Introducción

A mediados del siglo XIX, las innovaciones policiales llevadas a cabo en Europa resultaron fuente de inspiración para los procesos de reforma y modernización de las instituciones policiales en América del Sur (Galeano y García Ferrari, 2011). En ese contexto, las tecnologías de identificación cobraron importancia y comenzaron a utilizarse como métodos de reconocimiento en los gabinetes policiales alrededor del mundo. La utilización de la fotografía, la antropometría y la dactiloscopía dio un gran impulso a los procesos destinados a la individualización y a sus posteriores desarrollos, motivados por la búsqueda de una mayor especificidad al momento de reconocer a los sujetos considerados como sospechosos y/o peligrosos.¹ Tal peligrosidad conjugaba características físicas o biológicas con la probabilidad de cometer un delito (Delgado y Christiansen, 2015). Esta concepción tendría adaptaciones diferentes durante el siglo XX, sobre todo, basadas en la forma de concebir la criminalidad.

En los gabinetes policiales de Argentina, estas técnicas fueron adoptadas desde fines del siglo XIX, y a principios del XX se puso en práctica la utilización del prontuario en la Policía de la Capital en Buenos Aires. La producción de estos documentos se enmarca en acuerdos nacionales e internacionales que Argentina suscribió en el marco de políticas vinculadas a la identificación y recolección de datos e información sobre personas. Encuentros como las Conferencias Internacionales Sudamericanas de Policía (1905 y 1920) tendieron redes de cooperación policial para el intercambio de fichas con datos e información sobre delincuentes o sospechosos de serlo, y avanzaron en la homogeneización de los procedimientos policiales (Galeano, 2009).

El prontuario permitió unificar en un registro distintas fichas con información personal, familiar y social, entre otras, para mejorar el reconocimiento individual. La sistematización de estos documentos impulsó la producción de archivos policiales. Los datos personales obtenidos en oficinas judiciales y policiales llevaron a la creación de fichas de identificación, que se replicaron en todo el país. En Chubut, estas fichas se integraron en los prontuarios policiales. El presente trabajo aborda los procesos de identificación de mujeres y el uso del prontuario como herramienta de reconocimiento, control, vigilancia y disciplinamiento estatal.² Se utiliza como fuente el Fondo de Prontuarios Policiales de Chubut (FPPC), un archivo producido por la policía desde mediados del siglo XX, en el Departamento Judicial de Rawson, capital de ese territorio.

Los Territorios Nacionales fueron creados en 1884, mediante la Ley N°1.532. Durante este periodo, el Estado nacional se encargó del control administrativo, político, económico y social de lo que se denominó “organizaciones político-administrativas” (Ruffini y Blacha, 2013). En 1887, se conformó la policía territoriana, aunque su organización y estructura institucional fueron encaminadas hacia las primeras décadas del siglo XX.³ Bajo la órbita de esta fuerza, se creó la primera oficina de identificación en el Territorio con el objetivo de reconocer delincuentes y mejorar la seguridad de la población (Primera Conferencia de Gobernadores de Territorios Nacionales, 1913). A partir de 1946, el Estatuto Orgánico de la Policía de Territorios incluyó mejoras institucionales como la regulación de los ingresos y ascensos, la implementación de normas disciplinarias y la reglamentación de la producción de prontuarios y archivos de identificación civil (Troncoso, 2015). En este marco, el Departamento Judicial de Rawson centralizó diversas tareas policiales y judiciales, incluyendo la confección y sistematización de prontuarios, así como la recepción de trámites y causas judiciales provenientes de otras dependencias del Territorio.⁴ Los prontuarios funcionaban como un apéndice judicial al proporcionar información detallada sobre individuos vinculados con delitos. En estos se documentaban la causa, el avance de las investigaciones y sus resoluciones. A medida que se actualizaban, se convertían en una herramienta esencial para la administración de justicia.

Aunque Chubut contaba con las condiciones mínimas para constituirse como provincia durante los primeros años del siglo XX, recién obtuvo este estatus en 1955 mediante la Ley Nº 14.408. En 1958, bajo un gobierno de facto, se sancionó la Ley Orgánica de la Policía Federal N° 333, con el objetivo de profesionalizar y reorganizar las fuerzas de seguridad. Hasta ese momento, en Chubut, la identificación no seguía reglamentos específicos, más bien se ajustaba a disposiciones institucionales superiores, interpretaciones individuales o a las prácticas de la comisaría gestora del primer trámite o denuncia. Estos hitos demuestran que, durante el periodo 1940-1970, se produjeron cambios significativos en la estructura de la policía que pudieron influir en los procedimientos de identificación y en la confección de documentación oficial, incluidos los prontuarios. También en este periodo, se produjeron acontecimientos trascendentes respecto de la percepción social y política sobre las mujeres y el rol que debían ocupar, cuestiones que impactaron en el ámbito laboral y policial en específico. En suma, estas décadas se vinculan con el ciclo vital de los documentos seleccionados para el estudio, ya que, además de mostrar aspectos sobre la práctica policial, narran la vida de las mujeres identificadas en diversas circunstancias y momentos personales particulares.

