Introducción

El concepto de ciudadanía es un término ampliamente difundido entre la agenda pública del debate político actual y la academia para (re)pensar el vínculo con el Estado. Lo cual sugiere tanto su relevancia, como su carácter polisémico al intentar abordarla. En tanto categoría de análisis, la ciudadanía ha ocupado un lugar destacado en los trabajos del campo de las ciencias políticas, las ciencias jurídicas, la sociología y la filosofía política, entre otras, donde las definiciones normativas y estatutarias son las que han predominado (Clarke, Coll, Dagnino y Neveu, 2014; Álvarez Enriquez, 2019).

Sin más, desde la sociología se sistematizó una de las primeras definiciones, la cual es una referencia siempre presente. Ya en 1950, Marshall (1998) formuló la tan citada definición de ciudadanía como un status de pertenencia de los individuos que se confiere a quienes son miembros de pleno derecho de una determinada comunidad en virtud de lo cual disfrutan de derechos en tres ámbitos: civil, político y social (Kymlicka y Norman, 1996). Ahora bien, desde las décadas del ‘80 y ‘90, una serie de acontecimientos sociales y políticos transcurridos a nivel global y regional y la intensificación de demandas protagonizadas por grupos subalternizados (movimientos indígenas y campesinos, afrodescendientes, migrantes y diversidades genérico-sexuales, entre otros) impulsaron a los/as antropólogos/as a repensar las luchas por la ciudadanía desde un enfoque que complejiza las nociones abstractas, formales y universalistas.

Estos investigadores (Ong, 2013; Das, 2010; Neveu, 2016; Lazar, 2013) adujeron que tales análisis normativos y estatutarios contemplaban al ciudadano como un individuo aislado. Por eso, se propusieron problematizar las premisas de las que parte la ciudadanía liberal (Lazar, 2013) planteando la forma en que diversos diacríticos -como el género, la clase social, el color de la piel, la localización espacial, entre otras dimensiones- influyen en el acceso y ejercicio de la ciudadanía. En este punto, los actores no formalizados en sus derechos en términos de Sassen (2010), son quienes nos invitan a la reflexión en torno a los procesos situados de constitución y ejercicio de ciudadanía, ya que disputan y exceden los límites de la concepción de ciudadanía vinculada al Estado nación. Así, tanto los procesos de ampliación de la ciudadanía formal,¹ como las prácticas de los mismos actores excluidos se han vuelto en las últimas décadas objeto de análisis de investigaciones posnacionales (Sassen, 2010; Bosniak, 2000; Soysal, 1994) fundamentalmente en el campo de las migraciones, los procesos transnacionales y los estudios de Derechos Humanos, entre otras áreas.

Siguiendo esta línea, una serie de trabajos (Penchaszadeh y Sander, 2021; Quilici, 2015; Luque Brazán, 2007; Purcell, 2003) han problematizado el desplazamiento de la escala nacional como el ámbito exclusivo de ejercicio de la ciudadanía. Aunque el Estado nación continúe siendo una referencia ineludible, en las últimas décadas, la ciudad ha sido revalorizada como una escala estratégica para la construcción de ciudadanía (Holston y Appadurai, 1999). Ciertamente, la ciudadanía constituye un mecanismo para reivindicar y exigir membresía a una comunidad política -que puede ser local, nacional o supranacional-, a la vez que un medio para la exclusión de otros, estableciendo un contraste con el modelo de ciudadano normativo (Lazar, 2013).

Tomando como punto de partida estas discusiones, el presente trabajo se enmarca en el campo de la Antropología de la ciudadanía y tiene por objetivo plantear un ejercicio de reflexión, a partir de problematizar algunos de los elementos de la producción teórica reciente en base al análisis de nuestras investigaciones etnográficas sobre dos colectivos organizados en torno a procesos de disputa por acceso a derechos. En este sentido, buscamos profundizar la indagación en torno a una serie de ejes o dimensiones emergentes del diálogo e intercambio de estas dos experiencias de trabajo de campo situadas en contextos distintos y con temas, problemáticas y preguntas disímiles.

