Introducción

Este trabajo está basado en una ponencia presentada en el Congreso de Historia de la Antropología Argentina realizado del 14 al 16 de noviembre de 2018 en la ciudad de Buenos Aires. La propuesta es articular en perspectiva histórica algunos aportes antropológicos al estudio de las políticas de seguridad desde la recuperación de las instituciones democráticas en el año 1983 en Argentina.

Para tal fin, nos referenciamos en nuestras investigaciones en la ciudad de Buenos Aires desde mediados de la década del noventa hasta la actualidad y en otras indagaciones antropológicas desde la llamada transición democrática, que implicó, en primer lugar, revisar el pasado atroz de la llamada “doctrina de la seguridad nacional” de la última dictadura militar y, en segundo lugar, afrontar los desafíos de construir institucionalidad democrática en las controvertidas políticas de seguridad. Pondremos especial énfasis en un valor invocado en democracia como es la participación ciudadana y comunitaria, entendiendo a esta como garante de la producción de un orden social más democrático e igualitario. Además, más allá de esta ligazón (participación-democracia), un rasgo característico de la historia argentina ha sido la organización y movilización popular, como sedimento de su cultura política, a pesar de prolongados períodos de alternancia entre sistemas dictatoriales y democráticos.

La antropología no ha estado ajena a estas problemáticas y, con sus herramientas teóricas y metodológicas, ha generado conocimiento desde los años ochenta junto con otras ciencias afines interesadas en un área particularmente sensible de nuestra historia, debido a las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar. Desde distintas áreas de la antropología se viene trabajando desde entonces, y se ha configurado hoy un sólido corpus en continuo crecimiento. Antropología forense (representada por el EAAF), antropología de las políticas públicas, de lo jurídico, de las burocracias, de las fuerzas de seguridad, de la inseguridad pública y ciudadana, del delito y las juventudes vulnerables, de la violencia y el conflicto, etc., son apenas un rápido sumario de la constelación de espacios de trabajo que se retroalimentan mutuamente.

Si bien nos centraremos en la emergencia de la inseguridad como construcción pública desde mediados de los años noventa, abordado desde distintos territorios barriales de la CABA, y en particular focalizando en que hacen y piensan los vecinos; desde la respuesta individual del encierro en el hogar a quienes deciden involucrarse colectivamente en el tema, pretendemos aquí una visión más histórica y amplia, que la vincule con otras indagaciones de ese amplio corpus de investigación-intervención.

Una genealogía de las políticas en seguridad

Para iniciar nuestro recorrido, creemos necesario antes hacer algunas precisiones conceptuales, en particular en referencia a aquellos conceptos que son el eje vertebrador de este trabajo: políticas de seguridad y participación ciudadana/comunitaria. Partimos de la siguiente definición:

Sin dudas, esta conceptualización se ajusta más a un escenario de vida en democracia, ya que durante la última dictadura militar en Argentina, el Estado -y las instituciones de seguridad en particular- fueron uno de los generadores privilegiados de la violencia de todo tipo, entre otras ilegalidades. Por lo tanto, se hace necesaria la siguiente aclaración:

La llamada “transición democrática” puso en disputa dos tipos de construcciones simbólicas acerca de la naturaleza de las amenazas al orden social, las ilegalidades y los usos legítimos o no de la fuerza y la violencia, que se expresaron en principios rectores de las políticas de seguridad antes y después del año 1983. Lo que está más claro desde el presente es que en la región, ese corte entre regímenes políticos no fue tan abrupto y que las disputas de sentido y las luchas por espacios de poder continúan hasta la actualidad.¹

En cuanto a la noción de participación ciudadana/comunitaria, optamos por un sentido no prescriptivo y no restringido a la condición necesaria del modelo de democracia impuesto por los valores de Occidente. En un sentido amplio, supone enfrentar colectivamente -mediante la organización, la movilización y la intervención en el espacio público- los problemas que una comunidad coloca en la agenda como prioritarios en un momento y lugar determinado. Las características y modalidades de la participación dependen de la cultura política de un colectivo específico, con su historia y sus transformaciones. Desde esta perspectiva amplia, pueden considerarse políticas participativas en seguridad a un abanico extenso de movimientos sociales; desde los organismos de defensa de los derechos humanos a partir de desde la última dictadura militar -en pos de memoria, verdad y justicia-, a las coordinadoras contra la violencia institucional, las llamadas “madres del dolor” -en contra del denominado “gatillo fácil”-, hasta los actuales movimientos y organizaciones en contra de la inseguridad que emergieron con fuerza a partir del denominado “caso Blumberg”, por nombrar solo algunos de ellos.

