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Gabriela Sica
UNIHR-CIITeD/CONICET.
Correo electrónico: gabrielasica@gmail.com.
Fecha de recepción: 25 de julio de 2022
Fecha de aceptación parcial: 6 de diciembre de 2022
Fecha de aceptación definitiva: 16 de marzo de 2023
El trabajo analiza las transformaciones y cambios en los pueblos de indios de la Quebrada de Humahuaca en las primeras décadas del siglo XIX. Se considera, en especial, la participación militar indígena durante las guerras de independencia, la militarización de la sociedad y los procesos de conformación de ciudadanía a partir de la implementación del sufragio. Estos cambios modifican las relaciones de poder local y los cacicazgos de dichos pueblos.
Palabras clave: militarización, sufragio, caciques, pueblos de indios, Quebrada de Humahuaca.
War, suffrages and caciques. The transformations of the Indian towns of the Quebrada de Humahuaca at the beginning of the 19th century
The work analyzes the transformations and changes in the “Pueblos de indios” of the Quebrada de Humahuaca in the first decades of the 19th century. In particular, the indigenous military participation during the wars of independence, the militarization of society and the processes of formation of citizenship from the implementation of suffrage are considered. These changes modify the relations of local power and the cacicazgos of these towns.
Keywords: militarization, suffrage, caciques, Indian towns, Quebrada de Humahuaca.
En 1830, durante un juicio por tierras, el cacique D. Eugenio Catacata, expresaba: “… bino la revolución. los quebradeños hemos estado en una continua vanguardia, hasiendo la guerra de recursos al enemigo y hemos visto arder …Humaguaca, Huquia, Guacalera y Tilcara…”.1 De este modo, el Cacique de Tilcara ponía en palabras la difícil experiencia de vivir la guerra en su territorio, tal como le sucedió a la mayoría de los habitantes de Jujuy durante 15 años. Como parte de esa experiencia, además de los cambios políticos, sociales y económicos de la época, los pueblos de indios de Jujuy sufrieron diferentes transformaciones a lo largo de las primeras décadas del siglo XIX.
El paso de la etapa colonial a la republicana implicó un período de transición caracterizado por la crisis de legitimidad post-revolucionaria, una fuerte inestabilidad política y el desarrollo de frentes de guerra (especialmente importantes en algunos territorios) en el cual los nacientes estados provinciales tuvieron autonomía en los procesos de construcción de los nuevos poderes institucionales, políticos, sociales, económicos y militares. Dentro de estos contextos, fue disímil la experiencia de los integrantes de los pueblos de indios y sus autoridades en las distintas regiones de la antigua gobernación de Tucumán. En este artículo analizaremos algunas de las transformaciones de los pueblos de indios de la Quebrada de Humahuaca entre 1810 y 1835,2 considerando los cambios producidos en las relaciones locales de poder como consecuencia de los procesos de militarización y de conformación de la ciudadanía expresada a través de la práctica del sufragio.
La hipótesis de nuestro trabajo es que las comunidades y población indígena de Jujuy sufrieron un fuerte impacto debido a la guerra, especialmente aquellas cuyos pueblos y tierras quedaron en los frentes de batallas. La movilización militar y la creación de los escuadrones gauchos se convirtió en una experiencia inédita para la población de la zona, incluidos algunos miembros de los pueblos de indios de la Quebrada de Humahuaca. La experiencia política de la guerra, después de 1815, se desarrolló de manera simultánea con las primeras formas en el ejercicio de la condición de ciudadanos materializada a través de la práctica del sufragio. Ambos procesos provocaron cambios en las relaciones de poder local y tuvieron diferentes repercusiones hacia el interior de los pueblos de indios y en su sistema de autoridades.
Nuestra perspectiva, enfocada en la transformación de los pueblos de indios desde los inicios de la revolución hasta la década de 1830, reconoce diversos antecedentes. En el caso de los pueblos de la antigua gobernación de Tucumán, la mayoría de los estudios que abarcan este período se concentran en la problemática de la tierra como una de las cuestiones fundamentales que afectaron a esta población, pero también en los cambios de las autoridades étnicas y los procesos de redefinición de nuevas obligaciones y la pérdida de algunos derechos colectivos.3
Según nuestra hipótesis, uno de los factores importantes para pensar la transformación de los pueblos de indios de la quebrada de Humahuaca fue el impacto de la guerra y la movilización militar de la población. Una importante cantidad de trabajos han estudiado este proceso en diferentes regiones de Hispanoamérica. Las investigaciones han destacado la preponderancia y el papel que jugó la población indígena durante las guerras de independencia para diferentes regiones como Perú, Alto Perú y Nueva Granada. Para entender los modos que adquirió esta movilización indígena son ineludibles los trabajos de Echeverri, Méndez, Walker, Soux, Mamani Siñani, Mamán, Sobrevilla o Escanilla Huerta. Estos nos muestran las diversas formas que tuvo la participación indígena y sus motivaciones, tanto en las filas revolucionarias como realistas, así como las diferentes formas de inclusión de los indígenas en los ejércitos regulares, las milicias o las guerrillas.4 Estos trabajos ponen de relieve la necesidad de considerar los diversos escenarios de la guerra, los intereses en juego y los posibles proyectos políticos para entender el desempeño de estos sectores en el período.
Para el Río de la Plata, los estudios que han reconocido la importancia de la militarización tienen como antecedente la obra de Tulio Halperin Donghi. Este autor centró a la guerra y la conformación de ejércitos y milicias como los ejes explicativos del proceso revolucionario (1972). A partir de la década de 1990, se fueron desarrollando nuevos trabajos que comenzaron a destacar la participación de los sectores populares como actores claves del período y que han generado una vasta producción.5 Dentro de ella, existen investigaciones puntuales sobre la participación militar indígena en el Noroeste Argentino y en Jujuy. Así, encontramos los trabajos de Raquel Gil Montero referidos a la Puna de Jujuy. Ella destaca que la población local, mayoritariamente indígena, fue vista por los ejércitos como potenciales fuentes de abastecimiento de ganado y de hombres reclutables, pero al mismo tiempo la oficialidad de dichos ejércitos los consideraba traidores y poco confiables (2002). En un segundo trabajo, la misma autora analiza la composición de las milicias regionales en el espacio de los Andes meridionales entre 1810 a 1825; donde la evalúa desde la percepción de los jefes militares, cuyas memorias y notas son las fuentes principales utilizadas. La autora distingue la participación de distintos grupos socio-étnicos en la composición de los ejércitos, entre los que se destacaban principalmente los indios, los mestizos, los gauchos y los españoles. Aunque el reconocimiento de la participación indígena variaba de acuerdo a los diferentes testimonios de acuerdo a la experiencia y procedencia de quien escribía (Gil Montero, 2006).
El trabajo de Enrique Cruz también apunta a identificar la participación indígena de Jujuy en los acontecimientos de 1812. En su caso, la búsqueda es a través de algunas fuentes judiciales para señalar la presencia indígena en distintos ámbitos. El autor identifica como indios a algunas de las personas que aparecen en estos registros a partir de sus apellidos, oficios o costumbres, como el uso de la coca (Cruz, 2014). Para el período de 1810 a 1815, y en el espacio del Alto Perú (incluyendo a Salta y Jujuy), el trabajo de Yamila Vega analiza las acciones indígenas frente al reclutamiento y a la entrega de abastecimientos para los diferentes ejércitos. La autora recalca su papel fundamental en la conformación de las guerrillas altoperuanas y en la organización de las milicias rurales al mando de Güemes, destacando que dicha participación estaba motivada por la defensa de sus intereses, que tenían que ver con sus libertades y los derechos individuales y colectivos (Vega, 2013).
En un espacio más amplio del virreinato del Río de la Plata y sus fronteras con las sociedades indígenas de Pampa, Patagonia y el Chaco, Luisina I. Tourres indaga las percepciones y actitudes respecto del otro indígena que los protagonistas del movimiento revolucionario manifestaron a través de sus discursos. La autora destaca la percepción diferencial sobre la realidad indígena que poseían los líderes revolucionarios en los primeros años de la guerra (2017).
Los trabajos sobre la conformación de las milicias gauchas de Jujuy y Salta de Sara Mata y Gustavo Paz también mencionan la presencia indígena dentro de estas (Mata, 2004, 1999, 2009). En el caso específico de Jujuy, según Gustavo Paz, los escuadrones gauchos estaban compuestos por hombres adultos indígenas, en su mayoría, casados y con familia, que vivían en haciendas y se dedicaban al trabajo rural (1999: 169-71; 2008a: 90-1). Las investigaciones reseñadas nos orientan sobre la presencia indígena en los ejércitos y las milicias gauchas, aunque en ellas no se establece ninguna distinción entre la población de origen forastera y los integrantes de los pueblos de indios.