El FPPC representa una muestra inédita de la población de Chubut por su dimensión documental, temporalidad y la calidad de la información. Permite rastrear datos e información sobre individuos y relaciones desde fines del siglo XIX, y es uno de los pocos con estas características conservados en el país, comparable solo con los de Santa Fe y Río Negro (Binder, 2020).⁵ Contiene cerca de 90.000 ejemplares organizados en secciones que incluyen datos personales, fotografías, negativos, impresiones dactilares y fichas de descripción fenotípica con detalles morfológicos y cromáticos individuales (forma, tamaño y color de los rasgos del rostro).⁶ Entre los trámites se incluyen solicitudes de cédulas de identidad, certificados de buena conducta, antecedentes penales, cartas de ciudadanía, certificados de residencia, exposiciones policiales, permisos para tenencia de armas, etc. Estos documentos forman un registro cuasi biográfico que va desde el primer trámite personal hasta el momento de la muerte; en la portada de algunos prontuarios se consigna el certificado de defunción.

Entre otros enfoques, el fondo admite abordar las prácticas policiales sobre identificación individual, y es un gran aporte para la reconstrucción de la historia policial chubutense en la extensión del proceso de consolidación estatal.⁷ Estas prácticas derivaron en la gestión de trámites civiles en general, sin considerar para ello una denuncia o un delito, aunque, en ocasiones, pudieron tener una connotación criminal en su aplicación. La documentación prontuarial muestra que se consideraron aspectos sociales e individuales para clasificar personas de acuerdo con su situación social, cultural, económica, relaciones familiares y sociales, el motivo de apertura del prontuario, etc. Se sostiene que el género también influyó en los procesos de identificación y calificación policial, que afectaron a hombres y mujeres de manera estigmatizante, aunque con connotaciones diferentes asociadas a cada caso.

El análisis se focalizará en prontuarios de mujeres hallados aleatoriamente durante la pesquisa, ya que predominan las identificaciones de hombres. Se seleccionaron ejemplares que reúnen trámites entre 1940-1970 y de las secciones Archivo General (AG), Seguridad Pública (SP) y Cédula de Identidad (CI). Los trámites incluyen pedidos de cédula de identidad, solicitud de certificados, una denuncia por robo y un accidente de tránsito. Se consideró que los casos tuviesen descripciones sobre la “conducta”, la “moralidad”, el “concepto” y el “aspecto social”. Otros datos que aportan al análisis son el estado civil, la maternidad, la ocupación y/o la ideología política, que han sido claves para caracterizar a las identificadas y definir sus antecedentes en términos de moralidad y el cuidado del honor.

La información prontuarial permite conocer la perspectiva policial en relación con las conductas consideradas como lícitas o ilícitas. Se considera que el prontuario funcionó como un dispositivo complejo de identificación cuyo contenido documental, si bien tuvo carácter individual en el marco administrativo, se extendió más allá de la persona identificada, ya que contemplaba sus vínculos parentales y relaciones sociales.

Aunque los estudios sobre identificación no han priorizado las investigaciones sobre mujeres, existen antecedentes que dan cuenta de ciertas instancias de individualización que se asocian principalmente al ámbito delictivo. En relación con esto, algunos de los abordajes se encuadran en la relación entre género y delito, delitos femeninos, criminalización femenina y castigo diferenciado, entre otros. Algunas de estas nociones servirán para el análisis posterior de los prontuarios de mujeres del FPPC.

La identificación y las mujeres

El desarrollo de los sistemas de identificación se inscribe en una larga historia de implementación de herramientas de control por parte del Estado, en diferentes espacios transnacionales (About, Brown y Lonergan, 2013). A mediados del siglo XIX, las tecnologías de identificación cobraron gran trascendencia en el ámbito policial y judicial, inspiradas en experiencias previas de la administración estatal (Denis, 2008). Los desarrollos europeos en identificación criminal se propagaron como modelos alrededor del mundo. En este contexto, Argentina desempeñó un papel destacado en la expansión del registro estatal de identidades, y fue pionera en la aplicación y desarrollo de saberes técnicos y científicos en el ámbito policial. Además, fue impulsora del primer sistema de clasificación y archivos de fichas dactilares que se difundió a lo largo del siglo XX (García, 2010).

