Introducción

La problematización de la identidad étnica tiene un amplio desarrollo en la antropología. Barth (1969, 1995) propuso que los grupos étnicos no son equivalentes a los elementos culturales que parecen distinguirlos, y que estos contenidos se distribuyen y transmiten a través de las generaciones transformándose por medio de la movilidad y la interdependencia social. Los grupos étnicos son categorías de adscripción e identificación que se producen a través de la interacción social, lo que permite que las y los sujetos establezcan parámetros para distinguirse de otros a los que consideran o perciben como diferentes.

La etnicidad como construcción social, integrada por la identificación, la relación y los límites sociales que las personas establecen de manera dinámica y no tanto por los contenidos culturales, es un criterio de identificación que se experimenta de manera muy heterogénea y fragmentada. Un aspecto crucial es la forma en que se distribuye la etnicidad entre las personas, ya que se encuentra en un constante estado de efusión y cambio inducido por las múltiples relaciones y circunstancias, y adquiere peso de manera colectiva cuando está basada en un sentido común de la experiencia, que usualmente es combinado con el hecho de compartir las mismas instituciones, creencias, costumbres o lengua. Esas ideas pueden ser expresadas de manera primordial por las personas, levantarse como criterios imputados que usualmente toman forma en estigmatizaciones provenientes de agentes externos al grupo e incluso construirse con base en la apropiación o recreación de otras identidades y modos de vida. Lo central es comprender que no hay patrones establecidos para los múltiples fenómenos y cruces que se producen en torno a las identidades étnicas y su multiplicidad de expresiones. Por lo tanto, estas deben ser abordadas de manera situada e historizada, con el fin de evitar esencialismos o caer en ideas erróneas acerca de la veracidad u originalidad de los grupos étnicos y sus identificaciones (Maleševic, 2004, 2013; Eriksen, 2019).

Cardoso de Oliveira (2007) ahondó en esta problemática para analizar lo que denomina “fricción interétnica”, intentando “deslindar las modalidades de organización social y política que emergen de la confrontación entre indígenas y no-indígenas”, en función de lo cual incorpora la dimensión ideológica, que está condicionada por una polarización de las representaciones colectivas dentro del sistema interétnico con base en símbolos culturales, “raciales” o religiosos (Cardoso de Oliveira, 2007, pp. 31-43).

Esta perspectiva se interesa por la elaboración de una particular identidad étnica; es decir, el proceso por el cual individuos y grupos la generan, mediados por contextos muy dinámicos de fricción interétnica que movilizan la manipulación interna o externa y con arreglo a fines específicos de los diferentes agentes intervinientes (Cardoso de Oliveira, 2007, pp. 43 y 53). A través del análisis de casos concretos y por medio de su comparación, la identidad étnica puede transformarse en un objeto de estudio en el cual lo que importa no es lo particular, sino el aporte de la casuística para entender la universalidad de tal fenómeno social (Cardoso de Oliveira, 2007, p. 59).

En Chile, el debate sobre la identidad étnica apareció a fines de 1990, en consonancia con la proliferación de movimientos étnicos y nacionales a escala local y global. Destacan las contribuciones que analizan los procesos étnicos bajo una perspectiva histórica de largo plazo (Gundermann, 1997, p. 9; Bengoa, 2000), pues entienden la etnicidad como una dimensión otorgadora de sentido y perspectiva para actores sociales andinos en el contexto de su constitución con arreglo a circunstancias políticas (Gundermann, 2000, p. 75).

Los escritos que más se acercan a nuestra perspectiva son aquellos que abordan las relaciones interétnicas entre los pueblos indígenas, el Estado y otros agentes existentes en el Salar de Atacama, entre los que destacan el turismo, las actividades extractivas mineras y la propia política interna lickanantay (Foerster y Vergara, 2000; Gundermann y Göbel, 2018; Valenzuela et al., 2022). La academia también constituye un referente en este campo, toda vez que la reemergencia étnica atacameña confió en el saber experto como un soporte para referenciar diversos imaginarios sobre la continuidad cultural (Ayala, 2007). Atacameño dejó entonces de ser un simple gentilicio para transformarse en la denominación étnica de un colectivo de articulación creciente que ocupó espacios de poder en agencias y reparticiones estatales (v.g., Corporación Nacional de Desarrollo Indígena -CONADI-, el municipio local), en instituciones propias (Consejo de Pueblos Atacameños -CPA-) y en la relación con otros actores y agentes regionales (minería, universidades, partidos políticos).