Junto con la guerra y la militarización, el otro elemento que consideramos como posible transformador de los pueblos de indios de la Quebrada y de las relaciones de poder local fue la construcción y el ejercicio de la ciudadanía, una de cuyas formas de expresión se materializaba a través del sufragio. El estudio de esta cuestión se ha desarrollado en las últimas décadas a partir de la renovación de la historia política y ha producido un vasto conjunto de investigaciones a través de diferentes líneas, como la nueva cultura política, la construcción de ciudadanía, la legitimación política y la problemática electoral, entre otros.6
La participación indígena en los procesos de construcción de ciudadanía y en actos electorales derivó en investigaciones que abarcan distintos espacios americanos. Una parte importante de ellos ha profundizado y debatido sobre la concesión de la ciudadanía y los efectos de la Constitución de Cádiz y sobre los sistemas comunitarios, la perduración de las autoridades étnicas así como la creación de los ayuntamientos rurales y su relación con los antiguos cabildos indígenas.7 La participación indígena en los procesos electorales ha sido valorada de diferente manera según los autores y las regiones. Para Annino, en el caso mexicano, los indígenas habrían participado de las votaciones, pero otorgando otros sentidos a la representación y la ciudadanía (1995). En el caso de Perú, los trabajos de Paniagua, Chiaramonti, Aljovín de Losada y Núñez muestran la considerable presencia indígena en las primeras elecciones, aunque reconocen que debido al sistema de elección indirecta su participación estaba circunscripto al ámbito local y municipal.8 En contraste con esta postura, Deméllas considera que la participación indígena en las votaciones era fruto de la manipulación por parte de los grupos dominantes y fenómenos como el caudillismo pueden rastrarse a partir de su implementación (2007b). La intervención indígena en los actos electorales también es analizada, para Ecuador, en las investigaciones de Morelli, Núñez y Rodríguez.9 Los autores advierten su presencia como sufragantes, especialmente en elecciones locales; sin embargo, pocos de ellos habrían accedido a los gobiernos locales, a excepción de algunas regiones como Cuenca y Loja (Rodríguez, 2006: 108-116).
El territorio del antiguo virreinato del Río de La Plata presentaba algunas diferencias con el resto de otras regiones latinoamericanas. Por un lado, no se experimentaron los efectos de las modificaciones institucionales propiciadas por la Constitución de Cádiz de 1812, sobre todo la creación de los ayuntamientos.10 Por otra parte, los Estatutos y reglamentos electorales sancionados desde 1821 fueron amplios en la concesión de derechos de ciudadanía, excluyendo solamente a los que se encontraban en relación de servidumbre (Quijada, 2006: 611). A diferencia de otros espacios, estos derechos ampliamente otorgados en los primeros años se fueron limitando a lo largo del siglo XIX con el establecimiento de diferentes restricciones censatarias, como el acceso a la propiedad o el requisito de la alfabetización (Irurozqui, 2000; Chiaramonti, 2000; Rodríguez, 2002).
La participación electoral indígena investigada en otras regiones de Latinoamérica es un tema prácticamente inexplorado para el conjunto de estudios sobre los pueblos de indios del antiguo Tucumán en el siglo XIX. En el caso del Río de la Plata, los estudios se han concentrado especialmente en Buenos Aires y su campaña,11 en donde la mayor parte de la población no era indígena, a excepción de la de las fronteras. Los trabajos para Salta y Jujuy analizan la participación de la población de las ciudades y la campaña en las primeras elecciones masivas realizadas a partir de 1823, pero sin diferenciar la intervención indígena en particular (Marchionni 2005; Correa, Fruto y Quintana 2007; Baldiviezo, 2013).
Para evaluar nuestra hipótesis, decidimos valorar la magnitud de la participación indígena en las milicias y en los actos electorales a partir del análisis de posibles listados militares y actas de votación en el período de 1810 a 1835. Reconocer la participación de los integrantes de los pueblos de indios, y de los indígenas en general, conlleva algunas dificultades para su identificación, porque no siempre los listados de milicias o las actas electorales registraban la condición de indígena, especialmente desde la abolición del tributo, que sustentaba la existencia de esta categoría fiscal y jurídica colonial y que debía ser eliminada en pos de la proclamada igualdad de derechos. Por ello decidimos recurrir a una gran variedad de fuentes para realizar la reconstrucción de los integrantes indígenas de una compañía militar y la participación indígena en los comicios que se implementaron en la campaña de Jujuy desde 1816. A partir de los nombres registrados, confeccionamos una ficha de cada uno y los tratamos de identificar en las matrícula de originarios y forasteros de la última revisita borbónica de 1806 y en un listado de originarios del Humahuaca y Uquía de 1826, además contábamos con dos registros de tributarios del pueblo de Uquía elaborados en 1832 y 1833, más un censo del departamento de Humahuaca del año 1832.12 De igual forma revisamos quince actas electorales realizadas entre 1823 a 1835.13 A fin de precisar la individualización de los integrantes de los pueblos de indios y la población indígena, especialmente aquellos que no pertenecían a estos, trabajamos con los registros parroquiales. Para ello, examinamos 3.715 actas de bautismos, 515 actas de matrimonio y 552 actas de defunción de las iglesias y capillas de Humahuaca, Iruya, San Andrés, Aparzo, Santa Cruz, Lomblonzo, Valle Grande, Tilcara, Purmamarca, Tumbaya, Huacalera y León realizadas entre los años 1799 a 1818 y 1822 a 1832.14 Estos registros contienen datos como procedencia, ocupación, origen, en el caso de algunos forasteros, y especialmente se consignan los padres de bautizados y contrayentes lo cual permite completar la trayectoria de algunos indígenas, diferenciar a las personas de un mismo nombre o que pudieran haber sido consignadas con errores o grafías diferentes en sus apellidos. También utilizamos pedimentos de matrimonio del Archivo de la Prelatura de Humahuaca efectuados entre los años 1810-1837,15 y datos provenientes de otras fuentes como actas capitulares, juicios, informes de autoridades, cartas y comunicaciones provenientes del Archivo Histórico de Jujuy, Archivo de Tribunales de Jujuy y Archivo de la Prelatura de Humahuaca.
La antigua jurisdicción de la ciudad de San Salvador de Jujuy, que en las últimas décadas del siglo XVIII formaba parte de la Gobernación Intendencia de Salta, era a finales del periodo colonial una de las regiones con mayor cantidad de población indígena en el conjunto de las del antiguo Tucumán. Según el censo de 1778, los indígenas constituían el 56% de la población, aunque estas cifras variaban regionalmente. En las tierras altas (Puna y Quebrada de Humahuaca) esa proporción se elevaba 79,19% (Rasini, 1965).16
Sin embargo, bajo estos números se escondían algunas diferencias importantes. Por un lado, estaban los integrantes de los antiguos pueblos de indios que provenían del proceso de asentamiento de la antigua población encomendada en el siglo XVI. De ellos, durante el siglo XVII y XVIII, habían tenido continuidad diez pueblos que se desarrollaron bajo diferentes situaciones. En los primeros años del siglo XIX, existían todavía dos encomiendas, mientras que el resto de los originarios tributaba a las Cajas Reales y solo quedaban ocho de aquellos pueblos que mantenían una población estable y poseían tierras comunales, a excepción de uno que estaba establecido dentro de una hacienda particular.
Además de los originarios, vivía, dentro de la jurisdicción, una importante población indígena forastera que, a lo largo del siglo XVIII, se había ido estableciendo en haciendas y estancias de la región y en menor medida dentro de los pueblos de indios. La mayor parte de ellos constituían la mano de obra de estas explotaciones privadas como agregados, arrenderos y jornaleros. Algunos forasteros sin tierra que vivían en los pueblos de indios también se habían establecido como arrenderos y agregados. En una pequeña proporción habían adquirido el derecho a algunas parcelas de tierras de la comunidad a través del matrimonio con originarias. Las autoridades coloniales de la jurisdicción reconocieron tempranamente la importancia de esta población forastera y, desde las primeras décadas del siglo XVIII, comenzaron a tributar a la Corona con una estructura de gobierno particular compuesta por caciques cobradores de foráneos, segundas personas y alcaldes (Sica, 2019a).
Hacia 1810, la Puna concentraba más del 60% del total de población de la actual provincia de Jujuy, con un fuerte predominio indígena. En Casabindo y Cochinoca se encontraba la mayoría de los indios originarios, que dependían de la única encomienda existente en la región que pertenecía al Marqués de Tojo, uno de los vecinos más ricos de la jurisdicción y poseedor de las tierras más valiosas de la Puna (Madrazo, 1982). Rinconada y Santa Catalina estaban pobladas por forasteros sin tierras, muchos de los cuales habían migrado desde diferentes zonas del Alto Perú (Gil Montero, 2004a; Ulloa y Sica, 2012; Sica, 2019a). Si la población puneña tenía un alto componente indígena, en la Quebrada de Humahuaca sus habitantes eran más diversos. Indios y mestizos tenían un porcentaje bastante cercano en el conjunto del espacio quebradeño, aunque con diferente distribución. Los indígenas predominaban en la zona norte: en los pueblos de indios de Humahuaca, Uquía y Tilcara, las haciendas y parajes de Tejada, Aguilar, Rodero, La Cueva, Huacalera, San Andrés e Iruya, mientras que la población mestiza era más numerosa en la parte sur: en el pueblo de Purmamarca y las haciendas de Guajra, Tumbaya, Volcán y León (Rasini, 1965).
Entre 1810 y 1825, Jujuy, y especialmente las tierras altas, se transformaron en un escenario permanente de guerra, de la que ningún poblador pudo quedar al margen. Durante ese lapso se registraron tres campañas libertadoras al Alto Perú, doce invasiones realistas en la jurisdicción que motivó que sus habitantes debieran abandonar sus tierras y la ciudad en tres oportunidades (1812, 1814 y 1817). San Salvador y la campaña fueron objeto de saqueos y pillajes de las distintas tropas y sus pobladores sometidos a levas militares, al pago de empréstitos (voluntarios y obligatorios), así como a la incautación de ganados, cosechas y todo recurso que fuera de consumo o utilidad para los ejércitos. Adicionalmente, decayó el comercio con el Alto y Bajo Perú, que era la principal fuente de ingresos para el grueso de los habitantes de Jujuy (Bidondo, 1976; Conti, 2006; Paz, 1999 y 2008a; Gil Montero, 2002).