La primera investigación (Garibotti, 2020) tiene como referente empírico al asentamiento informal La Carbonilla, ubicado en el barrio porteño de La Paternal. La indagación busca visibilizar las articulaciones, conflictos y vinculaciones que se fueron generando entre los habitantes del barrio y con las agencias estatales, en la medida que iban disputando el reconocimiento del barrio como “villa” de la ciudad y, así, el reconocimiento de sus habitantes como ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante CABA). La reconstrucción de la historia incluyó un proceso de intervención judicial, iniciado por la presentación de un recurso de amparo por parte de los referentes de facto del barrio, quienes posteriormente a partir de un proceso electoral se constituyeron como delegados y miembros de la Junta Vecinal reconocida por el Estado local.

La segunda investigación (Sander, 2022) analiza los debates contemporáneos entre ciudadanía y nacionalidad, a partir de indagar las dinámicas político electorales actuales de la población migrante residente en la CABA entre 2004-2021. El estudio busca visibilizar los derechos políticos reconocidos, antes y después de la sanción del Código Electoral, así como diferentes obstáculos que han enfrentado los/as migrantes para ejercerlos. La indagación reconstruyó los debates durante la sanción del Código Electoral de la CABA, para lo cual desde la organización de migrantes y la academia se presentaron informes que fueron retomados por legisladores porteños en un proyecto de ley. Posteriormente, se incluyeron algunas de esas propuestas en el Código Electoral, aunque otros reclamos no fueron considerados (Penchaszadeh y Rivadeneyra, 2018).

No obstante, las diferencias en la naturaleza de las demandas que convocan a cada uno de nuestros referentes empíricos, a partir del análisis etnográfico, tanto de las fuentes primarias (construidas por las investigadoras a partir de las observaciones en diversos contextos de interacción entre los sujetos y agencias o actores estatales) como de las fuentes secundarias (por ejemplo, recursos de amparo, folletos, proyectos de ley), logramos identificar tres ejes problemáticos o dimensiones que convergen en nuestras investigaciones. Estas son: la multiescalaridad de los territorios en la lucha por el acceso a derechos y ejercicio de la ciudadanía, los lenguajes desplegados en contextos situados de demandas de derechos frente a oficinas gubernamentales y los procesos subjetivación política experimentados en ese recorrido.

En función de lo expuesto, el escrito se organizará de la siguiente manera. En el primer apartado, se presentan algunas reflexiones teórico-metodológicas acerca de la categoría de ciudadanía. En un segundo apartado, analizamos cada una de las dimensiones (multiescalaridad, lenguajes y procesos de subjetivación política), desde nuestro propio quehacer etnográfico y así nos proponemos un punto de partida para caracterizar la noción de ciudadanía desde la antropología, mediante los sentidos que adquiere en la práctica situada. Finalmente, presentamos una síntesis interpretativa y las sugerencias que sostenemos en este trabajo en diálogo con los aportes de la antropología de la ciudadanía.

Reflexiones teórico-metodológicas sobre el uso de la categoría de ciudadanía

En este apartado nos interesa subrayar el ejercicio reflexivo que implica el proceso de investigación etnográfica, haciendo foco en la complejidad del diálogo y tensión entre el punto de vista del nativo y la del investigador como punto articulador del análisis interpretativo en los escritos.

Al respecto, resulta clave explicitar que en nuestras experiencias de campo observamos que los interlocutores no utilizan frecuentemente la noción de ciudadanía en sus relatos. Es decir, no aparecería como categoría nativa. De esto se desprende que la construcción analítica de la noción resulta ser un proceso inherentemente teórico-metodológico. Asimismo, como se podrá apreciar a lo largo del texto, la noción teórica de ciudadanía se nos presenta como compleja, es por ello que aquí intentamos rastrear los sentidos que cobra en los marcos de significación colectiva en distintos tipos de demandas y reivindicaciones de actores que disputan derechos. Este artículo más que la ciudadanía en abstracto, lo que observa es cómo en la práctica concreta son sujetos ciudadanos situados, puntualmente en la CABA y atravesados por diversas adscripciones, pertenencias, historias y culturas políticas. Todos esos factores o dimensiones inciden fuertemente en la capacidad que detentan de asumir obligaciones cívicas, acceder a derechos y ser reconocidos o no como miembros de una comunidad política dada. Es pues en el cruce de los conceptos y campos temáticos que construimos las relaciones problemáticas que serán objeto de la reflexión que proponemos a continuación.