Las dinámicas interétnicas del campo sociopolítico atacameño han sido analizadas por diversos autores y enfoques. Boccara (2007), Boccara y Bolados (2011), Bolados (2009, 2012, 2014) y Gundermann (1997, 1998, 2000, 2016, 2018) coinciden en que las configuraciones identitarias atacameñas se enmarcan en gran medida en un instrumentalismo étnico impulsado primeramente por las burocracias estatales en las décadas de 1990 y 2000. Este fenómeno habría sido consolidado por las propias dirigencias y elites atacameñas, las que consiguieron cuotas y plataformas de poder en función del control y la administración de una diversidad de espacios, recursos, capitales y bienes locales. Otras perspectivas afirman que la etnicidad atacameña obedece a motivaciones por reafirmar la continuidad cultural, los afectos identitarios y su defensa ante presiones exógenas (Muñoz, 1993; Castro, 1998). Por su parte, trabajos que se basan en el contexto histórico de intensificación del capitalismo extractivo en la región apuntan a que la cuestión étnica en Atacama responde a un escenario dinámico en el que la etnicidad cobra una de sus mayores capacidades de despliegue en un campo de negociaciones y tensiones entre las comunidades indígenas, el Estado y los agentes privados que encabezan la gobernanza y la administración extractiva del territorio (Núñez, 1992; Rivera, 1994; Morales, 2013, 2016; Morales y Azócar, 2016; Babidge y Bolados, 2018). Cobran particular relevancia los análisis sobre las distinciones internas que conlleva la construcción social de la etnicidad atacameña, las que principalmente se manifiestan entre las comunidades atacameñas de los oasis (circundantes al salar) y las tierras altas (puna), un fenómeno que hunde sus raíces en el período colonial tardío, como lo demostró Sanhueza (2008) al estudiar las reconfiguraciones identitarias en Susques, antiguo anexo de San Pedro de Atacama.

A partir de las discusiones anteriores, nos preguntamos por las dinámicas de la etnicidad que ayudan a configurar el campo sociopolítico lickanantay actual. Focalizamos en el impulso hacia la fragmentación intraétnica a través de un caso de estudio, fenómeno que es dable observar entre varias de las comunidades del Salar de Atacama. En este artículo analizamos cómo esta propuesta de recorte identitario se operativiza a través de la ocupación de un espacio geográfico particular y de la validación que provee la puesta en diálogo entre el saber local y el académico poniendo de este modo en tensión las relaciones entre el subgrupo que impulsa la fragmentación y la comunidad mayor de pertenencia.

La Comunidad indígena y la Asociación de Regantes

Las comunidades atacameñas (o lickanantay, en lengua kunza) concentran un gran poder de apelación con respecto a la vigencia de un pasado prehispánico de larga data a través de ceremonias y ritos sincréticos como la limpia de canales, el floreamiento de ganado y las fiestas patronales. También, dan cierta cohesión organizacional sustentada en los principios de reciprocidad familiar y en formas históricas de ocupación del salar y la puna de Atacama (Castro, 1998). Ahora bien, en su conjunto, el colectivo lickanantay se aleja de cualquier forma de estabilidad y uniformidad interna, y su disposición espacial se encuentra repartida entre numerosas franjas y límites territoriales y, en particular, en una dinámica que debe comprenderse a través de las interacciones que establecen las comunidades indígenas entre sí y con los múltiples actores y agentes con los cuales mantienen distintos niveles de relaciones, en el marco de la sociedad local, regional y nacional (Valenzuela, 2022) (Figura 1).

Figura 1.

Mapa de la Reserva Nacional Los Flamencos en el que se observan los pueblos del Salar donde tienen asiento las comunidades atacameñas.

Fuente: Corporación Nacional Forestal (CONAF), 2013.

En la comuna de San Pedro de Atacama existen 21 comunidades que se reconocen como atacameñas. Cada una sienta sus bases en un área o territorio específico y maneja una particular versión sociohistórica de sí misma. Cada comunidad aborda las instancias a las que se enfrenta según sus propias características que se sintetizan en marcas y posiciones con el colectivo lickanantay, así como con las demandas que este levanta desde inicios de la década de 1990, cuando fueran reconocidas por la Ley N° 19.253 (Ministerio de Planificación, 1993). De este modo, cada comunidad ofrece un marco para comprender la relación que establecen con otros actores sociales, y cada una de ellas refleja también un fragmento de cómo se reproduce, piensa y proyecta el grupo étnico al cual adscriben (Gundermann, 1997).

La comunidad atacameña contiene diferentes niveles, ya que es escenario y espacio territorial, colectivo político y formación social. Dependiendo del momento, actores o agentes con los cuales las personas que la componen se relacionan, uno o más de estos niveles se vuelven preponderantes en la interacción. El aglutinante entre tales franjas se llama identidad étnica, categoría que permite resolver e interactuar frente a un otro sobre los asuntos de la diferencia.

Quienes firman este artículo desarrollan iniciativas de investigación con diversas comunidades indígenas de San Pedro de Atacama. Estas incluyen el trabajo etnográfico basado en un involucramiento y una participación en escenarios y actividades cotidianas. En esos contextos, se registraron las prácticas y los discursos de las personas mediante diálogos conversacionales extendidos durante varias etapas del proceso de investigación (Devillar et al., 2012), así como por observaciones sistemáticas con diversas personas de la Comunidad indígena y la Asociación de Regantes (Guber, 2001; Durand, 2012).

