Pruebas de reconocimiento. Estrategias, solidaridad y competencia entre las víctimas de la Gran Guerra (1914-1930)1
Tesis de Doctorado en Historia, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 20232
Emmanuelle Reimbold
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Francia
Emmanuelle.Reimbold@etu.univ-paris1.fr
Esta tesis se centra en la construcción de una jerarquía no oficial de categorías de víctimas de guerra durante la Primera Guerra Mundial y en la década de 1920. Mientras que algunas categorías conservaron su notoriedad, como los mutilados, o ganaron reconocimiento, como los excombatientes, otras fueron marginadas, especialmente los combatientes “indígenas”. Esta jerarquización resulta de decisiones que evolucionaron entre 1914 y 1930. El objetivo de esta investigación es identificar las razones de estas clasificaciones, los procesos en juego y los protagonistas de esta política conmemorativa selectiva, identificables en discursos públicos o reivindicativos. Los textos legislativos, publicados en el Journal Officiel, gradualmente construyeron los derechos de cada categoría de víctimas durante y después de la guerra, atestiguando así su estatus, pero también precisan las distinciones entre categorías según los intereses del Estado. Frente a estas disposiciones oficiales, las víctimas de guerra desarrollan un discurso reivindicativo, especialmente en el Journal des Mutilés et Réformés y en La Voix du Combattant, dos periódicos nacionales sostenidos por dos categorías de víctimas de guerra. Además de sus objetivos respectivos, estos dos semanarios pueden defender a otras categorías de víctimas y hacerlas visibles, o no. Su lectura documenta a la vez las formas de reivindicación y justificación desarrolladas por las víctimas, la construcción de su discurso y el papel de cada uno en esta construcción. Las declaraciones de asociaciones de víctimas de guerra creadas en el departamento de Bouches-du-Rhône permiten verificar la coherencia de esta lectura nacional a nivel local. Este departamento, muy alejado del frente, participa en la guerra más allá de la movilización puesto que civiles de las regiones ocupadas se refugian allí, y las tropas coloniales y aliadas llegan al puerto de Marsella, desde donde también parten los barcos hacia el frente oriental. Estas asociaciones están presididas, en su gran mayoría, por excombatientes o beneficiarios de pensiones de guerra. Algunas acogen a varias categorías de víctimas, lo que permite ver quién se convierte en defensor, en beneficio de qué otros y de qué manera lo hacen saber. Por último, novelas, películas y una obra de teatro permiten cuestionar el lugar de cada categoría de víctimas en la producción artística. Estas obras traducen de hecho la visibilidad de las categorías de víctimas, participan en su representación social y permiten — o no — identificar en ellas la transposición de la jerarquía en construcción.
La lectura diacrónica de la legislación en favor de las víctimas pone de manifiesto una construcción marcada por varios puntos de inflexión. En primer lugar, el Estado debe apoyar a la nación en guerra y hacer soportables la ausencia, el sufrimiento y la muerte. Todas las categorías son atendidas, según un ritmo impuesto por la guerra y su evolución, y reciben ayuda material y distinciones, a excepción de los prisioneros al margen de esta política. Este ciclo legislativo de tiempo de guerra concluye en 1919 con la asignación de la debida reparación y la designación de héroes para celebrar la victoria. Durante la década de 1920, la evolución de los textos confirma la preeminencia de ciertas categorías en detrimento de otras y la existencia de elecciones destinadas a alimentar el discurso glorioso de la victoria. Finalmente, en 1930, se establece la construcción jerárquica dominada por los muertos, que constituyen la piedra angular del edificio conmemorativo. Los excombatientes y los heridos y mutilados simbolizan a la Francia victoriosa. Las viudas y los huérfanos ocupan los siguientes lugares, mientras que los ancestros son mucho menos visibles. Los prisioneros y las víctimas civiles de las regiones invadidas vienen después, a pesar de su enfrentamiento real con la guerra. Las demás categorías son casi invisibles porque no alimentan el discurso de una victoria del ejército en el frente occidental, entre ellas los alienados, el personal médico o incluso los civiles muertos lejos de ese frente. Por el contrario, el olvido de los combatientes “indígenas” y de sus derechohabientes no se debe a su posición en el frente, sino a una lectura social y racial que los sitúa en una posición inferior. A cambio de estas reparaciones, los beneficiarios deben adoptar un comportamiento irreprochable. Los pensionados, las viudas y los huérfanos que solicitan empleo están sujetos a investigaciones de moralidad. Asimismo, las víctimas pueden ser excluidas de las asociaciones en caso de condena infamante o perjuicio causado a la asociación.