Desde 1810, los pueblos de indios más importantes de la Quebrada de Humahuaca como el de Tilcara y, sobre todo, el de Humahuaca fueron cuarteles de la avanzada o de la retaguardia de los ejércitos durante varios años. Pueblos y tierras fueron invadidos y ocupados reiteradamente por los ejércitos revolucionarios y contrarrevolucionarios durante casi quince años. Recién en 1824 dejaron de sufrir el hostigamiento de la vanguardia realista al mando del general Olañeta. Durante esos años, los pueblos de indios de San Francisco de Tilcara, San Francisco de Paula de Uquía y San Antonio de Humahuaca17 fueron ocupados en nueve ocasiones por los ejércitos revolucionario y las milicias gauchas como cuarteles de vanguardia o retaguardia. Pero también, en dieciséis oportunidades, fueron invadidos y tomados por diferentes ejércitos contrarrevolucionarios, y se desarrollaron en ellos veintidós acciones militares.18 Estas ocupaciones podían durar desde algunos días a varios meses, provocando evidentes alteraciones en su vida cotidiana. Entre otras cosas, porque las invasiones duplicaban o triplicaban la cantidad de habitantes con los consiguientes problemas de logísticas para el abastecimiento, que recaía sobre los integrantes de los pueblos de indios y la población local.
Además de ser escenario de las contiendas, los miembros de los pueblos de indios debieron formar parte de los ejércitos y de los nuevos cuerpos de milicia. Ello constituyó una nueva experiencia, aunque de modo alguno inédita, ya que algunos de los integrantes de los pueblos de la Quebrada tuvieron una esporádica participación militar en la frontera con el Chaco durante los siglos XVII y XVIII (Sica, 2019).
Si para todo el territorio del Río de La Plata las guerras de independencia dieron lugar a un proceso de militarización que tuvo una intensidad inusitada, ello debió ser más impactante en las zonas directamente involucradas como frentes bélicos. Para Rabinovich (2012), en 1818 las distintas unidades movilizaban uno por cada dos y medio de hombres adultos, lo que significaba un alto índice de militarización que alcanzaba a un 37% de la población. Se trataba de una militarización estructurante que condicionó profundamente el nuevo orden económico, social y político generado por la revolución.19 Por lo tanto, y por su ubicación en el frente de guerra, las posibilidades de los pobladores de los pueblos de indios de escapar de la militarización fueron escasas.
Aunque con los datos que contamos resulta dificultoso conocer su participación militar, sabemos que las primeras movilizaciones de la población de Jujuy comenzaron en 1812, cuando Manuel Belgrano realizó las primeras levas y alistamientos en la ciudad y la campaña con motivo de la organización del ejército del Norte. El servicio de las armas se extendió a los habitantes de las gobernaciones intendencias de Salta y Córdoba. Para tal fin, en junio de 1812, Belgrano elaboró un reglamento que tenía el objetivo de fijar un procedimiento de reclutamiento para el ejército auxiliar y constituir sus reservas. El reglamento establecía la obligatoriedad de todos los jóvenes entre los 18 a 25 años de participar en la defensa de la patria. Esto incluía a la población urbana y rural, dado que las autoridades de ciudades, pueblos, villas y partidos debían remitir las listas a las tenencias de gobernación respectiva (Rojas, 1944, T IV: 569-575).
A estos primeros años, se sucedieron los masivos reclutamientos de 1815 y 1816 cuando Martín Güemes puso bajo su control a todas las milicias del territorio (Paz, 1999, 2008a; Mata, 2004, 2009). Los distintos trabajos muestran que la movilización fue impulsada en primera instancia por los saqueos y pillajes de la reocupación realista de 1814 sobre una población de criollos, mestizos e indígenas (Mata, 1999). Para obtener la adhesión masiva de amplios sectores rurales resultaron claves dos medidas políticas de Güemes. Por un lado, otorgar el fuero militar a los integrantes de los escuadrones y, posteriormente, decretar la condonación en el pago de los arriendos, de gran importancia para la población de la campaña. A esto se sumaba las posibilidades de ocupar tierras o confiscar animales en las propiedades de la región (Paz, 1999, 2008a; Mata, 2009, 2012, 2014).
En 1818, Güemes elevó un informe detallado de la cantidad de hombres bajo su mando al General del Ejército Auxiliar, el cual nos permite conocer la suma de individuos que conformaban los escuadrones gauchos de la Quebrada de Humahuaca. En su totalidad, Güemes tenía 4.888 milicianos repartidos en 15 escuadrones gauchos y 551 soldados de cuerpos de línea, lo que sumaba un total de 5.439 hombres (Mata, 2012). De este total, el 13,80% estaba alistado en los escuadrones gauchos de la Quebrada de Humahuaca. Las milicias gauchas de la quebrada comprendían dos cuerpos: el de la Quebrada y el de Iruya, San Andrés y Santa Victoria, el primero estaba compuesto de tres escuadrones con sus respectivas compañías y el segundo integrado por dos escuadrones.
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Cuerpo |
Número de oficiales |
Sargentos y cabos |
Soldados |
Totales |
|
Gauchos de la Quebrada |
||||
|
1° Escuadrón |
9 |
19 |
122 |
150 |
|
2° Escuadrón |
8 |
24 |
215 |
247 |
|
3° Escuadrón |
4 |
18 |
80 |
102 |
|
Gauchos de Iruya, San Andrés, Santa Victoria |
||||
|
1° Escuadrón |
10 |
28 |
92 |
120 |
|
2° Escuadrón |
7 |
29 |
100 |
136 |
|
Totales |
21 |
61 |
417 |
755 |
Fuente: “Milicias de Salta al mando del General Güemes” en Güemes, 1984: 40-42.
El total de 755 hombres enrolados en 1818 era muy significativo si tenemos en cuenta que la población de los curatos de Humahuaca, Tumbaya e Iruya, en 1826, era aproximadamente de 3.621 personas.20
¿Cuánta de esta población movilizada correspondía a los integrantes de los pueblos de indios? Es difícil saberlo. Los listados de milicias son casi inexistentes para los primeros años de la guerra y en su mayoría corresponden o son posteriores a 1826, cuando las autoridades estaban tratando de reducirlos.21 El más temprano que hemos encontrado pertenece al año 1823, sólo cinco años posteriores a los realizados en 1818, y se trata del recuento de una parte de los tres escuadrones con que contaba la Quebrada de Humahuaca. En él fueron registrados los nombres y los grados militares únicamente, pero esos datos cruzados con distintas fuentes nos han permitido reconstruir la procedencia y condición, así como el perfil social y étnico de la mayoría de sus integrantes.22
Presumiblemente se trataba de una compañía del segundo escuadrón de la Quebrada de Humahuaca. El listado fue realizado en octubre de 1823 y firmado por el sargento mayor D. Domingo Uro, quien en 1818 era alférez del segundo escuadrón de la Quebrada.23 Este correspondía al sector norte de la Quebrada en donde se ubicaban los pueblos de indios de San Antonio de Humahuaca y San Francisco de Paula de Uquía, y grandes haciendas como las de Rodero, Tejada, Aguilar, Cóndor y La Cueva, más otras tierras que se habían ido ocupando a lo largo del siglo XVIII en Iruya, San Andrés, Santa Cruz, Lomblonzo e Higueras (Sica, 2014b). En el listado fueron anotados 70 hombres de los cuales eran: 8 oficiales, 7 sargentos, 6 cabos y 49 soldados.
|
Composición |
Número |
% |
|
Mestizos y españoles |
6 |
8,58 |
|
Indígenas |
58 |
82,84 |
|
Sin identificar |
6 |
8,58 |
|
Total |
70 |
100% |
Fuente: elaboración propia en base a AHJ Colección del Archivo, año 1823; AHJ Colección de Archivo, año 1826; AHJ Colección del Archivo, año 1832 caja 2; AHJ Colección del Archivo, año 1832, caja 2; Registros parroquiales entre 1790-1816 y 1823-1832.
La compañía tenía una presencia indígena mayoritaria, ya que 58 de sus integrantes, entre soldados y oficiales, eran indígenas y habitaban en el curato de Humahuaca. Los registros parroquiales y las listas de los tributarios de los pueblos de indios de San Antonio de Humahuaca y San Francisco de Paula de Uquía nos han permitido identificar en este conjunto, a aquellos que pertenecían a los pueblos de indios.
|
Condición |
Situación |
Número |
% |
|
Originarios con derecho a tierra24 |
16 |
27,58 |
|
|
Forasteros o “naturales”25 |
casados con originarias y con derecho a tierras |
7 |
12,07 |
|
agregado o arrenderos de tierras comunales |
5 |
8,63 |
|
|
arrenderos o agregados de hacienda privada |
28 |
48,29 |
|
|
comprador de lotes en tierras de la comunidad |
1 |
1,72 |
|
|
con tierras propias adquiridas por merced |
1 |
1,72 |
|
|
Totales |
58 |
100% |
Fuentes: cuadro de elaboración propia en base a AHJ Colección del Archivo, año 1823; año 1826; AHJ Colección del Archivo, año 1832 caja 2; AHJ colección del Archivo, año 1832, caja 2 y registros parroquiales entre 1790-1816 y 1823-1832.
De los registrados como indígenas, una parte importante (39,65%) tenían un acceso diferencial a las tierras comunales. Unos 16 individuos (27,58%) eran originarios, otros 7 (12,07%), a pesar de ser forasteros, habían adquirido derechos a partir de su matrimonio con originarias y uno tenía un terreno dentro de las tierras comunales que había obtenido mediante compra. Esto parece ser un número relativamente alto de participación en la milicia por parte de los originarios.