Lazar y Nuijten (2013) sostienen que esta tensión no está resuelta, ya que observan una pluralidad de formas en la que la categoría de ciudadanía es empleada en la vida cotidiana. No obstante, las autoras consideran que la ciudadanía puede constituirse como una categoría útil para enmarcar la investigación antropológica en la política y así, permite abordar la agencia colectiva. Abordar la categoría en este sentido implicaría la observación de diversos procesos: la redefinición de lo que se considera un derecho en determinado momento y lugar, la construcción de un proceso de demanda que legitima reivindicaciones precisas, la elección de una escala territorial o jurisdicción como interlocutor estatal (agencias del Estado local, provincial, nacional o transnacional) y la identificación y/o construcción de pertenencia a una comunidad.²

Los análisis precedentes, nos permiten observar el potencial del estudio de la ciudadanía en vinculación con el Estado y los complejos entramados de las relaciones entre actores, así como lo ambiguas que resultan las categorías. Tomando estos interrogantes como apertura, y reflexionando sobre los contextos de producción de conocimiento de nuestras investigaciones, contextos fuertemente marcados por la interlocución con grupos que se encuentran en constante diálogo con agencias del Estado, observamos una serie de dimensiones que atraviesan en mayor o menor medida el proceso de demandas de derechos.

Como se mencionó en la introducción, las formas en que la multiescalaridad y los distintos recortes territoriales definen cuáles son las agencias del Estado que se constituirán como interlocutores en ese proceso de lucha, las modalidades de lenguajes que serán utilizados estratégicamente por los actores para dialogar con ese interlocutor estatal y los procesos de subjetivación política atravesados a lo largo de la historia de dicha disputa, serán tres anclajes que abordaremos como dimensiones de análisis de los procesos de demandas de derechos.

Multiescalaridad

El carácter multiescalar de la ciudadanía hace referencia a la vivencia de múltiples relaciones sociales entre los grupos y el espacio que habitan. En nuestra vida diaria atravesamos espacios de tamaños extremadamente disímiles (Haesbaert, 2014). Estos pueden ser representaciones referidas a nuestra movilidad más restrictiva, cotidiana (como el barrio o la ciudad), pero también configuraciones espaciales que pueden estar abarcadas por redes mucho más amplias, pertenecientes a la escala nacional, transnacional o global.

Comprendida como sinónimo de pertenencia del individuo a una comunidad política territorialmente delimitada, el estudio de la ciudadanía nos invita a preguntar por las escalas así como por las estrategias desplegadas por los sujetos para construir membresía. De este modo, indagar en esta dimensión nos convoca a reponer la pregunta que plantea Lazar (2013) alrededor de cómo se construye la membresía en una determinada comunidad y cuáles son las comunidades políticas respecto de las que los individuos y grupos demandan inclusión.

Asimismo, investigaciones recientes desde las Ciencias Políticas han cuestionado la existencia de un único demos al interior de un Estado -supuesto básico de la teoría liberal democrática-. Como explica Quilici (2015), en tanto los habitantes de un territorio forman parte de diferentes comunidades cívicas, esto es ciudadanías superpuestas, tendrán más de una identidad: una relacionada al Estado central (nacional, por ejemplo) y otras relacionada a las escalas subestatales (provincial y municipal). De esta forma un individuo puede ser ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires a la vez que ciudadano argentino.

