La violencia política en el Brasil republicano: un análisis de las leyes y las instituciones represivas (1889-1988)

Rodrigo Patto Sá Motta

Profesor del Departamento de Historia de la Universidad Federal de Minas Gerais e investigador del CNPq, Brasil.
rodrigopsamotta@gmail.com

Artículo recibido: 03 de junio de 2019. Aprobación final: 12 de diciembre de 2019.

Resumen1

El trabajo presenta un balance analítico sobre la historia de la violencia de naturaleza política practicada por el Estado brasileño en un marco temporal que se inicia con la implantación de la República (1889) y finaliza con la aprobación de la última Constitución Nacional (1988). Esta periodización pretende mostrar los momentos más significativos de esa historia al poner el énfasis en el estudio de la legislación y de las instituciones represivas que marcaron la violencia política estatal en Brasil. El objetivo es dar cuenta de los desafíos que debió enfrentar la construcción de una sociedad democrática, ya que el Estado trató invariablemente como subversivas (apelando con frecuencia a un léxico anticomunista) y reprimió demandas políticas destinadas a distribuir riquezas y poder, así como cualquier tipo de manifestaciones sociales consideradas como amenazas al orden político y social.

Palabras clave: Violencia, Política, Estado, Represión.

Political violence in republican Brazil: an analysis of repressive laws and institutions (1889-1988)

Abstract

Taking as chronological landmarks the inauguration of the Republic (1889) and the approval of the last Constitution (1988), the article presents an analytical balance of the history of the political violence practiced by the Brazilian State. The periodization on which the text is based intends to show the most striking moments of this history emphasizing the analysis of the legislative and repressive institutions that oriented the State political violence. The objective is to perceive the challenges to the constitution of a democratic society in Brazil, since the State invariably treated as subversives (often using Anti-communist language) and repressed any political demands aimed at distributing wealth and power, as well as any social manifestations considered threatening to the political and social order.

Keywords: Violence, Politics, State, Repression.

Introducción

Por definición, todo Estado basa su poder en la capacidad de ejercer violencia y en la existencia de aparatos represivos. No obstante, los Estados de derecho y en especial los que tienen un compromiso republicano y democrático, deberían circunscribir la violencia al mínimo necesario para la convivencia en sociedad, de manera tal que puedan garantizar a sus ciudadanos el derecho de expresión, de reunión e inclusive el derecho de luchar por derechos. El siglo XX ha sido, en este punto, un período marcado por tentativas de construcción de Estados orientados a limitar el autoritarismo político y a garantizar la libertad. Sin embargo, ello no evitó el surgimiento de conflictos de variada naturaleza, que implicaron prácticas estatales violatorias de libertades básicas. El estudio de la violencia practicada por el Estado ayuda a comprender las dificultades enfrentadas en el proceso de constitución de instituciones y culturas democráticas. Pero, obviamente, la violencia estatal no es ajena a la sociedad, sino que deviene de intereses sociales y de distintas visiones del mundo de aquellos grupos que controlan o tienen influencia directa sobre el Estado.

La opción de revisar el caso brasileño desde la instauración de la República, en noviembre de 1889, parte de la idea de que varios de los procesos violentos posteriores tenían sus raíces en ese primer experimento republicano, más allá de que se produjeron cambios importantes en las décadas siguientes. Este recorte cronológico proporciona una escala más completa de análisis de los procesos represivos, evitando la tendencia a centrar la atención en momentos específicos, en particular la Guerra Fría. El arco temporal del artículo concluye en 1988, justamente el año en el que entró en vigencia la Constitución resultante del proceso de transición democrática tras el fin de la dictadura. La Constitución de 1988 le dio un marco legal al intento de superar la tradición autoritaria y represiva del Estado brasileño, que en su momento generó expectativas positivas. Esta reciente institucionalidad democrática siempre tuvo límites y no ha evitado completamente la violencia. De todos modos, la crisis relacionada con el proceso de juicio político a la entonces presidenta Dilma Rousseff (2016) generó un aumento de la inestabilidad y la sensación de que el orden político establecido en aquella ley fundamental de fines de la década de 1980 corre riesgo de ser erosionado.

En consecuencia, el presente artículo propone abordar sintéticamente los códigos legales y las instituciones represivas que constituyeron la base de la violencia política practicada por el Estado brasileño entre 1889 y 1988. Partimos del supuesto de que es posible distinguir la violencia estatal común de la violencia política misma, que era dirigida contra los enemigos del orden político y social. De hecho, éste es un concepto clave en el caso brasileño, ya que ha servido de base para muchas leyes represivas y también para instituciones que han marcado la historia de la violencia política, como los Departamentos de Ordem Política e Social (Departamentos de Orden Político y Social, DOPS), de los que hablaremos más adelante.

El formato al mismo tiempo analítico y narrativo de este trabajo será desarrollado en cinco secciones, que se corresponden con una propuesta de periodización centrada en la violencia política: desde la implantación de la República hasta 1917; del marco anterior hasta la insurrección comunista de 1935; del ciclo de purgas iniciado en ese año hasta la redemocratización de 1945; el interregno ‘democrático’ de 1945 a 1964; y, por último, el aumento de la violencia represiva llevada a cabo por la dictadura (1964-1985). Al final del texto se ofrece un balance analítico e interpretativo, con la intención de evidenciar los elementos invariables y también los cambios ocurridos a lo largo del período, además de sugerir algunas pautas para continuar las investigaciones.

La etapa inicial de la represión republicana, 1889-1917

El fin de la monarquía en noviembre de 1889 fue un episodio aparentemente pacífico, un derrocamiento forzado por la salida a la calle de los militares. Pero el nuevo cuadro político inaugurado por la República terminó generando conflictos importantes, tanto debido a la frustración de líderes pro-monárquicos, como por disidencias en el seno de las elites en relación a la estructura que debía tener el nuevo régimen. Fue por ello que el flamante Estado republicano apeló a las prácticas represivas ya desde sus orígenes, en gran parte porque sus principales dirigentes eran jefes militares. La violencia estatal alcanzó a disidentes y a quienes participaron en los conflictos que emergieron tras la implantación de la República, en particular en los episodios de la Revuelta de la Armada y en la Revolución Federalista que tuvo lugar en el estado de Rio Grande do Sul (1893-1895). Se trató de pujas entre sectores de las elites que lograron importante apoyo popular, aunque sus disputas no implicaban un cuestionamiento serio al orden social establecido. Tal vez haya sido por eso que no se crearon leyes o instituciones estatales represivas duraderas una vez consolidado el Estado republicano. Ello no significó desde luego ausencia de violencia sino que no se generaron transformaciones institucionales significativas, tales como las que sobrevendrían posteriormente. No fue casualidad que el segundo presidente republicano, el general Floriano Peixoto, haya recibido el mote de “Mariscal de Hierro”, ya que bajo su comando se establecieron tribunales de guerra y ejecuciones sumarias de prisioneros rebeldes; además, en la mencionada Revolución Federalista ocurrida en tierras gaúchas hubo numerosas masacres y la práctica del degüello a prisioneros fue frecuente

El instrumento legal utilizado para justificar muchas de esas acciones violentas fue el estado de sitio, que estaba previsto en la Constitución de 1891 y que fue incluso puesto en práctica por primera vez ese mismo año. El estado de sitio suspendía las garantías constitucionales y permitía a los gobernantes la posibilidad de castigar a los rebeldes –sin necesidad de aprobación por parte del Poder Judicial– con una pena de funestas consecuencias: el destierro. Con ese mecanismo, el Estado republicano envió hacia áreas remotas de la Amazonía a los rebeldes, que debieron enfrentar difíciles condiciones de supervivencia en momentos en los que había escaso control de las enfermedades tropicales. En algunos casos, lo peor era enfrentar largos trayectos en barco hasta regiones muy distantes de la región centro-sur, donde se concentraba el poder político y económico de Brasil. Otra pena también adoptada contra opositores políticos durante el período republicano fue la expulsión sumaria del país, en el caso de que fueran extranjeros. En simultáneo, la pena de muerte fue abolida por la Constitución de 1891 y sólo fue admitida en caso de guerra en conformidad con los códigos militares.