El otro 48% eran arrenderos o agregados a las grandes haciendas, vecinas a las tierras comunales de Humahuaca y Uquía. En el caso de la Quebrada, los forasteros sin tierras superaban a los originarios y no tenían tierras propias, salvo excepciones. En la última revisita de 1806, en los curatos de Humahuaca y Tumbaya se registraron 198 originarios con tierra y 280 forasteros sin acceso a ellas.26 Los 27 miembros de la compañía que tenían esta condición, en su mayor parte, vivían como arrenderos y agregados en las haciendas de Tejeda, La Cueva, Sianzo, Negra Muerta, Guacalera, Iruya, Aparzo y Aguilar, aunque predominaban los de Rodero.27 Si bien, como sostiene Gustavo Paz, las condiciones laborales dentro de las haciendas de Jujuy variaban seguramente de distrito en distrito, se sabe que el arrendamiento y el peonaje estaban muy extendidos y eran los arreglos laborales más comunes entre campesinos y terratenientes (2008a). Para el caso de la Quebrada de Humahuaca, existían diferentes situaciones laborales, aunque el arriendo y el cobro de pastaje era lo más extendido en las grandes propiedades como Rodero, Guacalera y Tejeda.28 A estos hay que sumarle cinco soldados indígenas que vivían dentro de las tierras de comunidad como agregados o pagando arriendo a los caciques.29 El Cuadro 3 nos permite suponer, además, la existencia de una alta participación militar de los miembros de los pueblos de indios, ya que se trataba, como dijimos, sólo de una compañía de uno de los escuadrones de la Quebrada.
La plana mayor de la compañía estaba conformada por un sargento mayor, dos capitanes, dos tenientes, dos alféreces y siete sargentos. En ellos estaban representados los diversos grupos involucrados en la guerra, ya que eran mestizos o españoles, originarios de los dos pueblos de indios, forasteros casados con originarias y arrenderos de Rodero y La Cueva. De este conjunto, cuatro eran mestizos o españoles que formaban parte de notables locales; eran vecinos del pueblo de Humahuaca y no pertenecían al grupo de los grandes propietarios de la zona. En su mayoría eran comerciantes, dueños de pulperías, artesanos o pequeños y medianos propietarios, como el sargento mayor D. Domingo Uro y el alférez Mariano Guridi, ambos vecinos del pueblo de Humahuaca donde figuraban en los registros parroquiales como españoles o mestizos. El teniente D. José Manuel Bargas y el sargento D. Francisco Gallardo eran originarios de los pueblos de Humahuaca y Uquía, mientras que el capitán D. Fermín Huyunes era un forastero que a través del matrimonio con una originaria tenía acceso a las tierras comunales de Uquía. Los alféreces D. Críspolo Cazón y D. José Canchi eran propietarios de tierras, adquiridas en diferentes circunstancias. El primero, forastero que había comprado una parcela en las tierras de comunidad, mientras que Canchi era descendiente de la familia que había recibido una gran merced de tierras en Iruya a fines del siglo XVII.
El ascenso a la oficialidad no estaba vedado para los arrenderos, tales fueron las circunstancias del alférez Valentín Calapiña y del capitán José Cruz, aunque sus recorridos de vida eran algo diferentes. Calapiña era un antiguo forastero nacido en Talina que vivía como arrendero en la hacienda de Rodero, mientras que Cruz estaba emparentado con los caciques y alcaldes cobradores de foráneos de la zona, a la vez que era capataz de la misma hacienda y, por lo tanto, pieza clave en las redes de poder local con ascendiente sobre los arrenderos.30 El resto de la tropa se componía de arrenderos, originarios de ambos pueblos, y algunos arrenderos y agregados a las tierras de comunidad, aunque predominaban los arrenderos de las haciendas. Estos últimos participaban de las mismas motivaciones que otros sectores rurales para plegarse a la movilización de Güemes. La condonación del arriendo y el fuero militar no parecen razones importantes para los originarios dado que ellos tenían sus tierras y sus propias autoridades con caciques y miembros del cabildo indígena que tenían jurisdicción en causas penales menores.
Por lo tanto, podemos sostener que para los integrantes de los pueblos de indios de la Quebrada la participación en las guerras fue una opción importante. Entre los primeros registros de adhesión a la causa revolucionaria que encontramos está el aporte de algunos miembros del pueblo de Humahuaca, que en 1810 entregaron más de cincuenta cabalgaduras a la avanzada del ejército bajo las órdenes del entonces teniente Güemes. Según una carta del mismo Güemes, José Alberro, el cura del pueblo, habría mediado para que los caciques, alcaldes y demás habitantes del pueblo dieran apoyo al Ejército Auxiliar del Perú con el aporte de las cabalgaduras y estuvieran prontos a tomar las armas en septiembre de 1810 (Güemes, 1984: 206). Alberro mantenía buenas relaciones con los caciques y miembros del cabildo indígena y como cura del pueblo participaba todos los años en el cambio de las nuevas autoridades.31 En este auxilio a la vanguardia del ejército del norte también habría sido importante la mediación de Juan Francisco Pastor, quien era maestro de posta y juez pedáneo.32 En un primer momento, su apoyo a la causa revolucionaria parece haber estado basado en la activación de algunas redes interpersonales como las del cura Alberro o de las de Juan Francisco Pastor. Pero a medida que la guerra continuó creemos que una de las razones principales de la intervención de los originarios en el conflicto debió estar motivada por el hecho de que sus pueblos, tierras y recursos quedaron directamente afectados por el conflicto armado y la presencia militar.
Dentro de la Quebrada, los pueblos de Humahuaca, Uquía y Tilcara estuvieron totalmente expuestos a la acción bélica, mientras que su hacienda y producción fueron utilizadas en la “guerra de recursos” que se libraba en ese entorno, tal como expresaba el cacique de Tilcara en 1830. No sólo fueron afectados por las requisas y pillajes de los distintos ejércitos, sino por contribuciones voluntarias o confiscaciones de ganado, comida o bienes.33
Pero esta aceptación no fue unánime ya que una parte de la población de los pueblos de indios de la Quebrada tuvo como estrategia retirarse del frente de guerra, migrando hacia lugares más apartados, como modo de protección personal y posiblemente como forma de evadir el alistamiento, proteger sus vidas y bienes y evitar la violencia de la guerra. Años después, así lo expresaba el cacique de Tilcara “…las familias de Tilcara y Omaguaca se retiraron a grandes distancias a Guachipas, Calchaqui, Pastos Grandes y Pastos Chicos […] hasta el [año] 29 con que no se había reunido todo el pueblo…”.34
A pesar de esto, su implicación en el alistamiento militar fue comparativamente menor que la de los arrenderos indígenas en tierras privadas. Algunas de las razones pudieron estar dadas porque la participación militar podía tener como consecuencias las ausencias y la pérdida del acceso a las parcelas que asignaban los caciques, en un momento en que su reparto se volvió conflictivo y estaba en disputa. Desde las últimas décadas del siglo XVIII, el accionar de los caciques con respecto a la distribución, alquiler, arriendo o venta de parcelas que correspondían a los originarios eran una de las pugnas que se venían desarrollando al interior de estos pueblos de indios (Sica, 2014c: 26-27). Así lo expresaba, al fin de la guerra, Justo Méndez, sargento de la segunda compañía del escuadrón de Tilcara y originario de ese pueblo: “…En el lugar de maymara donde es mi actual residencia no me proporciona el señor gobernador [de Naturales] un pedazo de terreno para sembrar poco ni mantener una cabalgadura, siendo así que el año pasado me ha quitado el terreno que ocupaba bajo de su buen tapial que a costa y mención de mi trabajo lo puse y es de necesidad que estando yo y mi hijo en el acto de servicio…”.35 Estas fueron las razones por las que el sargento Méndez solicitó su baja militar.
Los largos años de guerra y militarización también tuvieron otros efectos como constituirse en nuevas experiencias políticas, conformar nuevos sentidos de pertenencias e identidades y construir, asimismo, una inédita noción de ciudadanía. Como sostiene Irurozqui: “La ciudadanía posee una naturaleza multidimensional, ya que simultáneamente puede actuar como un concepto y una relación legal entre Estados e individuos, un estatuto de pertenencia de las personas y los grupos a un Estado-nación, un ideal político igualitario o una referencia normativa para lealtades colectivas. En términos más concretos, tal multiplicidad puede sintetizarse en la comprensión de la ciudadanía como una práctica y como un estatus” (2008: 68). Una de las formas en que se expresaba esta práctica era a través de la representatividad que se materializaba en las posibilidades de elegir las autoridades por medio del sufragio. ¿En qué medida hubo participación indígena en los comicios que se fueron implementando? ¿Qué impacto tuvo este ejercicio sobre los integrantes de los pueblos de indios?
La idea de la elección de autoridades por medio de votación como mecanismo no era del todo nueva para los integrantes de los pueblos de indios de Jujuy, ya que desde el siglo XVII se elegían regularmente los miembros del cabildo indígena o las autoridades de las cofradías religiosas.36 Como sostiene Galimberti, esta experiencia previa habilitó a las nuevas instancias de participación electoral y permitieron afrontar los nuevos desafíos que la soberanía popular acarreaba, utilizando los criterios y modos de acción conocidos previamente (2018: 46).
El reglamento provisorio de 1815 extendió el derecho de representación a los habitantes de la campaña y en ellos quedaron comprendidos los originarios y habitantes de los pueblos de indios. La importancia de la población indígena en algunas regiones de la campaña de Jujuy quedó expresada por el hecho que los caciques fueron convocados para ayudar en la primera votación que se implementó de acuerdo al reglamento de 1815.37 Ésta debía elegir al gobernador intendente de la provincia y nombrar un diputado para el congreso de Tucumán. En estos comicios se eligieron ocho representantes, cuatro por el curato rectoral y los otros cuatro por los curatos de la campaña. Unos años más tarde, en medio de la guerra, se retrocedió en la decisión de realizar comicios en las zonas rurales de acuerdo al Reglamento Provisorio de 1817, que, aunque no contemplaba la implementación de mesas electorales en la campaña, tampoco prohibía la presencia de sus habitantes en las elecciones a realizarse en la ciudad (Correa, Fruto y Quintana, 2007: 205).
