986, pp. 968-970 y 980-983; 1997, pp. 260-266; AHN, Clero, Pergaminos, C. 3.501, nº 17; Torres, s.f., pp. 97-100).20

La Santa Sede favoreció a los monasterios frente al clero secular en numerosas ocasiones. El Papa permitió a San Benito de Valladolid confesar, administrar sacramentos y celebrar misa en tiempos de entredicho, pudiendo acudir sus criados (1423-1436). Eugenio IV concedió oír confesiones, absolver y dar sacramentos a los que fuesen al cenobio, sin licencia de los diocesanos. Nicolás V insertó bula de Eugenio IV condenando los artículos de un teólogo, en los que ordenaba a los confesados por dominicos y franciscanos hacerlo con su cura, declarando válidas las confesiones de los religiosos (15/3/1448). Gregorio XI permitió a los confesores escogidos por los priores jerónimos confesar y administrar sacramentos a los criados, domésticos y familiares (1/2/1375). Se solicitó a Martín V que los monjes de Fresdelval pudieran oír confesiones y administrar sacramentos a los moradores de los alrededores (22/5/1419). La clerecía secular de Bermeo se opuso a la fundación del convento franciscano por las confesiones, predicaciones y entierros y, tras varias vicisitudes, con ayuda del rey y los papas, se llegó a una concordia (Rodríguez Martínez, 1981, p. 110; Colombás, 1963, pp. 343-344; AHN, Códices, L. 925, f. 470v; Revuelta Somalo, 1982, p. 138; Ruiz de Loizaga, 2003, nº 44; García Oro, 1988, pp. 360-364).21

Los ingresos de entierros y oficios fúnebres: la cuarta funeraria

Las prohibiciones de sepultar de los primeros capítulos franciscanos y dominicos tenían que ver con el contexto de conflicto con el clero secular por la cura animarum. En el siglo XIV, los papas permitieron a los mendicantes enterrar y, más tarde, al resto de órdenes. Esta licencia también la concedieron a monasterios como Lupiana (6/1/1377). Sin embargo, los entierros en cenobios generaron problemas con la clerecía secular por la cuarta funeraria, sellándose diversos acuerdos. En la fundación del convento dominico de Tuy se firmó uno entre el cabildo y la orden por el que quienes fueran sepultados en el convento debían entregar a la catedral la mitad de lo que le diesen. Rodrigo, obispo de Lugo, otorgó, con consentimiento del cabildo, una concordia con el guardián franciscano, Lorenzo, por la que se comprometía a pagarles la cuarta de quienes eligiesen sepultura en el convento (1326) conforme a la decretal Ad perpetuam rei memoriam (1306). Otro acuerdo similar fue realizado entre el deán y el cabildo de la catedral y San Agustín de Sevilla por la cuarta de Arias Yáñez (15/11/1368) y entre San Francisco y Santa Clara de Guadalajara con las parroquias de la ciudad (19/8/1352) (Morvan, 2014, p. 40; Cendón Fernández, 1994, pp. 314-315; Revuelta Somalo, 1982, p. 139; Risco, 1798, p. 108; Miura Andrades, 1998, pp. 55-68; AHN, Clero, Pergaminos, C. 567, nº 15).22

En algunos casos, estos problemas terminaron en juicios. El cura de Santa María la Real de Nieva puso pleito al convento dominico por la cuarta funeraria y la administración de los sacramentos a los vecinos. Se sentenció que el convento administrase los sacramentos, llevase la cuarta y demás derechos parroquiales y diese al cura 70 obradas de tierra en los términos de Nieva y Ortigosa (17/3/1449). Los clérigos de Santo Tomás de Haro veían con recelo la atracción de sus vecinos hacia el convento agustino por la competencia por la administración de sacramentos. Los pleitos iniciados en la primera mitad del XV se repitieron (1435 y 1454) y Nicolás V encargó al abad de Obarenes, al prior de Nájera y al arcediano de Calahorra intervenir como árbitros, especialmente en los derechos de sepultura de una niña, hija de Sancho de Tuesta, inhumada en el convento (20/11/1453). Los franciscanos de Vitoria se unieron con los dominicos y sostuvieron con el clero parroquial un largo pleito arbitrado en 1468, debido a la cuarta funeraria, empeorado por la constitución de una cofradía en el primero de los conventos (AHN, Códices, L. 925, ff. 331v y 445r; Goicolea, 1996, p. 258; Cantera Montenegro, 2011, nº 172; García Oro, 1988, pp. 344 y 345).23