Otro aspecto de la política represiva del régimen republicano fue la creación de colonias penales, que estaban previstas en el Código Penal de 1890: “el infractor será retenido, de uno a tres años, en colonias penales que serán establecidas en islas marítimas o en las fronteras del territorio nacional”.2 Los “delincuentes” que eran inmediatamente alcanzados por las prescripciones de la ley eran los considerados vadios y capoeiras, es decir, poco adeptos al trabajo o a cumplir obligaciones, aunque, en la práctica, la medida fue aplicada también contra disidentes políticos, incluso porque el mismo código preveía penas para quien conspirase contra los poderes instituidos o intentase cambiar la forma de gobierno establecida echando mano a medios violentos. Es de destacar que desde el siglo XVIII ya funcionaba una colonia penal en la isla Fernando de Noronha, pero la República inauguró otras que se tornarían célebres, como la colonia de Dos Ríos, en Isla Grande (estado de Rio de Janeiro) en 1903 y la de Clevelândia, en el extremo norte del estado de Amazonas, inaugurada en 1924.

Es también imposible abordar el período inicial de la República sin mencionar la represión impiadosa a los habitantes de Canudos, en el interior del estado de Bahía que seguían el liderazgo mesiánico de Antônio Conselheiro. Esta comunidad religiosa llamó la atención del Estado republicano por la reticencia del líder a obedecer algunas leyes de la República y por el temor a que éste pretendiese el retorno a la monarquía. La idea de que Canudos era una amenaza política correspondía poco al universo de los campesinos de la región, afectados efectivamente por causas religiosas, aunque en parte explica la violencia extrema utilizada por los militares, que destruyeron la comunidad y aniquilaron a la población. El episodio de Canudos confirma el patrón represivo ya vigente en el período anterior, y que habría de tener continuidad en el siglo XX: las fuerzas del Estado mostraban una tendencia más violenta contra los sectores populares que actuaban en las rebeliones, mientras que las elites rebeldes eran tratadas con más condescendencia.

Otro episodio muy significativo de ese período fue la represión de la llamada Revolta da Vacina (1904), que tuvo lugar en la ciudad de Río de Janeiro, cuando sectores populares y jóvenes cadetes militares se enfrentaron al gobierno, al parecer, por el rechazo a la vacunación obligatoria contra la viruela. En este caso, el Estado inauguró la práctica de combinar la represión a opositores políticos con medidas de “profilaxis” contra indigentes urbanos, que fueron igualmente desterrados hacia la región de Acre, en el Amazonas (Pinheiro, 1991). Pocos años después, otra rebelión captó la atención de la opinión pública, la llamada Revolta da Chibata (1910), protagonizada por marineros que se levantaron contra la práctica recurrente de la oficialidad naval de castigar a los insubordinados con latigazos, una tradición que se remontaba al período esclavista. A partir de entonces, este tipo de castigo fue efectivamente abolido; no obstante, los marineros rebeldes fueron severamente sancionados con el destierro hacia Acre, mientras algunos de sus líderes fallecieron debido a las precarias condiciones de su detención.3

En los primeros años republicanos, el accionar estatal contra las rebeliones no impulsó innovaciones legales o institucionales en el campo represivo. Fue suficiente con las leyes e instrumentos vigentes, incluso porque la instauración de estado de sitio fue muy recurrente. Fuera de ello, los sucesos no pusieron en cuestión los fundamentos del orden social y político sino que se trató de insatisfacciones localizadas. En el siguiente periodo surgieron iniciativas que cambiaron el formato del aparato estatal.

1917-1935: El Estado se arma

A fines de la segunda década del siglo XX, se abrió un nuevo escenario político, marcado por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, las movilizaciones y huelgas obreras, la reorganización de la izquierda luego de la Revolución Rusa (el Partido Comunista de Brasil fue fundado en 1922), las revueltas militares llevadas a cabo por oficiales jóvenes del Ejército (denominadas tenentismo), en especial las de 1922, 1924 y 1924-1927 (la columna Prestes4), las nuevas demandas en el campo artístico y cultural y del surgimiento del modernismo y, finalmente, por el retorno de las intensas disputas entre las elites políticas regionales por el control del poder federal. Por todo ello, la década de 1920 se caracterizó por ser un período marcado por inquietudes y demandas que generaron una sensación de crisis del régimen republicano, lo cual alimentó ímpetus reformistas y revolucionarios, tanto entre los segmentos populares como entre las elites. Una parte de los grupos insatisfechos apoyó la llamada Revolución de 1930, que encarnaba el deseo de llevar a cabo algunas transformaciones, pero también era motivada por pujas regionales y oligárquicas por el poder. Liderado por Getúlio Vargas, el gobierno resultante de esa revolución inició la centralización del poder en la esfera nacional, asumiendo así un creciente carácter autoritario en la medida en que enfrentaba desafíos desde la izquierda y la derecha.

En simultáneo e incluso antes del ascenso de Vargas, el Estado comenzó a incrementar su aparato represivo como respuesta a los temores que despertaban las grandes huelgas obreras de 1917, el creciente movimiento sindical, la reorganización de la izquierda y el radicalismo de los oficiales jóvenes. De ese modo, cerca de 30 años después de la instalación de la República –que se decía que había surgido para incrementar la libertad– se sancionaron leyes que vulneraban gravemente los derechos civiles. Es verdad que hubo iniciativas de este tipo en el período anterior a 1917, sobre todo contra activistas obreros extranjeros residentes en el país, en nombre de la defensa de la seguridad nacional. El requisito para la expulsión era que contaran con menos de dos años de residencia en el país, que fuesen considerados vagos, mendigos y que tuviesen dos condenas por delitos comunes. Sin embargo, las medidas represivas se tornaron más intensas y estuvieron políticamente orientadas luego de 1917. El recrudecimiento del descontento social durante los años siguientes justificó el dictado de un decreto en 1921 que facilitaba la expulsión de extranjeros y la prohibición de ingreso al país de “indeseables” (Decreto nro. 4.246). Ese mismo año, también entró en vigencia otro decreto de naturaleza represiva, que tenía un carácter explícitamente político, ya que estaba orientado a la represión de los anarquistas (Decreto nro. 4.269), considerados por ese entonces la máxima expresión de la subversión al orden.5

Pocos años después, en 1927, cuando los comunistas estaban en vías de ocupar ese lugar de “enemigo subversivo”, el Congreso aprobó una nueva ley represiva, a la que la oposición apodó como Lei Celerada. Con el objetivo de restringir las actividades sindicales y políticas de los sectores de izquierda, la ley autorizaba al gobierno a cerrar centros, sindicatos y entidades que practicasen actos contrarios al orden, moral y seguridad públicos, como así también a suspender la circulación de órganos de publicidad de tales actos (Dulles, 1977: 273). Durante el tratamiento parlamentario del proyecto, que suscitó gran polémica, las autoridades apelaron a una táctica que sería utilizada varias veces con posterioridad. En mayo de 1927, la prensa recibió información policial (y la publicó con alarma) acerca de una supuesta conspiración revolucionaria urdida por comunistas de Río de Janeiro (entonces, capital de la República), que pretendía paralizar el transporte público e interrumpir el suministro de energía eléctrica en la ciudad.6

En ese mismo contexto, el Estado comenzó a dotarse de instituciones policiales especializadas en la represión política. En 1922 se crearon las primeras secciones de policía política, inicialmente en Río de Janeiro, y luego en San Pablo (1924) y Minas Gerais (1927). En un primer momento, dichas instituciones tuvieron distintos nombres, pero con el paso del tiempo se cristalizó una denominación que se transformaría en sinónimo de represión: las Comisarías o Departamentos de Orden Político y Social (DOPS). Dichos órganos de policía política serían parte del escenario público brasileño durante las siguientes décadas y operarían como punta de lanza del Estado para reprimir a todos los considerados subversivos. En teoría, también podían tornarse objetivos los militantes de la derecha radical y, por breves momentos, eso ocurrió con fascistas y nazis. Por lo demás, la verdadera razón de ser de la policía política era reprimir a las fuerzas de izquierda, claramente a través del uso de un vocabulario compartido de naturaleza anticomunista.

En lo que respecta a las instituciones represivas, es importante destacar la construcción de la ya mencionada Colonia Penal de Clevelândia en una base del Ejército, sobre las márgenes del río Oiapoque, en la frontera con la Guyana Francesa. Hacia allí fueron desterrados obreros militantes (acusados de anarquistas) y militares que participaron en el levantamiento armado de 1924. Se estima que más de mil prisioneros fueron trasladados a ese penal (Samis, 2002), al que la prensa denominó “infierno verde”, debido al elevado número de muertes provocadas por enfermedades tropicales. Los prisioneros que sobrevivieron estuvieron detenidos allí hasta 1927, cuando se desactivó la figura de la prisión política, y se los amnistió.

