Tiempo de proyectos

Hacia fines del año 2017 dimos los primeros pasos de una investigación sobre experiencias de transición hacia formas de producción agroecológica en el marco de procesos de comercialización de cercanía. Para ello nos proponíamos conocer la experiencia de la organización Surcos,¹ ubicada en la colonia Paraíso, emplazada en el sur del periurbano bonaerense.²

La organización Surcos se constituyó en el año 2013 y está integrada por aproximadamente 15 asociados de familias productoras vecinas de Paraíso. Emerge a partir de un trabajo iniciado en el año 2010, en el que conformaron un grupo de Cambio Rural³ para trabajar en forma colectiva sobre la producción y comercialización de su producción hortícola. La mayor parte de las familias que la integran (13 de las 15) arriendan la tierra en la que producen; una proporción importante de ellas son de origen boliviano. Arriendan entre una y dos hectáreas y la fuerza de trabajo proviene predominantemente de los grupos domésticos-familiares, de la contratación eventual de trabajadores asalariados y, en algunos pocos casos, de acuerdos de mediería que generalmente se realizan con integrantes de la familia extendida.

La colonia “Paraíso” está ubicada al sur del periurbano bonaerense. Se trata de una zona rural próxima a la ciudad cabecera del partido en la que se despliegan actividades hortícolas, tamberas y ganaderas desde principios de siglo XX, en las que se ha destacado la presencia de inmigrantes de Italia, Portugal y Japón (De Marco, 2012). En la actualidad, es una zona de quintas, en las que se producen alimentos frescos donde predomina la mano de obra boliviana, como ocurre en otras zonas de quintas de los periurbanos de las grandes ciudades.

Desde sus inicios, “Surcos” se ha vinculado con agentes territoriales de instituciones de extensión e investigación, principalmente adscriptos al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (CIPAF), así como a otras instituciones gubernamentales de diferentes niveles (municipal, provincial y nacional) y a profesionales y estudiantes de universidades públicas. En el marco de esos vínculos, iniciaron la transición hacia la producción agroecológica y participaron de iniciativas de comercialización consistentes en la venta directa, la venta en ferias y la inserción en circuitos de comercialización de proximidad; es decir, en las áreas urbanas más pobladas que se encuentran cercanas. La adopción de la agroecología como estrategia productiva fue una alternativa para los productores de Surcos que tenían una trayectoria de trabajo hortícola fundada en el modelo tradicional dependiente de la utilización de insumos químicos sintéticos para el control de plagas y malezas. Implicaba un cambio tanto en la forma de producir como en los modos de comercializar, pues requería de la vinculación con consumidores dispuestos a demandar alimentos de esas características para evitar la comercialización a través de intermediarios y mercados concentradores que no valorizaban esa producción en forma diferencial.

La persona que se desempeñaba como técnico-asesor de Surcos -primero en el marco del programa Pro-Huerta y luego remunerado a través de la comercialización de bolsones de verduras- era, a su vez, integrante de nuestro proyecto de investigación. A partir de su mediación tuvimos la posibilidad de participar de una asamblea de productores y consumidores, en reuniones de los integrantes de Surcos y en reuniones de elles con agentes de instituciones estatales y de universidades públicas. De este modo se inició nuestro trabajo de campo.

Al participar en estos espacios observamos que, tanto la adopción de la agroecología como la comercialización mediante circuitos de proximidad se fundaban en una amplia red de vínculos tejidos a lo largo de una década aproximadamente. No se trataba, por lo tanto, de vínculos impersonales e instrumentales entre técnicos y productores asociados, sino de una historia de trabajo y proyectos compartidos. Por otro lado, nuestra participación en los eventos e instancias ya comentados como parte de nuestro acercamiento en terreno integraba a nuestro grupo en esa red de vínculos previamente constituida sin que esto ocurriera en forma predefinida o acordada en base a un objetivo en particular.

A inicios del año 2018, se realizó una convocatoria para la presentación de “Proyectos Especiales” en el marco del Programa Pro-Huerta⁴ y fuimos invitados a participar de una reunión para formular el proyecto que Surcos presentaría a esa convocatoria.

Mediante la participación en dos reuniones y el seguimiento posterior a través de intercambios con algunos de los/as involucrados/as pudimos observar el proceso de formulación de dicho proyecto y de los resultados de su ejecución.

Nuestra reflexión se ha orientado a comprender lo ocurrido durante los intercambios en los que pudimos escuchar la enunciación de problemas con el objetivo de ser elaborados posteriormente en la forma de un proyecto que guardara relación con las acciones realizadas en forma previa en el marco de la transición a la agroecología y la comercialización, con el perfil de los productores, con las actividades y condiciones socioproductivas de la zona y acorde con los lineamientos de la convocatoria para la solicitud de financiamiento.