Durante la investigación, se priorizaron acuerdos entre los intereses comunitarios y los investigativos, abriendo la posibilidad de articular formas de trabajo colaborativo. En nuestra experiencia, el enfoque etnográfico posibilita el desarrollo de vínculos y relaciones bidireccionales con las comunidades atacameñas, de manera que este no puede ser concebido meramente como un método. En su aspecto colaborativo, el trabajo de etnografía se da sobre la base de un proceso de declaración de intereses conjuntos, toda vez que se asienta sobre un intercambio comunicacional horizontal y consensuado que incluye consentimiento informado y aspectos éticos declarados (Katzer et al., 2022).

Por razones de confidencialidad, y dado que tratamos cuestiones actuales con álgidas posiciones étnicas en disputa, nos referiremos a la comunidad que es objeto de este artículo como Comunidad indígena. La comunidad tiene diversas organizaciones, pero el subgrupo que impulsa la fragmentación es uno abocado al desarrollo de actividades agrícolas, y nos referiremos a él como la Asociación de Regantes. La diferenciación legal entre Comunidad indígena -como colectivo de pertenencia- y Asociación de Regantes, como subgrupo de la anterior, es el primer dato para retener.

Al igual que la gran mayoría de comunidades de la cuenca del Salar de Atacama, la Comunidad indígena mantiene con el Estado chileno demandas territoriales sobre un amplio territorio, el cual incluye la quebrada en donde la Asociación de Regantes desarrolla sus actividades. Sin embargo, en el espacio de la asociación se imbrican también los intereses territoriales de otras dos comunidades adyacentes. Desde el centro nuclear de la Comunidad -un pueblo en el borde del Salar de Atacama- hasta la quebrada en cuestión, hay media hora de viaje en vehículo. Sin embargo, los integrantes de la Asociación de Regantes señalan que el resto de las y los comuneros desconocen esta parte de su territorio y que es la “cola de chancho” de los problemas de la institución mayor. Denuncian que no se les brinda adecuada importancia porque son la “franja de Gaza” de un territorio en disputa. Este es el segundo dato de importancia.

El tercer y último dato que configura la situación de partida es que la quebrada en cuestión se identifica en los censos coloniales como residencia de un ayllu con un nombre que es el actual de la quebrada y del gentilicio de sus habitantes (Hidalgo, 1978; Hidalgo et al., 1992). Lo mismo pasa con el pueblo que es el centro de la comunidad: su nombre ya era el de un ayllu específico antes de la formación de los modernos Estados nacionales. Es decir, hay cierta base para plantear una diferenciación de larga data con la Comunidad indígena.

Entre las quejas por el desinterés de la Comunidad indígena, las apetencias territoriales de otras comunidades y el reconocerse originarios de un ayllu aparte, se configura el fenómeno de distinción identitaria con respecto a su autoadscripción étnica tradicional más inmediata. Si bien los integrantes de la Asociación de Regantes no declaran buscar distanciarse de la pertenencia étnica general de base lickanantay, sí buscan diferenciarse internamente dentro su comunidad de pertenencia. Este atisbo de fragmentación intraétnica es expresión de las dinámicas que tensionan un campo sociopolítico altamente complejo en el cual la figura de la comunidad es uno de los referentes.

Algunos elementos sobre historia de la quebrada

Las poblaciones indígenas de Atacama fueron “civilizadas” durante la colonia mediante instrumentos de exacción como el tributo, el reparto forzoso de mercancías y de animales y el fomento agrícola. El objetivo principal era frenar la movilidad de los indígenas, que hallaban en la dispersión territorial un mecanismo tradicional para sortear la coacción (Carmona, Chiappe y Gundermann 2021).

Para los siglos XVII y XVIII, revisitas (Hidalgo, 1978; Hidalgo et al., 1992) y cartografías (Malavez, 1787) ratifican la ocupación de la quebrada y la dispersión de algunos de los tributarios del ayllu entre otros poblados de la circumpuna. Durante el Período Boliviano (1825-1879), se observa una continuidad del discurso civilizatorio a través del fomento mercantil de la agricultura y la arriería indígena para establecer una vía para el comercio internacional boliviano por intermedio del accionar estatal y los agentes privados (Carmona et al., 2021). Para esta época, contamos con revisitas inéditas de 1840, 1846 y 1851.¹

Lo interesante de los censos coloniales y republicanos es que sitúan al ayllu con independencia de otros, proporcionan el detalle de su población y su contribución o no al erario e identifican a cada uno de los integrantes, lo que permite indagar cambios y continuidades de las unidades familiares (Sanhueza, 2015). Para la época boliviana de Atacama también tenemos mapas como Martin de Moussy (1873) y Wagner (1876), en donde la quebrada figura como una aldea con potreros sobre la ruta proveniente de Salta, Argentina.

Atacama, como región minera, despegó definitivamente luego de su anexión a Chile con la Guerra del Pacífico (1879-1883). La reconfiguración socioeconómica del territorio por medio de la minería del salitre, de la plata, del bórax, del cobre y del azufre permitió que las y los atacameños siguieran aportando al mercado mediante el transporte, la producción de forrajes y estrategias combinadas que incluían trabajo asalariado. En mapas, relatos de viajeros y científicos, textos oficiales y diccionarios geográficos, la quebrada continuó siendo referenciada como poblado, pero también como un lugar destinado a la agricultura de forrajes para las remesas de vacunos en pie durante el auge de la industria salitrera en Chile (Bertrand, 1885; Espinoza, 1895; Bowman, 1924; Risopatrón, 1924).