A inicios de los años 1930, un nuevo episodio violento dejaría en evidencia las disidencias entre las propias elites: la llamada Revolución Constitucionalista de 1932. Se trató de una revuelta armada conducida por líderes del estado de San Pablo contra el gobierno federal dirigido por Getúlio Vargas. Más allá de que el movimiento contaba con apoyo de sectores populares de San Pablo, el objetivo principal de los líderes revolucionarios era restablecer la hegemonía del estado más rico de la Federación brasileña. Traer a colación este episodio es interesante, porque evidencia la desproporción de las acciones represivas cuando los que se rebelaban eran grupos pertenecientes a las elites. Por ejemplo, los rebeldes de 1932 fueron rápidamente amnistiados y reintegrados, sin sufrir violencia evidente, mientras que los que tomaron parte en los episodios revolucionarios de 1935, como se verá, tuvieron un tratamiento mucho más severo.

A partir de 1934, el escenario político brasileño comenzaría a radicalizarse, en parte debido al crecimiento de movimientos ubicados a la izquierda y a la derecha del espectro político. Los fascistas se organizaron en varios grupos, aunque principalmente en la Acción Integralista Brasileña (AIB, en adelante); mientras que la izquierda, con un peso cada vez mayor del Partido Comunista Brasileño (PCB, en adelante), organizó movilizaciones antifascistas de carácter frentista que condujeron a la formación de la Alianza Nacional Libertadora (ANL, en adelante) en marzo de 1935. La radicalización de los “extremistas” –una expresión que se puso en boga en esa época y que, dependiendo del contexto podía significar solo comunismo o los dos extremos al mismo tiempo– llevó al Estado a crear una legislación específica para la defensa del orden.7 A pesar de que algunos sectores del gobierno miraban con desconfianza a los integralistas, el objetivo principal de la ley era el de restringir el accionar del Partido Comunista. Durante el tratamiento legislativo, diputados de la oposición buscaron darle a la ley un enfoque ecuánime mediante la incorporación enmiendas que hicieran que la AIB también fuese alcanzada por sus efectos.8

La ley de 1935 se convirtió en un marco importante porque fue la primera de una serie de leyes de seguridad que ganaron fuerza en las décadas siguientes, todas basadas en aquella legislación inicial. Se trataba de una regulación con un enfoque más amplio e incisivo que el de las leyes anteriores, como la de represión al anarquismo, de 1921, que tenía solo 14 artículos. La ley aprobada en 1935 tenía 52 artículos y fue elaborada en base a la noción de defensa del orden social y político, lo que de hecho estaba registrado en su título (“Define delitos contra el orden político y social”). Esta ley representaba la convergencia entre el sistema legal y la institucionalidad represiva, ya que los órganos de policía política fueron llamados “comisarías” o “departamentos de orden política y social”, y encontraban en la ley la definición de cuáles serían los delitos o los delincuentes a perseguir. La ley definía también penas, por ejemplo, de uno a cuatro años de reclusión a quienes “distribuyan o busquen distribuir entre soldados y marineros cualquier tipo de papel, impreso, manuscrito, dactilografiado, mimeografiados o grabado, que contenga incitamiento directo a la indisciplina” (Artículo 10).

De todos modos, de manera llamativa, la ley no hacía referencia directa al comunismo, que era alcanzado indirectamente al establecer como delito el hecho de “incitar directamente el odio entre las clases sociales” (Artículo 14) o “promover, organizar o dirigir sociedad de cualquier especie, cuya actividad se ejerza en el sentido de subvertir o modificar el orden político o social por medios no consentidos por la ley” (Artículo 20). En la legislación brasileña jamás fue un delito ser comunista, aunque sí participar de organizaciones revolucionarias, hacer propaganda sobre la lucha de clases o militar en partidos prohibidos por la ley. Significativamente, uno de los artículos de la misma ley decía que era libre la exposición o debate de cualquier doctrina, siempre que fuese sin hacer propaganda de episodios violentos en relación a la subversión del orden. Volveremos sobre este punto más adelante.

El Estado pone en práctica las nuevas armas: 1935-1945

Armado con instrumentos creados algunos años antes -principalmente la policía política y las leyes represivas- pronto el Estado tuvo oportunidad de utilizarlos contra lo que consideraban enemigos del orden provenientes de sectores de izquierda. Así, apelando a la Ley de Seguridad, el gobierno cerró en julio de 1935 a la ANL acusándola de ser una entidad subversiva. Esa acción hizo reaccionar al ala revolucionaria de la izquierda, que intentó una insurrección en 1935, lanzada en nombre de la ANL, pero conducida en secreto por comunistas, que ya venían preparándose para un levantamiento armado.

El evento de 1935, que la memoria oficial llamó “Intentona Comunista”, representó un marco cuya importancia es difícil exagerar. De ahí nuestra decisión metodológica de establecer como corte cronológico para la represión estatal el año 1935 y no 1937, cuando se iniciaría la dictadura del llamado Estado Novo. A partir de 1935, dos años antes del inicio de la dictadura, el Estado puso en marcha una gran ola represiva, con suspensión de garantías constitucionales y encarcelamientos masivos, inclusive de diputados de la oposición. La ola autoritaria y represiva que derivó en el golpe de 1937 comenzó en realidad dos años antes, gracias a la fuerte campaña anticomunista que unió al gobierno a varias instituciones, como la Iglesia, el Parlamento, las Fuerzas Armadas, la prensa y el empresariado. La acción revolucionaria atrajo a todo el aparato represivo estatal que, no satisfecho con los instrumentos disponibles, los amplió aún más.

Durante el curso de la fracasada insurrección de 1935, el gobierno de Vargas consiguió apoyo legislativo para realizar enmiendas a la Constitución que facilitaron la represión a los adversarios políticos. La Enmienda Nro. 1 permitía al Poder Ejecutivo, mediante autorización previa del Congreso, equiparar el estado de sitio al estado de guerra. Dicha distinción era importante, ya que el estado de guerra le otorgaba mayores poderes al presidente, suspendiendo, por ejemplo, garantías constitucionales, como la inmunidad parlamentaria (Dulles, 1985: 42-43). La Enmienda Nro. 2 posibilitaba excluir de las Fuerzas Armadas a oficiales tildados de comunistas; y la Enmienda Nro. 3 permitía la exoneración sumaria de funcionarios públicos civiles. Al mismo tiempo, el gobierno elaboró un proyecto de modificación de la Ley de Seguridad, aumentando su rigurosidad punitiva y agilizando los términos procesales. Las enmiendas constitucionales y la reforma de esta ley fueron aprobadas en el Congreso a mediados de diciembre, luego de sufrir fuertes presiones del gobierno y de la prensa.

Así, armado con nuevos dispositivos, el Estado emprendió la mayor campaña de represión política vista hasta entonces en Brasil. Detuvo opositores por miles, produciendo así un enorme conjunto de presos políticos que no solo abarrotaron las antiguas cárceles, sino también las nuevas, construidas para la ocasión. Los criterios elásticos utilizados para identificar a los ‘comunistas’, llevaron a prisión a millares de militantes de diversas organizaciones de izquierda, además de algunos individuos cuyo único crimen era poseer adversarios poderosos o inescrupulosos. Debe destacarse además que la declaración de estado de sitio y posteriormente de estado de guerra permitía al gobierno encarcelar a personas sin elementos de prueba y sin necesidad de autorización judicial. La oportunidad brindada por la persecución anticomunista le concedió al Estado la posibilidad de separar de la convivencia civil a otros enemigos del orden: los “vagabundos” y los “delincuentes” comunes caerían también en las redes de la represión y serían llevados a prisión.9 Y si bien es verdad que muchos presos fueron liberados luego de algunos meses, esto no morigeró el sufrimiento vivido en las cárceles brasileñas bajo paupérrimas condiciones de detención. Graciliano Ramos, en sus Memórias do Cárcere (Memorias desde la cárcel), dejó un testimonio cruelmente realista de la vida cotidiana en las prisiones políticas de ese momento, narrando las miserias que debieron enfrentar los enemigos del régimen. Además de las pésimas condiciones de higiene y alimentación, la tortura fue adoptada con frecuencia. El caso más célebre fue el de Arthur Ewert, uno de los enviados del Komintern, que cayó en la demencia en prisión debido a las sesiones de tortura que sufrió. También muchos detenidos murieron a manos de policías represores.