Estos avances se inscriben en un amplio marco de innovaciones, algunas de las cuales surgen de la escuela de criminología positivista de mediados del siglo XIX, con Cesare Lombroso y Alphonse Bertillon como sus principales exponentes científicos. Ambos se basaron en el pensamiento racial europeo que cobró forma desde el siglo XVIII; sus investigaciones estuvieron orientadas a vincular las diferencias fenotípicas y morfológicas con el comportamiento criminal. Lombroso estableció tipologías criminales a partir del estudio morfológico de cráneos de delincuentes, y Bertillón desarrolló el méthode signaléthique o bertillonage tomando como referencia las teorías estadísticas de Adolphe Quetelet y los conocimientos antropométricos de Paul Broca (Farro, 2012). El bertillonage, además de las medidas corporales, incluyó un registro de “señas particulares” (marcas y/o cicatrices) y fotografías de frente y perfil. Las imágenes de delincuentes tuvieron trascendencia, dada su rápida ejecución y fácil documentación, y se incorporaron a los archivos policiales como evidencia y prueba (Yangilevich, 2023). Combinando la observación y la experimentación, estos métodos intentaron establecer categorías delictivas agregando una tendencia criminal innata en aquellos cuya biología estuviese señalada como problemática por la eugenesia y el darwinismo social (Sian, 2017). Estas ideas impulsaron la sistematización de datos e información sobre delitos y delincuentes, como fueron las estadísticas, los informes clínicos y/o los registros antropométricos (Salvatore, 2000).

Los desarrollos positivistas buscaron desentrañar los orígenes de la conducta delictiva e imponer nociones específicas sobre las características del delincuente y las causas del delito. Estos se orientaron a comprender y caracterizar la criminalidad masculina; fueron menos los que se enfocaron en la identificación de mujeres criminales. En clave comparativa, Lombroso y Ferrero observaron y analizaron reclusas de una prisión italiana con la finalidad de caracterizar a “la mujer delincuente”, considerando para ello la presencia de rasgos masculinos. Establecieron tipologías criminales teniendo en cuenta diferentes factores psicológicos y biológicos, entre los que se contempló la presencia de características degenerativas, anomalías físicas, rasgos de la personalidad y sus diferentes patrones, así como también las motivaciones del delito. Al igual que en los estudios previos sobre hombres delincuentes, distinguieron una criminalidad nata, que atribuía el origen del comportamiento delictivo a raíces biológicas y/o hereditarias (Rosa y Laboranti, 2004).

Los estudios sobre mujeres y criminalidad no fueron el foco principal, aunque cobraron interés en las crónicas policiales de fines del siglo XIX y principios del XX. Estas caracterizaban como monstruosas a las mujeres que rompían con las normas jurídicas, sociales y morales establecidas, especialmente en lo relacionado con la maternidad y el hogar (Aravena, 2004). Es evidente que social y culturalmente las prácticas delictivas femeninas han tendido a considerarse como conductas de carácter transgresor, en contra de la naturaleza femenina y, por ende, de los espacios que debería ocupar la mujer como tal.

En Argentina, durante el siglo XIX, las ideas positivistas se profundizaron, ganaron adeptos e influyeron rápidamente en el abordaje de la cuestión criminal.⁸ Si bien estas teorías no fueron replicadas experimentalmente, hubo una tendencia orientada al estudio del comportamiento de los hombres en relación con el delito. En cuanto a las mujeres, el infanticidio, delito considerado fundamentalmente femenino, fue el principal atractivo de la producción académica positivista, de la prensa y del conocimiento médico clínico (Rozansky, 2021).⁹

La modalidad del castigo se enfocó en la corrección de la criminalidad masculina. De hecho, los primeros centros de detención en Buenos Aires se diseñaron con una estructura arquitectónica destinada exclusivamente para varones. Las mujeres detenidas se alojaban en pabellones separados dentro de las mismas cárceles (Calandria, 2017). A partir de 1890, comenzaron a planificarse y establecerse las primeras cárceles femeninas, que, a diferencia de las anteriores, estuvieron a cargo de una orden religiosa, condición que se mantuvo hasta 1930 (Caimari, 2007). La religión fue considerada como una herramienta fundamental de disciplinamiento, capaz de revertir la conducta criminal femenina y de corregir la debilidad moral que se les adjudicaba a las mujeres.

Durante la modernización de las instituciones estatales y el auge de la estadística, la política criminal se enfocó en los datos policiales y penitenciarios sobre delincuentes y delitos (Olaeta, 2018). En 1906, se realizó el primer Censo Penitenciario Nacional con el objetivo de conocer la situación carcelaria, los tipos de delitos, las características de los delincuentes, etc. Este relevamiento dio a conocer la situación de las mujeres detenidas, que en su mayoría, eran trabajadoras del servicio doméstico.¹⁰ El sector doméstico fue estigmatizado y criminalizado, considerado como peligroso por la prensa criminológica de mediados del siglo XX (Caimari, 2007). Tal peligrosidad se basaba en los delitos considerados femeninos, el incumplimiento de normas vinculadas a las mujeres, el sector social de pertenencia y las determinaciones psicopatológicas del discurso médico-legal argentino (Castells, 2017). La prensa solía reflejar un “sentido común criminológico” que no siempre se basaba en conceptos científicos (Caimari, 2004, p. 189). Este tipo de discursos, frecuentemente de tinte lombrosiano, también se reflejó en las prácticas de control estatal mediante la gestión de datos individuales durante el proceso de identificación y registro, y contribuyeron a la estigmatización de grupos e individuos según sus características.