Ese registro nos orientó a analizar la forma en que se hace operable un programa estatal, más precisamente, a reflexionar sobre lo que Rose y Miller (1992) entienden como las técnicas, procedimientos y dispositivos que son empleados para transformar un problema o una serie de problemas específicos en objeto de un programa estatal, representándolo en el lenguaje del programa, al decir de Yanow (2015), y dentro de lo que Bourdieu (2002) designa como lógica del campo burocrático. Siguiendo a Muller (2000), entendemos que un programa es parte de una política estatal para la formulación, organización y ejecución de acciones orientadas a la resolución de problemas y/o al logro de objetivos específicos que puede orientarse a un sector de la sociedad. Si bien, como analizan Shore y Wright (2011), desde la lógica de los agentes estatales se configura como una “entidad objetiva”, en términos de una estrategia producida y ejecutada de modo racional por agentes competentes que disponen de saberes expertos, tanto el diseño como la implementación de los programas son producidos por agentes a partir de perspectivas, enfoques y aspiraciones que confluyen en definiciones particulares de problemas y soluciones que descartan otras alternativas (Shore, 2010). En un mismo sentido, Oszlak y O´Donnell (1995) sostienen que las políticas estatales representan una toma de posición que formula un conjunto de acciones y omisiones que se manifiestan en modalidades de intervención determinadas pero que no son necesariamente unívocas, permanentes ni compartidas por el conjunto de agentes que integran la burocracia estatal y el gobierno.

Del mismo modo que, según describe Muller (2002), para transformar un problema en objeto de política pública diferentes grupos realizan un trabajo específico, en la situación que vamos a describir, diferentes grupos y agentes estatales se vincularon, reactualizando sus vínculos, en el marco de relaciones caracterizadas por la asimetría y la desigualdad, para “producir la política en terreno” a partir de los intercambios entre los agentes territoriales y las poblaciones destinatarias (Frederic y Soprano, 2008). Por ello nos hemos preguntado por los significados atribuidos por los diferentes participantes: los agentes territoriales presentes como formuladores; aquellos que concurrieron en carácter de expertos y quienes se desempeñaban como asesores; por quienes eran potenciales destinatarios del programa y por nosotros mismos en carácter de observadores, interlocutores e intérpretes de la situación. En ese sentido, hemos tenido una inquietud adicional y particular acerca de la voz de los subalternos en estos procesos, que nos ha llevado a preguntarnos sobre la forma en que es escuchada, reproducida y representada en los dispositivos que llevan los programas a la práctica -en este caso, el proyecto- y en los de comprensión e interpretación como el representado por este mismo texto.

El trabajo de campo fue realizado poniendo en práctica el método etnográfico con el objetivo de comprender las formas diversas en las que los sujetos producen e interpretan su realidad a través del registro, mediante observación participante de sus prácticas y discursos (Guber, 2001). La presencia en el campo nos permitió la descripción y producción de datos en relación con los sujetos y nos orientó además a someter a análisis nuestra posición como investigadores, en términos de propósitos y perspectivas teóricas y de nuestra posición como integrantes de una sociedad y cultura, con sus características de desigualdad social en la distribución y apropiación de capitales. A partir del registro de las acciones y discursos de los agentes que interactuaron en las reuniones, hemos construido nuestra interpretación de sus múltiples estructuras de significación en asociación con sus posiciones sociales, para así comprender los sentidos movilizados en el transcurso de la formulación del proyecto y, de ese modo, realizar nuestra propia conjetura acerca de lo ocurrido (Geertz, 2003).

La inscripción de problemas en un proyecto

Nuestro grupo de investigación había sido convocado a participar de una reunión de la Asociación “Surcos” con técnicos del INTA con el objetivo de formular un proyecto para presentar en el marco de una convocatoria denominada “Proyectos especiales” del Pro-Huerta. La presentación a esta convocatoria aparecía como una opción de continuidad del financiamiento de las actividades de transición hacia la agroecología y de generación de circuitos de comercialización de proximidad alternativos a los mercados concentradores contrapuestas a la producción y comercialización denominada como convencional. La reunión estaba condicionada por un contexto de recortes y restricciones presupuestarias y despidos que habían tenido lugar en diferentes instituciones estatales.⁵ Este contexto había afectado directamente a quienes integran Surcos, ya que el técnico asesor -que hasta 2016 era rentado en el marco del programa estatal Cambio Rural- dejó de percibir esos ingresos y pasó a ser financiado con una proporción de la venta de bolsones de verdura que realizaba la organización. Tanto el programa Pro-Huerta como el Cambio Rural tenían en ese momento más de dos décadas de existencia y habían atravesado por redefiniciones producto de cambios de gobierno. La particularidad de este momento radicaba en que Cambio Rural había modificado el perfil de sus destinatarios dejando fuera a productores descapitalizados. En el caso de Surcos, ello impedía que pudieran seguir recibiendo asistencia en el marco de ese programa. Contrariamente, ahora su perfil se adecuaba al del Programa Pro-Huerta, y través de la presentación del proyecto se trataba de dar continuidad al trabajo realizado previamente.

En la reunión para la formulación del proyecto estaban presentes cuatro agentes del INTA. Una de ellas tenía relación con la asociación desde que esta se había constituido como grupo para iniciar la transición agroecológica y otra se había sumado haciendo sus prácticas como estudiante de la carrera de agronomía y había participado de las iniciativas de comercialización de bolsones. Un tercer técnico, quien era el único que no tenía un vínculo previo con Surcos, estaba allí en razón de sus conocimientos sobre tecnologías para el acceso y uso de agua. Finalmente, el cuarto tenía un vínculo más reciente con la asociación y estaba trabajando en el desarrollo de mesadas de trabajo y bolsones retornables para facilitar y mejorar los procesos de trabajo y comercialización.