La escalada represiva continuó a lo largo del año 1936, principalmente luego de que a fines de marzo fuesen equiparados el estado de sitio al estado de guerra. Con las inmunidades parlamentarias suspendidas, la policía procedió a detener a cuatro diputados y un senador, acusados de estar ligados a la ANL. Poco tiempo después, en julio, fue propuesta la creación del Tribunal de Seguridad Nacional (TSN, en adelante), un instrumento concebido para juzgar a los revolucionarios. La creación del TSN derivó de la desconfianza de los sectores anticomunistas hacia la justicia común. Temían que las instituciones judiciales fueran demasiado blandas y terminaran presionando al Estado para establecer una “justicia” especial para los presos políticos. Dado que los jueces del TSN serían nombrados por el Presidente, sería más fácil garantizar la postulación de personas ligadas a los grupos más intransigentes. Y el Tribunal de excepción no decepcionó a sus ideólogos, ya que tuvo una actuación muy rigurosa contra los acusados de ser comunistas. Desde su creación hasta su clausura en 1945, el TSN condenó a más de 4.000 personas, aunque no todas fueron juzgadas por crímenes de subversión al orden.10

Un capítulo significativo de la campaña anticomunista posterior a 1935 fue la creación de la Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo (Comisión Nacional de Represión al Comunismo, CNRC), en enero de 1936. Este órgano, integrado por el Diputado Adalberto Corrêa (Presidente), el General Coelho Neto y el Almirante Paes Leme, tenía la función de investigar a quienes estuvieran involucrados en actividades consideradas subversivas del orden, colaborando así con el Poder Ejecutivo para localizar a los elementos peligrosos. La CNRC fue concebida inicialmente para facilitar el cumplimiento de las enmiendas constitucionales nros. 2 y 3, que se referían a la exoneración de los comunistas del servicio público militar y civil, por lo que su objetivo era identificar a los acusados que luego serían castigados.11 El procedimiento sumario de las “investigaciones” y el clima de radicalización de la época nos llevan a imaginar cuántos abusos deben haber sido cometidos en nombre de la urgencia en combatir al comunismo.

Otra iniciativa que buscaba perfeccionar la estructura represiva fue la realización del “Congreso de las Policías”, en octubre de 1936. Este evento reunió a los jefes de las policías estaduales, con el objetivo de coordinar las acciones de combate al comunismo, que hasta entonces venían ejecutándose de forma aislada. Debido a la ausencia de un organismo policial de alcance nacional, que de hecho fue propuesto por algunos sectores del gobierno, se resolvió reunir a las autoridades policiales de los distintos estados para profundizar la cooperación mutua. El encuentro, que fue comandado por el Jefe de la Policía del Distrito Federal, Filinto Müller, promovió la creación de mecanismos de intercambio de información entre los distintos organismos. Se decidió, por lo tanto, que cada estado debía organizar ficheros completos sobre actividades comunistas, archivos cuyo acceso sería permitido a las autoridades policiales de la Federación.12 De esta forma sería más fácil hacer un seguimiento de las actividades de los militantes de izquierda, que utilizaban como táctica frecuente el traslado entre estados para evitar la persecución policial. La coordinación del trabajo policial de represión a las izquierdas llevó a la generalización del formato DOPS en todo el país, mediante la creación de comisarías especializadas en policía política en regiones en las que todavía no existían. Otro cambio importante fue el establecimiento de convenios con la Alemania nazi para el intercambio de experiencias y tácticas sobre represión a enemigos políticos, lo que significaba una ampliación de los acuerdos de colaboración existentes hasta entonces con instituciones norteamericanas, en particular con el FBI (Cancelli, 1993: 82-92).

Es de destacar asimismo la utilización de algunas de las antiguas colonias penales del Estado para la punición de presos políticos. Así, las cárceles de Isla Grande (Colonia Dos Ríos) y de la isla de Fernando de Noronha comenzaron a recibir presos políticos.13 Al mismo tiempo, se abrió un nuevo ciclo de represión a extranjeros, aunque esta vez con la novedosa presencia de marcas antisemitas. Como distintos líderes políticos y sociales insistían en asociar el peligro comunista a la presencia de inmigrantes judíos, las fuerzas represivas se orientaron hacia su persecución. Algunas decenas de inmigrantes judíos de arribo reciente al país fueron expulsados, siendo uno de los casos más resonantes el de la joven Genny Gleizer.14

En suma, la insurrección de 1935 permitió que se enraizase el anticomunismo entre algunas instituciones (religiones, corporaciones militares y policías) y grupos sociales (clases altas), y ofreció una de las principales justificaciones del golpe de 1937, que instaló la dictadura del Estado Novo. Significativamente, en el preámbulo de la Constitución de la dictadura de 1937 se indicó que ésta respondía “al estado de aprehensión creado en el país por la infiltración comunista, que se torna día a día más extensa y más profunda, exigiendo un remedio de carácter radical y permanente.”15

Es cierto que a finales de los años treinta la represión estatal se orientó por un momento hacia un grupo de militantes de derecha que atentaron contra la vida de Getúlio Vargas. Este episodio ocurrió en 1938, y fue el llamado putsch integralista. A decir verdad, el grupo no estaba compuesto solo por militantes de la AIB, pero la acusación pesó en particular sobre los integralistas, quienes sufrieron persecuciones, leves en comparación con la persecución vivida por los sectores de izquierda. De todos modos, el Estado no emprendió una campaña antifascista; por contrario, el enemigo siguió siendo identificado con el color rojo.

La ola anticomunista iniciada en 1935 generó, además de encarcelamiento y torturas, una gran purga en el personal militar y civil, que alcanzó también a algunos docentes universitarios. Provocó asimismo un incremento de la vigilancia sobre libros y manifestaciones culturales y llevó a la organización de un aparato de censura bien estructurado. De cualquier manera, no existe un balance adecuado sobre la violencia política estatal durante el período comprendido entre 1935 y 1945, un tema que ciertamente merece ser más estudiado.16

Interregno “democrático”: 1945-1964

Las comillas del título de esta sección se deben a la intención de poner en duda la calidad de la democracia instituida luego de la dictadura de Vargas. Inicialmente surgió la expectativa de que se estaba abriendo un período de libertad y pluralismo político, inclusive debido al contexto internacional; sin embargo, los primeros obstáculos y retrocesos surgieron rápidamente. De hecho, hubo una amplia amnistía para los presos políticos y se permitió la libre organización partidaria, con la legalización del sector de la izquierda más influyente, el Partido Comunista. Los movimientos sociales urbanos vivieron también un momento de florecimiento, con sindicatos más activos que intentaban librarse de los controles corporativistas, al tiempo que en las zonas rurales se organizaron las primeras ligas campesinas. No obstante, las estructuras represivas armadas en los años anteriores permanecieron prácticamente intactas y disponibles para nuevas campañas autoritarias. Aunque el TSN fue eliminado, la ley de seguridad continuó en vigencia, así como también las comisarías de policía política, que estaban listas para actuar nuevamente. Y las oportunidades no demoraron en surgir.

La eclosión de un ciclo de huelgas obreras en el bienio 1945-1946 y el crecimiento electoral del Partido Comunista, en combinación con los vientos de la Guerra Fría a escala mundial, llevaron al surgimiento de una nueva ola anticomunista, que fue utilizada para justificar la represión a gran escala contra militantes sociales y políticos de izquierda. El PCB fue declarado ilegal por el Poder Judicial en 1947, y los mandatos de los diputados comunistas fueron cancelados al año siguiente, en el mismo momento en el que el gobierno brasileño rompió relaciones con la URSS. Simultáneamente el Estado lanzó una ola de intervenciones en los sindicatos conducidos por sectores de izquierda, con el objetivo de eliminar los liderazgos sociales más combativos. Aproximadamente 400 sindicatos fueron intervenidos y sus directores destituidos; además, cerraron la recién creada Confederación de Trabajadores del Brasil (CTB, en adelante) (Mattos, 2003: 28-32). Así, el intento de construir un Estado democrático luego de la dictadura varguista fracasó debido a que sectores tradicionales y grupos de la elite no aceptaron la convivencia con movimientos sociales reivindicativos y la presencia del PCB en el escenario electoral, a pesar de que los comunistas adoptaron en ese momento una estrategia pacifista. En otras palabras, no se instaló una nueva dictadura, y a su vez se respetó cierta libertad de expresión, pero no se trató de una democracia plena, incluso porque los instrumentos represivos siempre estuvieron disponibles.