La participación colectiva en el espacio público fue un factor fundamental en la coyuntura histórica que terminó con el régimen militar luego de la derrota en Malvinas, y la apertura hacia un sistema político democrático que incluyera las demandas de las amplias mayorías en Argentina. En primer lugar, el gran logro de los juicios y condenas a los máximos responsables de la última dictadura militar; y la producción de su documento símbolo más importante: el Nunca Más (1984), redactado por la comisión de notables presidida por Ernesto Sábato.

Desde aquella inflexión histórica que torció el curso de los acontecimientos al presente, la construcción democrática en la Argentina ha presentado serias dificultades, si por ello entendemos lograr vivir en una sociedad más inclusiva, igualitaria y participativa, con menores índices de violencia e injusticia. Intentaremos aquí contribuir al esclarecimiento de la responsabilidad que les cabe en ese proceso a las políticas de seguridad, y a los modos en disputa de pensar, sentir y actuar la (in)seguridad, recuperando los aportes que en ese campo ha realizado y realiza la antropología.

La doctrina de la seguridad nacional y el EAAF

Bajo una mirada histórica, se hace indispensable la referencia a la doctrina de la seguridad nacional impuesta por Estados Unidos durante la llamada “Guerra Fría” (1947-1991)² en Latinoamérica. Para sintetizar su orientación y su aplicación en Argentina, citamos a un militar argentino retirado, miembro del Centro de Militares para la Democracia Argentina:

Aquella política internacional hegemonizada por Estados Unidos se manifestó crudamente en Argentina bajo la última dictadura militar, y aun antes, durante el agónico gobierno democrático de Isabel Martínez, viuda de Juan Domingo Perón, que terminó con el golpe de Estado militar del 24 de marzo de 1976. La doctrina de la seguridad nacional se cumplió a rajatabla, y arrasó con las garantías individuales y el estado de derecho. Quienes éramos entonces jóvenes estudiantes universitarios -en mi caso, de la Universidad Nacional de La Plata- vivimos y sufrimos en carne propia ese traumático Proceso de Reorganización Nacional, así denominado por la junta de militares que asaltó el poder en esa coyuntura.

Años después, quienes tuvimos la suerte de seguir vivos tuvimos el consuelo de enterarnos ya en democracia de los trabajos enormes del Equipo Argentino de Antropología Forense, que venían a reponer algo de verdad, justicia y memoria a los allegados directos de los llamados “desaparecidos” y a la sociedad argentina en su conjunto:

Las investigaciones del EAAF produjeron un fuerte impacto en la sociedad argentina, tanto en el plano legal -al aportar información científica para juzgar a los responsables de las desapariciones de personas-, como en el plano humanitario -por la identificación y entrega a los familiares y amigos de los restos de los “desaparecidos”-. En el nivel más amplio, contribuyó a la construcción de una cultura democrática de respeto a los derechos humanos.

Desde los primeros años de la recuperación democrática, la organización y participación pública de la sociedad civil construyó un entramado institucional no gubernamental y sin fines de lucro que incluye al EAAF, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, por mencionar solo las más emblemáticas. Sus objetivos y prácticas contribuyeron a construir políticas públicas en seguridad al denunciar y aportar pruebas de las violencias políticas, étnicas, de género y religiosas, pero también, en tanto construyen una institucionalidad y cultura basada en valores democráticos, de paz social, de respeto a las libertades y los derechos humanos.

En el mes de marzo de 1985, Clyde Snow, el antropólogo forense estadounidense que formó a los miembros del EAAF, declaró en el juicio a las tres juntas militares, máximos responsables de la última dictadura y cerró su testimonio con estas palabras:

En ese sentido, un punto a destacar es la participación comprometida de los investigadores: antropólogos, médicos, abogados, informáticos, quienes acuerdan en mantener un bajo perfil y un alto nivel de autonomía respecto de los gobiernos de los países en los que trabajan. Han contribuido a instalar en la agenda pública las dolorosas experiencias de violencia que son marcas profundas de nuestra identidad.