La reunión, en la que participaron todas/os los integrantes de Surcos, se desarrolló en el predio de dos productores que alquilan sus quintas. Cabe destacar que cada integrante de Surcos participaba en representación de un establecimiento en el que residen y trabajan varios integrantes de unidades domésticas vinculadas a ellos. La participación y representación en las reuniones suele ser asumida por los integrantes varones. En las reuniones que presenciamos han participado, generalmente, solo dos mujeres, una de ellas, viuda de uno de los fundadores de Surcos.

El día de la reunión, los integrantes de Surcos estaban preocupados porque hacía tres días se había cortado el suministro de energía eléctrica en la zona. Esto afectaba tanto la vida cotidiana de las familias como las actividades productivas, pues sin electricidad no podían bombear el agua y regar la producción. Si bien eran los últimos días de verano, las altas temperaturas registradas hacían que la producción corriera riesgos si no lograban regar. Por otro lado, quienes residían en las quintas no disponían de agua en sus viviendas. Por ello, el prolongado corte de energía eléctrica había orientado la propuesta del proyecto por parte de los/as integrantes de la asociación hacia la necesidad de garantizar el acceso al agua.

Al iniciar la reunión y luego de las presentaciones, el agente de INTA especialista en agua tomó la palabra para comentar sobre las tecnologías disponibles para la cosecha de agua,⁶ en particular aprovechando la captación de agua de lluvia. Conocedor también de las características de los establecimientos hortícolas del AMBA, expresó que algunas de estas posibilidades no eran apropiadas para productores arrendatarios pues implicaban una inversión fija en predios en los que no tenían la seguridad de permanecer, tal como era caso de la mayoría de los integrantes de Surcos. Un segundo inconveniente era que la financiación que se podía obtener mediante el proyecto sería insuficiente para ese tipo de tecnologías. Sin embargo, si optaban por tanques más pequeños, posibles de adquirir con la financiación que brindaba el proyecto, la disponibilidad de agua no sería suficiente frente a prolongados cortes de energía eléctrica.

En ese momento, la técnica de INTA que conocía al grupo desde sus inicios -pues lo había acompañado en el proceso de transición a la agroecología, y, además, estaba a cargo de la redacción y presentación del proyecto- propuso que el proyecto fuese formulado en torno a la implementación de un sistema de lavado de verduras con agua de buena calidad. De ese modo, argumentó, sería un proyecto de acceso al agua pero asociado a usos productivos, al proceso de comercialización de proximidad y a garantizar que las producciones agroecológicas fueran lavadas con agua en buen estado. Además, eso permitiría que el proyecto fuera presentado y evaluado en temas de comercialización y no en temas de agua, donde daba por sentado que habría muchas presentaciones de otras regiones del país con mayores dificultades de acceso al agua. La técnica sugirió además que era necesario considerar la cantidad de proyectos y la forma de evaluación Proponía de ese modo un recorte sectorial del problema acorde con la lógica de la convocatoria (Muller, 2002) y postulaba la disposición propicia para regular la práctica de formulación de un proyecto (Bourdieu, 2002).

La otra técnica del INTA presente agregó que la presentación de los proyectos vencía en veinte días, por lo cual no había tiempo para elaborar aquellos que requirieran de estudios aún no realizados. Por eso, recuperando las palabras dichas previamente, veía conveniente la propuesta de recolección y cosecha de agua para el lavado de verduras. La formulación del proyecto debía allanarse al tiempo previsto por la convocatoria.

Los asociados no parecían estar de acuerdo con esa propuesta. Estaban más preocupados por la falta de electricidad y de agua tanto en las quintas como en sus casas. Hablaron entre ellos de la necesidad de regar, de los costos, conversaron sobre el lavado de las verduras y comentaron que es algo que hacen de todos modos y que no requiere de tanta cantidad de agua. Entonces, el presidente de la asociación reafirmó que la prioridad era el agua y que, si el proyecto no salía, ellos estarían “en el surco” de todos modos. Si bien los integrantes de la asociación disponían de la capacidad de hacer valer su interés en la formulación del proyecto poniendo en juego su experiencia y conocimiento tácito (Shore, 2010; Yanow, 2015), sin embargo, no disponían de la posibilidad de gestionar por sí mismos los procedimientos para la formulación y carga del proyecto en el sistema informático, lo cual limitaba su capacidad de agencia y dejaba expuesta la desigualdad de la situación en la que se encontraban (Frederic y Soprano, 2008).

La técnica que los conocía hace más tiempo preguntó entonces qué pedirían o qué pondrían en el proyecto. El asociado de la quinta en la que estábamos reunidos, arrendatario, propuso solicitar tanques chicos para poder regar, focalizando la propuesta en las actividades productivas. La familia de este asociado no reside en la quinta, por lo cual no compartía con el resto de los integrantes la preocupación de disponer de agua para consumo doméstico. En los casos de las familias que residen en las quintas, al menos unas diez o doce de las quince asociadas, esta preocupación era apreciable. Por eso, otros asociados agregaron rápidamente que querían tanques para regar, lavar y, fundamentalmente, para la casa. Las diferencias en términos de tenencia de la tierra y residencia generaban perspectivas diferentes entre los asociados.