A partir del siglo XX, los medios de identificación, como la cédula de identidad (1903) y el prontuario (1905), se proponían verificar la identidad de criminales y personas detenidas. En 1909, las cédulas de identidad se volvieron obligatorias para ciertas profesiones, como cocheros, mozos y prostitutas, entre otras (García, 2009). Aunque no alcanzaban a la población en general, algunos grupos sociales fueron objeto de un control policial más intensivo. En el caso de las mujeres, la identificación podía basarse en infracciones específicas y/o contravenciones o, como en el caso de Rosario, en el control de la “prostitución reglamentada”, con el objetivo de proteger la moral y establecer controles sanitarios (Múgica, 2010). Estos procedimientos también se reflejan en los prontuarios de Chubut. Aunque no se observa un enfoque específico en la prostitución, se emplearon otros mecanismos para estigmatizar a ciertos individuos, a partir de clasificaciones sociales que establecían categorías entre “buenos y malos”.

Las mujeres en el FPPC

La producción de prontuarios policiales contó con la participación activa de mujeres, tanto en su confección como en su sistematización (Figura 1). En Chubut, las mujeres ingresaron como personal administrativo a la policía desde la década del cuarenta, aunque la profesionalización en sus cargos se dio a partir de la provincialización. Recién en 1977, comenzaron a prestar servicios en áreas de la institución fuera del escalafón administrativo (Policía y Comunidad, 1986a, p. 25).

Figura 1

Empleada del Archivo Judicial de Rawson realizando sus tareas en medio de las grandes estanterías que contenían los prontuarios policiales (Policía y Comunidad, 1985, p. 36).

Esta fuente destaca el rol de las mujeres en la gestión documental y también hace referencia a las tareas que cumplieron en el área de criminalística a partir del cotejo y análisis de fichas dactiloscópicas.

Los ejemplares que componen el FPPC presentan particularidades en relación con su confección, contenido y proceso de individualización en cada caso. La información que incluyen no se relaciona linealmente con la persecución de la criminalidad; por el contrario, muchos de los trámites se relacionan con aspectos de la vida civil de las personas, como solicitudes de documentación, permisos o certificados, entre otros. La presencia de mujeres en estos documentos ha permitido focalizar en otros aspectos de la identificación que no solo difieren del procedimiento realizado con hombres, sino que permiten conocer las prácticas y perspectivas institucionales al momento de gestionar los trámites. Es importante señalar que los prontuarios mantienen la misma estructura documental en todos los casos, y se conforman de fotografías, impresiones dactiloscópicas, planillas filiatorias, datos familiares y sociales, trabajos, domicilios, entre otros (Figura 2).

Figura 2

Planilla prontuarial con los datos filiatorios de la persona identificada, el concepto que merecía, su moralidad y señas particulares (p.ej. cicatrices) (Prontuario n° 2.685, 1944).

Del mismo modo, es notable que los ítems consignados en las planillas de registro sugieren haber sido pensados para destinatarios específicos, varones. Varios de los apartados a completar se encuentran indicados en masculino: hijo de, nacido en o, en el caso de la descripción morfológica, se incluyen los detalles de la barba y/o bigotes, y en muchos se encuentra un apartado para indicar donde prestó el servicio militar.¹¹ La predominancia de varones en los registros y en las lógicas administrativas establecidas en los formularios refleja que estos fueron objetivos prioritarios del reconocimiento estatal.

Trámites como las uniones matrimoniales, los cambios de residencia, la compra de vehículos e inmuebles, la postulación u obtención de un empleo, etc., permiten conocer aspectos íntimos de las personas identificadas, que van más allá del nombre, la huella o el rostro. Los datos sobre familiares, amigos y compañías habituales permiten trazar los vínculos y relaciones sociales. Se infiere que esta información resultó significativa para la policía en un doble sentido. Por un lado, para establecer mapas sociales de criminalidad y/o rastrear sujetos considerados como sospechosos. Por otro, como un registro de identificación paralelo de redes sociales, parentales y laborales, que dieran cuenta de la respetabilidad de esas personas de “bien”, como expresan los fundamentos del prontuario “[…] La policía para poder desempeñar con éxito su alta misión social, necesita indispensablemente conocer a las personas […] Las buenas y también las malas” (Fondo de Prontuarios Policiales de Chubut, 1913). Tal distinción aseguraba la protección de la vida, la propiedad y el bienestar de quienes fueran considerados como buenos. Por el contrario, las personas ubicadas en el otro bando eran objeto de constante observación y control policial.

Se encuentran en las planillas características sobre la “moralidad”, la “conducta”, el “concepto” y “aspecto social”. Es complejo determinar cuáles fueron las nociones sobre las que se basaron estas apreciaciones, ya que no se trata de características medibles o cuantificables, sino más bien de criterios subjetivos. Las más utilizadas incluyen términos como “regular”, “mala”, “buena” y “desconocida” en relación con la moralidad, la conducta y el concepto. En cuanto al aspecto social, hay variaciones notables como “trabajador”, “decente”, “correcto”, “humilde”, “tipo indígena”, entre otras. Si bien son categorías controversiales, sus definiciones lo son aún más si se contempla el tinte discriminatorio basado en el nivel socioeconómico, el grado de alfabetización, la ocupación, el lugar de residencia, los familiares o amigos, así como la vestimenta y el aspecto físico. Esto evidencia que, además de identificar personas, se las clasificó en función de sus características individuales y sociales.