En tal sentido, es importante remarcar que la ley de seguridad sancionada durante la dictadura de Vargas se mantuvo vigente, pero sufrió una reformulación en 1953, luego de un largo debate parlamentario. En ese contexto, sectores democráticos intentaron eliminar las leyes represivas, aunque la mayoría parlamentaria comulgó con la tesis de que la legislación para reprimir revolucionarios y enemigos del Estado era necesaria. La nueva versión de la ley trajo algunas novedades en relación al formato anterior, como la determinación de que algunos crímenes podrían tener atenuantes, por ejemplo, en el caso de que el acusado hubiere actuado en “protesta al acto del Poder Público, de manifiesta violación de las garantías constitucionales”. Además, no sería considerada como propaganda subversiva “la exposición, crítica o debate de cualquier tipo de doctrina”, lo que implicaba una clara concesión al pensamiento liberal. De cualquier modo, la ley de 1953 mantenía las mismas definiciones y castigos contra los crímenes políticos tal como había sido establecido en la legislación de 1935.

Una novedad de esa fase fue la aprobación de una ley que regulaba la censura a espectáculos y diversiones públicas, en nombre de la preservación de la moral y las “buenas costumbres”. Dicha norma, que entró en vigencia en 1946, no preveía la censura de carácter político, aunque en la práctica las ideas de izquierda fueron cercenadas, inclusive con base en los dispositivos de seguridad. De todas maneras, el incremento de las instituciones de censura abrió el camino para que en el futuro la libertad política fuese nuevamente violada por el Estado.

Al igual que en el período anterior, no existe aún un balance historiográfico sobre los resultados de la represión estatal entre 1945 y 1964; se trata sin dudas de una tarea por hacer. Igualmente, podemos brindar algunos ejemplos relativos a los episodios más notorios que permiten tener una idea de la violencia estatal contra los liderazgos populares y de izquierda en una fase considerada como democrática. El primer caso es el del diputado comunista Gregório Bezerra, detenido por el Ejército en 1948 acusado de haber intentado incendiar un cuartel militar. Luego de estar preso por casi dos años (una parte de ese tiempo incomunicado), fue liberado por la justicia por falta de pruebas. Otro caso es el de la obrera textil Elisa Branco, quien fue detenida en 1950 por protestar contra la posibilidad de envío de tropas brasileñas a la Guerra de Corea, motivo por el cual fue condenada a cinco años de prisión. En ese mismo año, la obrera Angelina Gonçalves fue asesinada por la policía en una manifestación el 1 de mayo en la ciudad de Rio Grande (estado de Rio Grande do Sul). Asimismo, a lo largo de esa década ocurrieron diversos procesos de represión dentro de las Fuerzas Armadas contra militares considerados nacionalistas de izquierda y/o comunistas (Smalmann, 2004: 397-401).

En lo que respecta al aparato policial, como ya se dijo antes, durante esta fase los gobernantes no dudaron en apelar a los sectores especializados en la represión. Los mismos policías que habían actuado durante la dictadura varguista continuaron en servicio, con excepción de algunos comandantes, que fueron sustituidos. Lo cierto es que el sistema policial atravesó un proceso de expansión de su infraestructura, y en algunos estados las comisarías de orden político y social fueron ampliadas y se convirtieron en Departamentos, lo que derivó en aumento de personal y recursos. Un ejemplo de ello fue el DOPS de Minas Gerais, que además de haberse convertido en Departamento, en 1958 logró tener una sede propia en un amplio y moderno edificio, localizado en el centro de la capital estadual (Belo Horizonte).

Por lo demás, a finales de los años 1950 se intensificó la cooperación policial con Estados Unidos a partir de la ampliación de antiguos contactos mantenidos con el FBI. La agencia gubernamental norteamericana USAID comenzó a financiar la llegada de especialistas para entrenar a la policía brasileña con el objetivo de prepararla mejor para reprimir a la izquierda revolucionaria. Y además de la policía del gobierno federal, también se incluyeron en el programa las policías de gobiernos estaduales amigos; es decir, aquellos que no fuesen considerados de izquierda. Entre las decenas de técnicos policiales norteamericanos enviados a Brasil estaba el posteriormente célebre Daniel Mitrione. Los acuerdos con la USAID incluyeron no solo entrenamiento, sino también el envío de equipamiento moderno, en especial para el área de procesamiento de informaciones. Otro aspecto significativo de la cooperación fue el envío de policías brasileños para recibir entrenamiento en Panamá y Estados Unidos (Motta, 2010; Huggins, 1998).

Entre fines de los años 1950 y principios de los 1960 en el contexto de la Guerra Fría también se intensificó la cooperación y el entrenamiento de militares brasileños por parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que ampliaron los lazos creados desde la Segunda Guerra Mundial. Ese proceso llevó a la apropiación de conceptos (como la Doctrina de la Seguridad Nacional, DSN) y de técnicas militares desarrolladas en los Estados Unidos. De todos modos, no debe pensarse que esta influencia operó sobre tierra virgen o que originó formas de represión completamente nuevas. Como se vio, las fuerzas represivas brasileñas estaban empeñadas contra la izquierda revolucionaria desde hacía varias décadas, y ya contaban con una sólida tradición anticomunista que incluía la defensa de la “seguridad nacional” contra amenazas revolucionarias.17 Es decir, las técnicas represivas eran utilizadas desde hacía tiempo, incluyendo también diversas formas de tortura. La novedad representada por el apoyo norteamericano era principalmente el aumento de recursos al servicio de la represión política y el incentivo para que los militares asumiesen el comando en el caso de que lo considerasen necesario, para lo cual tendrían apoyo diplomático de los Estados Unidos.

En la última fase de este período se destacó el gobierno de João Goulart (1961-1964), derrocado por el golpe militar de 1964. A pesar de la alianza del presidente con la izquierda y los movimientos sociales (que llevó a algunos intentos de reducir la acción represiva del Estado), los episodios de violencia continuaron, en particular debido a la profundización de los conflictos entre la derecha y la izquierda. Los casos más conocidos fueron las muertes de campesinos en conflictos por la reforma agraria (en los que la responsabilidad directa era de los propietarios de la tierra), y la masacre de obreros en la ciudad de Ipatinga en 1963 (que dejó ocho muertos y decenas de heridos), perpetrada por la policía militar del estado de Minas Gerais.18

Los militares al frente del aparato represivo, 1964-1985

El golpe de 1964 y la dictadura a la que dio inicio abrieron una nueva etapa, en la que la represión volvió a producirse a gran escala. Las representaciones anticomunistas justificaron una vez más las purgas contra enemigos políticos y líderes que buscaban la reforma social o la revolución. A diferencia de las fases anteriores, el tratamiento bibliográfico sobre la violencia estatal de este período es mucho más significativo, por lo que se cuenta con un panorama más completo sobre su impacto. En este sentido, el proyecto Brasil Nunca Mais (Brasil Nunca Más; BNM, en adelante), liderado por un grupo religioso ecuménico que comenzó a reunir evidencia en los archivos de la justicia militar ya durante las etapas finales de la dictadura, fue uno de los primeros esfuerzos de investigación. De allí resultó la publicación de informes y del libro Brasil Nunca Mais, en 1985.

En los años siguientes, investigadores de diferentes áreas se dedicaron al mismo tema y ampliaron el conocimiento, en muchas ocasiones utilizando archivos recolectados por el proyecto BNM (Ridenti, 1993). En el plano oficial, los gobiernos post-dictadura mostraron poco interés en estimular investigaciones sobre la violencia política en el período anterior. La primera iniciativa oficial, algo tímida, surgiría recién en 1995, cuando el gobierno de Fernando Henrique Cardoso creó una Comisión de Muertos y Desaparecidos, que reunió datos sobre víctimas de la dictadura, con la intención de llevar a cabo una reparación financiera. En años recientes, el gobierno de Dilma Rousseff creó una Comissão Nacional da Verdade (Comisión Nacional de la Verdad; CNV, en adelante), que investigó nuevamente el impacto de la represión, con el énfasis puesto en las graves violaciones a los derechos humanos practicadas por agentes del Estado. La CNV fue secundada por la creación de comisiones estaduales (en San Pablo, Minas Gerais, Río de Janeiro, Pernambuco, Paraíba, entre otros) y locales (en universidades, por ejemplo). De todos modos, el efecto de los resultados obtenidos por estas comisiones no alcanzó la dimensión lograda en otros países, porque en Brasil estas iniciativas fueron muy tardías, por lo que se encontraron con muchas investigaciones e información ya relevada.