La investigación de las burocracias involucradas en las políticas de seguridad

Sin dudas, el Estado y sus burocracias cumplen un papel central en las políticas públicas en seguridad, por lo que han sido y son objeto de indagación etnográfica aquellas áreas judiciales, penales y policiales que intervienen de distintas maneras. Ello ha permitido profundizar el conocimiento de las prácticas y representaciones de los agentes intervinientes, de las culturas institucionales y sus transformaciones desde la recuperación democrática, y de las múltiples articulaciones con la sociedad civil.

Muzzopappa y Villalta (2011), en el presente, nos invitan a “abandonar una noción casi metafísica de Estado que presupone una realidad bien definida, circunscripta y unitaria que mantiene una relación de externalidad con las fuerzas del afuera” (p. 17).

Esta perspectiva antropológica de lo estatal como campo burocrático-administrativo (Bourdieu y Wacquant, 2005) configurado como arena de disputa política ha generado avances mediante las prácticas etnográficas, y ha incorporado incluso los documentos escritos producidos como parte de estas tramas burocráticas, al darles una lectura etnográfica a los archivos, siempre en relación con los encuentros cara a cara con los actores involucrados, como práctica tradicional de la indagación antropológica (Muzzopappa y Villalta, 2011).

Otro impulso importante ha sido la ininterrumpida labor del Equipo de Antropología Política y Jurídica liderado por Sofía Tiscornia, quien se desempeña en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), destacada organización de la sociedad civil no gubernamental a la que se incorporó tempranamente; antes de la recuperación democrática del año 1983. Su llegada a los temas que nos convocan, y en particular a la investigación de las policías en Argentina, devino del crecimiento de las denuncias al CELS, ya en democracia, por maltratos, torturas, asesinatos (luego tipificados como de “gatillo fácil”) por parte de las fuerzas policiales que sufrían principalmente sectores vulnerables, como jóvenes pobres, inmigrantes, travestis, homosexuales, etc., y que la institución tomó con mucho interés en términos de “nuevas” violaciones a los derechos humanos. Este panorama generó el interés y la necesidad de investigar etnográficamente a las fuerzas policiales como resultado de un largo proceso histórico:

En este marco analítico, el conjunto de leyes y normas que aún rigen la vida cotidiana de las policías en Argentina fueron pensadas en el contexto de sistemas dictatoriales, donde los dos universos de las políticas de seguridad y de control de las poblaciones lo constituían, por un lado la llamada “mala vida”, y por otro, la disidencia política. Esto último, en sintonía con lo dicho anteriormente sobre la doctrina de la seguridad nacional, emanada desde el norte, que ponía como foco a la infiltración comunista, principalmente durante la llamada “Guerra Fría” y posteriormente a toda militancia política que cuestionara el statu quo impuesto desde el gobierno.

No es la intención aquí inventariar la prolífica producción del equipo de investigación dirigido por Tiscornia, en sí mismo muy diverso, sino más bien centrarnos en los aportes que arrojen luz sobre la transición señalada en el título de este trabajo referida a las políticas en seguridad.

En primer lugar, debemos partir de un hecho fundamental en cuanto a la génesis de las instituciones policiales; las reglamentaciones y leyes orgánicas que regulan su funcionamiento hasta hoy fueron creadas en los períodos de regímenes dictatoriales: durante la autodenominada “Revolución Libertadora” a partir del año 1955, tras el derrocamiento del presidente constitucional Juan Domingo Perón, y durante la última dictadura militar, entre los años 1976 y 1983. Se reconoce entonces un linaje institucional con una clara afinidad con las sucesivas dictaduras que colocaron a las fuerzas armadas de seguridad al mando del Estado argentino, que ha sedimentado una cultura institucional autoritaria poco dócil a ser conducida por la sociedad civil, como lo prescribe formalmente la institucionalidad democrática. Sobre esas cartas legales fundacionales se han hecho hasta el presente sucesivas modificaciones mediante decretos a lo largo del tiempo, y en distintas jurisdicciones, de acuerdo con los vaivenes políticos que alternaron regímenes autoritarios con regímenes democráticos.