A partir de 1821, tras la muerte de Güemes, en el marco del armisticio firmado con la ocupación realista y en un contexto general de disolución de la autoridad central y de repudio a la Constitución de 1819, se discutió el problema de la organización política de la provincia de Salta (Correa, Fruto y Quintana, 2007: 209). A partir de 1823, la Junta Provincial, como cuerpo legislativo, pasó a estar formada por representantes de las ciudades y de los curatos rurales, elegidos por votación directa de los ciudadanos según lo fijado por el nuevo reglamento de elecciones de la provincia de ese año. En esta oportunidad se incorporaron algunos curatos de la jurisdicción de Jujuy (Humahuaca, Tumbaya y Río Negro o San Pedro), que en la votación anterior no habían tenido una participación diferenciada, ya que los diputados de la ciudad representaban a ésta y a toda la jurisdicción (Marchioni, 2008). En 1823, la Junta Provincial de Salta sancionó un nuevo reglamento electoral que estableció la elección directa para algunos cargos y extendió los derechos de sufragio a todos los hombres libres a partir de los 21 años. Esto significó otorgar la posibilidad de votar a un amplio sector de la población masculina (Baldiviezo, 2013: 177).
Tal como han demostrado los diferentes estudios de las prácticas electorales es necesario considerar a los actores –individuales o colectivos– en su situación concreta, con su cultura y sus intereses. ¿Cuál fue la repercusión de la implementación de las elecciones en los pueblos de indios de la Quebrada? Conocemos el acta electoral que se realizó en Humahuaca bajo el nuevo reglamento, que se aplicó para la elección de un representante del curato ante la Junta Provincial en 1823. Tal como estaba previsto, el alcalde pedáneo y el cura organizaron la elección de un presidente y de cuatro escrutadores que conformaron la junta electoral del curato, siendo responsables del desarrollo de la votación. Estos cargos tenían una gran importancia, dado que el nuevo reglamento electoral no preveía la formación de un registro electoral que certificara y habilitara a electores y candidatos. El ejercicio de lo que podríamos denominar justicia electoral recaía sobre el presidente de mesa y los cuatro escrutadores, encargados de prevenir los delitos electorales y la exclusión de personas inhabilitadas (Correa, Frutos, Quintana, 2007: 217).
En esta primera elección, y teniendo en cuenta que la región todavía estaba en guerra, la mesa electoral estuvo presidida por el coronel Guillermo Belmonte, comandante militar del tercer escuadrón de gauchos de Humahuaca. En el comicio sólo emitieron su voto un corto número de ciudadanos. Fueron 23, casi todos vecinos del pueblo, muchos de ellos mestizos o criollos y sólo dos indígenas. Estos primeros participantes indígenas eran originarios, vecinos del pueblo y tenían grados militares como teniente y sargento del segundo escuadrón gaucho de la Quebrada.38 En esta primera experiencia no parece haber movilizado a los habitantes de Humahuaca, sin embargo el escaso número de votantes fue superado en los años posteriores.39 En poco tiempo, la implementación de elecciones comenzó a ser una práctica frecuente, pues por este medio se votaron diputados a congresos generales y representes de los curatos ante la Junta Provincial de Salta.
Para determinar la participación indígena en los comicios, hemos analizado las elecciones de representante del curato a la Junta Provincial realizadas en los curatos de Tumbaya y Humahuaca en febrero de 1826.40 En esta última, la mesa electoral estuvo conformada por: el coronel Juan Francisco Pastor como presidente y por los capitanes Juan Cáseres y Fermín Huyunes, el teniente Críspolo Cazón y Don Justo Echenique.
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Total votantes |
102 |
100% |
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Indígenas |
81 |
79,4% |
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Mestizos y españoles |
9 |
8,8% |
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Sin identificar |
12 |
11,8% |
Fuente: AHJ colección del archivo, año 1826, caja 1.
Como vemos, hubo una alta participación de la población indígena que habitaba en el curato de Humahuaca. Pero además, sobre el universo de los 81 indígenas que emitieron su voto, hemos podido diferenciar las diversas situaciones y condición en que ellos se encontraban al momento de la elección.
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Originarios pueblos de Humahuaca y Uquía |
17 |
21.01% |
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Forasteros casados con originarias |
8 |
10% |
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Agregados en las tierras comunales |
8 |
10% |
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Indígenas que no pertenecían a los pueblos de indios |
47 |
58.99% |
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Total |
81 |
100% |
Fuente: AHJ colección del archivo, año 1826, caja 1.
De este total, una parte importante estaba conformada por indígenas que no pertenecían a los pueblos de indios del curato. Esta población, como dijimos, en su mayoría vivía en las grandes propiedades de la zona en condición de arrenderos, agregados u ocupantes.41 Los restantes eran, en su mayoría, integrantes de los pueblos de indios de Humahuaca y Uquía (tanto originarios como forasteros que, por casamiento, tenían derechos a sus tierras) junto con un pequeño grupo de agregados a las mismas tierras. Del total de 102 sufragantes, unos 53 tenían o habían tenido participación militar en los escuadrones gauchos, o sea algo más de un 50%.
En cuanto a los candidatos por los que se votaba, hay que señalar que en estas primeras elecciones no existían las candidaturas previas, ni se elegían a quienes podían llevar adelante diferentes programas de gobierno. La selección de candidatos se realizaba en el momento del acto comicial, teniendo en cuenta a quienes podían inspirar confianza, tuvieran aptitudes de liderazgo, conocimientos específicos o influencia sobre los votantes (Galimberti, 2014). En la elección del curato de Humahuaca se propusieron diez nombres diferentes, de ellos, ocho de los candidatos eran los mismos que se habían presentado en la elección de la ciudad de Jujuy y en su mayoría tenían actuación política y participación en los cargos del cabildo de esta ciudad.42 En este caso, parecen predominar ciertos canales de comunicación entre la ciudad y la campaña sobre la conveniencia de votar a determinadas personas que no tenían arraigo local.
En Tumbaya, también es posible ver una importante participación indígena en la elección de 1826. El acto eleccionario se realizó en febrero de ese año. Las autoridades nominadas para presidir los comicios fueron: Marcelino Álvarez como presidente y Crisóstomo Canchi, Luciano Álvarez, Ramón Heredia y Fortunato Heredia.
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Total votantes |
83 |
100% |
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Indígenas |
51 |
61.45% |
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Mestizos y españoles |
15 |
18.08% |
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Sin identificar |
17 |
20.46% |
Fuente: AHJ colección del archivo, año 1826, caja 1.
En este caso, las fuentes no nos permiten distinguir las diferentes situaciones y condiciones de la población indígena, aunque podemos detectar algunos originarios de Tilcara y Purmamarca, como el cacique gobernador de Tilcara Don Dionicio Cachagua. Otra parte de ellos era población indígena que vivía y trabajaba en las haciendas de Huacalera, Tumbaya, Guajra, Volcán o en parajes como Pucacocha, Chilcayoc, Coiruro o Pampichuela. Mientras que algunos integrantes de la mesa electoral, como Crisóstomo Canchi, eran originarios de la comunidad de Tilcara también.
La elección de Tumbaya presentaba algunas diferencias con la de Humahuaca. Como candidatos se propusieron 14 personas, algunas de las cuales contaron con muy pocos votos. Entre los candidatos, unos formaban parte de la elite política de Jujuy y Salta como Victorino Solá (quién resultó elegido), Fermín de la Quintana o Manuel de la Quintana, pero otros eran personajes insertos en las estructuras del poder local como Manuel y Luciano Álvarez Prado, José Ximénez e inclusive de la propia comunidad de Tilcara como el cacique gobernador Dionicio Chachagua. Ninguno de los candidatos coincidía con los votados en la elección de Humahuaca.
En 1811 se había derogado el tributo indígena y, por lo tanto, la categoría colonial de indio en pos de la igualdad de los ciudadanos, sin embargo, la disolución de las comunidades con sus formas de autogobierno y sus propiedades comunales no fue inmediata y fue producto de un proceso más largo. Una de las características de los pueblos de indios coloniales era mantener sus autoridades constituidas por los caciques y los miembros del cabildo indígenas. Como vimos, en estas primeras décadas del siglo XIX los caciques de los pueblos de la Quebrada siguieron vigentes. A ellos se les reconoció su autoridad sobre parte de la población rural al solicitar su cooperación en la recaudación de empréstitos o en la organización de los primeros comicios.43 Pero también ellos intervenían activamente en la guerra y en la política local. Menos datos tenemos sobre el funcionamiento del cabildo indígena durante los años de guerra. Es posible que, por los conflictos armados y la dispersión de la población, esta institución no haya funcionado con regularidad y también hay que considerar que una parte de los habitantes de los pueblos ya no quedara bajo su jurisdicción al formar parte de los escuadrones y poseer fueros militares. Sin embargo, encontramos algunas menciones de personas que ejercen la función de alcaldes hasta 1825.44 A partir de ese año, parecen haber desaparecido los cabildos indígenas de la región. No hemos encontrado en las fuentes alguna disposición de las distintas autoridades al respecto, sólo la mención en un acta electoral de Humahuaca que se elevaba al teniente gobernador: “…un testimonio de esta, por no haber cabildo en este pueblo…”.45
Por la misma época, la Junta Provincial procedió a suprimir el cabildo de la ciudad de Salta y a reglamentar el funcionamiento del de Jujuy y además creó nuevos funcionarios para gobierno y administración de justicia en la ciudad y la campaña (Correa, Frutos y Quintana, 2007: 212). Según la Reglamentación, se instituyeron jueces de partido en cada parroquia y tenientes en las viceparroquias. A diferencia de los representantes de los curatos, los jueces partidarios y sus tenientes eran elegidos en forma indirecta por los ciudadanos de los curatos. Se estableció que se seleccionarían por sufragio cinco electores, quienes debían proclamar a estas autoridades (Correa, Frutos, Quintana, 2007: 212).