Una vez más, la técnica insistió en precisar una propuesta para elaborar el proyecto. Los tanques-sachet de diez mil litros son una alternativa de tanques livianos y móviles. Otro quintero asociado que es propietario de su tierra desestimó la idea argumentando que un tanque de veinte mil litros, el doble que el tanque-sachet, sirve para unos tres días nada más si no hay energía eléctrica. Destacaba así que el corte de luz es un problema estructural que afecta la vida cotidiana y laboral de los quinteros y que resultaba difícil de resolver a través de proyectos cuyo financiamiento era acotado. Sin embargo, era una problemática insoslayable. A través de los argumentos relacionados con los temas y problemas de la convocatoria y los montos de financiación los técnicos intentaban configurar una demanda para redactar un proyecto, lo que generaba un “efecto de aislamiento” (Trouillot, 2011) de un problema vinculado a la producción y comercialización agraria al omitir las demás causas del problema que excedían sus posibilidades y atribuciones.

Entonces la técnica dijo que un proyecto tiene que tener un argumento importante pues no es una lista de supermercado. Hay que argumentar los tanques en relación con el riego y al lavado de verdura para que lo aprueben. Adicionalmente, decía, los productores pondrían las bombas pequeñas como contraparte. También propuso el diseño de envases para bolsones, en los que se comercializan los productos a través de los circuitos de proximidad, y mesadas de trabajo más prácticas para el armado de bolsones. Su argumentación se basaba en formular un proyecto alrededor de la obtención de verdura sana, pues las acciones tendrían sentido -tanto para los asociados como para los técnicos- en tanto se hicieran valer los intereses de los productores en forma potencialmente eficaz, esto es, si el proyecto podía ser aprobado. La técnica operaba para ello una mediación (Peshanna Neves, 2008) que representaba la forma eficaz en que el problema de los productores podía ser atendido por la convocatoria en el marco del programa. Proponía por ello reformular el problema a presentar en el proyecto de un modo que pudiera ser aprobado.

En ese momento, el cuarto técnico, que hasta esa instancia no había intervenido, exhibió el proyecto de prototipo de mesa de embalaje realizado por diseñadores industriales con el objetivo de mejorar el proceso de embalaje de la producción. Pero la técnica que apoyaba que el proyecto se formulara alrededor del lavado de verduras acotó que en los proyectos hay que incluir presupuestos y los diseños no los tienen; sería difícil presupuestar algo que aún no se ha hecho en tan pocos días. Y reiteró que no se podían formular proyectos para los que no se tuvieran los estudios, planos y materiales necesarios.

Los técnicos que trabajaban sobre acceso a infraestructura y acceso al agua argumentaron que para el caso de los tanques también se requieren cálculos de costos dependiendo del tipo de tanques. Sean tanques de agua o mesadas, se requiere tiempo para elaborar diagnósticos, propuestas y costos de las alternativas. Todo un trabajo de comprensión y producción de los problemas que excede a los equipos técnicos presionados por la apertura de líneas de financiamiento que deben ser aprovechadas pues son la posibilidad de dar continuidad a sus líneas de trabajo a la vez que constituyen una de las maneras en que los procedimientos burocráticos para la implementación de políticas estatales regulan las prácticas de los agentes estatales (Bourdieu, 2002).

La reunión terminó sin un acuerdo acerca del proyecto que se presentaría y con el propósito de encontrarnos nuevamente para definir la propuesta. Una semana después nos reunimos nuevamente, esta vez en la sede de la asociación, ubicada en la quinta de su presidente, que, a su vez, es uno de los dos integrantes de Surcos que es propietario. Las técnicas de la agencia estatal agropecuaria que habían estado en la primera reunión no podían asistir a esta.

Era temprano y solo habían llegado tres asociados, dos arrendatarios y un propietario. El técnico asesor de la asociación aprovechó para preguntar de qué forma lavaban las verduras y ellos explicaron que lo hacían regándolas con mangueras. Al llegar otra asociada -arrendataria que trabaja con tres medieros a cargo, parientes de ella, que viven en el predio de la quinta en casillas de madera y chapa- explicó que querían los tanques porque los cortes de luz son permanentes y pueden estar varios días sin agua. Algunos incluso no tienen tanques para lavar verdura. Y comentó que el día del corte de luz estaba “cero de agua”.

La reunión parecía estar en un punto muerto, pues los integrantes de la asociación estaban decididos a que la propuesta fuera para acceder a los tanques de agua y los técnicos consideraban que dicha propuesta tenía pocas posibilidades de ser aprobada. No estaba en discusión la necesidad, sino la posibilidad de que la problemática pudiera ser resuelta a través de un proyecto de subsidios para tanques de agua que no fuese aprobado.

