Resonancias de las guerras mundiales del siglo XX en el sistema de comunicaciones de Colombia:

obstrucciones y transformaciones

 

Roger Pita Pico

Academia Colombiana de Historia

rogpitc@gmail.com

 

 

Fecha recepción: 20/03/2023

Fecha aceptación: 9/05/2023

Resumen

El propósito de este trabajo está enfocado en examinar el impacto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en el sistema de comunicaciones de Colombia, específicamente en los servicios de correos, telégrafos y radiodifusión. En cuanto al sistema de correos, la principal afectación fue la interrupción o colapso de las rutas y el represamiento de las piezas postales, mientras que en el ramo de la telegrafía y la radiotelegrafía el problema más frecuente fue la parálisis de los planes de expansión en materia de infraestructura, además del rezago tecnológico, las restricciones en los mensajes y las censuras aplicadas en función de las posturas asumidas por el gobierno nacional. El servicio de radiodifusión demostró como nunca antes sus alcances y se consolidó como mecanismo de propagación de los intereses de la causa de los Aliados, aunque también fue objeto de una estricta censura y coartación de la libre expresión. El enfrentamiento político e ideológico que se suscitó durante ambas guerras y la posición asumida por el país frente a ellas ejercieron una notable influencia en el debate sobre la política interna y la política de seguridad pública.  

Palabras claves: Guerras mundiales; comunicaciones; correo y telégrafo; radiodifusión; Colombia

 

Resonances of the world wars of the 20th century in the Colombian communications system: obstructions and transformations

Abstract

The purpose of this work is focused on examining the impact of the First and Second World War on the Colombian communications system, specifically on the postal, telegraph and radio broadcasting services. Regarding the postal system, the main affectation was the interruption or collapse of the routes and the damming of the postal pieces, while in the field of telegraphy and radiotelegraphy the most frequent problem was the paralysis of the expansion plans in terms of infrastructure, in addition to the technological lag, the restrictions on messages and the censorship applied according to the positions assumed by the national government. The broadcasting service demonstrated its scope like never before and was consolidated as a mechanism for propagating the interests of the allies’ cause, although it was also subject to strict censorship and restrictions on free expression. The political and ideological confrontation that arose during both external wars and the position assumed by the country regarding them exerted a notable influence on the debate on internal politics and public security policy.

Key words: World wars; communications; mail & telegraph; radio broadcasting; Colombia

 

Introducción

Desde su temprana vida republicana a comienzos del siglo XIX, Colombia emprendió el proceso de establecer su sistema de comunicaciones, primero con el correo postal, que venía funcionando desde el periodo de dominio hispánico, y hacia 1865 con la incorporación del telégrafo, sistemas de comunicación a los que años más tarde se sumaría el teléfono y la radiodifusión. No obstante, este desarrollo se vio opacado por la interferencia causada por las guerras civiles internas que afectaron buena parte de su territorio,[1] además de los escasos recursos presupuestales y las dificultades propias de su agreste y variada topografía.

El país tampoco fue ajeno al suceso de las guerras mundiales ocurridas en la primera mitad del siglo XX. Algunos estudios se han centrado en examinar el impacto de estas confrontaciones bélicas desde perspectivas políticas, diplomáticas y económicas. Sin embargo, el rastreo realizado no ha permitido identificar trabajos dedicados exclusivamente a sondear su incidencia directa o indirecta en el sector de comunicaciones en ciernes que, en buena medida, era manejado, organizado y vigilado por el gobierno nacional. Solo es posible detectar algunas alusiones tangenciales pero ningún trabajo elaborado de manera sistemática.

Así entonces, el objetivo de este trabajo consiste en analizar la incidencia de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial en el sistema de comunicaciones de Colombia, tanto en materia de censura y restricciones como en la afectación del servicio brindado en el área de correos, telégrafos y radiodifusión. Se intenta reflexionar además sobre el modo en que esas restricciones estaban relacionadas con asuntos políticos de carácter nacional y regional en materia de seguridad pública.

La metodología escogida para realizar esta investigación se basó en la hermenéutica que implicó la ubicación, organización y análisis de la calidad de información contenida en diversas fuentes documentales, en su mayoría primarias, tales como leyes, códigos, decretos y, principalmente, informes y estadísticas de los ministerios de Gobierno, Guerra, Relaciones Exteriores y Correos y Telégrafos. Como complemento, fue de gran contribución el uso de fuentes secundarias para construir el contexto, así como para elaborar conceptos y apoyar el proceso de construcción histórica a partir del análisis crítico de las fuentes primarias revisadas. Para ello, se recurrió especialmente a textos que refieren a la historia de las comunicaciones y al trasfondo político y económico del periodo de estudio.

Efectos de la Primera Guerra Mundial

El siglo XX ha sido considerado uno de los más violentos en la historia de la humanidad, pues abarcó una amplia y dramática serie de conflictos bélicos y acciones genocidas marcados por el auge y desarrollo tecnológico y armamentístico con sus demostrados efectos devastadores. No en vano fue catalogado por el historiador Eric J. Hobsbawm como el siglo “más mortífero” (García, 2008: 90-92).

Durante los inicios de esta centuria en que se desarrollaba el capitalismo, se conjugaron una serie de factores que incrementaron los niveles de tensión mundial tras el desarrollo de la industria armamentística, el funesto legado de conflictos armados anteriores, la radicalización del nacionalismo en Europa y la lucha contra el imperialismo en un contexto en el cual se buscaba reconfigurar un nuevo orden de dominación (Ayala, 2014). Fue así como el 28 de julio de 1914 se dio inicio a la Primera Guerra Mundial que enfrentó a dos grupos de naciones: por un lado, la Triple Alianza o potencias centrales, conformadas por el imperio alemán, Austria-Hungría, el imperio otomano y el Reino de Bulgaria y, por el otro, la Triple Entente, integrada por el Reino Unido, Francia y el imperio ruso con la posterior adhesión de Italia, Estados Unidos y Japón. El 11 de noviembre de 1918 se dio por terminada esta guerra con la derrota de las potencias centrales y la firma del Tratado de Versalles, cuyos resultados incluyeron la desaparición de los imperios austro-húngaro, otomano y ruso, además de una gran cantidad de víctimas en medio de una estela de destrucción.

Para nadie era un secreto la posición geoestratégica de Colombia en el mapa mundial y su especial cercanía con el canal de Panamá, lo que convertía a este territorio ubicado en la esquina noroccidental de Suramérica en un sitio privilegiado para el manejo efectivo de las comunicaciones. Asimismo, esta localización la hacía vulnerable a la presión de las potencias en conflicto. 

Frente a la primera guerra mundial del siglo XX el presidente de la República de Colombia, José Vicente Concha, declaró su neutralidad,[2] reafirmando la posición asumida años atrás por el país en la guerra del Pacífico y en la guerra hispano-estadounidense (Rivas, 1961: 656). Esa decisión causó alarma en varios países, especialmente en Estados Unidos, nación con la cual se habían forjado desde el siglo XIX estrechas relaciones económicas, políticas y diplomáticas que terminaron enrarecidas desde 1903, a raíz de la cesión del canal de Panamá, en momentos en que un amplio sector de la opinión nacional abogaba por no sucumbir frente al creciente poderío “yanqui” (Rinke, 2019: 180).

Históricamente, Colombia y los países latinoamericanos no se habían involucrado en conflictos ocurridos en el Viejo Continente, esforzándose por permanecer al margen de este tipo de acontecimientos, pues primaba el interés de preservar las relaciones con aquellas naciones con las que se habían cultivado prósperos vínculos económicos y comerciales, así como en materia de inversión (Rinke, 2021: 55).

En un contexto de globalización, la guerra causó el colapso de la economía mundial y notorios fueron los efectos en las naciones latinoamericanas que dependían de la comercialización de sus materias primas en el mercado externo (Dehne, 2014). Esto se vio reflejado en el decrecimiento marcado de las exportaciones colombianas que impactó principalmente en la producción del café. A esta situación de desaceleración económica interna se sumó la escasez de dinero circulante, la caída en los ingresos y, en especial, el déficit fiscal y la contracción del gasto público que redujeron los recursos destinados al funcionamiento de los ministerios, lo cual conllevó una parálisis en varias obras públicas, la supresión de algunos empleos y la reducción de salarios (Tovar, 1989: 43-44).