No obstante, algunos obispos trataron de evitar estos conflictos, como el de Cuenca, Lope de Barrientos, quien en el sínodo de 1446 estableció que los laicos pudiesen elegir sepultura con libertad, prohibiendo a seculares y regulares inducir al moribundo a ser enterrado en sus respectivas iglesias. No hay que olvidar que el prelado había tomado el hábito dominico en San Andrés de Medina del Campo antes de hacer carrera eclesiástica en distintos obispados (Díaz Ibáñez, 2002, pp. 393-394).24

Una vía para evitar la cuarta funeraria, fue hacer alusión a que las mandas realizadas no se hacían en concepto de pago de sepultura ni oficios, sino por devoción al monasterio. El bachiller Alfonso García de Peñalver hizo donaciones a Lupiana y, para evitar problemas con su parroquia de San Gil, al monasterio “no le mando la dicha manda nin constituyo heredero por razon de la mi sepoltura que alli escogi mas por especial devocion que yo siempre en el tove e tengo” y donó a la iglesia 3.000 maravedís para contentarla y que no pidiese más (t. 11/11/1468) (AHN, Clero, Libro 4.378).

Lo habitual en las últimas voluntades fue dejar una manda destinada a sus respectivas parroquias para que estas no demandaran ni incomodaran al cenobio donde el testador disponía su sepultura. En cuanto a los dominicos, Juana Rodríguez, sobrina de Alvar Pérez Osorio, en su codicilo dispuso que, como sus paños de oro los había mandado a Santo Domingo de Benavente para vestimentas y la cuarta parte pertenecía a Santa María del Azogue, dos hombres buenos –uno elegido por el monasterio y el otro por la parroquia– estimasen los paños y le diesen la cuarta parte (5/10/1399). Teresa de Ayala, mujer de Fernando de Fonseca, fue enterrada en San Ildefonso de Toro y donó 3.000 maravedís a su parroquia en enmienda de la quinta de lo que mandó al convento, surgiendo un pleito entre las iglesias de San Julián, San Lorenzo y San Pelayo por establecer de dónde era parroquiana (17/3/1449) (AHN, Clero, Pergaminos, C. 3.527, nº 9; RAH, Salazar y Castro, D-10, ff. 288 y 289).

Por lo que respecta a los franciscanos, clarisas y agustinos, Gonzalo Ruiz de la Vega, hijo de Diego Hurtado de Mendoza (t. 1437), mandó 1.000 maravedís a los clérigos que tuviesen derecho a la cuarta de las mandas a San Francisco de Carrión por su sepultura para contentarlos y que no demandasen más al cenobio. Inés de Merlo, viuda de Juan de Guzmán, mandó enterrarse en Santa Clara de Tordesillas y donó 100 maravedís para la obra de su parroquia de Valladolid (t. 22/10/1422). Pedro Ponce de León, I conde de Arcos de la Frontera y señor de Marchena, fue enterrado en San Agustín de Sevilla y donó 500 maravedís, un cahíz y 6 fanegas de trigo anuales situados en las salinas de Tarifa a su parroquia de Santa Catalina en concepto de cuarta para evitar pleitos, ordenando que lo pagase el mayorazgo (t. 9/I/1448) (RAH, Salazar y Castro, M-10, ff. 24v-27v y M-53, ff. 62-94v; AHN, Clero, Leg. 8.013; Carriazo Rubio, 2003, p. 151).25