En ese momento, en base a la experiencia de uno de los asociados que comentó que no siempre que se corta la electricidad se cortan todas las fases, los técnicos de INTA propusieron un proyecto para que cada productor accediera a una bomba monofásica, que les permitiría llenar los tanques de agua y regar.

De ese modo, el proyecto finalmente contempló un subsidio para la financiación de la compra de una bomba monofásica y un tanque de dos mil quinientos litros cada dos productores, que, en caso de cortes de luz, permitieran cargar el tanque usando una sola fase (o sea, si es que no se cortaban todas las fases) y que garantizara de ese modo el acceso a agua en los hogares y para riego y lavado en las quintas, aunque fuera por un plazo breve. De manera complementaria, se financió la compra de dos grupos electrógenos para los casos de corte de energía de todas las fases. Habiendo acordado el contenido del proyecto, el técnico aclaró que transmitiría la idea a la técnica que debía aprobarlo, redactarlo y cargarlo.

Rutinas, dilemas y márgenes de la racionalidad estatal

Como fue señalado, la convocatoria para la presentación de proyectos se produjo en el contexto de un corte de energía eléctrica que había impactado tanto en las tareas de riego y lavado de verduras como en la vida cotidiana de quienes integran “Surcos”. El problema estructural de acceso al agua generó una demanda cuya resolución excedía las posibilidades del programa pero que, aun así, fue reelaborada procediendo a la formulación de un problema de modo que estuviera contemplado en los lineamientos de la convocatoria y pudiera ser abordado a través de la presentación de un proyecto.

Un programa constituye una estrategia en tanto formula una serie de acciones (promover el abastecimiento local de alimentos saludables y frescos a través de circuitos cortos de comercialización; generar “Proyectos Especiales” para comunidades rurales y periurbanas para el fortalecimiento de emprendimientos productivos y acceso al agua; promover la alimentación y prácticas saludables; y brindar capacitación y acompañamiento técnico en el caso del Pro-Huerta) orientadas a la consecución de uno o más objetivos. Los objetivos del Pro-Huerta durante el periodo analizado consistían en alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria, garantizar los derechos a una alimentación adecuada y el acceso al agua y generar un desarrollo territorial integral.

Para la instrumentalización del programa se producen técnicas que constituyen un conjunto de procedimientos que se definen como métodos para tramitar o ejecutar algo. En este caso, esas técnicas consistieron en la definición e identificación de la población destinataria (familias en situación de inseguridad alimentaria y productoras/es y organizaciones de la agricultura familiar); la realización de diagnósticos generales (para el diseño del programa); la capacitación, formación y acompañamiento técnico; el apoyo a emprendimientos productivos, comerciales y de acceso al agua; la financiación de proyectos y la realización de diagnósticos particulares que pudieran tener un carácter participativo o colaborativo para la formulación de los proyectos. Cada una de ellas se vale a su vez de una serie de procedimientos y confluye en la producción de dispositivos, a los que definimos como elementos para la realización de una función determinada. El dispositivo más significativo en la situación analizada es el “proyecto”, cuya función es la formulación de un plan de acción encuadrado en los lineamientos de la convocatoria a la presentación de proyectos y en los objetivos del programa, en este caso, garantizar el acceso al agua de buena calidad para la producción de alimentos saludables.

Las líneas de financiamiento de la convocatoria a proyectos, que forman parte de las técnicas y procedimientos de implementación que hacen operable el programa (Rose y Miller, 1992), se producen en el marco de lo que Muller (2002) define como políticas sectoriales; en este caso, aquellas orientadas a la producción de alimentos realizados por un perfil específico que abarca desde los productores de subsistencia a aquellos con un bajo nivel de capitalización localizados en predios en los que trabajan predominantemente integrantes de los grupos domésticos y/o familias. La convocatoria, que en este caso es el procedimiento mediante el cual se opera el programa, regula la formulación de los problemas en función de los aspectos socioproductivos que constituyen los objetivos del mismo. Dichos problemas son construidos en función de los aspectos asociados a los objetivos del programa y a las líneas definidas por la convocatoria. Sin embargo, ellos son efecto y consecuencia de múltiples fuerzas, disposiciones, normas y relaciones; es decir, son multidimensionales y exceden los aspectos que pueden ser elaborados y trabajados en el marco del programa y de su convocatoria a proyectos.

Lo dicho no significa que los agentes que hacen operable este programa no trabajen más allá de lo prescrito por este. Lo que pretendemos enfatizar es la forma en que el procedimiento de formulación del proyecto -en tanto dispositivo de acceso al financiamiento- orienta a construir el problema. Este se construye a partir de la acción que es posible proponer en el marco del proyecto dejando de lado los diferentes niveles de responsabilidades institucionales y de actuación de agencias estatales y las regulaciones, leyes y normas que configuran el problema por fuera de las posibilidades del proyecto. En ese sentido, la formulación en el marco de la convocatoria obligaba a descartar otras formas de producción del problema y otras soluciones posibles (Shore, 2010).