A inicios del siglo XX, las comunicaciones habían experimentado considerables avances tecnológicos y, paradójicamente, las guerras mismas se convirtieron en un contexto en el cual se desarrollaron y se pusieron a prueba nuevas aplicaciones y dispositivos. Se configuró un mundo mucho más interconectado a nivel nacional e internacional a través del correo, el telégrafo, el sistema inalámbrico y la radiodifusión con la ventaja de una mayor inmediatez y celeridad en la transmisión de información. Desde 1888, en Colombia, este ramo pasó a depender del Ministerio de Gobierno, con lo cual se pretendió garantizar un mayor control del poder ejecutivo central tras los embates de las guerras civiles internas.

El impacto de la Gran Guerra en el sistema de correos colombiano fue evidente. En 1912 se enviaron al exterior 1.044.256 piezas postales, que incluían cartas, tarjetas postales, objetos recomendados, impresos y papeles de negocios (Carreño, 1913: 204). Durante el conflicto europeo, la Administración General de Correos debió pagar la suma de $2.214 por concepto de pérdida y deterioro de sacos extranjeros y el movimiento de encomiendas internacionales disminuyó principalmente por la suspensión del intercambio con Italia (Informe Correos, 1915: 20-21).

Durante este conflicto mundial, se aplicaron algunas restricciones a la circulación internacional en materia postal en aras del juego geoestratégico y de las alianzas políticas, pero también con el ánimo de proteger los envíos de correos. En 1915, el gobierno británico solicitó a Colombia que sus representantes acreditados ante estados vecinos a los que se hallaban en guerra con aquella potencia europea no dieran curso a ninguna correspondencia postal dirigida a colombianos que estuviesen en dichos países beligerantes, todo esto para que la neutralidad colombiana no fuera violada con la transmisión de correspondencia indebida. En respuesta a tal petición, el gobierno envió una circular a sus agentes diplomáticos advirtiéndoles sobre esta situación (Suárez, 1916: 141).

En 1919, apenas la guerra europea dio tregua, varias personas y compañías se dirigieron al Ministerio de Gobierno proponiendo un contrato para implementar en el país el servicio de correos en aeroplano. La oferta más formal fue la de M. S. Uribe Holguín, representante de dos compañías inglesas. En el informe oficial del Ministerio de este año se señaló la importancia de promover estas “portentosas máquinas del ingenio humano”, aunque se debían fijar ciertas restricciones por el impacto en materia de “seguridad política y social” (Arango, 1919: LVI).

Quizás en donde más se sintieron las restricciones y prevenciones derivadas del ambiente de guerra fue en el servicio telegráfico.[3] En 1914, al inicio del conflicto bélico en Europa, el sistema telegráfico nacional comprendía una red de 18.574 kilómetros y se contabilizaban un total de 604 oficinas con un flujo de 2.274.767 telegramas porteados y 524.764 oficiales (“Datos Estadísticos”, julio de 1915, Revista Postal y Telegráfica 5: 247-251).

Por la inmediatez con la que se podían transmitir mensajes y noticias, el sistema inalámbrico resultó mucho más estratégico en tiempos de guerra. La globalización del capitalismo ejerció un efecto en el desarrollo de la infraestructura de las comunicaciones a escala global a través de multinacionales europeas y norteamericanas de servicio cablegráfico e inalámbrico que buscaron penetrar en los países de América Latina (Winseck y Pike, 2007). Esto abrió paso a una competencia entre la empresa británica Marconi y la alemana Telefunken para dominar este mercado a través de grandes inversiones en esta tecnología de punta (Friedewald, 2012).

Ante las dificultades logísticas y externas experimentadas en la expansión y el sostenimiento del sistema telegráfico debido a la agreste geografía nacional, a comienzos de siglo los presidentes José Manuel Marroquín y Rafael Reyes realizaron los primeros esfuerzos dirigidos a impulsar la tecnología de la conexión inalámbrica y fue así como en 1913 se diseñó un plan para dotar de este servicio a la costa Caribe.

En una circular dirigida en 1914 a los gobernadores de cada uno de los departamentos en que estaba dividido el país, el canciller Marco Fidel Suárez precisó algunas recomendaciones sobre el manejo de las comunicaciones radiotelegráficas, a fin de mantener la condición de neutralidad nacional en el marco de la Gran Guerra. Aunque Colombia se había acogido a algunas resoluciones de las Convenciones de La Haya, estas aún no habían sido refrendadas por el Congreso de la República, razón por la cual esta materia era objeto únicamente de reglamentaciones transitorias de carácter nacional. Se reconoció que, en cuanto al control de las instalaciones radiotelegráficas, se habían adoptado como referencia las prácticas y normas norteamericanas, que eran unas de las más avanzadas de la época. Es así como se decidió prohibir el empleo de mensajes cifrados en el despacho de telegramas inalámbricos, se dispuso que el inspector técnico oficial fuera censor permanente de los mensajes y del trabajo de las oficinas y se resolvió que los aparatos de los buques de nacionalidad beligerante en aguas colombianas fueran sellados, desmontados y, de ser necesario, desembarcados (Suárez, 1915: 85). 

Por otro lado, en agosto de 1914 el canciller Suárez anunció que las estaciones radiotelegráficas instaladas en las ciudades caribeñas de Santa Marta y Cartagena no podían continuar en operaciones mientras prosiguieran los enfrentamientos militares en territorio europeo. Esta posición obedecía a la política de neutralidad aplicada por Colombia en el marco del conflicto bélico y así se dio a conocer a las potencias comprometidas. La estación inalámbrica de la isla de San Andrés estaba a cargo del gobierno, no obstante para esta fecha todavía no había llegado a funcionar, debido a los problemas logísticos tras la suspensión del despacho de aparatos importados de última tecnología.

La estación de Santa Marta era de carácter privado y dependía de la United Fruit Company. Se recordó de manera especial el artículo 7º del contrato celebrado el 19 de julio de 1911 entre esta multinacional norteamericana, dedicada a la producción y exportación de plátano, y el Ministerio de Gobierno, en el cual se establecía que el servicio radiotelegráfico debía ser absolutamente neutral en caso de guerras internacionales. En julio de 1915 se dispuso que esta estación podía continuar en operaciones pero sometida siempre a las autoridades regionales y nacionales, aunque entre sus empleados no debía haber individuos oriundos de alguna de las naciones beligerantes (Uricoechea, 1917: 141). Nuevas restricciones sobrevinieron el 1º de septiembre de 1914 mediante una resolución del canciller Suárez, que conminaba a las estaciones de Santa Marta y Cartagena a someterse a la supervisión de los gobernadores de los Departamentos de Magdalena y Bolívar respectivamente para asegurar que no fueran despachadas comunicaciones de carácter militar que pudieran incidir en las operaciones bélicas que se desarrollaban en Europa.

La estación inalámbrica de Cartagena era del gobierno nacional y su instalación estuvo a cargo de la firma alemana Telefunken. Esta empresa privada se había alineado con los objetivos del Estado alemán en el marco de la Primera Guerra Mundial y su presencia fue estratégica para la propaganda alemana, especialmente después de que la marina británica suspendiera el cable intercontinental alemán. Ante esta situación, el desafío para los alemanes consistió en formar una moderna red radiotelegráfica mundial con alcance en Latinoamérica que permitiera contrarrestar los efectos del monopolio de noticias de las potencias de la Entente (Rinke, 2019: 78-79). 

En el artículo 15 del contrato celebrado el 11 de mayo de 1912 entre el gobierno colombiano y la compañía alemana se dejó en claro que, en caso de guerra exterior, el servicio radiotelegráfico sería sometido a la vigilancia y previa censura de las autoridades locales. Varios fueron los incidentes registrados en torno a esta estación por estar a cargo de una compañía adscrita a Alemania,[4] nación europea reconocida como beligerante. Esto abrió campo a una serie de protestas de carácter diplomático que generaron una escalada en las tensiones que, a fin de cuentas, obligaron al gobierno colombiano a implementar drásticas medidas restrictivas con tal de preservar el estatus de neutralidad. El primer obstáculo lo reportó el gobernador de Cartagena, Ramón Rodríguez Diago, quien no había logrado hallar en la región expertos calificados para cumplir la misión de vigilancia en momentos en que se recibían quejas sobre la emisión de mensajes indebidos, lo que motivó al gobierno nacional a suspender transitoriamente el servicio de la estación, así como requerir el desmonte de los aparatos inalámbricos de los buques apostados en los puertos colombianos.