En lo relativo a los jerónimos, Mari Sánchez, mujer de Gonzalo Sánchez Tartales, se inhumó en Fresdelval y ordenó llegar a un acuerdo con su parroquia de San Gil de Burgos y pagarle lo que le correspondiese (t. 27/6/1441). Teresa de Rojas, mujer del regidor de Talavera, Pedro Girón, fue sepultada en Santa Catalina y donó 500 maravedís para la fábrica de San Pedro, donde era parroquiana, y otro tanto al monasterio (t. 15/3/1465). Varios personajes fueron enterrados en San Miguel del Monte dejando la correspondiente cuarta a su parroquia. Respecto a los cartujos, Diego Gómez de Ribera, adelantado y notario mayor de Andalucía (t. 1434), además de los 1.000 maravedís que mandó a la obra de Santa María de Sevilla donó otros tantos para contentarlos y que no pidieran más a Las Cuevas por la cuarta. Sancha López mandó a la iglesia de la Trinidad un cáliz de dos marcos de plata, 500 maravedís y unas casas para que cantasen misas, con la condición de que no demandasen cuarta ni tercera parte de las donaciones que hizo a los mercedarios de Huete (t. 14/1/1396) (AHN, Clero, Leg. 1.053 y 1.137; RAH, Salazar y Castro, M-43, ff. 169v-174; AHN, Clero, Pergaminos, C. 2.980, nº 13; Díaz Ibáñez, 1996, pp. 124-135).26

Por último, se constata un caso en el que la parroquia renunció a la cuarta. San Julián de Valladolid renunció a la legítima a favor del monasterio de San Benito el Real que le correspondía de las cuartas de ciertos testamentos (30/9/1420) (AHN, Clero, Pergaminos, C. 3.450, nº 18; Torres, s.f., p. 92).27

En conclusión, las licencias concedidas a la clerecía regular para sepultar en sus cenobios y los ingresos derivados de ello también la enfrentó con la clerecía secular, surgiendo pleitos. Los testadores tomaron la determinación de tratar de evitar la cuarta funeraria o, más frecuentemente, de dejar clara su donación a la parroquia, para evitar pleitos futuros.

Conclusiones

Los problemas entre la clerecía secular y regular fueron frecuentes a lo largo del periodo medieval y, particularmente, durante la Baja Edad Media. En este último periodo se presentaron por diferentes motivos. En primer lugar, la instalación de un nuevo convento en una ciudad contó a menudo con la oposición del obispo, cabildo y párrocos. Para hacer frente a la misma, los fundadores trataron de eximir de la jurisdicción diocesana a los monasterios y ponerlos bajo la dependencia directa de los papas. Otros pleitos surgieron por esta cuestión, siendo frecuente la intromisión episcopal en iglesias y vasallos pertenecientes a los monasterios, pese a los privilegios papales que tenían los regulares. La exención tributaria, particularmente del diezmo, que tenían varias órdenes y monasterios, fue otra de las causas de enfrentamiento entre ambas partes, surgiendo pleitos cuando los obispos trataron de cobrar estos tributos a los cenobios.

Durante los últimos siglos medievales, los monasterios trataron de recuperar el protagonismo perdido en la vida religiosa y la administración de sacramentos. Tras la reforma gregoriana, los papas dispusieron las normas de administración de sacramentos y otras actividades religiosas de obispos, párrocos y clerecía regular. Pese a ello, la tónica dominante fue la del enfrentamiento, surgiendo pleitos con las consiguientes concordias. Los legados derivados de los entierros y ceremonias fúnebres fueron el principal foco de conflicto entre ambas partes, estableciéndose el pago de la cuarta funeraria de quienes fueran sepultados en un monasterio en lugar de en su parroquia. No obstante, los testadores trataron de evitar dicho conflicto haciendo alusión a que las donaciones no las hacían en concepto de dote del entierro y oficios sino por devoción a un determinado monasterio. En otros casos, pretendieron evitar los pleitos dejando mandas a la parroquia con alusiones a que se contentasen y no reclamasen más al monasterio, siendo escasos los ejemplos en los que la parroquia renunciaba a dicho ingreso en beneficio del monasterio.

En conclusión, al margen de lo expuesto en otros trabajos previos acerca de la protección y benefactoría de los prelados hacia los monasterios (Prieto Sayagués, 2020b), otra situación típica del periodo bajomedieval fue el enfrentamiento entre ambas partes. En dichos conflictos se implicaron otros poderes como la monarquía, la nobleza y la Santa Sede, frecuentemente, en defensa de los monasterios y la clerecía regular.

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