El accionar policial se basa en normativas y reglamentaciones que regulan su práctica. Sin embargo, las instituciones policiales han desarrollado una gran capacidad y ductilidad para utilizar en la práctica esas normativas en provecho propio. La denominada “teoría de los juegos”, propuesta por Bailey (1969) para el análisis de la disputa política, puede aportarnos una metáfora interesante para analizar a las policías como un actor político que disputa poder. El autor distingue dos tipos de reglas que intervienen en la disputa: las reglas normativas y las reglas pragmáticas. Las primeras son públicas y definen lo moralmente permitido y lo no permitido en el “juego”. Las segundas configuran la clave que define las disputas; ellas son reglas no dichas, ocultas al público en general, conocidas al interior de la corporación, y son las que inclinan la balanza de poder. Esas prácticas consuetudinarias, que orientan la cotidianidad de las instituciones policiales, traspasan los límites de la legalidad formal, pero a la vez han construido y sedimentado una “ilegalidad permitida” que el gran público intuye, conoce y en parte habilita. Razias, detenciones ilegales por averiguación de antecedentes o de identidad, apremios ilegales y torturas, recaudación de la institución a partir de exigencia de pago de “coimas”, complicidad con el delito, asesinatos por la espalda en situación de robo, son parte del repertorio policial en distintos escenarios locales.

El emblemático caso de Walter Bulacio en el año 1994, joven desaparecido en la previa de un recital de Los redonditos de ricota, investigado por Tiscornia (2008) en su tesis doctoral, constituye un “caso ampliado”, siguiendo la terminología de Max Gluckman (1961), puesto que es una muestra de un accionar policial sistemático y que con distinta intensidad ha traspasado las formas autoritarias y democráticas de gobierno.

Las denuncias presentadas en tiempos de democracias ante el CELS por familiares de jóvenes muertos en supuestos enfrentamientos con las fuerzas policiales en situación de robo presentaban similitudes con el accionar de los grupos de tarea en tiempos de dictadura, que fraguaban enfrentamientos con grupos guerrilleros para justificar el secuestro y la desaparición de personas. El problema de la violencia institucional mostraba ciertas continuidades alarmantes.

También fue muy importante la relación del Equipo de Antropología Política y Jurídica con los medios de comunicación y el llamado periodismo de investigación representado por Horacio Verbitsky, columnista central del diario Página|12. El objetivo era desnaturalizar las noticias policiales que ganaban espacio en los periódicos, desvelando que había detrás de los informes policiales que la población consumía ávidamente.

En una entrevista a Sofía Tiscornia en un ciclo de trayectorias de antropólogas/os, ella expresa cual fue una de las preguntas iniciales del equipo que formó: ¿cómo está organizada una institución policial para que estas cosas ocurran y para que la mayoría de las personas lo acepte? El razonamiento era no centrarse tanto en las víctimas de la violencia institucional, sino en la organización institucional jurídico-penal que hace posible su reproducción y legitimación. Sus mayores hallazgos y aportes se encuentran en las respuestas a este interrogante buscado en los aspectos capilares del poder: en la cotidianidad del accionar policial de los edictos contravencionales y la detención por averiguación de identidad.

La gestión de la seguridad en los territorios urbanos y la participación

Nuestro acercamiento a las políticas de seguridad se orientó inicialmente a registrar los cambios en el clima de violencia en los barrios en los que la policía realiza el “control de poblaciones” (Castel, 2013), y las disputas en torno a los sentidos de la inseguridad por parte de los habitantes sensibles a esta problemática.

La zona norte de la ciudad de Buenos Aires de Saavedra-Barrio Mitre, que tomamos como caso testigo, fue donde se llevó adelante el plan piloto del Plan de Prevención del Delito (PPD). En el marco del acto de su presentación, el día 28 de noviembre del año 2000, decía quien fuera su mentor intelectual:

La inspiración teórica de estos proyectos abreva en la llamada “Nueva Prevención”. Se trata de un nuevo paradigma en el que conviven diferentes medidas e intervenciones dirigidas, no solo a la reducción de delitos, sino también a la reducción de la “percepción de inseguridad”. En él pueden diferenciarse dos estrategias: el enfoque situacional-ambiental y el enfoque social. Mientras las medidas orientadas a la prevención situacional-ambiental del delito estarían relacionadas con la reducción de oportunidades -tales como la iluminación de espacios públicos, el uso de cámaras de vigilancia o una mayor presencia policial en las calles-, las medidas tendientes a la prevención social operarían sobre las “causas sociales estructurales del delito”, intentando erradicar situaciones que se conciben, se construyen y se vinculan con la realización de actos delictivos tales como el desempleo, la desintegración familiar o las carencias en la educación formal o en oficios (Sozzo, 2003).