El cierre de la estación duró solo unas pocas semanas, por cuanto el 5 de octubre se nombró como experto al ingeniero electricista Jorge Caicedo Abadía con una asignación salarial de $200 mensuales. Caicedo viajó desde Bogotá a Cartagena para cumplir con el encargo de examinar los despachos remitidos o transmitidos por la estación para que no se filtrara ningún mensaje oculto, permitiéndose únicamente aquellos en lengua española, francesa e inglesa que pudieran ser debidamente traducidos. El telégrafo sólo podía funcionar bajo su presencia y control, tal como él mismo lo atestiguó en uno de sus primeros informes rendidos a la cancillería:

En la estación mi vigilancia es continua, pues permanezco día y noche en ella; si por cualquier motivo tengo que ausentarme, cierro la oficina con dos llaves, cuyo único poseedor soy yo, por lo cual es imposible penetrar el cuarto donde están los aparatos, y por consiguiente hacerlos funcionar. […] Si por cualquier motivo se encuentra algún mensaje que tenga la menor sospecha de no ser netamente comercial, se rechaza inmediatamente (Uricoechea, 1917: 106).

Habiéndose registrado un daño en los aparatos de la estación de Cartagena, el inspector Caicedo aprovechó para trasladarse a las costas del Darién para examinar y desmantelar el aparato radiotelegráfico del vapor Oscar, sobre el cual había algunas sospechas denunciadas por el agente diplomático inglés. Finalmente, todo resultó ser una falsa alarma, por cuanto se pudo verificar que esta embarcación, que había pertenecido a una compañía bananera alemana, estaba ya completamente abandonada y con el aparato inalámbrico inservible (Uricoechea, 1917: 65-71).

Las tensiones asomaron nuevamente con la enérgica nota de protesta enviada el 27 de octubre por el Encargado de Negocios de la embajada de Inglaterra en Bogotá, H. E. Bowle, después de haber recibido algunos reportes en los que el capitán del vapor inglés Tagus aseguraba haber interceptado aerogramas “aparentemente decentes” emitidos por esta estación, que contaba en ese momento con un alcance de más de 2.000 millas, sin que el censor pudiera descubrir su significado. Se exigía la clausura total de la estación ante la eventualidad de que se emitieran mensajes ocultos en frases comunes. Además de este inconformismo, los británicos consideraban sumamente grave que aún permanecieran empleados alemanes al interior de la estación. El gobierno nacional accedió a retirar al telegrafista jefe de apellido Drewes y a su señora esposa, así como al segundo telegrafista, Krabs. Adicionalmente, a mediados de noviembre se procedió a enviar al agente diplomático inglés copia pormenorizada de todos los telegramas tramitados por la estación. Se decidió que lo más prudente era que el gobierno nacional nombrara un administrador temporal para que diera cuenta y razón de los productos y gastos al interventor nombrado por la empresa alemana, procurando siempre el ahorro y la austeridad.

Los ecos de esta problemática se sintieron en Europa a través de unas afirmaciones expresadas el 25 de noviembre de 1914 ante el Parlamento británico sobre las sospechas que seguía generando la estación alemana de Cartagena, lo cual desató una avalancha de recias protestas contra Colombia. Este cúmulo de antecedentes presionó al gobierno nacional para decretar la clausura de la estación el día 5 de diciembre, decisión que fue acatada con buen ánimo por el ministro plenipotenciario del imperio alemán Kracker von Schwartzenfeldt, quien dejó en claro que la empresa Telefunken no exigiría ninguna indemnización por el lucro cesante durante el tiempo que durara la guerra. El gobernador de Cartagena recibió instrucciones para asegurar el cierre de la estación y para guardar los aparatos cuidadosamente (Suárez, 1915: 113-118).

Pese a esta drástica medida preventiva, las sospechas no cesaron por parte de las naciones rivales de Alemania, que veían con suma desconfianza la presencia de esta empresa privada extranjera de comunicaciones en uno de los puertos estratégicos de Colombia. Todo sucedió a raíz de una nota de los gobiernos de Gran Bretaña y Francia, enviada por medio de sus embajadores en Washington al gobierno norteamericano, sobre la conservación de la alianza política con los países suramericanos. La prensa desvirtuó estos mensajes y se divulgaron noticias inexactas que ponían en duda la neutralidad colombiana, que además hacían creer falsamente que el gobierno norteamericano planeaba una intervención correctiva sobre Colombia en el marco de la doctrina Monroe[5] y que incluso esta potencia había autorizado a los países europeos aliados a hacer efectiva la neutralidad suramericana por medio de una expedición militar. El mismo gobierno de Estados Unidos se encargó de desvanecer esta serie de rumores a través de su embajador Leland Harrison.

En 1915 la cancillería colombiana recordó que, además de la designación del censor oficial colombiano, la estación había sido examinada por dos expertos extranjeros neutrales: un técnico radiotelegráfico del buque Carrillo y otro del buque Santa Marta, ambos de nacionalidad angloamericana, quienes certificaron que el servicio de la estación estaba absolutamente inhabilitado. Para mayor tranquilidad de todos, el Estado colombiano consiguió que el gobierno norteamericano enviara al experto teniente de la marina N. Raguet, quien pudo constatar que era imposible toda comunicación clandestina en el despacho o recibo de telegramas a través de esta estación costera, de lo cual se dio cuenta a las legaciones británica y francesa (Suárez, 1916: 45-112). Al parecer, con todas estas medidas cesaron las desconfianzas y prueba de ello fue el pronunciamiento que hizo el funcionario de la cancillería británica, Lord Robert Cecil, el 26 de julio de 1915 en Londres ante la Cámara de los Comunes. Cecil reafirmó que el gobierno colombiano había adoptado todas las precauciones pertinentes para salvaguardar estrictamente su condición de país neutral (Uricoechea 1917: 147).

Meses después circularon falsas noticias que alertaban sobre alguna actividad generada desde la estación de Cartagena en quebranto de la neutralidad asumida por Colombia. Fue necesario entonces redoblar las acciones de control por parte del inspector oficial y las autoridades locales. Además, el 2 de abril de 1917, el embajador alemán von Schwsartzenfeldt envió una nota al canciller Suárez en la que corroboró que en realidad la estación permanecía sellada e inhabilitada para cualquier despacho de mensajes (Abadía, 1917: LIX). Este diplomático aclaró que las denuncias se habían suscitado por la interceptación que hicieron buques de guerra o mercantes de los aliados de mensajes emitidos por un pequeño aparato radiotelegráfico de corto alcance, ubicado en la casa de un aficionado de apellido Yanse, y de otro aparato manejado por la comunidad cristiana, que estaba a cargo de la institución de educación técnica que funcionaba en la iglesia de Santo Toribio. Asimismo, señaló que a la fecha ya habían sido suspendidos ambos aparatos.

Ante incidentes de esta naturaleza y frente el recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos y Alemania,[6] el gobierno colombiano se vio precisado a estrechar los controles. Para ello adelantó gestiones a través de su cónsul en Madrid y solicitó la contratación del capitán del Ejército español Carlos Bordons Gómez en calidad de perito, a quien se le confió la inspección de estaciones y de buques con aparatos inalámbricos en los puertos, en la costa Caribe y el archipiélago de San Andrés. Se tenía el convencimiento de que este experto neutral extranjero era una garantía para asegurar la neutralidad (Suárez, 1917: 176-188; Morales, 2015: 208-211). Después del cierre de la estación de Cartagena, el gobierno colombiano emprendió esfuerzos para mantener la comunicación radiotelegráfica con Estados Unidos, a fin de no depender de la transmisión de noticias por medio del sistema de cables de los aliados (Rinke, 2019: 79).

La otra estación que estaba a cargo de la empresa alemana Telefunken se localizaba en la isla de San Andrés, cuyo proyecto de construcción había quedado suspendido por causa de la guerra (Abadía, 1915: 55). Para comienzos de 1915, la estación fue recibida oficialmente por el gobierno nacional e incluso alcanzó a ensayarse por algún tiempo, pero rápidamente debió ser deshabilitada por el Ministerio de Gobierno ante la continuidad de la guerra y la complicación para conseguir un experto neutral que la vigilara y evitara así que fuera germen de sospechas políticas. Ante este escenario, las comunicaciones se redujeron a mantener un correo marítimo entre el archipiélago y la costa del Caribe (“Estaciones inalámbricas”, 1912, Revista Postal y Telegráfica 5-6: 75-78).