Avanzado el siglo XX, la referencia como poblado empieza a perderse de la cartografía, ya que se señala solamente como quebrada (Instituto Geográfico Militar, 1945). Suponemos una disminución o abandono parcial de las y los habitantes debido a la demanda de mano de obra de la minería del cobre, la que abrió nuevas posibilidades de trabajo asalariado entre las poblaciones del salar (Sanhueza y Gundermann, 2007). Otra opción es que se haya mantenido una ocupación itinerante y de bajo perfil a ojos estatales, ya que -en pleno “éxodo” atacameño a la industria del cobre en Chuquicamata- Aranda et al. (1968, p. 112) indican que el lugar albergaba una pequeña cantidad de residentes que mantenían 26,5 hectáreas de cultivos.

Por su posición geográfica y conexiones genealógicas, la quebrada se integró al reclamo territorial de la Comunidad indígena, una de las varias que se formaron mediante el reconocimiento estatal en 1990 (Ministerio de Planificación, 1993). El trabajo realizado permite establecer que hasta esa década existía allí una pequeña población permanente que luego pasó a residir en el espacio nuclear de la Comunidad indígena o en ciudades con un mercado laboral minero, como Calama. En 1994 se fundó la Asociación de Regantes, lo que demuestra el interés en la quebrada por parte de la Comunidad indígena, cuestión que además se ratifica en que el límite suroeste de la demanda territorial de esta última comprende a la quebrada (Ministerio de Bienes Nacionales, 1998). Hacia 2010, la quebrada fue objeto de nuevas iniciativas agrícolas, lo que coincide con el intento de regularización de la tenencia de tierras por parte de miembros de la Asociación de Regantes, familias asentadas históricamente en la quebrada.

En 2019, un alud de proporciones excepcionales cambió completamente la topografía del lugar, destruyó casas, canales de regadío y parcelas de cultivo. Hoy, las viviendas se están rehabilitando y las melgas vuelven a producir mediante visitas regulares de los integrantes de la Asociación de Regantes que viven en el espacio nuclear de la Comunidad indígena. Sucede una puesta en valor de terrenos y viviendas por parte de determinadas unidades familiares de esta última, aquellas que poseen derechos consuetudinarios sobre sus tierras. Por su destrucción total, el sistema de regadío mediante acequias tuvo que ser suplido con tuberías de plástico que traen el agua desde estanques en las cotas superiores, y se planea la construcción de otro gran estanque como solución de fondo. Estas acciones van acompañadas de un discurso que plantea una identidad lickanantay relativa al ayllu de origen de larga data, la cual se expresa en diálogos informales y en las acciones institucionales de la Asociación de Regantes, como la solicitud que se nos hizo de aumentar el conocimiento histórico sobre los habitantes del lugar. Veremos ahora cómo los integrantes de la asociación han venido desarrollando esta acción.

Somos un pueblo

En 2020 fuimos invitados por las y los integrantes de la Asociación de Regantes a apoyar el relevamiento de información sobre su historia antigua y reciente y sus relaciones con el paisaje y el territorio. Esto se dio en coincidencia con determinado contexto sociopolítico que analizaremos más adelante. Ya que la iniciativa indígena para el desarrollo de investigación colaborativa -comunitaria y científica- constituye un eje importante en la construcción étnica de la Asociación de Regantes y la Comunidad indígena, propusimos una investigación que analizara el proceso de diferenciación interna a través del desprendimiento de miembros de sus comunidades de origen bajo el recorte y selección de rasgos distintivos. Estos se relacionan con áreas y problemáticas específicas, aunque no por ello menos alojadas en la fragmentación y apelación política de la memoria, la identidad y el patrimonio cultural que suelen acompañar las nociones y procesos contemporáneos de concientización y reivindicación étnica (Salomon, 2001; Isla, 2003, 2010).

En una primera dimensión, buscamos profundizar en la postura actual de las y los integrantes de la Asociación de Regantes por medio de una investigación etnohistórica más general sobre los ocupantes de la quebrada y su desenvolvimiento dentro de eventos y procesos de amplio alcance de la historia colonial y republicana de Atacama. En una segunda dimensión, queremos comprender la postura de la distinción de sus integrantes a la luz de un análisis sobre la política interna del campo social atacameño por intermedio de sus trayectorias de relaciones con el Estado, el fenómeno turístico, el campo académico y la reconfiguración en el largo aliento de la economía política minera del desierto de Atacama. Esto cobra sentido ya que las dinámicas intra e interétnicas suelen estar fuertemente relacionadas con fenómenos que penetran progresivamente las relaciones de los lickanantay entre sí mismos y con otros agentes. Destacan la proliferación y disputa de convenios entre comunidades y entidades estatales para administrar conjuntamente sitios y reservas naturales con potencial turístico, acuerdos y negociaciones entre organizaciones indígenas representativas del pueblo atacameño y la minería del litio, la inclinación comunitaria y privada hacia el etnoturismo y otras iniciativas tendientes a ofrecer servicios a una gran masa de población flotante y la intensificación de redes que interpone la gobernanza extractiva del territorio a través del despliegue de estrategias y políticas de vinculación comunitaria que no están exentas de discrepancias internas, ambivalencias y nuevos conflictos asociados a la repartición de réditos y cuotas de representación colectiva (Benavides y Sinclaire, 2014; Morales y Azócar, 2016; Gundermann y Göebel, 2018; Lorca et al., 2022).