Debido a su complejidad y duración, una síntesis adecuada sobre la violencia política durante la dictadura demandaría mucho más espacio del que disponemos aquí. Es por ello que solo presentaremos algunos datos sobre el proceso en la medida necesaria para luego poder realizar un balance interpretativo final que incluya las diferentes fases de la violencia estatal política practicada a lo largo de un siglo.

Como en otras situaciones semejantes, durante este período se dio una combinación entre violencia legal y extralegal: la dictadura se rodeó de leyes que buscaban legitimar las purgas políticas y definir las penas a los enemigos políticos y a los considerados delincuentes. Pero al mismo tiempo se llevaron adelante acciones violentas sin base legal, sobre todo (aunque no únicamente) tortura, asesinatos y desaparición física de personas. La violencia ejercida por la dictadura militar se hizo presente a lo largo de los veinte años de su duración, e incluso hubo momentos de mayor intensidad, en especial durante la fase inmediatamente posterior al golpe y también en el período abierto por el Acto Institucional 5 (13 de diciembre de 1968), que merecen ser analizados con mayor detenimiento por esa misma razón.

La primera ola de purgas fue legitimada por el Acto Institucional dictado el 9 de abril de 1964, que suspendió algunas garantías constitucionales. Sobre esa base, fueron despedidos miles de funcionarios públicos, tanto civiles como militares, sin derecho a reclamo. Además de militares, que mayoritariamente sufrieron esas purgas de 1964 (los golpistas buscaron librarse primordialmente de adversarios internos), fueron alcanzados profesores, diplomáticos y administrativos de diversas áreas y niveles del poder público (inclusive estados y municipios). También lo sufrieron muchos estudiantes, al ser expulsados de las universidades. Una mayor dosis de violencia sufrieron los líderes de movimientos sociales, particularmente obreros y campesinos, cuyas entidades sectoriales, en centenares de casos, fueron cerradas o sufrieron intervenciones a cargo de funcionarios designados por la dictadura.19

En lo que respecta a las detenciones, fueron afectados distintos grupos sociales, tanto intelectuales como obreros. No existen datos precisos sobre el número de presos, ya que las autoridades locales actuaron de manera independiente del poder federal, que no coordinó inicialmente las acciones represivas. De acuerdo a un recuento realizado por la embajada norteamericana, puede estimarse entre 20.000 y 30.000 el número de personas detenidas al estallar el golpe. Los lugares de detención fueron comisarías, penitenciarías, cuarteles, pero incluso, debido al enorme volumen de detenidos, algunos barcos fueron transformados en prisiones temporarias tanto en Río de Janeiro como en San Pablo (Santos). Casualmente, la nueva dictadura volvió a utilizar las islas de Fernando de Noronha y Grande como prisiones políticas. La mayoría de las detenciones iniciales fue temporaria; en mayo de 1964 se estimaba que entre 1.000 y 3.000 personas permanecían encarceladas.20

Más allá de que las detenciones hayan atravesado a diferentes estratos sociales, los líderes populares fueron los que sufrieron violencia con mayor intensidad, tanto en lo referente a prácticas de tortura y asesinato, como en los procesos judiciales. De acuerdo con los números registrados por las comisiones oficiales de investigación, entre 19 y 27 personas21 fueron asesinadas por motivos políticos durante el año 1964, y en la mayoría de los casos tenían un perfil popular: líderes campesinos, obreros, militantes de partidos de izquierda (especialmente del PCB) y militares de bajo rango (marineros, cabos, sargentos).

Los juicios de naturaleza política se basaron principalmente en la Ley de Seguridad de 1953, que aún continuaba vigente. Durante ese período, se dio una militarización de los procesos judiciales de naturaleza política. El Acto Institucional 2, publicado en octubre de 1965, estableció que los crímenes previstos por la Ley de Seguridad de 1953 pasarían a ser juzgados por tribunales militares y no por civiles, como era hasta ese momento.

No obstante ello, la dictadura entendió que las leyes disponibles eran insuficientes y aprobó una nueva Ley de Seguridad en 196722, que trajo como novedad la incorporación de los conceptos centrales relacionados con la DSN:

“Art. 2: La seguridad nacional es la garantía de la consecución de los objetivos nacionales contra los antagonismos, tanto internos como externos.

Art. 3: La seguridad nacional comprende, esencialmente, medidas destinadas a la preservación de la seguridad externa e interna, inclusive la prevención y represión de la guerra psicológica adversa y de la guerra revolucionaria o subversiva.23

Estos conceptos no estaban presentes en las leyes de 1935 y 1953, que solo consideraban la defensa del orden político y social y el castigo de crímenes cometidos contra el Estado. Puede verse así que la DSN dejó su marca impresa en la nueva versión de la ley, pero lo hizo en combinación con convicciones contrarias a las ideas de izquierda que fundamentaban las leyes anteriores. Esto se evidencia en el hecho de que algunos artículos de la nueva ley repetían fórmulas presentes en aquellas otras, como el castigo al intento de organizar partidos ilegales o la incitación a la lucha de clases por medio de la violencia. Incluso el propio título de la ley de 1967 demostraba la fusión de la tradición con los nuevos conceptos: “Define crímenes contra la seguridad nacional, el orden político y social”.24

Luego del Acto Institucional 5, la ley de seguridad nacional fue nuevamente reformulada y endurecida en 1969, y su principal novedad era la introducción de la pena de muerte para delitos políticos. De todos modos, la pena de muerte nunca fue realmente aplicada: los que fueron condenados a muerte lograron posteriormente la conmutación de su pena por decisión presidencial. Se trataba de un acto hipócrita, ya que la dictadura mataba y desaparecía personas mediante la represión. No obstante, la hipocresía tenía un sentido político, ya que la conmutación de penas de muerte era una forma de suavizar la imagen pública de la dictadura y mostrar flexibilidad ante las demandas de los defensores de derechos humanos.

Otra novedad incorporada por el aparato legislativo de la dictadura fue la creación de la figura jurídica del destierro (banimento) en septiembre de 1969, una pena aplicada especialmente contra presos políticos liberados, a cambio de embajadores secuestrados por la izquierda armada. La figura del expulsado del país, que no podría volver a Brasil mientras durase la pena, se asemejaba en parte al destierro practicado durante el primer período republicano, con la diferencia de que en ese caso se daba dentro del propio territorio nacional.

La segunda fase más aguda de violencia, luego del Acto Institucional 5 en diciembre de 1968, llevó al incremento de la tortura y del asesinato de prisioneros políticos. La justificación para ello fue el incremento de las acciones radicales por parte de la oposición, en particular la formación de grupos revolucionarios armados. De cualquier modo, la respuesta estatal fue desproporcionada en relación al desafío de la izquierda, y alcanzó también a otros grupos no involucrados en la lucha armada. Además, la represión rompió también los límites de los propios aparatos legales de la dictadura y dio origen a la práctica de la desaparición de personas. Si entre 1964 y 1968 el Estado mató a 52 personas, entre 1969 y 1976 el número de muertos y desaparecidos ascendió a cerca de 340.25 Es de notar también que en esta segunda fase aumentó la proporción de asesinatos a personas provenientes de sectores medios, principalmente estudiantes y profesionales liberales, ya que los grupos armados reclutaban muchos cuadros en esos sectores sociales.

Cabe ahora analizar la ampliación de las instituciones represivas durante el período de la última dictadura. Un punto clave, que implicó un cambio en relación a períodos anteriores, fue la militarización del aparato de represión política; es decir, un aumento del control ejercido por las Fuerzas Armadas, en especial del Ejército. Es de destacar que la participación de militares en actividades de policía política era previa, debido a que oficiales del Ejército habían ocupado altos cargos en la policía de Río de Janeiro, más cercana al gobierno federal. Además de ello, la Marina creó su propio servicio de informaciones a fines de los años 1950 con la intención de monitorear las actividades de los comunistas. La escala de la participación militar en actividades represivas se amplió de manera clara luego de 1964. Así, poco tiempo después del golpe se creó el Serviço Nacional de Informações (Servicio Nacional de Informaciones; SNI, en adelante), que estuvo bajo la dirección de oficiales del Ejército y subordinado al presidente de la República. Tres años más tarde, en 1967, el comando del Ejército decidió crear su propio servicio, al que llamó Centro de Informações do Exército (Centro de Informaciones del Ejército; CIE, en adelante), y en 1968 también lo hizo la Aeronáutica (CISA). Otro hecho significativo fue la creación de una policía con real alcance nacional, el Departamento da Polícia Federal (Departamento de Policía Federal; DPF, en adelante), en 1965, cuya dirección estuvo a cargo de oficiales del Ejército. Entre otras atribuciones, cupo al DPF la responsabilidad de coordinar las actividades de censura durante la dictadura.

