En Argentina, la sanción de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley Nacional N° 26.061), del año 2005, derogó la antigua Ley de Patronato de Menores que, desde 1919, consagró bajo la figura de la “tutela estatal” una modalidad de intervención y tratamiento específico hacia quienes eran considerados como “menores”.
A 10 años del cambio normativo, De La Desjudicialización A La Refundación De Los Derechos. Transformaciones en las disputas por los derechos de los niños y las niñas (2005-2015) invita, a lo largo de sus páginas, a recorrer un conjunto de análisis vinculados a tramas, conflictos y disputas, prácticas y sentidos emergentes de estas transformaciones institucionales y simbólicas enmarcadas en la institucionalización del enfoque de derechos y la llegada de los “Sistemas de Protección Integral”.
Publicado en el año 2019 en formato digital, el volumen estuvo coordinado por Valeria Llobet y Carla Villalta -de quienes es menester rescatar sus trayectorias formativas, académicas y de investigación en estas temáticas- y reúne un total de 14 exhaustivos artículos, resultado del arduo trabajo de producción científica que vienen desarrollando diferentes investigadoras y becarias de CONICET1 como integrantes del Programa de Estudios Sociales de Género, Infancia y Juventud del Centro de Estudios en Desigualdades, Sujetos e Instituciones (EH-UNSAM) y el Equipo Burocracias, Derechos, Parentesco e Infancia del Programa de Antropología Política y Jurídica (Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA).
A lo largo de tres grandes bloques, se desarrollan un conjunto de reflexiones sobre las modalidades de tratamiento estatal y jurídico-burocrático destinadas a las infancias y juventudes que se entretejen y sostienen con discusiones teóricas y metodológicas, y así contribuyen a la expansión y consolidación de estas problemáticas en la producción académica.
Titulado “Transformaciones institucionales”, el primer apartado centra la atención en indagar las transformaciones normativas e institucionales en relación con el surgimiento e implementación de los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Se presenta una contextualización nacional, los “casos” de las provincias de Jujuy, Santa Fe, San Juan y Mendoza, así como los municipios de Morón y General San Martín.
Las investigaciones se detienen en problematizar relaciones intra e interinstitucionales para advertir cómo el enunciado de los derechos se recrea de manera heterogénea y compleja a lo largo de las diferentes provincias y localidades. La arquitectura de derechos señala, en este sentido, el proceso políticamente contestado sobre la redistribución e interpretación de las necesidades infantiles, enraizadas, a la vez, con significaciones de clase y de género. Por su lado, la noción de autoridad de infancia permite abordar cómo, entre trabajadores estatales, y entre estos y los/as destinatarios/as de las intervenciones, se establecen jerarquías asimétricas que delinean, entre otros aspectos, las maneras de comprender la organización familiar y las prácticas de crianza.
A nivel municipal, las autoras exploran las dinámicas y procesos tensionados por las capacidades estatales, en vistas a examinar sus condiciones de posibilidad y recursos disponibles. El asunto de la corresponsabilidad y la territorialización de los organismos también se constituyen en dimensiones claves para pensar este proceso. En este campo, no quedan afuera los grupos de activistas y actores de la sociedad civil, que se recuperan como actores fundamentales de las transformaciones institucionales, en tanto sus posiciones y posturas acerca de cómo y qué proteger configuran parte de la complejidad de un entramado que va habilitando la circulación de niños.
El segundo bloque, denominado “Actores, prácticas, moralidades y sensibilidades”, presenta aspectos de las culturas y prácticas institucionales que forman parte de la protección de los derechos de la niñez. La institucionalidad, sus dinámicas y modalidades se convierten en focos de observación privilegiados para conocer discursos y prácticas de actores.
A partir del análisis de las interpretaciones y las condiciones laborales e institucionales, las autoras buscan subrayar la capacidad de agencia los/as trabajadores/as estatales, visibilizando sus espacios o márgenes de maniobra. Son justamente éstos/as quienes construyen, desde sus actuaciones y valoraciones, lo que es “beneficioso” o “riesgoso” para NNyA y cuáles son sus “necesidades”.
Interesa destacar el abordaje de la emocionalidad y los sentimientos como dimensiones que contribuyen a dar forma al campo local de instituciones de protección de derechos. En este sentido, se observa cómo la política de las emociones ordena y legitima desigualdades y relaciones de poder, la cuales reactualizan asimetrías y posiciones morales.
Llamado “Innovaciones institucionales en justicia penal y acogimiento familiar”, el último bloque se preocupa por indagar aspectos que hacen a las transformaciones de la justicia penal juvenil, con especial interés en las medidas alternativas y el acogimiento familiar.
Las autoras encargadas de este segmento identifican, caracterizan y analizan los usos más frecuentes de este tipo de medidas en las distintas jurisdicciones de nuestro país, y permiten avistar un gran abanico de pluralidad y heterogeneidad. La informalidad de las actuaciones es destacada como una dimensión del trabajo cotidiano, al igual que el carácter conflictivo y disputado que acompaña la puesta en marcha de las medidas alternativas de justicia juvenil. Al detener la atención en la evaluación hacia las familias y en el análisis de expedientes judiciales, observan cómo se reproducen relaciones de desigualdad y poder en el gobierno de los/as destinatarios/as de estas medidas.
Por último, las autoras reflexionan sobre la puesta en marcha de los Programas de Acogimiento Familiar, deteniéndose en cómo las significaciones en relación con el cuidado organizan las decisiones y medidas de separación de NNyA de su medio familiar.
En definitiva, todas estas investigaciones procuran resaltar las distancias manifiestas entre las transformaciones normativas y las prácticas reales, al comprender a lo estatal y al Sistema de Protección Integral como un entramado de actores atravesados por redes de relaciones de fuerza, intereses y saberes que confrontan y disputan significados, recursos y poderes. Los trabajos buscan, con insistencia, problematizar las dinámicas coyunturales e institucionales con la intención de identificar condiciones sociales de posibilidad desde un punto de vista que recupera la trama histórica y política. Resulta innovador la centralidad que adquieren los análisis de las distintas situaciones de disputas, confrontaciones, tensiones y conflictos protagonizadas por diversos actores en el marco de la institucionalidad de los Sistemas de Protección Integral.
Centrarse en las prácticas y sentidos concretos permite advertir cómo las nociones de derechos, infancia, familia y protección evidencian cuestiones referidas al control social, pero también, de la garantía efectiva de los derechos para quienes deben asumirse como agentes infantiles y juveniles de nuestra sociedad.