Un ejemplo de esto lo podemos ver en el acceso al agua y a la tierra sobre el que trataron las reuniones para la formulación del proyecto que hemos registrado. La mayoría de los quinteros alquilan la tierra y los contratos o acuerdos de alquiler estipulan que la cesión de la tierra se realiza con fines productivos y no con fines residenciales. Eso significa que los arrendatarios no pueden localizar sus viviendas allí y que, en caso de que así lo hicieran, los propietarios de la tierra no están obligados a brindar condiciones de habitabilidad; esto es, vivienda y servicios básicos residenciales: energía eléctrica y agua potable (García y González, 2014).

Al enunciar la problemática de acceso al agua se produce una argumentación que considera que los quinteros son arrendatarios y se focaliza en que ese elemento genera una situación de inestabilidad para realizar inversiones. Sin embargo, a lo largo de nuestro trabajo de campo hemos podido comprobar que muchos de los quinteros están en la misma quinta hace varios años, veinte en algunos casos, y que incluso en ocasiones se han traspasado el alquiler entre parientes. Con ello queremos visibilizar que el arrendamiento, incluso ante la ausencia de un contrato formal, no tiene necesariamente un efecto de inestabilidad. Sus efectos pueden ser múltiples y la inestabilidad de la tenencia de la tierra puede ser uno de ellos. Por caso, las condiciones de arrendamiento, vinculadas exclusivamente a usos productivos y no residenciales, desligan a los propietarios de tener que garantizar condiciones de habitabilidad en las quintas y los servicios esenciales así como también de accidentes que puedan ocurrir en las quintas a raíz del uso residencial. También los desliga de tener que reconocer monetariamente las inversiones realizadas en los predios asociadas al acceso a servicios residenciales. Pero además, y tanto o más importante que lo anterior, diluye la responsabilidad de las autoridades municipales y provinciales en la realización de obras para generar o mejorar el acceso a esos servicios en zonas calificadas para usos productivos y no residenciales, pues esa calificación no genera una obligación en términos de derechos al acceso a esos servicios.

La clasificación del espacio produce de ese modo un “efecto de espacialización”, la producción de fronteras internas y externas de los territorios y las jurisdicciones (Trouillot, 2011), que pone a una porción de la estructura estatal al margen de la obligación de atender cuestiones de orden habitacional en áreas definidas como “productivas”. Sin embargo, los usos de la tierra van más allá del ordenamiento estatal prescrito. Se produce así una situación que se encuentra al margen de lo que regulan las leyes de arrendamientos y mediería; en la práctica, una ausencia de derechos. Un margen en el que se diluye el “incuestionable control del Estado” y se redefinen los modos de gobernar la propiedad y sus usos mediante formas de regulación no estatales pero no por ello carentes de un orden (Das y Poole, 2008); un orden en el que persiste la desigualdad y sus mecanismos de reproducción.

La convocatoria a presentación de proyectos coincidió con los cortes de energía eléctrica que no solo impidieron el acceso al servicio de luz sino también al agua. Como ya expresamos, los proyectos permiten trabajar sobre el acceso al agua para fines productivos, pues su abordaje es sectorial (Muller, 2002). Sus procedimientos conducen así a acotar el problema descartando “a priori”, aunque no necesariamente en la práctica de los agentes territoriales de INTA, un enfoque integral.

La convocatoria a la presentación de proyectos se caracterizaba por tener líneas específicas a las cuales los productores podían aplicar. En este caso, la temática que era susceptible de ser financiada por parte de las agencias estatales contemplaba acciones que pudieran generar acceso al agua. Si bien el acceso al agua y su disponibilidad es un problema frecuente en esta zona geográfica, sobre todo por la contaminación de las napas y por la falta de acceso derivada muchas veces de los cortes de energía eléctrica, esta situación no solo afecta a la producción de las quintas sino también al consumo cotidiano de agua en los hogares.

Ante la posibilidad de presentar un proyecto en relación con esta problemática cotidiana de los productores, las ideas que resultaban de la propia experiencia como trabajadores y trabajadoras hortícolas se actualizaron buscando ajustarse al lenguaje y presupuestos de esa acción. En esta dinámica, el rol de los técnicos cobró un papel fundamental pues ellos dominan el lenguaje particular que debe ser utilizado en los proyectos y las acciones que era posible proponer (Yanow, 2015). Algunas de las técnicas, especialmente las que habían acompañado el proceso de transición agroecológica, tenían una relación de larga data con los/as productores/as, y eso colaboraba en la confianza al momento de presentar ideas que pudieran vincular las condiciones en que se encuentran las quintas con los aspectos formales para formular un proyecto. Los/as técnicos/as presentes contribuían a la posibilidad de tornar “legibles” las estructuras estatales para los asociados (Das y Poole, 2008).

Las reuniones habilitaron la posibilidad de transformar el problema en una demanda presentable en la forma de un proyecto al recortar la problemática en los aspectos que pudieran permitir incorporarla en las definiciones del programa y en las líneas de financiamiento abiertas para la presentación de proyectos. Esto implicó una definición de los perfiles de los destinatarios de los proyectos que los construyó en tanto productores de alimentos e implicó dejar de lado aquellos aspectos no vinculados con esta práctica.