En 1967 se dio otro paso importante en la ampliación del control del Ejército sobre las instituciones represivas a partir de la creación de la Inspetoria Geral das Polícias Militares (Inspección General de Policías Militares; IGPM, en adelante) y de la transformación de policías estaduales en auxiliares del Ejército. Asimismo, durante el auge de la represión a guerrilleros de izquierda, y con el objetivo de aumentar la eficiencia, se crearon los DOI-CODI (Destacamento de Operaciones Internas-Centro de Operaciones de Defensa Interna), órganos represivos célebres por la violencia de sus prácticas, que reunían a cuadros provenientes de las diferentes armas y también de las policías. Estas iniciativas permitieron que ya a inicios de la década de 1970 se encontrara en funcionamiento un gran aparato de represión y de información, que se extendía también sobre ministerios (Divisiones de Seguridad e Informaciones – DSI), empresas públicas y autarquías, e inclusive sobre las universidades (Asesorías de Seguridad e Informaciones – ASI).

A diferencia de períodos anteriores, es posible realizar un balance numérico más preciso sobre los resultados de la represión durante esta fase. Subsisten polémicas sobre la tipificación de la violencia en la dictadura, especialmente en relación a campesinos e indígenas. La discusión es si toda la violencia practicada contra dichos grupos puede ser atribuida a la responsabilidad del Estado, ya que en muchas ocasiones los autores trabajaban para grupos privados. En consecuencia, dependiendo del criterio que se aplique, la cantidad de muertos por violencia política durante la dictadura aumentaría sustancialmente.26

Según datos oficiales, la dictadura brasileña fue responsable de 434 muertes y desapariciones: 191 personas fueron asesinadas, 210 aún permanecen desaparecidas y los restos de 33 de ellas fueron posteriormente hallados. Asimismo, una investigación reciente ha encontrado evidencias de un crimen que se pensaba no había ocurrido durante la dictadura brasileña, el secuestro de niños.27 En cuanto al número de torturados, el proyecto BNM calculó que aproximadamente 2.000 personas sufrieron abusos físicos practicados por agentes del Estado, aunque probablemente se trate de una subestimación del número real. Las diferentes formas de tortura fueron descriptas en el informe de BNM y en investigaciones oficiales posteriores, y es importante resaltar que durante la profundización de la represión durante la dictadura, se utilizaron métodos más sofisticados, que no dejaban marcas físicas.

El trabajo de la CNV, concluido en 2014, no generó un impacto similar al que se vio en otros países. Ello se debió en gran medida al tiempo que había pasado desde el final de la dictadura (30 años), y además a que investigaciones anteriores ya habían generado bastante conocimiento sobre la violencia del Estado autoritario. De todos modos, la creación de la CNV fue un hecho relevante, no solo por la labor que realizó, sino porque al mismo tiempo estimuló investigaciones sobre diferentes esferas del aparato estatal. Una de las contribuciones más significativas fue haber registrado datos sobre formas de la violencia estatal contra grupos sociales particulares, algunas de ellas poco conocidas hasta entonces, como las dirigidas a los homosexuales, los indígenas, campesinos y obreros. Además, la CNV investigó un tema sensible y particularmente difícil para las víctimas: la violencia sexual practicada por agentes del Estado, un aspecto terrible de la represión que es necesario encarar para lograr una comprensión más adecuada de los procesos de violencia política estatal.

Análisis interpretativo

A partir de la presentación de esta síntesis sobre la historia de la violencia estatal de naturaleza política, presentaremos a continuación la parte más analítica del trabajo. Se pretende construir una lectura interpretativa que destaque las principales características de la represión practicada por el Estado brasileño, es decir, un balance analítico de los trazos esenciales que conectan las diferentes fases, enfatizando la identificación de algunos elementos permanentes y estructurantes de la violencia política estatal. Por otro lado, nos ocuparemos de analizar también los cambios verificados a lo largo del tiempo, poniendo el foco en las diferentes coyunturas políticas y su impacto sobre las tradiciones represivas del Estado.

Considerando las líneas de continuidad o los elementos permanentes de la dinámica represiva, el Estado respondió reiteradamente a las demandas de defensa del orden social tradicional contra los cambios que se proponían, lo que implicó, en la práctica, que contribuyó a mantener estructuras de gran desigualdad social. El Estado sirvió entonces de agente conservador del orden en beneficio de las elites sociales, aunque al mismo tiempo atendió los intereses y las visiones del mundo propuestas por algunas corporaciones estatales, en particular la de los militares. En general, los Estados desempeñan tal función; sin embargo, es llamativo en el caso brasileño el hecho de que mecanismos de represión y acciones autoritarias hayan sido aplicados incluso contra proyectos de cambios sociales de pequeña escala, contribuyendo a mantener niveles de desigualdad durante el siglo XX muy próximos a los del régimen esclavista abolido un siglo antes. La represión no se orientó solo a revolucionarios comunistas propiamente dichos, siempre minoritarios, sino a un conjunto de liderazgos sociales y políticos que demandaban cambios. Grupos dirigentes y elites sociales fueron reacios a aceptar que sectores populares se pudieran organizar de manera autónoma en búsqueda de derechos, y esos procesos muchas veces fueron considerados como parte de la amenaza revolucionaria para facilitar la represión.

Es importante destacar el carácter estructural de ciertos argumentos que fundamentaron a la represión política a los que se apeló de manera recurrente a lo largo de la historia, como anticomunismo, amenaza extranjera, orden político y social, seguridad nacional y defensa de la moral cristiana. En tal sentido, impresiona la fuerza del anticomunismo que, en Brasil, se tornó sin dudas en una tradición muy arraigada, en especial en las clases medias, entre religiosos y en las corporaciones militares (esto pudo notarse en algunos acontecimientos políticos recientes, como el derrocamiento de Dilma Rousseff o la elección de Jair Bolsonaro). Queda claro así que el anticomunismo sirvió para combatir no solo a la izquierda revolucionaria, sino también a cualquier proyecto de cambio social o de cuestionamiento de la moral dominante.

Otro aspecto significativo a observar es el carácter clasista que adquirió la violencia, y ello derivó en un factor que incidió paralelamente en las motivaciones políticas e ideológicas. En Brasil, históricamente las personas pobres y no blancas han sido los que sufrieron los niveles de represión más severos por parte del Estado, tanto en lo referido a violencia policial (militar) como a los procesos judiciales. En cambio, las disidencias políticas provenientes de las elites generalmente recibieron un trato menos violento, y era más frecuente que condujeran a acuerdos entre distintos agentes del Estado y con las fuerzas de oposición.

En cuanto a la legislación y a las instituciones especializadas en la represión, los esfuerzos del Estado se ampliaron a partir de los años 1920 y generaron estructuras que funcionaron hasta hace poco tiempo. La policía política creó raíces y una marca muy reconocida en el espacio público –los/as DOPS–, y siempre existió legislación específica para combatir a los crímenes políticos y defender el orden (político y social). En el plano de la legislación y de las prácticas autoritarias, el Estado y las élites políticas (y jurídicas) buscaron mantener un equilibrio precario entre violencia legal y extralegal. Se percibe con frecuencia el intento de conciliar la represión a los disidentes con el respeto a los valores liberales, sobre todo con el derecho a la libertad de opinión. El aparato legal permitía la represión de actividades y de la propaganda revolucionaria, aunque supuestamente debía proteger la expresión teórica de cualquier doctrina política.28 Así, el comunismo no era proscripto como filosofía, sino solamente como práctica revolucionaria. Este matiz no interesaba a los agentes que estaban en la base del aparato represivo, que no dejaron de actuar con violencia debido a pruritos ideológicos. Entretanto, dependiendo del contexto, ese detalle sí hizo la diferencia en algunos procesos judiciales, en las prácticas docentes y en la producción cultural. Esa concesión del Estado a los valores liberales era sobre todo una estrategia para legitimar la violencia política.

Poniendo el foco ahora en los cambios percibidos a lo largo de este recorte histórico, destacamos algunas cuestiones:

El enemigo subversivo cambió de nombre a lo largo del tiempo (anarquismo, socialismo, trabalhismo, comunismo, subversión, terrorismo), pero siempre representó la idea de poner en riesgo al orden social, político y moral. En este punto se destaca la mayor perduración del tema anticomunista y los cambios en lo referente a la imagen del extranjero amenazador. La figura del extranjero peligroso perdió relevancia en la segunda mitad del siglo XX, en parte porque los inmigrantes fueron disminuyendo y su peso demográfico fue absorbido y dejaron de causar ansiedad.29 No obstante, continuó presente la imagen del país extranjero amenazante, siempre proveniente de algún régimen socialista exótico, sea la URSS, China, Cuba o la Venezuela chavista.