A nivel local, los comicios convocados para la elección de jueces de partido tuvieron gran importancia no sólo al permitir el ejercicio del derecho ciudadano a elegir las autoridades locales, sino que con ellas se abrieron nuevas instancias de poder para algunos de los integrantes de los pueblos de indios. Cabe destacar que este fue un proceso paulatino ya que, en 1829, los indígenas del curato no sólo fueron electores, sino también elegidos como autoridades. En ese año, los tenientes de Tilcara y Purmamarca elegidos eran originarios de los pueblos de San Francisco de Tilcara y Santa Rosa de Purmamarca.46
En el curato de Humahuaca, el lugar de los electores, en su mayor parte, fue ocupado por los comandantes militares y algunos oficiales del segundo y del tercer escuadrón de gauchos de la Quebrada.47 Sin embargo, originarios de los pueblos de San Antonio de Humahuaca y San Francisco de Paula de Uquía como Manuel Limpitay, Fermín Gallardo, Eusebio Cusco y Fermín Huyunes fueron electos como tenientes de sus pueblos o suplentes del juez principal. Algunos de ellos como Gallardo o Huyunes eran, además, oficiales de los escuadrones gauchos.
El impacto de la guerra, la militarización y el proceso de conformación de la ciudadanía igualaron algunas de las antiguas jerarquías coloniales48 y crearon nuevas redes de poder local. En ellas, los comandantes militares se constituyeron en verdaderas estructuras de poder institucional en el ámbito de la región. Ya que, además de establecer justicia sobre los milicianos bajo el fuero militar, muchas veces los mismos personajes cumplieron también funciones como jueces partidarios o tenientes con jurisdicción sobre el resto de la población que no estaba incluida en dicho fuero.49 En este contexto, la experiencia política de votar las autoridades locales permitió a algunos originarios formar parte de nuevas redes de poder en las que el servicio en los escuadrones y el ascenso dentro de estos resultaban ser un factor significativo.
En el nuevo contexto político se mantuvieron los caciques porque, como resaltamos, las autoridades locales y provinciales eran conscientes de su importancia en la mediación frente a una importante porción de la población rural. Sin embargo, los procesos de militarización, los cambios políticos y las nuevas relaciones de poder tendrían impacto en estas autoridades de raíz colonial. Uno de ellos fue el cambio en las formas de acceso a los cacicazgos.
Desde la creación de los caciques coloniales, la sucesión se estableció por herencia. Los conquistadores trataron que esta se sucediera de padre a hijo, aunque no fue una regla fija, pero al menos se trataba de que se realizara dentro de un mismo linaje (Palomeque, 2006). Con la revolución y como una manera de ofrecer sus propias respuestas a los nuevos tiempos, algunos integrantes de los pueblos de indios de la Quebrada cambiaron la forma hereditaria de acceso al cacicazgo por la elección mediante el voto, dando nuevos sentidos al derecho al sufragio y a la ciudadanía que venían experimentando desde hacía pocos años.
En el caso del pueblo de San Francisco de Uquía, ante la acefalía en el curacazgo en 1826, los miembros de la comunidad solicitaron ante el juez de partido poder elegir a su cacique gobernador. El pedido se basaba en la urgencia y necesidad que tenían ante los inconvenientes generados por la distribución de las parcelas de las tierras comunales, el problema de los exiliados que regresaban y los conflictos de linderos con propiedades vecinas. El juez procedió a realizar la votación y el acta: “…conforme estar mandado por la ley provincial…”. La misma, firmada por testigos, fue elevada al teniente gobernador de Jujuy para ser aprobada y para que dicho funcionario confirmara el nombramiento.50
Al año siguiente, un grupo numeroso de integrantes del pueblo de San Francisco de Tilcara se presentó ante las autoridades de Jujuy para reclamar la destitución de su cacique y el nombramiento de uno nuevo, contemplando la posibilidad de que: “…se nombre un [cacique] gobernador a voto de pluralidad de los originarios que componemos este pueblo…”.51 El pedido dejaba entrever no solo una forma creativa de mantener el cacicazgo compatibilizándolo con las nuevas ideas políticas sino también una creciente idea del recambio de la autoridad, basado en mecanismos diferentes a los tradicionales. La argumentación, además, sostenía que: “…entre las loables y generosas sanciones de nuestro liberal gobierno ha sido muy recomendable que aquellas que los cargos de gobierno no sean vitalicios por los incalculables males que sean experimentado tanto en lo económico de los pueblos como en la administración de Justicia…”.52
En febrero de 1829, los diputados de Jujuy, Teodoro Sánchez de Bustamante e Ignacio de Gorriti, presentaron ante la Junta Provincial de Salta un proyecto de ley para proceder a la elección de caciques gobernadores en toda la provincia. El objeto del proyecto era unificar las formas de elección en el territorio y “evitar la presentación de nuevos recursos”.53 El proyecto estipulaba la elección indirecta de dichos caciques a través de varias instancias. En primer lugar –ante la presidencia del subdelegado de la Puna o del juez de cada partido– se debía convocar a los padres de familia de cada comunidad, quienes debían votar por cinco electores. Estos proponían el nombre de ocho individuos, entre los cuales era seleccionada una terna que se presentaba a las autoridades de Jujuy, quienes finalmente elegían al cacique gobernador. El proyecto fue discutido en comisión, siendo el único punto discordante la duración del cargo entre dos o cuatro años. La propuesta de los diputados era semejante a otra presentada por el poder ejecutivo de la provincia que establecía el sufragio como mecanismo para la elección del cacique, pero sólo para la comunidad de Tilcara.54 La legislatura de Salta decidió promulgar el proyecto de los diputados de Jujuy a fin de que todas las autoridades indígenas de la provincia fueran electas y dejaran de ser hereditarias, como era la forma tradicional.55 La ley se implementó en Jujuy y sirvió para la designación de caciques hasta finales de la década de 1830.56
Desde 1810 hasta mediados de la década de 1820, el partido de Jujuy sufrió las consecuencias de las guerras y las profundas huellas que dejaron en toda la sociedad. Los integrantes de los antiguos pueblos de indios coloniales no estuvieron exentos de sus efectos y soportaron las mismas vicisitudes que el resto de la sociedad. En el caso de los pueblos de la Quebrada de Humahuaca, fueron durante diez años parte del frente de guerra y padecieron directamente todo tipo de alteraciones de su vida cotidiana con su secuela de invasiones, eventos militares, levas, confiscaciones, muertes y pérdidas. Inmersos en la guerra de recursos que planteaba la marcha del conflicto, sus habitantes optaron por la migración o por la participación en ella como únicas alternativas.
Una de las consecuencias de la guerra fue un proceso de creciente militarización de la población masculina, especialmente a partir de 1815 con la creación de las milicias gauchas, que en el caso de la Quebrada reunió un significativo número de hombres repartidos en tres escuadrones y diferentes compañías. Dentro de ellas, se puede verificar una importante intervención indígena, tanto de los integrantes de los pueblos de indios, como de aquella que en calidad de arrenderos, agregados o jornaleros vivían y trabajaban dentro de las haciendas de la región y constituía una población que pagaba tributo como indígenas forasteros durante gran parte del siglo XVIII. Como han mostrado otros estudios, para ellos el alistamiento en los escuadrones gauchos tenía algunas ventajas importantes, por un lado, los ponía bajo fuero militar y en algún momento les permitió dejar de pagar el arriendo y las pesadas cargas adicionales que este conllevaba. El análisis de la composición de una compañía de los escuadrones norte nos ha permitido demostrar que la participación militar por parte de los indígenas de los pueblos de la Quebrada también fue importante, aunque no tuvieran las mismas motivaciones que los antiguos forasteros.
Los integrantes de los pueblos de indios de Humahuaca y Uquía formaron parte de la compañía analizada, tanto como soldados o como de la oficialidad; en ese sentido, la guerra creó igualaciones y también nuevas diferenciaciones y se constituyó en una inédita experiencia social y política. La intervención en la guerra fue un factor importante en la construcción de una nueva concepción política. Ya que paralelamente al conflicto se fue desarrollando el proceso de conformación de la ciudadanía con sus primeras manifestaciones a partir de la extensión del derecho de sufragio a las zonas rurales. Este primer concepto de ciudadanía ha sido definido como “cívica” y fue establecida sobre la base de la vecindad. En ella, los derechos del ciudadano procedían de valores como el patriotismo y el servicio a la revolución, especialmente a través de la contribución en la milicia.
El derecho al sufragio no estuvo limitado por cuestiones raciales o étnicas y su práctica se tornó cada vez más habitual a partir de 1822 con la organización política de la provincia de Salta (de la cual Jujuy formó parte hasta 1834) y la promulgación del Reglamento Electoral en 1823. A partir de esta fecha, los comicios se sucedieron con mayor asiduidad y con una creciente contribución de votantes. Dentro de ellos, fue importante la intervención indígena tanto en los curatos de Tumbaya como en el de Humahuaca, donde de manera progresiva algunos miembros de los pueblos de indios comenzaron a ocupar lugares como autoridades de mesa o miembros de las juntas electorales. La importancia de la militarización se evidencia también en el hecho de que una parte significativa de los votantes poseía experiencia militar.