El problema fue reelaborado en los términos del programa y su lenguaje mediante operaciones discursivas contenidas en la propia lógica de implementación. Como destaca Yanow (2015) al fundamentar una perspectiva interpretativa de las políticas distante tanto de los enfoques normativos como de los racionalistas e instrumentales, el lenguaje, las acciones y los objetos son tres elementos simbólicos claves para comprender la forma en que las políticas son elaboradas y apropiadas y los significados que se les otorgan (Muzzopappa y Villalta 2011; Shore y Wright, 2011). Cabe destacar que esa operación de reelaboración implicó dejar de lado o en suspenso algunos elementos que configuran el problema de acceso al agua en lo que respecta a sus causas estructurales. Por otro lado, si bien para la formulación del proyecto fueron dejadas de lado las tecnologías de captación de agua de lluvia comentadas inicialmente por uno de los técnicos, esa posibilidad fue adoptada posteriormente en el marco de otro proyecto financiado por una agencia internacional presentado e implementado por intermedio del vínculo con las técnicas del INTA.

Las tensiones aparecieron en diversos momentos de las reuniones que mantuvieron los técnicos con los productores, no solo por la utilización de una tecnología u otra, que colaboraría eventualmente con los problemas de abastecimiento de agua, sino también por otras cuestiones que no estaban directamente vinculadas con la temática pero revelaban que la necesidad del agua estaba relacionada con la regulación del acceso y la tenencia de la tierra, es decir, con la condición de arrendatarios y la dificultad que esto supone para invertir en soluciones a largo plazo que cambien las condiciones de producción y de vida en las quintas. El proyecto obligaba a “aislar” el problema de sus orígenes y causas (Trouillot, 2011).

A pesar del enfoque parcial al que conducía su formulación, tanto los asociados como los agentes territoriales se involucraron, aún a sabiendas de esa falta de integralidad. Esto ocurría porque si bien el proyecto constituía un dispositivo de acceso a financiamiento de un programa estatal en el que los agentes territoriales buscaban involucrar a los integrantes de la asociación, el vínculo con varios de dichos agentes no estaba construido exclusiva ni primordialmente en base a la formulación del proyecto y el acceso al financiamiento. Contrariamente, esos vínculos habían sido producidos varios años atrás promoviendo la producción agroecológica y la construcción de circuitos de comercialización de proximidad. La situación representaba por ello una instancia de reactualización de vínculos, esto es, una renovación de los sentidos de las relaciones que recuperaba su historicidad. Pero también la posibilidad de producción de nuevos vínculos -incluido nuestro grupo de investigación-, mediados por los agentes que ya actuaban en terreno. En este proceso surgió un problema, el del acceso al agua, emergente de la coyuntura del prolongado corte de luz, que tenía además raíces estructurales asociadas a la forma de tenencia de la tierra y al destino exclusivamente productivo condicionado por la forma de tenencia. Al reunirse para hablar sobre el proyecto, los técnicos buscaron hacer operable el programa a través de técnicas y procedimientos para la producción del dispositivo de acceso a financiamiento que representa el proyecto (como por ejemplo, las técnicas participativas de diagnóstico), siguiendo los procedimientos de la convocatoria y poniendo en juego sus diferentes saberes y experiencias. El proceso en su conjunto constituye una interfaz, un punto crítico de intersección, confrontación y articulación de experiencias, saberes, lenguajes e intereses (Long, 2007).

Esa intersección no ocurre sola y simplemente en el terreno de la instrumentalización de los programas. También tiene lugar en las agencias e instituciones, en las estructuras estatales que constituyen los ámbitos de diseño de las políticas. Los agentes que circulan por esos ámbitos ponen en juego interpretaciones, definiciones y decisiones que, en muchos casos, pueden estar en conflicto (Shore, 2010; Yanow, 2015) y, en tantos otros, permanecen irresueltas en una tensión observable entre la letra escrita y la práctica y/o entre los decisores, los formuladores y los ejecutores. La instrumentalización puede resultar, en este caso, algo realizado en el margen del orden enunciado formalmente, una posibilidad para el despliegue de prácticas heréticas para la disputa por las formas de conceptualizar el desarrollo rural (Schiavoni, 2005) como problema de gobierno. Esas técnicas y procedimientos para hacer operable un programa pueden resultar también producidas desde estrategias de resistencia, de subversión, de adaptación o de lucha. En esos márgenes, en la mayoría de los casos, sucede tanto o más que en aquellos lugares donde la política estatal se escribe. Con ello queremos significar que la instrumentalización, aún con las restricciones señaladas, no es simplemente una aceptación e imposición absoluta de lo establecido. También puede ser una forma de disputa por la participación en las estructuras estatales.

Como hemos mencionado más arriba, a lo largo de sus tres décadas de existencia el programa Pro-Huerta ha operado en el marco de diferentes racionalidades políticas de gobiernos y autoridades. Las áreas de tensión de la política han resultado así multiplicadas desde las oficinas a los territorios en los que despliegan sus acciones quienes experimentan las contradicciones en su propio cuerpo, los agentes territoriales y sus interlocutores clasificados como destinatarios potenciales. Por ello, cuando hablamos de aspiraciones, propósitos y motivaciones debemos considerar una gama de agentes que dan vida a un programa: funcionarios, agentes de terreno, investigadores, técnicos, poblaciones, productores.