Pensando en el tema de las conexiones internacionales desde el prisma opuesto, es decir, el de los modelos extranjeros que influyeron en las prácticas represivas, notamos también cambios significativos. La influencia europea, dominante en las décadas iniciales del siglo XX, fue substituida por el patrocinio norteamericano. Inicialmente, los argumentos anticomunistas y antisubversivos venían de Francia, Inglaterra, y luego de la Alemania nazi (de donde llegaron también técnicas policiales). Pero, a partir de la Guerra Fría los Estados Unidos asumieron el primer lugar. Es verdad que algunas doctrinas y técnicas europeas continuaron teniendo influencia durante la fase de la hegemonía norteamericana, como por ejemplo el concepto francés de la guerra revolucionaria (años 1950-1960) o las sofisticadas técnicas de tortura provenientes de Inglaterra. Pero aun así, los Estados Unidos fueron por lejos el principal nexo internacional de los agentes represivos a partir de los años 1940.

A propósito de la tortura, esta práctica fue constante desde el inicio del período analizado, con métodos que remontaban la violencia al período esclavista (uso de la vara, por ejemplo). Con el paso del tiempo, las innovaciones tecnológicas ofrecieron nuevas alternativas, como las descargas eléctricas, el uso de drogas o de cámaras que alteraban las sensaciones térmicas, ruidos y luces. Estas novedades aparecieron en los años 1960-1970, aunque fueron utilizadas simultáneamente con las prácticas arcaicas de violencia. Debe destacarse también que en el mismo período aumentó la violencia represiva dirigida contra personas pertenecientes a las elites sociales, debido a la mayor incidencia de la militancia revolucionaria entre estudiantes e intelectuales durante la dictadura.

En el contexto de la dictadura iniciada en 1964 se dio una intensa militarización de la represión política, o sea, aumentó el accionar y el control de ese sector por parte de las Fuerzas Armadas, principalmente del Ejército. Oficiales de este arma se involucraron en tareas de represión política desde los años 1930, especialmente como comandantes de los órganos de policía política. No obstante, su participación aumentó mucho desde los años 1960, al convertirse en coordinadores de las policías estaduales, por la creación de órganos represivos de carácter enteramente militar, porque se ocuparon del combate directo a los grupos armados de izquierda y también por haber asumido la responsabilidad en el juzgamiento de los crímenes de naturaleza política.

En lo que respecta a la represión de carácter legal, es decir, basada en la legislación, no cambió mucho el perfil de los crímenes políticos. Éstos continuaron basados en el concepto de la amenaza al orden y al Estado. En la dictadura, el concepto de seguridad nacional ocupó un lugar destacado, aunque siempre en combinación con doctrinas anteriores ideadas en el anticomunismo. A propósito de ello, resulta significativo el hecho de que las derechas actuales no recurren más a la DSN, aunque siguen apelando al anticomunismo. En el plano penal, la dictadura creó la pena de muerte para crímenes políticos, aunque no fue utilizada legalmente, pero si de manera clandestina. Otro cambio que representó un retroceso a los tiempos de la primera República fue la creación de la pena del exilio forzado (banimento), que de cierto modo se asemejaba al castigo por destierro adoptado contra los enemigos del Estado entre los años 1891 y 1930.

Vale la pena ahora volver al tema de la distinción entre violencia estatal de carácter político y violencia contra crímenes y desvíos comunes. No es una distinción simple porque a veces el Estado utilizaba instituciones previstas para la represión de crímenes comunes para castigar a blancos políticos, mientras que en otros momentos las oleadas de purgas políticas eran aprovechadas como efectos de “profilaxis” social. De todos modos, insistir en esta distinción puede tener utilidad por diferentes motivos, sea para comprender mejor el impacto violento de las dictaduras y su repercusión pública, como para ayudar a efectuar comparaciones y detectar conexiones con otros países de América Latina, especialmente del Cono Sur.

En cuanto al primer aspecto, el número relativamente bajo (al menos en comparación con Argentina y Chile) de asesinatos políticos cometidos por la dictadura militar podría ser un elemento de análisis para comprender las peculiaridades de la transición brasileña, tales como la mayor propensión a aceptar estrategias de adaptación (“estratégias de acomodação”) que perdonaron los crímenes practicados por el Estado autoritario y dificultaron la movilización de grupos sociales importantes en defensa de pautas de justicia de transición. Por otro lado, si aumentáramos el número de asesinatos cometidos por la dictadura con la inclusión de la violencia común, el riesgo sería perder la especificidad de la represión política dictatorial, ya que el Estado brasileño ya mataba a numerosas personas (delincuentes o sospechadas de serlo) por delitos comunes antes de la dictadura, y continuó haciéndolo posteriormente. Sin embargo, la consideración de que el Estado mató a muchas más de las 450 personas oficialmente registradas es importante para cuestionar la imagen de “dictablanda”. La conclusión no puede ser que la dictadura de Brasil fue menos violenta, ya que si contáramos la violencia común, podría haber sido aún más asesina que la de sus países vecinos. El hecho es que los asesinatos por motivos políticos se dieron en menor escala, lo que desde el punto de vista moral y humanitario no altera mucho las cosas, pero desde el punto de vista del impacto político sí marca una diferencia.

Con ello resaltamos la importancia de estimular análisis comparativos y conexiones con otros países, no solo de la región, sino también incluyendo la influencia de las potencias dominantes. Miradas capaces de trascender los espacios nacionales nos ayudan a percibir mejor procesos que no estaban encerrados por fronteras rígidas, y pueden ser inspiradoras para identificar nuevos problemas o temas de investigación.

Y en relación a las investigaciones que hacen foco específico en el caso brasileño, este balance muestra que es necesario ahondar más en el estudio del impacto de las acciones represivas del Estado durante la primera mitad del siglo XX, período sobre el cual disponemos de información insuficiente en relación al alcance y a la escala de funcionamiento de la máquina represiva.

Consideraciones finales

En suma, en esta larga historia de violencia política estatal se destaca la dificultad permanente para implementar la promesa republicana de reconocer derechos políticos para todos los ciudadanos, respetando las diferentes opiniones y creencias. El disenso político fue tratado de manera represiva durante la mayor parte del tiempo, lo que dificultó el debate de ideas y la formación de una cultura democrática entre los ciudadanos, especialmente aquellos pertenecientes a los estratos populares, que fueron invariablemente excluidos del juego político.

La entrada en vigencia de la Constitución de 1988 generó la sensación de que el país podría superar la tradición de autoritarismo y violencia política. Se trató de un momento muy importante de la transición democrática, ya que el texto constitucional presentaba transformaciones significativas. Por ejemplo, se afirmaron algunos derechos antes prohibidos, como los de organizar partidos comunistas y el derecho a voto para analfabetos, dos conquistas históricas. Parecía abrirse el camino a la construcción de un Estado que reconocería el derecho al disenso político y a la demanda por cambios sociales, sin criminalización ni accionar de las fuerzas represivas. En ese mismo contexto, se cerraron los órganos de policía política estaduales (DOPS) y el servicio de informaciones creado por la dictadura (SNI).30

Sin embargo, los vientos de cambio de 1988 no representaron el fin de la violencia política. En ese mismo año, una huelga de trabajadores de la Compañía Siderúrgica Nacional fue violentamente reprimida por militares, que mataron a tres manifestantes. Asimismo, los conflictos en las zonas rurales continuaron provocando numerosos asesinatos. Otra fuente de preocupación derivó del hecho de que se mantuviera vigente la nueva Ley de Seguridad Nacional aprobada en 1983, más allá de que se tratara de una versión atenuada de las anteriores.

En los últimos años, marcados por el giro a la sectores derecha, de juicio político a Dilma Rousseff y elección de Jair Bolsonaro, quedó claro que las conquistas de la transición democrática de hecho no eran sólidas, y ahora corren riesgos más serios. El miedo secular de los sectores conservadores y liberales contra proyectos de cambios sociales, por modestos que sean, y que aún se expresa con base en el anticomunismo, continúa en plena vigencia. Ese miedo, de modo semejante a períodos históricos anteriores, puede abrir nuevamente el camino a una deriva autoritaria.

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