Durante estos años de guerra, al igual que lo sucedido con las estaciones inalámbricas, los aliados exigieron también a las naciones latinoamericanas la restricción del uso de los aparatos radiotelegráficos para los barcos de naciones beligerantes.[7] Desde los albores de la guerra, Colombia aplicó estas medidas con las embarcaciones asiladas en sus zonas costeras, las cuales debían ser objeto de vigilancia por parte de expertos oficiales y de las autoridades locales, pues la orden perentoria era que había que mantener inutilizados estos dispositivos tecnológicos. Asimismo, los buques mercantes que ingresaban a puerto colombiano tenían vedada la posibilidad de usar sus antenas de telégrafos mientras permanecieran en aguas territoriales nacionales.

En noviembre de 1914 se registraron nuevas protestas de las legaciones de Francia e Inglaterra sobre la presunta violación de la neutralidad al permitírsele a la escuadra alemana proveerse de carbón en puertos del Pacífico con la utilización de aparatos radiotelegráficos, no obstante se aclaró que ningún barco de guerra beligerante había tocado costas colombianas. El día 23 el censor del gobierno Alberto Caicedo visitó los barcos de vapor anclados en el puerto de Cartagena y constató que los aparatos de comunicaciones estaban inactivos (Uricoechea, 1917: 72-102).

En implementación de las restricciones vigentes, la Dirección de Aduanas de la ciudad de Cartagena le impuso una cuantiosa multa de dos mil pesos al comandante del vapor francés Venezuela por haber conservado el 14 de noviembre de 1914 la antena de su aparato inalámbrico antes de salir del puerto. Esto suscitó una nota del Encargado de Negocios de Francia en Colombia, Pierre de Larroque, con miras a conseguir una reducción de esta pena pecuniaria, pues el capitán David, comandante de la embarcación, no había sido advertido sobre las decisiones adoptadas en torno al empleo de la telegrafía inalámbrica en los vapores que entraban a puerto. Asimismo, se veía con extrañeza que el vapor Santa Marta de propiedad de la United Fruit Company nunca había sido amonestado, pese a haber tenido su antena en operaciones. En respuesta a esta petición, el ministro de Hacienda Daniel J. Reyes optó por reducir la multa a tan solo cien pesos (Uricoechea, 1917: 133-138).

En 1918 se registró una queja del representante de la United Fruit Company sobre la medida restrictiva que exigía a los vapores que arribaban a puerto colombiano bajar sus antenas inalámbricas, pues esto generaba rotura de los hilos. Sobre esto, el asesor español Carlos Bordons dio algunas recomendaciones técnicas mucho más prácticas para inhabilitar los aparatos sin que resultaran afectados los movimientos de exportación de sus productos agrícolas (Molina, 1918: 88-89).

Cuando retornó el clima de paz mundial, la administración del presidente de la República de Colombia, José Vicente Concha, retomó las conversaciones en torno a las propuestas para la construcción y culminación de trabajos de instalación de estaciones radiotelegráficas por vía de concesiones. Como resultado de esto, el 20 de junio de 1919 se firmó un contrato con la compañía Marconi para instalar una estación en la costa Caribe. Con esta eran ya cuatro las estaciones inalámbricas terrestres que estaban a cargo del gobierno nacional, aunque había un rezago en comparación con otros países latinoamericanos como Brasil, que contaba con 29 estaciones, Argentina con 17, Chile con 13 y Perú con 12.

En razón de algunas objeciones interpuestas debido al ambiente de guerra, el gobierno nacional se había abstenido de celebrar un contrato con The Central and South American Telegraph Company para instalar un cable submarino que uniera la ciudad de Cartagena y otros pueblos del litoral Caribe con el sistema telegráfico nacional y que posibilitara establecer a futuro una conexión con la red cablegráfica submarina de Venezuela. Finalmente, en 1919 se suscribió el acuerdo, cuyo artículo 4º estipulaba que, en caso de reavivarse el conflicto militar exterior, el servicio quedaría bajo expresa vigilancia de las autoridades colombianas (Arango, 1919: LX-LXXV).

Aparte de esta dinámica de censuras y restricciones sobre el servicio inalámbrico de estaciones y embarcaciones en las que estuviesen comprometidas las naciones beligerantes, hay que señalar también los efectos de la guerra en el sistema telegráfico y cablegráfico en el ámbito interno por cuenta del intenso flujo de noticias externas. Vale precisar que, entre 1870 y 1914, las agencias europeas de noticias controlaron el mercado mundial de información. La alianza de la agencia francesa Havas y la británica Reuters fue clave para la difusión de noticias telegráficas y como medio propagandístico durante la Primera Guerra Mundial (Desbordes, 2018: 417) frente a la difusión gratuita de noticias que hacían las agencias oficiales alemanas. Dentro del mismo derrotero trazado por el gobierno colombiano para conservar la neutralidad, el canciller Suárez instó a la prensa para que, aún dentro del marco vigente de libertad de prensa, se abstuviera de lanzar ataques violentos contra las naciones beligerantes (Rausch, 2014: 107).

Las noticias sobre el conflicto mundial eran recibidas en Buenaventura, puerto sobre el océano Pacífico, a través del cable de telecomunicaciones submarinas y de allí se transmitían a la oficina central telegráfica en Bogotá, donde se producían boletines que eran publicados por radio y prensa. Sin embargo, esa información no fue siempre tan oportuna, ya que la línea telegráfica que comunicaba con aquel puerto sobre el Pacífico fue interrumpida, lo cual generó obstrucciones en la recepción de datos. Ante esta circunstancia, medios como el periódico capitalino El Nuevo Tiempo optaron por publicar informaciones atrasadas mientras llegaba el más reciente reporte de lo que estaba sucediendo en el convulso continente europeo (Pinzón y Montaña, 2016: 44-50).

Para julio de 1915 ya se alertaba sobre una sobrecarga en el sistema telegráfico debido al recibo de noticias sobre la guerra en Europa, a lo que se sumaba el intenso flujo de notas informativas sobre política doméstica, específicamente aquellas alusivas al debate electoral y a la reunión de Asambleas. Para el mes de octubre se escucharon reclamos por la demora en la comunicación telegráfica de noticias sobre la guerra que eran dirigidas desde Lima y Quito hacia Bogotá, debido a que por la única línea que conectaba a las ciudades de Ipiales y Neiva cursaban mensajes para los periódicos El Nuevo Tiempo, Gaceta Republicana, El Liberal, El Espectador y El Diario Nacional. Cada uno de estos medios impresos recibía diariamente un despacho de 200 palabras, lo cual exigía varias horas de ocupación de la línea, causando retrasos y perjuicios a la transmisión de mensajes particulares y del gobierno. Ante esta situación, se pidió a las autoridades del ramo reglamentar el envío de este tipo de noticias externas (“Notas”, noviembre de 1915, Revista Postal y Telegráfica 6: 408).

Aunque en noviembre de 1918 había culminado la guerra, la importancia de las conferencias de paz programadas en los meses siguientes generaron una intensa actividad cablegráfica y, por consiguiente, telegráfica. Buena parte de esos mensajes provenientes del exterior estaban dirigidos a la prensa, al gobierno y a los ministros diplomáticos. Para referir solo un ejemplo, la Agencia Campud introdujo en un solo despacho hasta 14.000 palabras, cuya transmisión, recepción y repetición implicó que todo el servicio de oficinas de un mismo circuito se suspendiera de manera simultánea, pues estaban conectadas con la misma línea principal transmisora de despachos telegráficos. Esta operación obstaculizó la transmisión de telegramas particulares ordinarios. Se esperaba que, una vez que el Viejo Continente recobrara el ritmo de la normalidad y la calma, mermara considerablemente el número de despachos extranjeros y con ello se descongestionara el servicio interno (Morales, 1919: 5).

El Administrador General de Telégrafos, Luis Morales Berti, denunció la enorme deuda del ramo telegráfico —que en 1919 ascendía ya a $300.000— debido a la anormalidad generada por la guerra en Europa y su impacto económico en el fisco nacional, que había hecho imposible pagar cumplidamente a los empleados, registrándose un retraso de hasta cinco meses en los sueldos con jornadas que se extendían hasta catorce horas consecutivas, a veces con recargos nocturnos. Un abuso laboral que se estimaba a todas luces injusto, por cuanto solo ocurría con los funcionarios de este sector de las comunicaciones, que era considerado ya para esta época de vital importancia para la vida nacional. De igual modo, había limitaciones en los recursos para la remonta y construcción de líneas telegráficas, al igual que para la compra de baterías y demás aparatos indispensables para la comunicación telegráfica (Morales, 1919: 5).