Partiendo de esta afirmación sobre la existencia de diversas membresías al interior de los Estados nacionales (Brubaker, 1989), otras investigaciones (Luque Brazán, 2007) ahondaron mayormente en el proceso de transformación y redefinición de la ciudadanía a partir de la movilidad creciente de los individuos a través de las fronteras nacionales que conlleva el proceso de globalización. Así, en línea con autores como Purcell (2003) y Fenster (2010), Luque Brazán (2007) cuestiona la dependencia de la ciudadanía del Estado nacional. Estos últimos, plantean la emergencia durante las últimas décadas de formas de ciudadanía con anclaje en la pertenencia a la escala local en detrimento de la escala nacional. De acuerdo con estas ideas, las bases para la comunidad política y la autoridad en la toma de decisiones, serían sustentadas en la residencia más que en la nacionalidad. Al respecto, la idea de la residencia en una dimensión subnacional y local visibiliza un conjunto de procesos vinculados a la condición ciudadana que dentro de los márgenes del Estado nación ya no tienen a éste como interlocutor único e incluso “principal” para la construcción y gestión de la ciudadanía, sino a entidades locales cuyas instituciones, sistema normativo y gobernantes asumen en los hechos estas funciones, convirtiéndose por ello en los garantes efectivos de numerosos derechos (Annunziata, 2016). De este modo, hablar de escalas de la ciudadanía no sólo complejiza la relatividad de los fenómenos sociales según la escala en la que se los analice, sino que también obliga a poner la mirada en las interrelaciones y las mediaciones que se establecen entre los distintos niveles y expresiones de la espacialidad y los procesos que la atraviesan.

Durante el curso de su trabajo de campo, Garibotti (2020) se dedicó a documentar las formas en que los habitantes del barrio desde sus orígenes desplegaban cotidianamente diferentes tipos de estrategias para cuidar los espacios considerados comunes (calles, veredas y plazas), apelando tanto a la presión o uso de la fuerza por parte de los varones jóvenes como a dispositivos simbólicos (la mención a un supuesto código de edificación). Estas estrategias resultaban claves en un contexto en el que el Estado local no se hallaba presente como ordenador del territorio. En su análisis, la autora dio cuenta de qué forma las prácticas cotidianas de los actores en una escala micro local de la vivienda y el barrio, vinculadas al cuidado de estos espacios y al establecimiento de normas implícitas para su ordenamiento, se desarrolló un proceso de ciudadanización horizontal de construcción de membresía y de relaciones de con-ciudadanía (Neveu, 2016). Podemos decir que este proceso que observamos en la escala micro-local se llevó a cabo a partir de la conformación de una comunidad de pertenencia (constituida en un principio en torno a vínculos familiares y de vecindad) fusionada por el cumplimiento de un sistema de derechos y obligaciones (Thomasz, 2018), algunos implícitos y otros explícitos, orientados a consolidar la construcción del barrio bajo los patrones más semejantes posibles a los de la ciudad formal (como ser el ancho de calles y veredas). De esta forma los acuerdos sobre los usos del espacio, construidos en base a una ciudadanía micro-local, no se encontraban escindidos de los corpus jurídicos y legales que regían en la normativa urbana en la escala local de la ciudad, en tanto se conformaban intentando reproducir las normas espaciales reguladas bajo el código urbanístico de la ciudad, entablando un diálogo implícito con la normativa estatal de escala local de la CABA.

Por su parte, Sander indaga las dinámicas de participación político electoral de las personas migrantes residentes en la CABA, es decir, en la escala local. En Argentina existe lo que se denomina federalismo electoral. Aunque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una ciudad y no una provincia, el régimen de autonomía del que goza desde la reforma de la Constitución Nacional en 1994 es más parecido al de un gobierno provincial que al de uno municipal (Penchaszadeh y Arlettaz, 2022). Con la sanción del Código Electoral de la Ciudad (Ley 6.031 de 2018, que entró en vigor en 2020), se eliminó el requisito de antigüedad (de tres años de residencia acreditada en la CABA) e incorporó el empadronamiento automático de todas aquellas personas migrantes que cuentan con una residencia permanente y se hallan domiciliadas en la ciudad en idénticas condiciones que los/as nacionales. No obstante, se observa una clara tensión entre la escala local (donde se les permite a los migrantes participar en las elecciones) y la escala nacional, que es donde se dirime la política migratoria, la cual “define las condiciones que se les imponen a los migrantes para residir y permanecer en el país” (Penchaszadeh y Sander, 2021: 22).