Ambas dimensiones consideran la sinergia entre el aumento en la autoidentificación étnica de las y los integrantes de la Asociación de Regantes y la fragmentación de la autoadscripción primigenia a la Comunidad indígena. Así, la investigación más general de la cual este texto se desprende ahonda en las motivaciones y alcances buscados por este colectivo a la luz de los contextos referidos. Debido a que el fenómeno se asienta sobre una reelaboración del pasado que destaca lo particular de las y los habitantes de la quebrada dentro de la identidad lickanantay, entendemos que una investigación más completa deberá indagar el proceso con una mirada de larga duración que busque identificar y comprender los elementos de tal reconfiguración identitaria.

Las y los integrantes de la Asociación de Regantes afirman la necesidad de “aparecer en el mapa”, cuestión que resulta diagnóstica de la problemática que abordamos. Pues, si bien este ayllu figura en los más tempranos mapas conocidos del desierto de Atacama (De Vaugondy, 1750; Cruz Cano y Olmedilla, 1755; Malavez, 1787; Pinkerton, 1812; Brue, 1816), la afirmación termina siendo puramente retórica ya que, en lo esencial, apunta a posicionarse en la cartografía etnopolítica atacameña actual. Ahora bien, las urgencias actuales no parecen ser de larga data. Sin ir más lejos, nuestro trabajo etnográfico tuvo sus preliminares entre 2018 y 2019 y, por entonces, la idea de separarse nunca fue verbalizada. La pregunta, entonces, es qué se modificó. Partiendo de la premisa de que la identidad étnica se encuentra en constante estado de cambio, nos interesa poder comprender a qué puede deberse lo que parece ser (pero también podría no ser) un impulso hacia la fragmentación de este subgrupo de la Comunidad indígena.

En 2021 preguntamos a un líder de la Asociación de Regantes e integrante de su directorio cuál sería el título más adecuado para la investigación que íbamos a iniciar: “¿Consideras que deberíamos hablar de quebrada o de ayllu?”. La primera denominación la descartó por ser meramente geográfica y no incorporar el componente humano. La segunda también fue desechada, por parecerle incompatible con el estado actual de la autoidentificación étnica entre las y los lickanantay. “¿Te parece que tal vez deberíamos hablar de pueblo?”. “Eso sí -contestó- somos un pueblo, un pueblo lickanantay”.

Para entender algo más sobre esta conversación debemos conocer un poco del momento político de la Comunidad indígena. En San Pedro de Atacama, las comunidades renuevan sus directorios cada dos años, lo que -en el caso que nos ocupa- había sucedido hace muy poco tiempo, y la nueva dirigencia aún estaba buscando asentarse, lo que condujo una acuciosa inspección de la anterior gestión, de la que nuestro interlocutor había formado parte. Esta persona tenía -lo conserva aún- mucho interés por el patrimonio cultural de su comunidad, entendiéndolo no a través de un sesgo nostálgico sino como una herramienta útil a las demandas políticas en curso. De modo que, volviendo a los tres puntos contextuales de interés señalados en el segundo apartado (la Asociación de Regantes como parte de la Comunidad indígena, la situación presumida como inestable de esta misma asociación en el marco de variadas demandas territoriales y los elementos históricos que pueden invocarse en auxilio de la diferenciación entre Asociación de Regantes y Comunidad indígena), debemos considerar un cuarto elemento de interés contextual, referido específicamente a las tensiones políticas que experimentaba por entonces la Comunidad indígena debido al recambio de su directiva, cuestión que constituye un escenario recurrente en las coyunturas dirigenciales de la cuenca del Salar de Atacama. Entonces, planteamos que, eventualmente, la conjunción de estos cuatro elementos favorece una suerte de desprendimiento relativo, parcial o inacabado por parte de la Asociación de Regantes de la unidad sociopolítica mayor, lo que a su vez detona el sentimiento base de la fragmentación en un escenario y espacio étnico ya altamente fragmentado: la búsqueda y declaración de una historia distintiva.

Una historia propia

La Asociación de Regantes tiene un directorio que se elige cada dos años y que está constituido por una o un presidente, secretario y tesorero. Las y los integrantes son en su mayoría, personas mayores, habitantes del poblado nuclear de la Comunidad indígena, con derechos adquiridos por vínculos familiares sobre los asentamientos habitacionales y las tierras de la quebrada, y por mantenerlas productivas. En este sentido, se reconoce que: “allí estaba (o está) la casa de doña…”. O, también se advierte que “aquí es mi casa, trabajamos con mi padre las melgas”. Sin embargo, estos derechos no bastan para fundar una genealogía de más larga duración, ya que se remontan a lo sumo hasta dos generaciones. En un momento en que se entiende que es necesario avanzar en la concreción de un conjunto de demandas específicas, sin esta genealogía no puede deslindarse lo propio de la quebrada de lo general de la Comunidad indígena y, entonces, no hay forma de elaborar un discurso identitario que tenga la potencia para generar un recorte (o al menos, amenazar con hacerlo) con respecto a la unidad sociopolítica mayor. Veremos entonces qué aportes académicos pueden tributar y están siendo retomados por integrantes de la Asociación de Regantes en la elaboración de una historia sobre la quebrada que pueda ser funcional a la agenda de demandas hacia la Comunidad indígena.