El impacto de la Segunda Guerra Mundial

La Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1939 y 1945, fue un conflicto de gran escala derivado en cierta medida de los efectos no resueltos de la Primera Guerra Mundial. El inconformismo de Alemania tras las imposiciones del Tratado de Versalles, el crecimiento de las tensiones étnicas y las confrontaciones ideológicas fueron las causas que desataron una guerra que sería mucho más intensa y con mayores alcances destructivos. Sus consecuencias fueron, entre otras, la descomunal pérdida de vidas humanas, la quiebra económica de buena parte de los países europeos, el fortalecimiento de los Estados Unidos y la Unión Soviética como potencias mundiales y el inicio de la guerra fría y del proceso de descolonización.

Después de la Primera Guerra Mundial, Colombia fomentó lazos más fuertes con los países de la región, desarrolló un papel más activo a escala internacional a partir de su ingreso en la Sociedad de Naciones y estrechó sus nexos y alianzas con Estados Unidos (Raush, 2014: 107). Al igual que los otros países latinoamericanos, desde septiembre de 1939 Colombia había expresado de manera solidaria su decisión de adherirse a la política aislacionista proclamada por su aliado, Estados Unidos. A través de sendos acuerdos diplomáticos suscritos en Panamá y La Habana en 1939 y 1940 respectivamente, los estadounidenses hicieron un llamado a las repúblicas americanas para que se vincularan a su lucha por la causa común de la seguridad hemisférica y en contra de las amenazas del Eje en el marco de una guerra que se avizoraba ahora de carácter mundial (Mesa, 2015: 314-317). A comienzos de 1941, emergieron algunos factores que precipitaron una posición más radical: el asedio de los nazi sobre Inglaterra, las alianzas militares de Japón con Alemania e Italia y el inminente involucramiento de los Estados Unidos en la guerra. El ataque sorpresivo perpetrado el 7 de diciembre de este año por los japoneses contra la Flota del Pacífico ubicada en Pearl Harbor provocó el involucramiento de los norteamericanos en la guerra. De este modo, Colombia formalizó su participación en el grupo de los Aliados, constituido por Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética en contra de la Alemania nazi, el Japón imperial y la Italia fascista. El nivel de tensión aumentó en el país luego de tres ataques de submarinos alemanes a embarcaciones nacionales en las aguas del Caribe, lo cual llevó al presidente de la República, Alfonso López Pumarejo, a declarar el 27 de noviembre de 1943 el estado de beligerancia contra aquel país europeo agresor (Arciniegas, 1989: 365).

Fue así como en esta guerra las mayores prevenciones del gobierno colombiano giraron en torno a Alemania, nación que había radicalizado su ideología totalitaria y que además ya había sido objeto de censuras y restricciones durante la Primera Guerra Mundial. Después de la derrota sufrida en este conflicto bélico de comienzos de siglo, los alemanes se dedicaron a recuperarse económica y políticamente para lo cual buscaron afianzar sus relaciones diplomáticas y comerciales con los países latinoamericanos. Sin embargo, en 1938 Colombia admitió una solicitud de asilo de 800 judíos fugitivos del nacismo y, tras la ruptura de relaciones con Alemania en 1941, los empresarios germanos fueron repudiados por causa de una “lista negra” publicada por Estados Unidos, mientras que los ciudadanos alemanes sospechosos residentes en el país fueron internados en un campo de concentración (Schulze, 1995: 273).

El impacto de esta confrontación externa de inmensas proporciones se sintió de una manera mucho más profunda en Latinoamérica y sobrevinieron nuevas restricciones y censuras, así como también urgentes medidas económicas para sostener los servicios de comunicaciones a escala nacional. Colombia no escapó a la situación generalizada de estancamiento económico aunque, tras el retorno de la paz, el proceso de recuperación fue más rápido y sostenido que en el resto de los países de la región (Bejarano, 1989: 116).

En las últimas tres décadas, el sector de las comunicaciones había experimentado en el país una expansión marcada por el auge del sistema de telefonía y radiodifusión. Desde julio de 1923 este ramo había adquirido el rango de Ministerio de Correos y Telégrafos, lo que implicó una estructura burocrática y administrativa más robusta, acompañada de un mayor manejo presupuestal.

En cuanto al sistema postal, las dificultades del transporte marítimo por causa de la guerra produjeron una escasez de llantas y repuestos, situación que perjudicó notablemente la rapidez del transporte terrestre de correo interno en Colombia. Para evitar la parálisis del flujo postal a través de vehículos de tracción mecánica, hubo necesidad de reformar los itinerarios, ampliándolos a fin de que las llantas se conservaran por medio de una circulación lenta. Debido a este impasse, durante esta convulsionada época no era posible alcanzar la misma velocidad acostumbrada en los recorridos que se hacían cuando en el planeta se respiraba un ambiente de paz. Adicionalmente, la Dirección de Correos del Ministerio de Correos y Telégrafos debió apoyar y facilitar la labor de contratistas y transportadores para conjurar esa anómala situación, lo cual implicó pedir ayuda a los gobernadores de los departamentos, a la Superintendencia Nacional de Importaciones y a la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas. De todos modos, se advirtió que por estos motivos de fuerza mayor el servicio postal seguiría inevitablemente desmejorándose mientras prevaleciera el estado de guerra (Gómez, 1944: 114).

Las comunicaciones aeropostales, que alcanzaron altos índices de rapidez y eficiencia en sus primeros años de operaciones,[8] sufrieron en tiempos de guerra externa un evidente desmejoramiento, en especial en lo referente a los países de Europa y Asia. En cuanto a los correos del exterior vía terrestre y marítima, se registraron bastantes retrasos y algunas pérdidas debido a la gran cantidad de transbordos y al incumplimiento de los itinerarios fijados, lo que entorpeció enormemente las conexiones establecidas con varios países (Díaz, 1943: 11). No pocos fueron los traumatismos en el recibo de correspondencia. Así pues, los correos destinados a la costa Caribe no entraban por los puertos ubicados en esta franja costera del norte, sino por el puerto de Buenaventura, localizado en la costa Pacífica. 

En 1940, tras la supresión de varias líneas de vapores por causa de la guerra, el Ministerio de Correos y Telégrafos se vio imposibilitado para despachar encomiendas a Europa, con excepción de tres países: Inglaterra, España (con escala previa en Estados Unidos) y Alemania (por la vía Japón-Siberia). Las encomiendas para el resto de las naciones europeas afectadas por el conflicto bélico solo se aceptaban cuando los remitentes eran conscientes de que sus paquetes permanecerían en oficinas de correos hasta que fuera reanudado el servicio postal y en ningún caso el Ministerio asumía responsabilidad por estos retrasos (“Encomiendas para Europa”, agosto de 1940, Revista Postal y Telegráfica 124: 61-62). El 23 de agosto de este año, el Director del Departamento de Correos, Roberto Arciniegas, envió una circular a los jefes de oficinas postales en la cual lamentaba las demoras de seis meses y hasta un año en los envíos de encomiendas. Asimismo, se hizo un llamado para que en adelante se tratara en lo posible de reducir este tiempo a por lo menos 30 o 60 días (“Circular a los jefes de oficinas postales”, abril de 1941, Revista Postal y Telegráfica 132: 15).

En enero de 1942 solo podía aceptarse correspondencia dirigida a Inglaterra y sus colonias, Irlanda, Gibraltar, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía y Rusia, debido a la suspensión de las “vías de encaminamiento” (“Correspondencia para Europa”, enero de 1942, Revista Postal y Telegráfica 141: 23). Para el año siguiente, solo se mantenía el canje de encomiendas con algunos países europeos: España, Portugal, Suecia, Irlanda, Gran Bretaña, Suiza y la zona no ocupada de Francia. Los barcos directos que prestaban el servicio entre Colombia y Francia fueron suprimidos temporalmente y, debido a ello, las encomiendas dirigidas a este país europeo fueron despachadas por intermedio de la oficina en Nueva York, para lo cual se formalizó un convenio administrativo con Estados Unidos (Buenahora, 1942: 161). Lo cierto es que la demora y la pérdida de despachos postales enviados a otros países provocaron un creciente número de notas de reclamaciones, investigaciones e indemnizaciones.