Si bien la guerra y el ejercicio de los derechos ciudadanos tuvieron impacto en la conformación de noveles relaciones de poder local, este proceso se acentuó, a partir de 1825, con la creación de autoridades civiles en la campaña, tales como los jueces territoriales y sus tenientes. Estas autoridades fueron designadas por medio del sufragio ejercido bajo las flamantes premisas políticas y en el que intervenían tanto los originarios como antiguos indígenas forasteros, mestizos y criollos. Los candidatos debían ser electos a través de un sistema que combinaba la votación directa para designar electores, que a su vez nominaban a los jueces y tenientes. Este sistema permitió que diferentes indígenas fueran elegidos como tenientes, jueces o suplentes de jueces territoriales en sus curatos.
En este contexto, y al interior de los pueblos de indios, se produjeron diferentes cambios. Uno de ellos tuvo que ver con la desaparición de los cabildos indígenas. Si bien no hemos encontrado que su final fuera establecido por alguna medida política de las autoridades provinciales o contemplada en la legislación, la única mención que tenemos de su desaparición coincide con los comienzos de la elección de los jueces territoriales, como si estas recientes autoridades con jurisdicción penal y de policía hubiesen acabado con los antiguos oficios del cabildo indígena. En cuanto a los caciques, autoridades de los pueblos de indios a lo largo de toda la etapa colonial, fueron distinguidos como auxiliares de algunas tareas en los primeros tiempos de la guerra por autoridades civiles y militares, atribuyéndoseles un rol importante en la conformación de las primeras mesas electorales. Estos espacios reconocidos a los caciques funcionaban en relación con la percepción de las autoridades sobre la necesidad de contar con ellos para tener llegada a diferentes poblaciones y ámbitos del espacio rural. Sin embargo, la militarización, el ejercicio de la ciudadanía, la habitualidad de los sufragios y los cambios en las relaciones de poder local provocaron innovaciones en los cacicazgos generados desde las propias comunidades. Los conflictos impulsados por la distribución de las tierras comunales, la presencia de forasteros e intrusos en ellas, las disputas de límites territoriales y las discusiones internas, llevaron a algunos miembros de los pueblos de indios a proponer cambios en las formas de acceso a los cacicazgos. Ya sea de hecho o a través de la petición a las autoridades, los integrantes de los pueblos plantearon la posibilidad de adaptar la elección por sufragio de los caciques y la periodicidad en el cargo de acuerdo a las estrenadas concepciones políticas. Estos pedidos tuvieron su materialización en una ley provincial que, a través de un complejo sistema de votación indirecta, estableció el acceso al cargo de cacique por elección y con renovación periódica. De este modo, las propias comunidades lograron adecuar creativamente la institución de raíz colonial a los nuevos tiempos y dotar sus acciones de nuevos sentidos.
Todavía, el uso de la tierra comunal, su trabajo y distribución era un aspecto esencial que se esperaba garantizara un cacique en el siglo XIX, de manera que su autoridad debía estar vigente en tanto se mantuvieran las tierras comunes. No sólo por las tradiciones del uso inmemorial sino también por los horizontes de devastaciones y pérdidas que había dejado la guerra y el conflictivo nuevo orden político. En palabras del cacique Don Eugenio Catacata (uno de los líderes que habían llegado al cargo por medio de la elección): “…el cacique ara sembrar de comunidad para los biejos, invalidos y viudas de los que an matado en la guerra y que en otro sistema nadie se acuerda de ellos…”.57 Don Eugenio Catacata era justamente uno de los nuevos actores en las redes de poder local que se habían consolidado en el período. Con participación relevante en el segundo escuadrón gaucho y en las mesas electorales, había sido uno de los peticionantes para que se promulgara la ley de elección de caciques. Aún consciente de la innovación de esta institución, consideraba que la vigencia del curacazgo era imprescindible, en tanto el nuevo sistema político no alcanzaba para mitigar los efectos de una guerra que todos los miembros de su pueblo habían vivido y padecido intensamente.
»AHJ: Archivo Histórico de Jujuy
»ATJ: Archivo de Tribunales de Jujuy
»APH: Archivo de la Prelatura de Humahuaca
»AHS: Archivo Histórico de Salta
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1 Archivo de Tribunales de Jujuy (en adelante ATJ), 1830, legajo 2836, f.90v.
2 El período que abarca esta investigación se inicia con las guerras de independencia y finaliza con la autonomía de Jujuy de la provincia de Salta.
3 Madrazo (1990); Doucet (1993); López y Bascary (1998); López (2006); Fandos (2007); Paz (2009); Rodríguez (2011, 2013, 2015, 2016, 2019a y 2019b); Tell (2011a, 2011b, 2013, 2019); Fandos y Teruel (2012); Farberman (2019), entre otros.
4 Echeverri (2018); Méndez (1991, 2004, 2014); Walker (2004); Soux (2010a, 2010b, 2011a, 2011b); Mamani Siñani (2010, 2012); Sobrevilla (2010, 2011); Mamán (2010); Demelas (2007); Lorandi (2014, 2015); Davio (2021); Escanilla Huerta (2021), entre otros.
5 Garavaglia (2003); Di Meglio (2003, 2006, 2011); Fradkin (2008, 2010); Garavaglia, Pro Ruiz y Zimmermann (2012); Rabinovich (2012, 2013); Davio (2018); Morea (2020); Mata (1999, 2002, 2004, 2007, 2010, 2012); Paz (1999, 2003, 2008); Conti (2006, 2010), entre muchos otros.
6 Annino (1995); Sabato (1999); Ternavasio (2002); Sabato y Lettieri (2003); Cansanello (2003); Aljovín de Losada y Núñez (2006); Galimberti (2019), entre muchos otros.
7 Annino (1995); Morrelli (2005); Palomeque (2000); Escobar Ohmstede (1996, 1997, 2016); O’Phelan (2002); Marchena (2002/2003); Garisco (2004); Quijada (2006), entre otros.
8 Paniagua (2003); Chiaramonti (2005); Aljovín de Losada (2005); Núñez (2005).
9 Morelli (2005); Núñez (2005); y Rodríguez (2005 y 2006).
10 Si bien se ha planteado que en el Río de la Plata no hubo una influencia directa de la constitución de Cádiz, algunos trabajos sostienen que, en ciertos estados provinciales, se puede advertir su efecto en el origen de algunas configuraciones políticas institucionales (Bonaudo, 2008).
11 Ternavasio (2002); Garavaglia (2005); Lanteri y Santilli (2010): Galimberti (2009, 2012, 2014), entre otros.
12 Archivo Histórico de Jujuy (en adelante AHJ) Colección del Archivo, año 1826; AHJ Colección del Archivo, año 1832 caja 2; AHJ Colección del Archivo, año 1833, caja 2; AHJ Archivo Ricardo Rojas (en adelante ARR), caja XL, legajo 3, año 1806.
13 Las mismas corresponden a los dos curatos/departamentos de la Quebrada de Humahuaca. Del total de las quince, seis de ellas contienen las listas nominativas de los votantes, las restantes sólo registran la cantidad de individuos que emitieron su voto.
14 Humahuaca. Nuestra Señora de la Candelaria. Libros: Bautismos 1823-1827; Bautismos 1827-1843; Bautismos, matrimonios y defunciones 1799-1816, 1823-1840; Bautismos, matrimonios y defunciones 1780-1867; Matrimonios 1827-1844; Matrimonios y defunciones 1823-1881. Tilcara. Nuestra Señora del Rosario. Bautismos 1774-1879; Matrimonios 1773-1895. Todos ellas se encuentran digitalizadas en www.familysearch.org.
15 Archivo de la Prelatura de Humahuaca (en adelante APH) cajas 2, 3, 4, 6 y 15 años 1810-1837.
16 Esta cifra debió ser más importante ya que no se encuentra el censo del curato de Humahuaca de 1778, y esta zona concentraba una significativa población indígena distribuida entre los pueblos de indios de San Antonio de Humahuaca y San Francisco de Paula de Uquía y las grandes haciendas como las de Rodero, La Cueva, Tejeda y Aguilar.
17 Una excepción fue el pueblo de Santa Rosa de Purmamarca, que prácticamente no sufrió ocupaciones militares, posiblemente debido a su ubicación en una quebrada lateral al paso principal de la quebrada de Humahuaca.
18 Estas veintidós acciones militares fueron en los propios pueblos sin contar muchas otras que tuvieron lugar en sus cercanías, ver: Bidondo (1968).
19 Según Rabinovich, el término militarización significa la extensión de la movilización militar sobre determinada población, así como el peso del esfuerzo militar sobre la población local, las posibilidades de ascenso político-social de los jefes militares y los modos en que la organización del ejército pudo haber influido sobre la conformación de un Estado y una sociedad independientes (2012: 17).
20 AHJ colección del Archivo, año 1826. Hemos encontrado sólo las cifras totales de población correspondiente a un censo realizado en ese año. En él, Iruya y San Andrés estaban integrados al curato de Humahuaca, mientras que Santa Victoria pertenecía al curato de Cochinoca en la Puna.
21 El reglamento militar de 1824 trataba de limitar el número de los milicianos de la campaña, así como sus fueros y privilegios Paz (2008b: 217-9).
22 AHJ Colección del Archivo, año 1823.
23 Posiblemente este listado fuera parte un registro más amplio ya que en abril de ese año el comandante Pastor escribió a las autoridades de Jujuy: “…entretanto me voy a los valles y altos a arreglar los escuadrones, según me ha ordenado el Señor Teniente de Gobernador en su ultimo oficio, para cuyo efecto necesito papel para hacer las listas de dichos escuadrones…” AHJ Colección del Archivo, año 1823, caja 1.