Tanto en las descripciones de varones como en las de mujeres, operaron criterios prejuiciosos y estigmatizantes. Sin embargo, en el caso de las mujeres, esta mirada se acentuó debido al rol femenino que socialmente estas debían cumplir. Las atribuciones en general se relacionaron con el motivo de apertura del prontuario, vínculos sociales, trabajo u oficio, vestimenta, etc. Las distinciones como “buena” o “decente” no fueron al azar; se aplicaron a mujeres casadas, católicas y/o con un empleo considerado como honrado. Otro ejemplo es el caso de una mujer que a partir de una solicitud de cédula de identidad, fue definida con un concepto, conducta y moralidad “buenos” y en su aspecto social como “media” (Prontuario n° 107.484, 1983). Las interpretaciones podrían ser diversas, aunque lo más probable es que estas definiciones se hayan encuadrado en su profesión de enfermera, en su estado civil como casada y/o en su nivel socioeconómico, entre otros factores, suficientes para incidir en tal calificación policial.

Entre los delitos más frecuentes cometidos por mujeres se incluyen hurtos, lesiones leves y lesiones en accidentes de tránsito. Estas causas tienen un punto en común, y es que las mujeres han sido caracterizadas con un aspecto social “humilde”. Esto permite observar una criminalización femenina particular que, al menos institucionalmente, comprendía un conjunto de características puntuales y posibles de reunir en el “aspecto social” de las mujeres identificadas.

Son notables las tareas de cuidado,¹² la ocupación que aparece en los prontuarios de mujeres generalmente comprende quehaceres domésticos. En menor medida, se encuentran profesiones como la enfermería u oficios de costura, y raramente las de mujeres que se encontraban cursando estudios universitarios o terciarios, como medicina o magisterio. La noción del cuidado se ve reflejada en las prácticas sociales, pero también en las institucionales con el prontuario como mediador, ya que surgen de los procesos de identificación de mujeres frases como: “sed caritativo con el necesitado” (Prontuario n° 4.834, 1959) dictada por los funcionarios policiales cuando el origen del trámite era solicitar un certificado de buena conducta.

En los casos siguientes se verá cómo la idea del cuidado, el honor y lo moral cobran forma asociadas a lo femenino y a lo correcto. En este sentido, se muestra que el matrimonio, la familia, la maternidad, el empleo y/o la ideología política han tenido gran incidencia en la individualización de las mujeres en Chubut.

“Vive lícitamente”

Lo lícito se puede asociar a lo justo, lo legítimo, lo legal, lo correcto, entre otras características que guardan relación con la idea del bien. En sentido opuesto, los actos calificados como ilícitos se asocian a lo moralmente indebido, lo prohibido, lo ilegal, la transgresión, etc. Resulta interesante trasladar estas ideas a la lectura de los prontuarios y resignificarlas cuando de mujeres se trata. Paradójicamente, muchos de los casos que se encuentran en el FPPC fueron encasillados bajo las premisas del segundo término, aunque la apertura del trámite no siempre haya estado relacionada con una conducta delictiva, sino más bien con cuestiones cotidianas o privadas de las personas. Veamos cómo se dan estas particularidades en algunos casos.¹³

En enero de 1948, E (21) fue denunciada por otra mujer, quien la acusó del hurto de una cartera con dinero que se encontraba en la casa de una amiga de la denunciante. Con el fin de esclarecer los hechos, es detenida e identificada en la comisaría de Puerto Madryn. El prontuario se encuentra en la sección AG,¹⁴ contiene sus fotografías, las planillas de identificación filiatoria y sus características morfológicas, los partes preventivos compartidos entre la policía de Madryn y Rawson, y el expediente judicial donde consta la denuncia e investigación posterior. La joven era soltera, no había concluido sus estudios primarios y manifestó dedicarse a los quehaceres domésticos. Fue calificada con conducta, moralidad y concepto “desconocidos” y, en cuanto a su aspecto social, como “humilde”. Su nivel de formación o que fuese empleada doméstica no son datos menores; se cree que pudieron incidir en sus calificaciones, a pesar de que no se contara con evidencia específica ni se hubiera probado su culpabilidad en los hechos. Además, uno de los apartados del prontuario hace referencia a la “escritura del identificado al dictado”, una práctica que se utilizaba para corroborar que la persona leía y escribía. Sin embargo, una oración escrita por E sugiere que este procedimiento pudo haber sido utilizado con otros fines (Figura 3).

Figura 3

Frase dictada por la policía al momento de la identificación: “La mujer cuando se casa debe todo su tiempo a su hogar y al cuidado de sus hijos y esposo” (Prontuario n° 30.259, 1948).