La notable reducción de la correspondencia desde y hacia el exterior dio como resultado que el Ministerio suprimiera personal en casi todas las oficinas del país. No obstante, para el año de 1945, una vez superado el conflicto bélico, el panorama era completamente distinto, por cuanto empezaron a llegar de afuera ingentes cargamentos de correos represados sin que pudiera dársele oportunamente salida por cuenta de la carencia de personal. En algunas ciudades importantes como Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, los escollos fueron enormes: llegaban 1.500 o 2.000 sacos repletos de correo, cuya clasificación, distribución y entrega se desarrollaba de manera lenta, en detrimento de los destinatarios particulares y de los comerciantes nacionales. El ministro de aquel entonces, Luis Guillermo Echeverri, se vio precisado a tramitar ante el Congreso de la República la aprobación de un crédito adicional para restablecer las plazas suprimidas (Echeverri, 1945: 74). Igualmente, con miras a restaurar los niveles de eficiencia del servicio, se planteó la necesidad de que las principales ciudades, como Bogotá, Medellín y Cali, enviaran directamente el correo al exterior, sin que pasara por los habituales puertos marítimos de salida.

Para mediados de 1946, el servicio de intercambio de correspondencia entre Colombia y los países europeos mostraba algunos signos claros de normalización, en virtud de la paz mundial reinante tras el triunfo alcanzado por los Aliados. Para entonces, surgieron tropiezos con el transporte de correo que llegaba por el puerto de Barranquilla. Esto hizo que el Ministerio adelantara gestiones con el Administrador de los Ferrocarriles Nacionales, a fin de conseguir la construcción en ese puerto de una bodega destinada exclusivamente al recibo y clasificación de correos procedentes del extranjero y, asimismo, para organizar el envío de estos al interior del país por vía férrea. Para este efecto, se propuso ubicar mensajeros especiales para que entregaran y recibieran la correspondencia represada en los terminales de Buenaventura y Bogotá (García, 1946: 17).

Para 1947 se lograron algunos avances en cuanto a la contratación adicional de empleados que atendieran el proceso de reactivación del servicio postal hacia el exterior. En la práctica, la reconexión con cada país europeo dependió de la conjugación de una serie de factores logísticos y de la dinámica geopolítica de la postguerra.

El servicio de encomiendas con Alemania se suspendió el 27 de septiembre de 1940 y se reanudó el 22 de marzo de 1946, gracias a un acuerdo suscrito con las administraciones de Estados Unidos y Alemania, mientras que el servicio de correspondencia, interrumpido desde el 31 de diciembre de 1941, no fue restablecido sino hasta el 25 de mayo de 1946. El 30 de diciembre de 1940 fueron suspendidos los envíos postales a la zona de Francia ocupada por los alemanes y en enero de 1943 la suspensión se hizo extensiva a todo el territorio de esta nación. Para diciembre del año siguiente, se reanudó el servicio exclusivamente para tarjetas postales no ilustradas, mientras que el 1º de enero de 1946 fue reactivado el flujo de encomiendas. Tardía fue la reanudación del movimiento de correspondencia ordinaria y certificada con Alemania, pues solo fue posible al principiar el año 1947; el servicio se prestaba a través de Estados Unidos y era limitado solo a tarjetas postales no ilustradas. De conformidad con un convenio suscrito con las potencias aliadas, los despachos debían efectuarse en sacos cerrados y rotulados directamente a las cuatro zonas de ocupación, ampliándose el servicio para las cartas e impresos ordinarios, siempre y cuando no fueran de índole subversivo o pro-nazista.[9]    

En cuanto a Suiza, el 22 de junio de 1943 fueron bloqueados los servicios postales debido a que las agencias norteamericanas del ramo, que fungían de intermediarias, informaron que no cumplirían más esa función porque los países limítrofes estaban ocupados por las naciones del Eje. Ante este impasse, hubo necesidad de adelantar gestiones con las administraciones postales de España y Venezuela, con cuya intermediación fue factible recomponer el servicio el 1º de enero de 1944, aunque restringido únicamente a la correspondencia. Un acuerdo posterior con las administraciones de Estados Unidos y Francia propició la normalización del servicio de correos en todas sus categorías el 8 de marzo de 1946.

Con España en ningún momento se obstruyeron los servicios postales, aunque sí fueron modificados los itinerarios. Hasta mediados de junio de 1946, los despachos se hacían por la vía de Venezuela pero, al verse truncado el transporte a vapor desde este país, las autoridades del ramo en Colombia acudieron a la intermediación del sistema de correos norteamericano y también se aprovecharon los servicios de los vapores de la naviera Aznar en la ruta que conectaba al puerto de Barranquilla, en la costa Caribe, con el puerto de Bilbao, ubicado en golfo de Vizcaya (Dávila, 1947: 8-9). 

A mediados de 1946 fue reanudada la comunicación postal con las siguientes naciones: Albania, Austria, Bélgica, Besarabia, Bulgaria, Checoslovaquia, China, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Córcega, Grecia, Hungría, Holanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Rusia, Rumania, Suecia, Ciudad del Vaticano y Yugoslavia. El envío de piezas postales al Japón, paralizado años atrás debido a la fuerte confrontación con Estados Unidos, no fue restituido hasta el 15 de noviembre de 1947 bajo un convenio previo sostenido con el Servicio Postal Norteamericano, aunque las remisiones de correspondencia aún estaban circunscritas a asuntos familiares y comerciales. Para ambos países fue habilitado el servicio de encomiendas de socorro o paquete regalo (Dávila, 1947: 19-20). Como un indicativo del nivel de reactivación tras el fin de la guerra, el siguiente cuadro sintetiza el flujo postal al exterior durante el año de 1946:

Cuadro 1. Movimiento de correos despachados y recibidos desde el exterior hacia Colombia, 1946

 

 

Fuente: Dávila (1947: 11-12).

 

Las cifras aquí descritas indican que el restablecimiento del servicio tenía mejores garantías en el caso del recibo de piezas del exterior, pero las complicaciones experimentadas fueron mayores al momento de realizar operaciones para los despachos postales hacia el exterior del territorio nacional.

En la cuarta década del siglo XX, los colombianos fueron muy susceptibles al contexto externo y eso quedó constatado con ocasión de la Segunda Guerra Mundial, cuya confrontación en la esfera de lo político ejerció cierta influencia en la dinámica de la política interna. El constante flujo de noticias de prensa y de radio se convirtió a su vez en un campo de batalla ideológico en el debate doméstico. La influencia de los fascismos europeos permeó la política colombiana y atizó aún más las beligerancias que venían observándose desde décadas atrás entre los dos principales partidos políticos: el liberalismo y el conservatismo (Guerrero, 2014: 327, 477). Así entonces, por estos años fue evidente la orientación pro-fascista de las facciones conservadoras que estaban en oposición a los gobiernos liberales de los presidentes Eduardo Santos y Alfonso López Pumarejo (Morales, 2009: 47).

Las repercusiones de la guerra en el sistema telegráfico e inalámbrico fueron de grandes dimensiones. Con motivo del ataque japonés a la base naval norteamericana de Pearl Harbor, se dio inicio a una serie de restricciones en los servicios de telecomunicaciones. Al agudizarse los niveles de tensión externa mundial, fue evidente la intención del gobierno nacional de mantener una estricta vigilancia en el sistema telegráfico, a fin de neutralizar cualquier mensaje sospechoso o atentatorio contra los intereses de los Aliados. Mediante circulares cursadas en 1941 por el Ministerio a los inspectores de telégrafos de la República, se les encareció que, en vista de la grave situación internacional por causa de la guerra, era indispensable que pusieran todo su empeño en sostener la buena comunicación en las líneas troncales de cada región. Asimismo, se indicó a los telegrafistas la obligación perentoria de mantener informada a la Jefatura de la Central de Telégrafos sobre cualquier acontecimiento que ocurriera en el lugar de su residencia relacionado con asuntos internacionales, de política interna o de cualquier otro orden que pudiera perturbar la tranquilidad pública (Buenahora, 1942: LI). 