Sin embargo, estas elecciones solo se vuelven realmente visibles a través de una lectura transversal de las disposiciones a favor de unos y de otros. La evolución en el tiempo y los cambios en el discurso respecto de ciertas categorías resultan de un diálogo entre el Estado, que busca definir una memoria de la guerra, y las víctimas, que quieren defender su lugar en ella. De hecho, las víctimas adoptan estas disposiciones legislativas, las difunden y las hacen efectivas. A través de estos textos, se identifican, se piensan y se afirman como víctimas. Pero también quieren participar en esta construcción legislativa para obtener mejores reparaciones, un mejor reconocimiento de su sufrimiento o incluso de su estatus como víctimas de guerra. Por lo tanto, denuncian la brecha entre sus expectativas y las reparaciones obtenidas.
Los portavoces, principalmente de los heridos y mutilados o de los excombatientes, construyen las demandas y trabajan para desingularizar su causa y darles a estas solicitudes un carácter más general, más audible a nivel nacional, y así ampliar el número de sus partidarios. También eligen las otras categorías que están dispuestos a defender si refuerzan su discurso y descartan aquellas que perjudicarían su argumento. Para sortear estas elecciones y mejorar su visibilidad, algunas categorías también se erigen como portavoces de manera más modesta. Por ejemplo, los prisioneros defienden a los civiles y a las viudas de los prisioneros muertos en Alemania. Estas posturas aseguran tanto la visibilidad de aquellos que son defendidos como de quienes toman la palabra y también les permiten a estos últimos afirmar su superioridad jerárquica. Por último, las categorías de víctimas que no logran captar la atención de los portavoces a veces eligen resingularizarse para destacarse, por ejemplo, creando asociaciones específicas, como hacen los ciegos o los tuberculosos. Otras se vuelven invisibles en los periódicos, como los combatientes “indígenas” o los voluntarios extranjeros.
Esta doble intervención del legislador y de los portavoces también induce situaciones de competencia. Las leyes de reparación o reconocimiento crean una demanda social respaldada por la competencia y despiertan la envidia de quienes que no se benefician de ellas u obtienen una respuesta insatisfactoria.3 La creación y atribución de medallas es característica de estas tensiones, ya que responde a una demanda de reconocimiento, induce una distinción entre las víctimas y subraya la evolución de las elecciones del legislador. Mientras que los rehenes civiles de las regiones ocupadas pueden obtener la medalla de reconocimiento en 1920, los antiguos prisioneros de guerra deben esperar hasta 1926. Pero también hay una colusión de intereses entre el Estado y los beneficiarios de estas reparaciones. Estos últimos ven fortalecido su estatus, justifican la visibilidad que les otorga el Estado y se sienten en deuda con él. Por su parte, el Estado mejora su propia imagen alimentando la memoria colectiva con categorías de víctimas visibles y ajustando su juicio en función de las relaciones que se establecen con los portavoces.
Este trabajo pone de manifiesto las múltiples iniciativas de las víctimas: ser escuchadas, tomar la defensa de otros, confiar la suya a otra categoría de víctimas. Es una inmensa tela que se teje progresivamente y en la que los desafíos de reconocimiento imponen la implementación de estrategias sociales.