La joven había manifestado ser soltera. La idea que transmite la frase la posiciona en el ámbito doméstico, como si estuviera casada, realizando tareas de cuidado y maternidad. Esta perspectiva coincide con los ideales tradicionales respecto del rol que debía cumplir la mujer como esposa y madre. Los funcionarios reflejan esta percepción social al establecer límites sobre lo que consideran moralmente aceptable, asumiendo que su comportamiento fue incorrecto y que su lugar y conducta deberían ajustarse a las normas establecidas.

Luego de estar detenida dos días, E fue liberada porque no se pudo comprobar su responsabilidad en el hurto denunciado. Sin embargo, esta no sería la última vez en ser identificada. En 1964, realizó una solicitud de cédula de identidad, presentó como documentación una libreta cívica y una libreta familiar. En esta oportunidad, el concepto, conducta y moralidad cambiaron de “desconocidos” a “buenos”, dejando completamente de lado las calificaciones que se habían otorgado años atrás, ¿quizás su estado civil pudo influir en este cambio de calificación? Es probable, particularmente si se considera que sus vínculos familiares fueron descriptos gentilmente (Figura 4). Es interesante observar que, luego de casi veinte años, las concepciones sobre el rol de la mujer hayan mantenido ciertas lógicas en estos documentos. Se sostiene una concepción respecto a la mujer de “bien” como aquella dedicada al hogar y la familia.

Figura 4

En el apartado que indicaba las personas con las cuales se acompañaba habitualmente, se encuentran su esposo e hijos, a quienes se les asignó un buen concepto (Prontuario n° 30.259, 1948).

El prontuario de E permite distinguir entre lo ilícito y lo lícito de acuerdo con la construcción de la mirada policial. Aunque subjetiva, esta perspectiva no se aleja de los principios originales de las técnicas de identificación, que incluían una lectura minuciosa del cuerpo y el rostro como herramienta complementaria para la atribución de identidades. Lo ilícito se relaciona con la denuncia y la sospecha infundada sobre su persona, y lo lícito se encuentra determinado por su matrimonio y la maternidad, que representan las características ideales impuestas por la sociedad y reflejadas en el prontuario. Estas características probablemente incidieron en la percepción de su concepto, conducta y moralidad.

El segundo caso corresponde a I, quien en 1962 fue denunciada por lesiones en un accidente de tránsito e identificada en una dependencia policial de Chubut. Para acreditar su identidad, presentó una constancia de voto.¹⁵ Manifestó estar divorciada, dedicarse al servicio doméstico y, sobre su nivel de instrucción, contar con sus estudios primarios incompletos. Este expediente se encuentra en la sección de SP y tiene la particularidad de contar con información adicional que no se vincula con la investigación del accidente de tránsito, del cual no se informa su curso judicial ni su resolución (Figura 5).

Figura 5

Planilla prontuarial de causas y arrestos sufridos. Se indica la fecha, causa, lugar e intervención judicial. No hay registro de la resolución del hecho (Prontuario n° 22.345, 1962).

La documentación que se encuentra corresponde a un trámite civil en el marco de su divorcio, realizado con anterioridad a la denuncia. Cabe la posibilidad de que haya estado en el mismo legajo solo a fines de reunir los trámites de esta persona, pero se infiere que el divorcio pudo ser un antecedente importante en la caracterización de I. En un fallo judicial de 1959, se la define como una persona maliciosa e infiel y se la acusa del abandono de su hogar. De forma denigrante se la responsabiliza de la separación, lo que funciona como justificativo perfecto para dar lugar a la demanda de divorcio. En ese momento, el trámite de divorcio no disolvía el vínculo conyugal y por lo tanto las personas no podían volver a contraer matrimonio; a su vez, la separación debía estar debidamente justificada. Esto podría explicar su importancia al momento de la identificación, independientemente de la relación con otras causas. Incluso se notará que esta situación también repercutió en los trámites posteriores de I.

En 1975, la mujer se presenta en una dependencia de Comodoro Rivadavia y solicita un permiso de tenencia de armas. Esto desencadena una investigación policial para corroborar su domicilio y su situación laboral o, más bien, la legalidad de esta. Al respecto, un parte policial expresa: “se ha acreditado medio de vida lícito mediante exhibición diploma que la acredita como profesora de corte y confección” (Prontuario n° 22.345, 1962). Estas solicitudes son frecuentes en los prontuarios, pero no se han observado documentos que acrediten la información de la persona mediante una investigación informal. Tampoco, la presentación de un certificado laboral y/o título profesional como requisito. En este sentido, la constatación del domicilio de I y la exhibición de su diploma son indicios de una práctica que va más allá del proceso de identificación, por fuera del gabinete policial y que, en términos administrativos, exceden la competencia de la institución, dado que no hay un delito mediante ni un requerimiento burocrático para otorgar este tipo de permisos. Claramente, en este caso, lo ilícito se relaciona con su divorcio. Esta situación la volvió objeto de procedimientos arbitrarios que vulneraron su intimidad. Su título de profesora no borró sus maliciosos antecedentes, pero demostró que ejercía una labor honrada y en coincidencia con el rol que debía cumplir socialmente, es decir, que “vive lícitamente”, de acuerdo con los parámetros policiales.