Las formas de demandar pertenencia y membresía quedan plasmadas en los lenguajes, en el próximo apartado abordamos este eje.

Lenguajes

Las reivindicaciones de nuestros interlocutores, a la luz de un análisis crítico con la bibliografía específica, nos han permitido observar que en sus demandas se pueden caracterizar el despliegue de distintos tipos de lenguajes.

Wanderley (2009) analizó los significados de ciudadanía en las interacciones cotidianas de las burocracias estatales, que se configuran en la relación entre una ciudadanía de jure (representados en la documentación civil) y una ciudadanía de facto (experimentada en dichos encuentros). Fue durante la observación de la tramitación de documentos en oficinas gubernamentales que advirtió el despliegue diferencial de estrategias entre las instancias de presentación por parte de individuos aislados y las instancias de encuentros colectivos. De este modo, consideramos recuperar una obviedad pero que debe ser planteada. Para analizar los lenguajes es preciso reparar en los contextos situados en los que estos sujetos se presentan frente a actores y agencias estatales. Y en esos contextos, más específicamente en los modos de expresarse.

A partir del análisis situado de los encuentros entre los colectivos que disputan la participación en la construcción de una política pública (ya sea en encuentros cotidianos con funcionarios públicos o en eventos ritualizados como manifestaciones o presentaciones colectivas) en intercambios en las oficinas públicas, podemos abrir una serie de interrogantes en torno a las estrategias de presentación, a los argumentos utilizados y a los sujetos legitimados para constituirse como interlocutores de los actores estatales/funcionarios públicos.

Así, en este apartado abordaremos los lenguajes utilizados por actores situados en una relación con el Estado (que lejos de establecer un vínculo constante y exento de conflictos, se configura por medio de negociaciones y acuerdos), como un indicador analítico de los procesos de subjetivación política. Asumimos, en línea con Fernández Álvarez (2017), que las transformaciones en los lenguajes utilizados en dichos contextos se entrelazan con el conjunto de aprendizajes acumulados en torno a las formas de interpelar las acciones y políticas estatales. Los discursos y prácticas en estas instancias de politización no se producen de manera lineal ni homogénea, sino que los sujetos negocian, impugnan o demandan reconocimiento en discursos políticos y morales. En rigor, en el análisis etnográfico de las dos investigaciones de las que se nutre este escrito observamos tres tipos de lenguajes: lenguajes de padecimiento, lenguajes meritocráticos y lenguajes de derechos.

Procesos de subjetivación política

Al incluir los procesos de subjetivación política en el análisis, buscamos responder la pregunta en torno a las posibilidades de agencia y de resistencia al poder. Reconocemos en nuestro trabajo que los procesos de ciudadanización vinculados a la búsqueda de ampliación y expansión de acceso a derechos incluye matices que impactan en las trayectorias biográficas pero que no pueden pensarse de forma individual, sino de forma colectiva.

Clarke, et al., (2014) llaman la atención sobre la importancia de analizar los procesos de ciudadanía como formas de subjetivación política -relacionales y contextuales- que pueden emerger por fuera de los espacios típicamente considerados como “políticos”. De allí que los autores proponen atender la dimensión de lo “ordinario”, es decir, cómo las personas “se basan en sus experiencias cotidianas para percibir, practicar y formular juicios en torno a aquello que constituye el ‘bien común’ y la ‘vida en común’” (2014: 90). De este modo, en el análisis de los procesos de formación de sujetos colectivos en sus experiencias cotidianas entran en juego una serie de dimensiones relacionadas con la transmisión de conocimientos, habilidades, experiencias previas, expectativas y valores compartidos (Groisman, 2020).