La lectura comparativa de los derechos de las víctimas también pone de manifiesto un uso variable de la experiencia en el frente. La presencia militar y victoriosa en el frente constituye la referencia del honor. Por eso, las víctimas civiles se benefician de disposiciones distintas y desfasadas en el tiempo.4 Las leyes de reparación de 1919 consagran esta distinción, ya que los derechos de los civiles y los de los combatientes y sus derechohabientes están definidos en dos leyes distintas con disposiciones diferentes. La ley del 24 de junio de 1919, relativa a los derechos de los civiles, por ejemplo, excluye enfermedades que, sin embargo, dan derecho a reparación en el caso de los combatientes. Las dos experiencias en el frente se enfrentan. Una constituye un elemento fundamental del discurso victorioso, mientras que la otra no encuentra su lugar en él.
Pero esta lectura del frente difiere a nivel internacional. Durante las negociaciones del tratado de paz, las limitadas capacidades de pago de Alemania generan una competencia entre los aliados; cada uno justifica las reparaciones solicitadas destacando sus sufrimientos y traumas. Dado que el valor militar ya no es competitivo frente a los aliados, Francia destaca a las víctimas civiles y las consecuencias materiales de la guerra en la zona del frente y en las regiones ocupadas para justificar las reparaciones solicitadas. Así, según el marco nacional o internacional del discurso, el Estado elige las categorías de víctimas que son más útiles. El valor conmemorativo otorgado a estas diferentes categorías no les es intrínseco, sino que varía según el ámbito del discurso y los interlocutores a los que se dirige.
El frente tampoco modifica las construcciones sociales más profundas. Las disposiciones tomadas a favor de los combatientes “indígenas” y sus familias son minimizadas y reflejan el discurso colonial en acción, apartándose del principio de igualdad entre los combatientes.5 Esta distinción se complica aún más por una diferenciación entre los “indígenas”.6 En Argelia y en las colonias o países bajo protectorado, donde el reclutamiento militar se realiza por medio de la conscripción, se benefician de la ley del 31 de marzo de 1919. En otras colonias, los montos de las pensiones y el acceso a la atención médica son determinados por el Estado y los gobernadores según los servicios prestados por cada cuerpo de ejército, el costo de las pensiones, las jerarquías coloniales que se deben preservar, pero también las opiniones “indígenas” que se deben atender para evitar avivar los movimientos independentistas. La reparación se basa entonces en consideraciones administrativas y políticas, y no militares. Los periódicos metropolitanos validan esta distinción al descuidar a los combatientes “indígenas” que no sirven a sus intereses. Por lo tanto, el valor del frente también varía según la identidad de quienes se encuentran allí.
Esta tesis muestra los desafíos y las elecciones memoriales en juego entre 1914, cuando se votan las primeras medidas de emergencia, y 1930, cuando finalmente los veteranos de guerra obtienen el reconocimiento de la nación. La construcción legislativa y las reivindicaciones de los portavoces permiten designar a las víctimas que encarnan el frente victorioso y conducen a una construcción de un discurso organizado en torno a las “víctimas” de guerra elegidas, colocando a algunas a plena luz y a otras en la penumbra.
1 Título original en francés: Epreuves de la reconnaissance. Stratégies, solidarité et concurrence des victimes de la Grande Guerre (1914-1930).
2 Director: Nicolas Offenstadt (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Jurado: Rémi Dalisson (Université de Rouen), Sarah Gensburger (CNRS, Sciences Po Paris), Élise Julien (Sciences Po Lille) y Odile Roynette (Université de Bourgogne).
3 La ley del 31 de marzo de 1919 establece las bases de esta competencia y algunas disposiciones posteriores las acentúan. Es el caso del decreto del 5 de agosto de 1920 que establece una asignación adicional para los inválidos cuyo grado de invalidez de 85% o más, que ya son beneficiarios del artículo 10 de la ley del 31 de marzo de 1919 y que necesitan la asistencia de otra persona para las actividades de la vida cotidiana.
4 El régimen de los refugiados fue adoptado en febrero de 1918.
5 Las heridas y las enfermedades no se consideran automáticamente atribuibles a la guerra, contrario a lo que establece el artículo 5 de la ley del 31 de marzo de 1919.
6 Por ejemplo, las primas de reclutamiento otorgadas a los combatientes “indígenas” difieren según su país de origen.