En 1942 y en circunstancias distintas, M solicita una cédula de identidad. Su prontuario se remite a la sección de CI, se compone de varias fotografías, desde su niñez/adolescencia hasta la adultez, reflejando así los diversos trámites realizados por esta persona. Su concepto y moralidad fueron distinguidos en su primer trámite como “buenos”, y su aspecto social, como “decente”. En ese momento se encontraba comenzando sus estudios secundarios en un colegio religioso y sus primeras fotos la muestran con el uniforme de la institución. Entre los trámites que realizó siendo mayor de edad se encuentra la solicitud de un certificado para presentar en el Ministerio de Educación, ya que se desempeñaba como maestra de grado.

En 1951, M se convierte en blanco de averiguaciones por parte de la policía. Aunque no hay elementos que indiquen cuál fue el desencadenante de tal situación, los informes preventivos que circularon entre las distintas jurisdicciones policiales permiten hilar los motivos. Uno de los partes expresa: “diligenciar un informe solicitando con carácter urgente, estimaré comunicar si M […] registra antecedentes policiales, judiciales, políticos y morales, asimismo si está afiliada al Partido Peronista” (Expediente 28-R, 1951). Esta comunicación hace notar la sospecha sobre el comportamiento y los intereses de M, pero enfatiza en su ideología política y en su relación con el Partido Peronista.

Durante los primeros años del gobierno peronista, se establecieron formas de participación política y control social destinadas a identificar adversarios políticos. La denuncia fue clave en ese sentido, ya que permitía categorizar a los individuos y grupos opositores. A nivel nacional, se amplió la intervención de la justicia como recurso para neutralizar a la oposición. Con la modificación de las leyes relacionadas con el delito de desacato en 1949, se incrementó la vigilancia estatal sobre los distintos sectores de la sociedad (Moroni, 2018). El peronismo utilizó la educación como medio de propaganda política, direccionó las políticas educativas e influyó en la confección de programas y manuales con el objetivo de exaltar el régimen. En este contexto, la conducta docente fue intensamente vigilada y, ante la sospecha de que fueran oponentes al gobierno, podían ser sancionados/as con traslados o despidos. El desacuerdo con las medidas del gobierno, no afiliarse o la ausencia en actos públicos del partido también podían ser denunciados e investigados por las autoridades (Kabat, 2021). A partir de 1952, los controles se intensificaron bajo la órbita del Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación. En Chubut, estas acciones de inteligencia estuvieron a cargo de la repartición policial y la Gendarmería, según muestran los preventivos del prontuario en cuestión.

La búsqueda de antecedentes políticos de M encuadra en esta lógica de control ideológico, que también puso especial atención en otros sectores sociales y laborales,¹⁶ ya que en los prontuarios se incluyó una sección específica sobre “Ideología social y política”. La conducta o dichos de la joven pudieron ser razón suficiente para dudar de sus intereses ideológicos y, en tal sentido, de su desempeño docente. La investigación de la policía dio por resultado que no registraba antecedentes policiales ni judiciales, y que se encontraba afiliada al partido. Fue calificada de “excelente moralidad”, lo cual la eximió de cualquier tipo de sanción, a la vez que la mantuvo en el ámbito de lo lícito. Estas prácticas de vigilancia policial se sostuvieron con posterioridad al peronismo y durante su proscripción se acrecentaron en un sentido opuesto, poniendo el foco en quienes adherían ideológicamente y considerándolos enemigos.

Estos prontuarios permiten poner en juego la idea de lo lícito, lo correcto, el ideal sobre la mujer de “bien”, en relación con las conductas opuestas, desde una mirada policial que refleja los vestigios de la sociedad a la cual vigilan. El prontuario delimita espacios a partir de los datos, al separar, como hacían referencia sus fundamentos, entre lo bueno y lo malo. Las personas de bien como M, hasta que su afiliación política es foco de dudas, y las personas naturalmente sospechosas como E e I, con características dudosas e incorrectas. Estas últimas, basadas en el “aspecto social”, la ocupación y los datos de su vida privada en general. Aunque en circunstancias diferentes, en todos los casos el registro prontuarial excedió la mera identificación. Las caracterizaciones, las frases dictadas por los funcionarios, los procedimientos que se instruyeron desde las dependencias policiales o los intercambios de partes policiales dan cuenta de la utilización de los prontuarios como herramientas de control, a la vez que de observación y vigilancia. Desde estas lógicas, una solicitud de certificados dio lugar a un procedimiento de investigación paralelo, llevado a cabo por los mismos funcionarios. La observación policial tuvo gran incidencia en la construcción de categorías y calificaciones sociales. Estas no fueron casuales, sino que se definieron de acuerdo con cada persona, su aspecto físico, sus datos e información.