Ya vimos que Hidalgo (1978) e Hidalgo et al. (1992) publicaron una serie de revisitas inéditas en las cuales se describen los diferentes ayllus coloniales de Atacama. En tanto el objetivo que guiaba estos actos administrativos era relevar la cantidad de tributarios de la Corona, las fuentes documentales proveen datos muy específicos sobre las y los pobladores de la quebrada, la cual ya era por entonces identificada como un ayllu autónomo. Esta información era bien conocida por uno de los líderes, quien acostumbraba a llevar una revista impresa para comentar la información a las y los integrantes de la Asociación de Regantes y a interlocutores variados, entre ellos, nosotros.

Coincidentemente con el del ciclo del salitre (ca. 1880-1930), el negocio de la carne en pie impactó positivamente en la economía del Salar de Atacama, pues los animales debían ser trasladados, contados, alimentados, vendidos, lo que es recordado como la “época gloriosa de los toros” (Vilches et al., 2014), durante la cual, parte de la demanda de mano de obra recayó sobre las poblaciones del salar. La de la quebrada habría sido beneficiada también porque era un punto de descanso y recuento en la ruta que venía desde Argentina (lugar de producción) hacia San Pedro de Atacama (lugar de venta), sin pasar por el centro nuclear de la Comunidad indígena. Esta información proviene de mapas y relatos de los siglos XIX y XX y nuestro trabajo en terreno, en el cual relevamos las huellas troperas (Chiappe y Rodelas, 2022).

En lo que atañe a nuestras investigaciones, entre 2019 y 2022 desarrollamos un proyecto sobre movilidad, espacio y fronteras en perspectiva histórica que incluyó instancias de divulgación entre las comunidades del salar. ² El tema de la arriería de remesas lo comentamos en 2021, la primera vez en que pudimos conocer a todos los y las integrantes de la Asociación de Regantes en la sede comunal, en una charla que despertó gran interés y que los llevó a recordar a sus antepasados arrieros o ligados al negocio de la carne en diversas formas. A partir de entonces, empezó a configurarse como elemento de importancia en la elaboración de una historia propia que atañe a los primeros momentos de la incorporación de Atacama a Chile.

También sobresale un taller que organizamos en la quebrada, ya que este espacio contiene múltiples vestigios materiales de la antigua arriería de remesas. Nos encontrábamos comentando el tema en el centro del poblado cuando uno de los dirigentes habló a las y los concurrentes (gente de la Comunidad indígena en general, y de la Asociación de Regantes en particular) sobre la historia de la quebrada, recordando por sus nombres a las y los habitantes de la época colonial. También opinó el otro dirigente, quien comentó lo que sabía sobre el rol de la gente de antaño en la arriería de ganado. Ambos líderes se preocuparon especialmente por relacionar la historia que relatábamos con las problemáticas del presente, en particular, la votación inminente sobre la nueva Constitución. La línea discursiva tenía que ver con la ocupación milenaria del salar por parte de las y los lickanantay y con la necesidad de hacerse cargo de intervenir en los problemas actuales.

Aprovechamos la ocasión para mostrar algo de cartografía antigua en donde aparecía el poblado, siendo de importancia un mapa del siglo XVIII que señala una iglesia. En efecto, aún hoy el centro del pueblo cuenta con una construcción de piedra y techo a dos aguas de grandes dimensiones situada junto a un calvario. Aunque se necesitan más investigaciones para poder dar cuenta de la antigüedad de estas estructuras y de su funcionalidad, este fue un elemento que las y los asistentes tomaron en cuenta para resaltar la importancia del pueblo desde épocas antiguas. Además de la cartografía, otros datos que eran desconocidos son los que aportan las revisitas del siglo XIX, ya durante el dominio boliviano. El elemento para destacar es que los nombres de los tributarios y las unidades familiares cambian por completo; al respecto, es muy relevante la aparición del apellido de uno de los líderes entre los caciques de la época³. Tenemos aquí una posible línea genealógica que se podría explotar, tanto si se quiere garantizar el uso de la tierra como si se quiere dar más base a los liderazgos actuales. Coincidencia o no, en marzo de 2022 dimos a conocer esta información y en abril del mismo año, los cargos de presidente, secretario y tesorero de la Asociación de Regantes pasaron a ser ocupados por personas con ese apellido.