Por eso, recuperamos la noción de los compromisos vinculantes como las articulaciones resultantes de un encuentro histórico entre trayectorias que, al pensarse juntas, entretejen discursos, afectos, acciones, intereses y proyectos. Manzano (2015) reconoce cómo en el proceso de vinculación y compromiso surge a partir de que personas diferentes, con trayectorias heterogéneas, se experimentan ligadas por algún conflicto, interés o reclamo común, comparten sus historias, sus conocimientos y experiencias, se reconocen entre sí, interpretan juntas experiencias presentes e identifican coincidencias en sus proyectos de vida. Ese “juntos” que nombra la articulación histórica que los une, con el tiempo es leído a través de distintas expresiones de alianza, lealtad, afecto y/o solidaridad (Fernández Álvarez, 2017). En esta dinámica, los procesos de subjetivación se dan con otros. Señorans (2018) agrega que los derechos se aprenden en estos procesos de lucha y organización, incluso más allá del Estado, y en la relación con los propios pares.⁵ De este modo, consideramos que es a partir de esas experiencias compartidas, que se generan alteraciones a nivel subjetivo en los colectivos que las vivencian, adquiriendo así potencial transformador en el orden dado de las cosas.

En sus investigaciones, tanto Garibotti como Sander observan procesos de subjetivación política. Durante la primera fase de trabajo de campo, cuando Garibotti se hallaba en un momento de apertura en el que indagaba a sus interlocutores acerca de sus historias de llegada al barrio y los primeros momentos de construcción de vivienda e infraestructura, en gran parte de estos relatos encontraba descripciones en las que la precariedad y sensación de inseguridad tomaban protagonismo. Frases como “no teníamos nada”, “lo que tenía era miedo”, “nos dieron ese lugar y nos vinimos todos” eran el inicio de un relato en el que posteriormente adquiere importancia el acompañamiento y el “estar juntos”. En esas narraciones, aquel contexto de precariedad se proponía como punto de partida para su incorporación a una trayectoria de militancia en el marco de una organización social como parte de un partido político: “ahí me metí al partido”. El acercamiento a las organizaciones sociales constituía una forma de sentirse resguardadas ante el miedo que sentían por estar ocupando un lugar en cuyos alrededores durante la noche se reunían hombres a tomar alcohol y otros jóvenes a consumir pasta base de cocaína. “Meterse al partido” se presentaba en los relatos como la necesidad de encontrar una forma de contención. Si bien, algunas de estas mujeres, con las que Garibotti conversaba, ya en ese momento no pertenecían activamente a los partidos políticos, ahora se constituían como representantes electas/delegadas de manzana reconocidas formalmente por el Estado local. El contraste entre los relatos de un pasado peligroso e inestable y un presente en el que no sólo gestionaban solicitudes formales antes oficinas de gobierno, sino también organizaban merenderos y espacios educativos en sus propias casas, daba cuenta de un proceso de transformación subjetiva forjado también por medio de estos compromisos vinculantes (Manzano y Ramos, 2015) pactados tácitamente entre algunos habitantes y los referentes de organizaciones sociales.

Por su parte, Sander muestra cómo el reclamo por el acceso a los derechos políticos se daba de forma individual, cuando el potencial elector se presentaba frente a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia y realizaba el trámite para el empadronamiento automático. En cambio, el proceso de debate del Código Electoral en la Legislatura Porteña posibilitó el reclamo colectivo. Si bien, desde la organización de migrantes en sus primeras intervenciones utilizaban un lenguaje de padecimiento en el que exponían las trabas burocráticas y problemáticas para empadronarse de forma automática, a lo largo de las distintas instancias del debate frente a los/as legisladores/as porteños/as, se evidenció una estrategia de incidencia colectiva por parte de la organización. Desarrollaron una estrategia en la que aprovechaban el poco tiempo de exposición que les brindaban para visibilizar posicionamientos y datos que demostraran la necesidad de que se los incluya en el padrón. Ya no eran migrantes exponiendo sus problemáticas individuales, sino una organización dando distintos discursos sobre la necesidad de que se los incluya en la toma de decisiones. De este modo, se observa el pasaje performativo, en la práctica de la lucha, de un sujeto migrante de derecho a un sujeto migrante político organizado colectivamente.