En esa misma línea y en aras de “salvaguardar la independencia y los altos intereses de la nación y de concurrir […] a la defensa del Continente”, se decidió también en ese año que solo podía hacerse uso del castellano, y con lenguaje claro, para la correspondencia telegráfica, radiotelegráfica y cablegráfica dentro del país, quedando solo bajo la potestad del Ministerio de Correos y Telégrafos la facultad para permitir a determinadas personas la utilización de otros idiomas, códigos comerciales o claves privadas, siempre y cuando se cumplieran unos requisitos de rigor (Decretos Nº 2102 y Nº 2126 de 10 y 12 de diciembre de 1941).

En las comunicaciones telegráficas con el exterior solo se admitían los mensajes redactados en castellano, inglés, francés y portugués. De igual manera, en el servicio telefónico intermunicipal o de larga distancia únicamente estaban autorizadas las conversaciones en castellano, a menos que se obtuviera licencia previa del Ministerio para emplear otro idioma (Buenahora, 1942: XXXV; “Restricciones a uso del telégrafo”, diciembre de 1941, Revista Postal y Telegráfica 140: 226-227).

A través de la Revista Postal y Telegráfica, órgano oficial del sector de comunicaciones, se informó sobre las restricciones que imperaban en Europa durante estos agitados años dentro del marco de las beligerancias y retaliaciones políticas y diplomáticas. Así por ejemplo, Italia informó que no admitía lengua rusa en los mensajes radiotelegráficos destinados a ese país, en tanto que el gobierno de Rusia adoptó la misma medida con sus adversarios italianos. Por otro lado, Japón anunció restricciones para los mensajes destinados a la región de Manchuria,[10] advirtiendo que podían ser objeto de demoras e incluso censuras (“Aviso de administraciones extranjeras”, septiembre de 1941, Revista Postal y Telegráfica 137: 95).

Los controles de las comunicaciones inalámbricas se extendieron al área marítima. En enero de 1942 fue expedido un decreto oficial mediante el cual se estipuló que los avisos telegráficos —que en épocas normales comunicaban los capitanes de naves mercantes a sus agentes en los puertos de escala— sobre fechas de salida o llegada de embarcaciones y cupos disponibles debían transmitirse ahora por conducto de los Administradores de Aduana o capitanes de puerto, sujetándose a ciertos parámetros. El aviso telegráfico debía transmitirse invariablemente en la clave convenida anticipadamente por estos funcionarios.

Por otra parte, también se fijaron restricciones en los servicios internacionales de radiocomunicaciones con barcos en alta mar. A fin de contrarrestar la labor subrepticia de agentes de países “enemigos”, se decidió prohibir el funcionamiento de cualquier estación de radio, fuera de radiotelegrafía o de radioteléfono, a bordo de barcos extranjeros mientras navegaran en aguas territoriales colombianas, a menos que fuera por motivos de estricta emergencia. Todos los aparatos radiotransmisores de las embarcaciones nacionales y extranjeras serían sellados durante el tiempo que permanecieran en puertos marítimos colombianos y ríos limítrofes. Solo quedaban exceptuados de estas obligaciones las fuerzas navales colombianas y los buques extranjeros que obtuvieran permiso especial otorgado por el Ministerio de Guerra (Buenahora, 1942: XXI; “Movimiento de buques”, marzo-abril de 1942, Revista Postal y Telegráfica 143/4: 120-121).

Vale precisar además que el programa de ampliación de la infraestructura del servicio telegráfico a nivel interno[11] también se vio menoscabado por los embates de esta guerra externa, pues se sintieron los efectos de la suspensión de la importación de alambres y otros materiales metálicos provenientes de Europa. Asimismo, el alza estrepitosa de los precios de estos elementos era más que evidente: una porción de alambre de cobre que antes de la guerra costaba $350, ahora se conseguía en $850. El otro factor que desbordó los gastos del servicio telegráfico fue la dificultad para obtener materias primas que no se producían en el país, como era el caso del material eléctrico destinado al servicio de baterías en las oficinas telegráficas, tales como las pilas secas, de las cuales se disponía de muy poca cantidad. Por estas circunstancias de orden externo, el ministro de Correos y Telégrafos Luis Buenahora hizo un llamado a los funcionarios del ramo a economizar los recursos y los escasos materiales disponibles (Buenahora, 1942: XI, XXIV).

Las trabas interpuestas por el conflicto mundial en las dinámicas del comercio internacional también se vieron reflejadas en las demoras en la reposición de equipos. En un informe rendido en 1943 por José Arteaga Landínez, Director del Departamento de Telégrafos y Teléfonos, se denunció la falta de dotación de herramientas para los guardas encargados de la vigilancia y el sostenimiento de los trayectos. Otro tanto sucedía con los equipos telegráficos, muchos de ellos en pésimo estado por su tiempo de servicio y ya recargados de tantas refacciones debido a la escasez de repuestos para estos aparatos. Se planteó la urgencia que tenía el Ministerio de importar un mínimo de 10 aparatos extrarrápidos Creed y unas 20 máquinas Teleprinter.[12] Los primeros, incluyendo perforadora y traductora, tenían un costo aproximado de $3.600 por unidad, mientras que los segundos se conseguían en el mercado al precio de $1.580 cada máquina (Díaz, 1943: 205-211). 

Por todo este cúmulo de dificultades y ante la disminución de la capacidad de servicio, el Ministerio se vio abocado a reducir los horarios de atención al público, con lo cual se buscaba además aliviar en alguna medida el trabajo agobiador de los empleados del ramo telegráfico, que en innumerables casos tenían que cumplir con agotadoras jornadas de 16, 18 y hasta 20 horas diarias. Mediante la resolución Nº 1.296 del 13 de abril de 1943 se dispuso que las oficinas de un solo empleado abrirían sus puertas los días ordinarios de 7 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. y los feriados de 9 a. m. a 12 m. Entre tanto, las oficinas de más de un empleado operarían los días ordinarios de 7 a. m. a 10 p. m. y los días feriados únicamente de 9 a. m. a 12 m (Gómez, 1944: XVI).

Pese a las vicisitudes de la guerra y al estancamiento comercial externo, entre 1941 y 1943 se registró un aumento considerable de las comunicaciones radiotelegráficas e incluso de los giros. En contraste, tal como se muestra en el siguiente cuadro, el movimiento de correo despachado al exterior sí sufrió durante estos años una marcada desaceleración por las razones ya mencionadas.

Cuadro 2. Cifras indicativas del movimiento postal y telegráfico hacia el exterior durante la Segunda Guerra Mundial, 1941-1943

 

* Incluye cartas porteadas, correspondencia oficial, tarjetas postales, periódicos, impresos, papeles de negocio, recomendados, muestras y paquetes pequeños.

Fuente: Gómez (1944: 5-6).

El servicio de radiodifusión en Colombia, que había tenido sus inicios en la década de 1920, ya había mostrado sus potencialidades como instrumento político de reivindicación del sentimiento nacionalista en el contexto de la guerra territorial entre Colombia y el Perú ocurrida entre 1932 y 1933. Ahora, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, este sistema de comunicación en expansión fue objeto de varias medidas de censura oficial.

Bajo el ambiente de tensión política mundial causado por los afanes expansionistas de la ideología fascista y nazi, en los albores de la Segunda Guerra Mundial el gobierno del presidente Eduardo Santos, a través de su ministro de Gobierno Carlos Lozano y Lozano, expidió el decreto Nº 1.771 del 5 de septiembre de 1939 por medio del cual le recordó a los servicios de radiodifusión que, mientras durara este conflicto, debían guardar “la más cuidadosa neutralidad” en sus programas y transmisiones, percatándose de que las normas estuviesen dentro del respeto a los gobiernos y pueblos europeos comprometidos en la guerra. De igual manera, todas las comunicaciones de estaciones de radioaficionados y de estaciones experimentales debían utilizar el castellano, limitándose estrictamente a observaciones de carácter técnico y sin posibilidad de transmitir noticias políticas. Quedaban prohibidos en los servicios de telegrafía y de radio los despachos en claves privadas. Toda estación clandestina sería clausurada por la policía y multada con $500, en tanto que las estaciones legales que violaran la norma recibirían igual multa pecuniaria y serían suspendidas por orden del Ministerio de Correos y Telégrafos (Diario Oficial, Nº. 24167: 775).