Contexto político de la fragmentación intraétnica lickanantay

El momento más álgido de las conversaciones y pedidos para avanzar hacia una historia de la quebrada se dio en 2022, en coincidencia con la “campaña por el Apruebo” de la nueva Constitución, que impulsaba un proyecto de Estado plurinacional e intercultural con mayor reconocimiento y derechos para los pueblos originarios. Si bien en el Congreso Lickanantay organizado el 20 de agosto de 2022, en San Pedro de Atacama, se aprobó por unanimidad su borrador, en el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022 ganó la posición de rechazo por más del 60%, incluso en la provincia El Loa, donde reside la mayor parte de la población lickanantay, así como de otros pueblos indígenas del norte de Chile.⁴ En forma general, esto debería abrir un espacio para pensar la distancia entre las elites políticas y las bases, incluyendo tanto a quienes forman parte de organizaciones (por ejemplo, los comuneros) como a las y los indígenas no constituidos políticamente. Sobre el tema que nos ocupa, esta dura derrota marcó un momento de inflexión, ya que la agenda reivindicativa entró en un impasse del que aún no ha salido.

Existía, hasta septiembre de 2022, un clima político favorable a la radicalización, tanto de reclamos transversales como particulares de cada comunidad o de agrupaciones menores. Aumentaron las invectivas sobre el “extractivismo”, conjunto de demandas disparadas sobre tres actores a los que se acusa de beneficiarse con el patrimonio lickanantay: los saberes locales (academia), las atracciones naturales (industria turística en manos de actores no indígenas) y los recursos naturales (minería y energía). Estas demandas se inscriben en un complejo campo social en el que se dan todo tipo de relaciones. Por ejemplo, de tipo colaborativo con la academia a través del aporte a las líneas de base de las comunidades (Chiappe y Espíndola, 2022) y de tipo pragmático -en tanto es factible obtener un buen retorno de las actividades mineras-, sustentadas sobre un consenso silente para “aceptar lo que no se puede cambiar y beneficiar a las comunidades en el proceso”. Esto ya era planteado por uno de los actores políticos con los que trabajamos en 2018, quien llega en la actualidad a afirmar que “podemos beneficiarnos del litio porque viene de la Pacha” (Madre Tierra).

En cuanto a las demandas para una mayor autonomía de la asociación, uno de los líderes incrementó su posteo de tono eglógico en las redes sociales aludiendo a la riqueza de la quebrada (aguas, tierras y sembradíos) y a su calidad de territorio ancestral amparado por cerros tutelares, llegando a bregar por una “República Independiente”. Por el claro descenso en la ocurrencia de esta discursividad que sucedió luego del plebiscito de salida de la nueva Constitución, parece evidente que el contexto político general prestó fuerzas a muchas demandas sectoriales, como la del caso que nos ocupa.

Otro elemento para tomar en cuenta son los cambios dirigenciales en la Comunidad indígena. Entre los primeros momentos de nuestra investigación (2020) y el día de hoy (2023), se sucedieron tres cúpulas. En la primera (2020-2021), uno de los líderes tenía bastante injerencia en los asuntos locales gracias a su labor por el patrimonio cultural comunitario que realizaba en conjunto con algunos académicos. La llegada de una nueva dirigencia en 2022 puso en cuestión esta relación, al preguntar quién y cómo se beneficiaba de los saberes generados. Una vez que la dirigencia comprendió los beneficios que su misma gestión podía lograr de continuar el trabajo colaborativo, las tensiones bajaron y el líder al que nos referimos fue incorporado al equipo como colaborador. Más recientemente, en 2023, se produjo otro recambio de la dirigencia sobre la base de un equipo que mezcla a comuneros de la primera y la segunda gestión y en donde nuestro líder ha mejorado su posición dentro de la estructura dirigencial conservando su perfil de especialista en patrimonio cultural. No parece casual que el momento de mayor reclamo por el reconocimiento haya coincidido con la llegada de la segunda dirigencia, que desconoció inicialmente los trabajos de este líder.

¿El impulso hacia la fragmentación era entonces una reacción al contexto político general y particular del país y del campo sociopolítico atacameño? En parte, sí, pero la explicación no puede ser solo coyuntural. Consideramos que el caso de la Asociación de Regantes es diagnóstico de la fragmentación intraétnica que se acentúa mediante el énfasis en determinados membretes y espacios que alojan el replanteamiento identitario de miembros y subgrupos de comunidades atacameñas ya existentes. En términos analíticos, el fenómeno referido puede retrotraerse a Aranda et al. (1968), quienes vieron en la fragmentación predial una expresión de la organización socioproductiva atacameña, consistente en el acceso de distintos grupos familiares a una diversidad de microespacios diseminados entre los distintos ayllus y poblados de la precordillera y el desierto.

Nuevas lecturas de este análisis pionero han posibilitado comprender el fenómeno de la fragmentación más como una estrategia de subsistencia que como un problema estructural (Chiappe, 2019). Pues, precisamente, dicha red organizacional posibilitó a un segmento de la sociedad atacameña de un tardío siglo XX sortear las presiones interpuestas por la modernización y la urbanización regional, como así también la fuga de la población más joven hacia los polos mineros-industriales y comerciales de la región (Rivera, 1994). Desde otras perspectivas, más propiamente sociológicas y etnopolíticas, la fragmentación atacameña contemporánea es la expresión de la neoliberalización o individualización de las relaciones comunitarias bajo el contexto moderno (Gundermann, 1998; Rivera, 2004), las que habrían escalado en complejidad al desenvolverse en un entramado mayor de operación, significación, referenciación y diferenciación con respecto a una red de agentes internos y externos (Valenzuela, 2006; Morales, 2013, 2016).