Reflexiones finales

A lo largo de estas páginas hemos explorado los múltiples y diversos modos en que se presentó la ciudadanía como categoría en los procesos de construcción de dos campos de investigación vinculados a demandas de derechos en interlocución con agencias del Estado en distintas escalas: a) derechos sociales vinculados al acceso a la vivienda, el hábitat y la inclusión urbana por parte de grupos subalternizados en el barrio La Carbonilla; b) derechos políticos en sentido estricto y en sentido amplio de sujetos migrantes organizados colectivamente.

Recuperando nuestras propias investigaciones etnográficas, encontramos elementos que nos permitieron reafirmar la potencialidad de la antropología para el análisis de la manera en que los sujetos construyen ciudadanía en el marco de la vida cotidiana, disputando membresías a una comunidad política determinada y forjando redes de relaciones que cohesionan a los individuos de un grupo. De este modo, a partir del análisis situado e histórico de los recorridos de cada una de nuestras investigaciones, es que señalamos tres anclajes analíticos que consideramos fecundos para el estudio de la ciudadanía desde un enfoque etnográfico.

En primer lugar, el estudio de la dimensión multiescalar nos permitió exponer las tensiones y conflictos en escalas superpuestas del territorio y de las comunidades políticas, las cuales a veces resultan excluyentes. Este abordaje nos instaba de acuerdo con algunos autores (Quilici, 2015; Luque Brazán, 2007; Purcell, 2003) a descentrarnos de la escala nacional como ámbito exclusivo del ejercicio de la ciudadanía y nos permitió indagar la forma en que los sujetos en su vida cotidiana no sólo se hallan en el entrecruzamiento de diversas configuraciones socio-espaciales, sino que también en sus múltiples demandas deben entreverarse con agencias del Estado que tensionan con diversos recortes territoriales y jurisdiccionales.

En segundo lugar, presentamos en el análisis una transformación de un lenguaje de padecimiento, en los primeros vínculos con los organismos judiciales, a un discurso de derechos (Wanderley, 2009) en la medida que adquirían el capital social para incorporarse a los mecanismos burocráticos. A su vez, estas estrategias discursivas adquirían elementos meritocráticos procurando dar cuenta de un comportamiento diferenciado. Además, los argumentos elegidos para fundamentar sus demandas y la elección de los interlocutores adecuados/oportunos -abordado en el apartado de lenguajes- nos permitió advertir que estos procesos de subjetivación lejos de ser trayectorias de aprendizaje lineales, se configuran de acuerdo a sus contextos situados así como a negociaciones que se construyen en los diversos encuentros con el Estado

En tercer lugar, el estudio acerca de los procesos de subjetivación política nos permitió aproximarnos al encuentro entre trayectorias biográficas diversas que se encuentran en el marco de historias de lucha a partir del cual se proyectan horizontes comunes y se incorporan colectivamente formas de hacer frente y con el Estado. De este modo, indagamos en los procesos de subjetivación política de los colectivos que las vivencian, en el marco de compromisos vinculantes de un ser juntos en la lucha, con la intención de responder la pregunta en torno a las posibilidades de agencia y de resistencia al poder y así evidenciar el potencial transformador en el orden dado de las cosas.

En suma, se revisaron y pusieron en diálogo aquí formulaciones teóricas en articulación con casos concretos de nuestras investigaciones. Consideramos que los aportes revisados, lejos de ser un punto de llegada, brindan un punto de partida interesante para pensar y continuar examinando diferentes prismas de lo que constituyen procesos activos y dinámicos de construcción de ciudadanía en las demandas por el acceso a derechos.