24 A las tierras de las comunidades de los pueblos de indios de Humahuaca y Uquía.
25 Utilizamos la categoría de forasteros de las revisitas borbónicas, como los indígenas que no pertenecían a un pueblo de indios y que pagaban tributo a la corona hasta 1811, cuando fue derogado. Las primeras generaciones de los denominados como forasteros solían tener consignados sus lugares de origen, al cabo de años lo común es que fueran registrados como “naturales” del lugar en que habitaban. Castro Olañeta y Palomeque (2016).
26 AHJ Colección Archivo, ARR, caja XL, legajo 3, año 1806; Castro Olañeta (2016); Sica (2014c y 2020).
27 Estas eran extensas haciendas que provenían de mercedes coloniales, sus dueños pertenecían a la elite de Jujuy y no vivían en la zona, a excepción de uno de ellos Paz (2004: 436-7).
28 Sica (2014a). Las condiciones del arriendo se agravaron en las últimas décadas del siglo XVIII, cuando los propietarios comenzaron a imponer, junto con el pago del pastaje y el arriendo, una cantidad de días de trabajo para el patrón: ver Gil Montero (2004: 204-5). Este proceso se relacionaba con la gran oferta de mano de obra debido a la importante cantidad de forasteros que vivían o llegaban a la jurisdicción. La crisis de los mercados mineros de principio del siglo XIX parece haber impuesto condiciones más onerosas para el arriendo en la región Sica (2019b: 301-303).
29 Aunque tenemos menos datos sobre los arrenderos de las tierras de comunidad, sabemos que debían pagar en dinero, a veces el cobro podía asumir formas más o menos violentas, aunque desconocemos si cumplían con otras exigencias de trabajo, como los arrenderos de las propiedades privadas, ATJ 1811, legajo 2405.
30 AHJ Colección del Archivo, año 1822, caja 1; AHJ ARR, caja XL, legajo 3, año 1826.
31 APH año 1794, caja 1.
32 Güemes (1984, T. 1: 186). Pastor era un mestizo que se había casado con una vecina del pueblo de Humahuaca. Como juez pedáneo se relacionaba con los caciques y el cabildo indígena del pueblo. Juan Francisco Pastor también tenía vinculación con Güemes, llegando a ser compadres. Fradkin ha destacado la importancia, en las movilizaciones de la población rural, de la apelación a ciertas prácticas como el compadrazgo, el clientelismo o inclusive el temor a represalias (2005).
33 Por ejemplo, en 1815 Güemes instruyó al cabildo de Jujuy para que organice la recolección de donativos en la ciudad y la campaña, y la recaudación debía ser realizada por los jueces pedáneos con el auxilio de curas y caciques Baldiviezo (2014). Conocemos la colecta realizada por el juez pedáneo de Humahuaca Juan Francisco Pastor. En ella colaboraron más de doscientos individuos, entre los cuales se encontraban el cacique gobernador de Uquía, cuatro regidores del cabildo indígena de Humahuaca y treinta tributarios, más cuatro agregados a las tierras comunales de ambos pueblos. En su conjunto representaban un 17% del total de los contribuyentes. Rojas (1944, T. IV: 585-92).
34 ATJ 1830, legajo 2836, f.77 v. y 90.
35 AHJ Colección del Archivo, año 1831, caja 1.
36 Si bien correspondían a formas electivas diferentes en tanto las autoridades del cabildo eran designados por las alcaldes y regidores salientes. En el caso de las cofradías, los mayordomos y priostes eran votados por todos los miembros de la cofradía incluidas las mujeres.
37 “…El reglamento provisional que acompaña es la primera ley que sea de reconocer en la América. Por el método que prescribe se ha de hace la elección de diputado para la asamblea y para la elección de diputados para la asamblea y para la elección de gobernador de la provincia […] para que con la existencia de los pueblos citados […] procure con toda libertad elijan los pueblos de la subdelegación de su mando, los respectivos electores […] de acuerdo con SS curas y caciques pueda vs formar de buena fe […]”. AHJ ARR caja V, legajo 4.
38 AHJ colección del Archivo, año 1823, caja 1.
39 La poca participación de la población en esta votación fue un fenómeno general a toda la provincia Marchioni (2005: 13), y Correa, Frutos y Quintana (2007).
40 Para realizar el análisis, hemos utilizado el mismo procedimiento usado para la reconstrucción de la compañía militar de 1823. Identificamos a cada uno de los votantes a partir de diferentes fuentes como: listado de originarios con derecho a tierra de 1826, la revisita de 1806, padrón de originarios de 1830 y los registros parroquiales. Se confeccionó una ficha por cada sufragante en la cual se volcaron datos sobre su condición (originario o forastero o descendiente de forastero), lugar de residencia, edad, ocupación y experiencia militar.
41 Hemos identificados votantes que vivían en Rodero, Aparzo, Tejeda, Condor, Aguilar, Caspalá, Valle Grande, Iruya, La Cueva, Antumpa, Colanzuli, Sianzo, Chorrillos, Varas, Sisique, Santa Cruz, San Andrés y Lomblonzo. También hay algunos casos en que pertenecían a otros curatos como Tumbaya o Yavi pero estaban avecindados en el de Humahuaca, esto era viable dado que la posibilidad de votar se establecía por la vecindad. Resalta la voluntad de participar de las elecciones, ya que desde algunas de las zonas mencionada se requerían largas horas caminando o a caballo para llegar al pueblo de Humahuaca.
42 AHJ ARR tomo XLVI, papeles de voto 1824-27. Ellos eran: Bernardo González, Ramón Alvarado, José Manuel Alvarado, Mariano Pérez, Andrés Francisco Ramos, Pedro Andrés Mena, Alejandro Torres y Gabriel Portal. Con 54 votos resultó elegido Bernardo González, quien era maestro de primeras letras de la ciudad de Jujuy, representante de Jujuy ante la Sala de Representantes de Salta en 1826 y posteriormente tuvo actuación como secretario en la primera legislatura provincial tras la autonomía ver: Medina (2022: 168).
43 Hay que tener en cuenta que la población indígena forastera también (que no formaba parte de los pueblos de indios) tenía sus caciques y alcaldes (Sica, 2019a).
44 Humahuaca. Nuestra Señora de la Candelaria. Libro Bautismo, matrimonio y defunciones. 1780-1867, digitalizadas en www.familysearch.org, imágenes 56 y 58.
45 AHJ Colección del Archivo, año 1826, caja 1.
46 Fueron designados como electores el cacique D. Dionisio Cachagua y los originarios D. Ignacio Canchi y D. Eugenio Catacata. Este último fue votado como teniente de Tilcara, mientras que D. Damasio Alancay, originario de Purmarmarca fue elegido teniente de su pueblo. AHJ Colección del Archivo, Año 1829 caja 1; AHJ ARR caja XL, legajo 3, 1806.
47 Juan Francisco Pastor, comandante general de los escuadrones gauchos de la Quebrada, fue elector en las votaciones de 1826, 1827, 1832 y 1834, además de presidente de la junta electoral que elegía al representante del curato en 1826 y miembro de la junta electoral para las elecciones de diputado para la asamblea constituyente de la nueva provincia de Jujuy en 1834, AHJ Colección del Archivo, año 1826, caja 2; AHJ Colección del Archivo, año 1827, AHJ Colección del Archivo, año 1832; AHJ Colección del Archivo, año 1834, caja 2. Caso similar es el del coronel Guillermo Belmonte, comandante del tercer escuadrón, quien fue presidente de la junta electoral de 1823, elector en 1827, 1832 y 1834 e integrante de la mesa electoral en 1834. Además de ser autoridad en los actos eleccionario Belmonte fue electo juez del curato en 1826 y 1834, AHJ Colección del Archivo, Año 1827, AHJ Colección del Archivo, año 1832; AHJ Colección del Archivo, año 1834; AHJ Colección del Archivo, año 1823, caja 1.
48 Esta igualación no suponía la desaparición de las jerarquías sociales sino la incorporación dentro de la sociedad general que contemplaba nuevas formas de diferenciación. La idea de igualdad dentro de los escuadrones no sólo surgía de la experiencia común, sino que muchas veces era propiciada por las mismas autoridades. Tal como se puede ver en la carta de Rafael Cruz (teniente del juez territorial de Valle Grande) al teniente gobernador de Jujuy en 1832 para: “…comunicarle que en el departamento de Valle Grande, Lomblonzo y Caspala, les he notificado a toda la gente bajo mi mando para que bivan en unión hermanablemente [sic ] sin andar ablando del blanco, ni el indio, ni el negro y que estén prontos a nuestro gobierno y a las demás autoridades y todas las jentes han quedado gustosamente y no abra la menor novedad que y solo un gaucho llamado Miguel Erazo me dijo que el no podía callar y que avia de decir al que es godo decirle godo…” AHJ Colección del Archivo, año 1832, caja 2.
49 En algunos casos, como los de Francisco Pastor y Manuel Álvarez Prado, habían cumplido funciones de jueces pedáneos de sus curatos antes de ser comandantes militares.
50 AHJ Colección del Archivo, año 1826, caja 1.
51 AHJ Colección del Archivo, año 1828, caja 1.
52 AHJ Colección del Archivo, año 1828, caja 1.
53 Archivo Histórico de Salta (en adelante AHS) libro 326, año 1829.
54 El proyecto de la gobernación fue realizado de acuerdo con el pedido realizado por los integrantes de la comunidad de Tilcara, por eso se limitaba a establecer la elección de cacique por sufragio sólo en este pueblo.
55 AHS libro 326, año 1829.
56 Las elecciones se realizaron para las comunidades de Tilcara, Humahuaca, Uquía y Purmamarca. AHJ ARR, caja XVI, legajo 2, 1829. Si bien la ley fue promulgada para todo el territorio de la provincia de Salta, hasta el momento sólo hemos encontrado que se implementó en las tierras altas de Jujuy.
57 ATJ l1830, legajo 2836, f. 82.