El tema de la fragmentación en grupos aparentemente homogéneos plantea una problemática central de las disciplinas que han hecho de la diferencia cultural su principal frente de análisis, ya que lleva a discutir si responde a la penetración y avance del individualismo propio de la lógica cultural del capitalismo contemporáneo en contextos llamados tradicionales (Žižek, 1998; Comaroff y Comaroff, 2012) o a una estrategia de reproducción y multiplicación de la diferencia que, subrepticiamente, hace frente a la concentración del poder por intermedio de la figura única/unificante que condensa el ideal antropológico de la comunidad (Bartolomé, 2006).

Mientras el impulso a la fragmentación permitió visibilizar al interior de la Comunidad indígena demandas de un subgrupo, estas mismas demandas fueron herramientas que regeneraron nichos de poder no por fuera sino por dentro de la comunidad y también en esferas de mayor inclusividad, como a través de la búsqueda de participación de los líderes de la Asociación de Regantes en el nuevo proceso constituyente, que sigue en curso. Desde nuestra perspectiva, las acciones de las y los líderes y de gente del común no deben analizarse como meramente instrumentales. La necesidad de generar una historia propia sobre la población de la quebrada fue y es algo genuino y, en tal sentido, es un vector de fuerza que seguirá alimentándose más allá de ser funcional a luchas políticas específicas.

A modo de cierre

Entre las comunidades del Salar de Atacama, la problemática de la fragmentación intraétnica se funda en una creciente autopercepción positiva de las y los lickanantay que debe entenderse en el marco de relaciones internas y externas. El logro de esta fragmentación no implica necesariamente una desintegración del colectivo atacameño, sino que manifiesta un fenómeno multidimensional que bien podría cumplir una función en la reproducción sociohistórica de los lickanantay.

Las comunidades atacameñas de hoy son una invención tardía en el sentido de que es el Estado quien reconoce o no -a través de la CONADI y desde apenas 1993- a las diferentes formas de organización indígena. Estas instituciones -aunque defienden en muchos casos un discurso antiestatista basándose en que toman su poder de las y los descendientes de la población originaria- tienen una estructura de toma de decisiones que replica las mismas tensiones que las de las instituciones republicanas: no representan a grandes espacios de su población indígena (aquella que está acreditada como indígena por el Estado pero descree de la política en manos de las y los indígenas); se deben a la asamblea, conjunto de comuneras y comuneros desde donde se fundamenta (al menos, en principio) la toma de decisiones; y están atravesadas tanto por una vocación de servicio y pertenencia como por presiones internas y externas de todo tipo.

En estas comunidades, las apelaciones a la autodeterminación hechas por las y los líderes no se hacen en el vacío sino que están mediadas por relaciones que se desarrollan con otros actores, como las bases, los organismos estatales, agentes de la minería, academia y privados en general. Si ya este panorama de múltiples instituciones de diferentes órbitas es complejo de por sí, el campo de las organizaciones atacameñas no lo es menos. Solo en San Pedro de Atacama tenemos una veintena de comunidades representadas por el CPA con situaciones diversas y con un recambio dirigencial permanente. No es de extrañar, entonces, que el mismo impulso a la fragmentación que observamos en las acciones de la Asociación de Regantes replique el más general de la política atacameña, tensionada por múltiples vectores de fuerza.

Ya sea que la fragmentación intracomunitaria busque realmente una escisión con la unidad sociopolítica mayor o sea solo una herramienta para mejorar la propia posición dentro del campo de cada comunidad, es claro que la construcción de una identidad distintiva es, al menos, uno de los caminos posibles a explorar en tanto base ideológica para fundamentar la acción política. El caso de la Asociación de Regantes nos muestra cómo esta se viene sustentando en la búsqueda de una identidad lickanantay por fuera de la Comunidad indígena, es decir, elaborada en referencia no solo a un otro externo (lo no indígena), sino también a un otro construido como externo (la comunidad, a la que paradójicamente las y los integrantes pertenecen). A simple vista, la dificultad principal de este movimiento no reside en encontrar fundamentos para el recorte (ya vimos que hay varios y entendemos que se podrían sumar otros), sino en el hecho de que la identidad étnica se experimenta de manera diversa y fragmentada (Maleševic, 2004, 2013).

En el caso de la Asociación de Regantes, la idea de esa identidad en construcción (e incluso el interés por ella) es mayor en ciertos individuos y familias que en otros. Sin embargo, esta solo podrá hacerse colectiva cuando la mayoría de las y los integrantes elaboren un sentido común de su experiencia histórica. Entre las personas de la Asociación de Regantes, esto está lejos de lograrse pues todavía se identifican primero como integrantes de la Comunidad indígena, pero tampoco podríamos sostener que no se concretará a futuro.