Al volver operable el programa formulando un proyecto que pudiera abordar la problemática del agua en los propios términos de aquel, los agentes estatales operaron un recorte que separó, por un lado, lo que se puede proponer en el marco del programa en relación con el problema y, por otro, aquello que queda por fuera de ese marco; entiéndase la modificación de la legislación o la obtención de financiamiento para obras. La instrumentalización del programa se produjo en ese silencioso y silenciado margen no contemplado por las regulaciones estatales (Das y Poole, 2008) atinentes al acceso y usos productivos y habitacionales de la tierra y el agua. Ese margen que instituye sus propias formas de uso de los recursos, de los acuerdos contractuales, sus propias condiciones de circulación de alimentos y, en suma, sus estrategias para la reproducción social.

Reflexiones finales

¿Cómo podemos interpretar entonces lo que hicieron las personas que participaron de las reuniones? Ellas buscaron, de uno u otro modo, desde sus posiciones y con diferentes recursos disponibles, volver operable el programa a través de la formulación del proyecto. Había un interés común tanto a los agentes de las instituciones estatales que participaban de la formulación como a los productores, consistente en instrumentalizarlo (Rose y Miller, 1992). Para los primeros, se trataba del cuidado y producción de su fuente de trabajo, esto es de la puesta en valor de sus actividades en la práctica y de la continuidad de sus apuestas, pues muchos de los/as técnicos/as no solo desarrollan una actividad laboral más, con más o menos implicación y creatividad, sino que ponen una carga emocional vital que se expresa en compromisos con determinadas posiciones (Cowan Ros y Arqueros, 2017). Para los productores, se trataba de una forma de acceder a recursos que permitieran mejorar, aunque sea en forma tenue, sus condiciones de vida y de trabajo valorizando también su labor, sus esfuerzos y su compromiso. Para ambos grupos, se trataba del sostenimiento de vínculos vitales para sus estrategias de reproducción, tanto individuales como colectivas, aún a pesar de las continuas violencias simbólicas y precisamente para la confrontación y resistencia frente a ellas. Para nosotres, las reuniones para la formulación fueron la condición de posibilidad para que pudiéramos reflexionar sobre los programas y los problemas de gobierno.

Nos propusimos problematizar la presión que ejerció la aparición de líneas de financiamiento iniciando un tiempo marcado por la urgencia de formular y presentar un proyecto que implicó una reorganización de vínculos, objetivos y actividades en la que los agentes estatales operaron como mediadores de promoción de las líneas de financiamiento y de formulación de proyectos. Si por un lado encontramos una problematización del agro y la ruralidad emanada del programa que da forma a la convocatoria y a los proyectos posibles, por otro lado vemos que esa problematización no es necesariamente compartida punto por punto por los agentes y por la población. Es importante señalar este aspecto pues lo que queremos mostrar son los efectos de esas problematizaciones pero sin sobredimensionar la irradiación o colonización absoluta de los agentes, de los discursos y de sus estrategias.

En las reuniones también se produjo el sentido de formular el proyecto, de hacerse presente, aunque sea bajo la forma de una apropiación subordinada. En ese sentido, resulta relevante señalar la importancia de pensar la instrumentalización en el marco de los programas y sus formas de tornar pensable, en este caso, agro y ruralidad, como una instancia de disputa por los modelos de desarrollo rural (Schiavoni, 2005) que tensionan las trayectorias profesionales, institucionales y las formas de trabajo.

Pero además de hacer operable el programa a partir de la forma en que este permite problematizar la ruralidad y el agro, de cómo se los hace cuestión pensable para ser gestionada y evaluada, podemos observar las resistencias a esa problematización en las enunciaciones y representaciones de los asociados, los subalternos. ¿Dónde quedaron sus voces? nos remite a la pregunta de Spivak (2011) “¿Puede hablar el subalterno?”. Esas voces, las voces de los subalternos, apenas aparecen en este mismo relato alrededor del proceso de formulación. En los proyectos, esas voces son representadas en diagnósticos, objetivos y propuestas para alcanzarlos pero no de la forma que aparecen en las reuniones que hemos presenciado. No bajo la protesta, la molestia y la cruda exposición de problemas y anhelos. Sus voces son mediatizadas por quienes oficiamos de intérpretes, redactores y productores de discursos en el marco de programas, investigaciones y actividades académicas en las que oficiamos de productores de representaciones, en muchos casos también en posiciones de subalternidad, sea como agentes territoriales, integrantes de instituciones o investigadores. El dilema es equidistante al que observamos en el proceso de formulación del proyecto, en el cual apenas llega un eco apagado de las voces, y tal vez ni siquiera eso. Voces perdidas en lenguajes, formularios, procedimientos, archivos, informes y artículos; voces que se desvanecen en nuestro intento imposible de representarlas parcialmente, pues las vivencias, las sensaciones, sus pliegues sonoros, sus peripecias, apenas nos empiezan a resultar comprensibles cuando se desvanecen en las fórmulas enunciativas que nos resultan familiares a nosotros y a partir de las cuales pretendemos traducirlas y conjeturar nuestras interpretaciones.