Los casos no son concluyentes, ya que cada uno permite indagaciones particulares en diferentes perspectivas. A lo largo de las décadas abordadas, el rol de la mujer experimentó significativas transformaciones, que fueron impulsadas a partir de la obtención de derechos y la ocupación de nuevos espacios sociales y laborales, más allá del ámbito doméstico. Estas transformaciones no transpiran en los documentos, o al menos, no en estos prontuarios, ya que registros con casi dos décadas de diferencia muestran características similares al momento de la identificación. Incluso, dentro de la policía, las mujeres fueron limitadas al área administrativa hasta fines de la década del setenta, lo que demuestra que los cambios y la evolución de la perspectiva institucional tampoco fueron inmediatos.

Independientemente de las circunstancias del trámite, los parámetros policiales sí tuvieron una noción consolidada respecto del ideal femenino y de lo que se encontraba por fuera de este ideal. Esto se observa en las formas en que se las definió principalmente, aunque un análisis más singular de estas calificaciones y de las frases escritas por las identificadas podría reforzar esta presunción.

Aunque los prontuarios responden a diferentes fechas, la estructura documental es muy similar. Sin embargo, como se mencionó, uno de los cambios se vincula con la indagación sobre intereses ideológicos y afiliaciones. Las transiciones políticas y los cambios en el marco normativo han tenido un impacto significativo en la estructura institucional de la policía. Estos procesos han influido no solo en la organización interna de la fuerza, sino también en la sofisticación de las tareas de inteligencia y en la vigilancia de determinados individuos, como se reflejó en el último caso. Sería importante, en esta línea, explorar la incidencia del prontuario en la construcción de la peligrosidad, especialmente basada en el pensamiento ideológico.

Los fundamentos del prontuario, que instaban a la policía a conocer a las personas a la vez que distinguir entre buenos y malos, operaron de manera eficiente a través de una distinción de la moralidad. Se observa que, durante el periodo, el control pudo estar mayormente enfocado en los varones, dadas las características de la misma documentación. Aunque las mujeres fueron identificadas en menor medida, no se les prestó menos atención, especialmente cuando incumplían ciertas normas y sus conductas debían ser corregidas o, al menos, investigadas.

Conclusiones

Existe una tendencia a relacionar la figura del prontuario con un delito. En Chubut, los prontuarios se utilizaron para identificar a toda la población y gestionar trámites civiles, independientemente de una conducta criminal. Los ejemplares revelan que, sin importar el tipo de gestión que una persona iniciara en el Departamento Judicial de Rawson, se le atribuía algún tipo de calificación de acuerdo con sus datos personales, nivel de instrucción, situación laboral, vestimenta, apariencia física, entre otros. Con base en esa información también se consignaron valoraciones subjetivas sobre aspecto social, conducta, concepto y moralidad, que respondieron a criterios policiales individuales.

Estos documentos también permiten conocer los procedimientos policiales de identificación y cómo estos se desarrollaron de acuerdo con la persona identificada. En el caso de las mujeres, muestran una perspectiva institucional particular y la forma en que fueron definidas de acuerdo con su rol. Mirada que también se ajusta a la percepción social del lugar que debía ocupar la mujer, las conductas consideradas moralmente correctas, la importancia de preservar el honor y de vivir lícitamente.

En la práctica, el prontuario ha tenido una impronta diferente, que excede el reconocimiento y registro de personas. Como se evidencia en los casos presentados, un trámite, solicitud o denuncia pudieron habilitar procedimientos informales de investigación y vigilancia, diversificando las funciones policiales. La sospecha de lo moralmente incorrecto derivó en el dictado de frases moralizantes, estigmatizantes y disciplinadoras. Un fallo de divorcio funcionó como antecedente importante para identificar a una mujer denunciada por un accidente de tránsito e incluso indagar posteriormente sobre su vida privada, su trabajo, o mejor dicho, la legalidad de este. La verificación de intereses políticos fue el desencadenante de un proceso de investigación y vigilancia en red de las fuerzas de seguridad. El resultado de esta investigación iba a tener indefectiblemente un gran impacto en la situación laboral de la persona involucrada.

Durante el periodo abordado, la estructura general de los prontuarios mantiene características similares. Sin embargo, con el gobierno peronista, se incluyó un ítem sobre ideología social y política como parte de los datos a completar al momento de la identificación. Esto es indicio de que las tareas de inteligencia se intensificaron y sofisticaron, tal como se ve en el caso de M. Las transiciones políticas y el marco legislativo en relación con la organización de la policía incidieron en los procedimientos de vigilancia. En esta dirección, resulta de interés profundizar en la práctica policial y utilización del prontuario como herramienta de control en distintos escenarios políticos. Se destaca en este aspecto la potencialidad de la fuente, que es relevante para comprender la historia social y política de Chubut, así como también la historia de la policía en sus diferentes estructuras y a lo largo de distintos períodos que aún no han sido explorados con detenimiento. Abordajes que, a su vez, habilitan distintas preguntas de investigación y desde campos disciplinares diversos.

Sería imprudente considerar que estos casos representan al universo femenino del FPPC, ya que cada ejemplar presenta sus particularidades y narra su propia historia. Es probable que estos sean el punto de partida para explorar el entramado de prácticas relacionadas con la identificación, la investigación y la vigilancia policial. La suma de todos ellos permitirá plantear nuevos interrogantes en ese sentido.