Al cabo de dos años, en momentos en que se registraban en el país más de 40 estaciones de radio, el presidente Eduardo Santos facultó al Ministerio de Gobierno para dictar el decreto Nº 437 del 5 de marzo de 1941, mediante el cual se sancionaba a las emisoras cuyos programas atentaran contra la seguridad del país y las alianzas estratégicas internacionales (Diario Oficial, Nº 24610: 879). Por estos meses, varios radioperiódicos como El Mundo en Marcha —que era el más destacado en la ciudad de Medellín— informaban sobre los avatares de la guerra y en particular sobre la decisión del presidente Eduardo Santos de romper relaciones con Alemania (Múnera, 1992: 34).

Asimismo, dentro del marco de la política de seguridad pública, a través de la ley Nº 128 promulgada ese mismo año, fueron implantadas nuevas restricciones en el servicio de radiodifusión,[13] una de las cuales consistía en impedir a las estaciones informar sobre cuestiones militares de cualquier índole, sobre decisiones del gobierno nacional en cuanto a temas de política internacional o sobre asuntos concernientes a la seguridad nacional. Tampoco podían circular noticias distintas a las que figuraban en los boletines oficiales publicados. Quedó proscrita toda transmisión alusiva al tránsito marítimo o aéreo y a la llegada o partida de buques de guerra o de aviones militares nacionales o foráneos.

Sin licencia normativa del Ministerio, a los extranjeros les era negada la posibilidad de intervenir en las labores técnicas, administrativas o de locución de las estaciones. La veda se extendió a la retransmisión de señales de estaciones extranjeras sin permiso del respectivo gobernador departamental y solo el Ministerio quedaba facultado para autorizar la retransmisión de programas radiales originados en otros países. Además, era obligación depositar diariamente en el Ministerio o en las oficinas de la primera autoridad política del lugar, antes de las diez de la mañana, los legajos de los originales transmitidos o radiodifundidos el día anterior. No podían publicarse mensajes en claves secretas y, si se tenía intención de vender alguna estación, era indispensable el previo aval de la cartera de comunicaciones.

Por otra parte, nuevas medidas preventivas fueron adoptadas con relación a las transmisiones por radio en aguas territoriales, al tiempo que quedó suspendida temporalmente la expedición de licencias personales para radioaficionados y para el establecimiento o funcionamiento de estaciones. Igualmente, se ordenó la clausura de todas las estaciones experimentales o de aficionados, debiendo sus dueños o administradores depositar en el Ministerio todos los elementos que componían dichas estaciones (Buenahora, 1942: XXI).

El complejo juego de la guerra externa y la imperiosa necesidad de asegurar la adhesión política tuvieron repercusión en el territorio americano y Colombia no fue la excepción. En este contexto, fue notoria la influencia ejercida por Estados Unidos en Colombia a través de las noticias elaboradas por la Oficina de Asuntos Interamericanos y la Embajada Americana con el ánimo de ser propagadas a través de las principales estaciones radiales del país (Pareja, 1984: 50). Además, hacia el año de 1941, la cadena CBS intentó crear una cadena radial latinoamericana para promover la imagen de Estados Unidos y de los Aliados a través de noticias e informaciones sobre la guerra, con el fin de neutralizar los grupos adeptos al fascismo. En Colombia, algunas emisoras como La Nueva Granada y La Voz de Antioquia retransmitieron programas producidos en Estados Unidos por la NBS y CBS (Pareja, 1984: 49-52).

El radioperiódico El Mensaje, transmitido a través de la emisora Ecos de la Montaña que funcionaba en Medellín, y la emisora Nueva Granada se enlazaron con el boletín Big-Ben de la cadena inglesa BBC a las seis de la tarde hora colombiana. Durante este tiempo de guerra fue evidente que las transmisiones de noticias radiales despertaron sumo interés en la ciudadanía, pues la gente se reunía en los hogares o se agolpaba en tiendas y calles para escuchar las últimas incidencias del conflicto externo (Pardo, 2020: 59-60).

Con el transcurso de la guerra y el incremento de las beligerancias políticas, la censura oficial empezó a acentuarse cada vez más, principalmente en contra de la información a favor de la ideología nacista y fascista. Si bien a través de la emisora La Voz de la Patria de la ciudad de Barranquilla alcanzaron a emitirse algunos discursos del líder alemán Adolf Hitler, para finales de 1939 era cada vez más difícil escuchar este tipo de programas o contenidos en emisoras locales (Bosemberg, 2006: 39). 

A fin de cuentas, fue la guerra misma y el avance tecnológico de la electrónica, el radar y la frecuencia modulada los que posibilitaron que hacia el año de 1945 surgiera la primera cadena radial en Colombia. El impacto de la guerra en materia comercial, que implicó el cierre de algunos mercados, obligó a la industria de la radiodifusión a estimular el consumo nacional y a promover nuevos géneros de programas que apartaran a los oyentes de las problemáticas sociales y políticas (Pareja, 1984: 54).

 

Conclusiones generales

En este trabajo de investigación quedó en evidencia la fragilidad de los servicios postales, telegráficos e inalámbricos durante las guerras mundiales. A pesar de que Colombia no fue un país que participó directamente en los campos de batalla, de todos modos pudieron percibirse los efectos colaterales de la guerra en diversos aspectos. La confrontación bélica y sus consecuencias en la recesión económica y en la afectación del comercio mundial repercutieron a nivel nacional, constatándose como nunca antes la importancia de los medios de comunicación en tanto facilitadores de las relaciones comerciales y de la dinámica de la economía mundial.

En lo que concierne al sistema de correos, la principal afectación fue sin duda la interrupción o colapso de las rutas habituales de comunicación y el represamiento de las piezas postales. En tanto en el ramo de la telegrafía, el principal problema experimentado fue la parálisis de los planes de expansión en materia de infraestructura, además del rezago tecnológico.

En el marco de estos dos conflictos externos de grandes dimensiones aumentaron de manera ostensible las restricciones en los mensajes y las censuras aplicadas en desarrollo de las posturas asumidas por el gobierno nacional: de neutralidad en la Primera Guerra Mundial y de adhesión al grupo de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial. La confrontación política e ideológica sucedida durante estos tiempos de guerra incidió de manera notoria en la dinámica de la política interna, especialmente durante el desarrollo del último conflicto bélico a raíz de la radicalización de ideología totalitaria de Alemania.   

El servicio de radiodifusión demostró sus alcances durante la Segunda Guerra Mundial, consolidándose como mecanismo de propagación de los intereses de la causa de los Aliados, aunque también se aplicó sobre este medio la censura y la coartación de la libre expresión.

Pocos años después de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, el país se vería afectado una vez más de manera directa por la crudeza del conflicto militar interno, a través de la denominada época de la Violencia que exacerbó la confrontación extrema bipartidista y abrió paso a uno de los pasajes más aciagos de vida republicana, fase durante la cual los medios de comunicación también sufrieron varios embates.[14] En el ámbito externo, al tiempo que las comunicaciones experimentaban adelantos vertiginosos, se debieron enfrentar nuevos retos por cuenta de dos guerras mucho más localizadas, las de Vietnam y Corea, además del trasfondo de la guerra fría que implicaría políticas gubernamentales más acentuadas en materia de censura ante la amenaza del comunismo.

 

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Sobre el autor

Roger Pita Pico es Magíster en Estudios Políticos y Especialista en Política Social por la Pontificia Universidad Javeriana y Politólogo con Opción en Historia por La Universidad de los Andes. Es Miembro de Número de la Academia Colombiana de Historia y Miembro Correspondiente de la Real Academia de la Historia de España. Ha publicado varios libros y artículos en revistas nacionales e internacionales sobre sus principales ejes de investigación: esclavitud, mestizaje, historia social y vida cotidiana en el periodo colonial y en la Independencia y guerras en los siglos XIX y XX. Actualmente se desempeña como Secretario Académico de la Academia Colombiana de Historia.

 https://orcid.org/0000-0001-9937-0228

About the author

Roger Pita Pico holds a Master’s degree in Political Studies and a Specialist in Social Policy from the Pontificia Universidad Javeriana and is a Political Scientist with an Option in History from the Universidad de los Andes. He is a Full Member of the Colombian Academy of History and a Corresponding Member of the Royal Academy of History of Spain. He has published several books and articles in national and international journals on his main areas of research: slavery, miscegenation, social history and daily life in the colonial period and Independence, and wars in the nineteenth and twentieth centuries. He currently serves as Academic Secretary of the Colombian Academy of History.