La creación de esta institucionalidad que ponía a la participación ciudadana como clave del éxito para bajar la inseguridad - por medio de asambleas periódicas coordinadas por un referente de la zona elegido por los vecinos, mediante convocatoria abierta a la participación de toda la vecindad en los Centros de Gestión y Participación (CGP) de cada barrio- tuvo algún sostenimiento durante la gestión del gobierno de Aníbal Ibarra (2000-2006), pero concluyó, de hecho, con la victoria electoral del PRO en el año 2007, que marcó el inicio del ascenso político de Mauricio Macri. En el año 2008, se cambió al director del plan, como resultado de las divergencias de la nueva gestión de gobierno con la orientación histórica que guio al PPD. El cambio era vivido por los propios operadores del plan del siguiente modo:

Esas “nuevas ideas” implicaban un viraje de la visión de la población objetivo del plan, desde la de vulneración de derechos a otra, de responsabilizar a los sujetos de su propia situación, más alineada con el neoliberalismo. A nivel nacional, el Plan Nacional de Prevención del Delito (PNPD), creado en el año 2000 durante el gobierno de Fernando De la Rúa, fue dejado sin efecto en marzo del año 2008 por una resolución de los ministerios que le dieron origen, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, la inspiración intelectual del PNPD será retomada parcialmente por el Gobierno nacional con la creación del Ministerio de Seguridad algunos años después, que impulsó políticas de seguridad participativas desde la CABA.

Darle a la seguridad el estatus de ministerio en el año 2010 evidenció la preocupación de la clase política por tomar en serio estas problemáticas. Por iniciativa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el Plan Nacional de Participación Comunitaria en Seguridad fue lanzado en la CABA el día 4 de abril de 2011 por el nuevo Ministerio de Seguridad de la nación, creado el 14 de diciembre del año anterior (decreto 1993/2010), encabezado por Nilda Garré. Se proponía una modernización operativa de los recursos materiales y técnicos de las fuerzas de seguridad, así como una profunda revisión, renovación y reasignación de sus recursos humanos, desde los cuadros directivos hasta las bases. Propiciaba una formación que terminara con la tradición autoritaria en beneficio de un cambio cultural hacia la seguridad democrática. El eslogan del plan era: “El Derecho a la Seguridad: deber del Estado - obra de todos”, y apuntaba a la necesidad de la participación comunitaria como requisito indispensable de tal cambio.

De esta manera, ese “cambio cultural” que se impulsaba suponía una intervención profunda en las instituciones especializadas en la seguridad, que no habían sido transformadas significativamente desde la última dictadura militar (1976-1983). Iniciativa que se pensaba solo viable con el apoyo de una sólida participación comunitaria, que actuara como controladora y orientadora en la gestión de la seguridad en la vida cotidiana, en esa área sensible de la inseguridad urbana. Los fundamentos de la propuesta se basan en el derecho a la seguridad democrática, cuya inspiración político-ideológica no es especialmente innovadora, sino que se hace eco de las nuevas tendencias en el tratamiento de la seguridad urbana a nivel mundial, en las que la prevención, el foco puesto en los sectores más vulnerables y la participación ciudadana en tanto control de las fuerzas de seguridad configuran los ejes en torno de los cuales se estructura el discurso.

Estas iniciativas convirtieron a la CABA en territorio de disputa con el Gobierno de la ciudad en manos del PRO, quien apostaba todo su esfuerzo a la creación de la nueva Policía de la Ciudad. Completado el traspaso de parte de la Policía Federal a la nueva Policía de la Ciudad, el Pro-Cambiemos tomó el control de las fuerzas de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y las federales, luego de su victoria electoral de finales del año 2015. No obstante, a pesar de los evidentes cambios en la política de seguridad desde esa coyuntura política, el discurso de la participación ciudadana fue sostenido por el nuevo gobierno, pero con cambios en su contenido. En términos amplios, se orientó entonces a colaborar con las fuerzas, más que a controlar a las fuerzas.

Realizamos el registro etnográfico de las Mesas Barriales de Participación Comunitaria en Seguridad (MBPCS), lanzadas en el año 2011 en la CABA como parte del Plan Nacional de Participación Comunitaria en Seguridad, en dos mesas, correspondientes a los barrios de Palermo y Saavedra, en el norte de la ciudad desde el mes de septiembre de ese mismo año. También fuimos el 13 de septiembre del año 2012 a registrar un evento plenario de las MBPCS de toda la ciudad al que acudió la entonces ministra de Seguridad de la Nación.³ Nuestro trabajo de campo más prolongado lo realizamos en la MBPCS del barrio de Palermo, hasta que dejó de funcionar, por el año 2014.

La asamblea más convocante por el tema de seguridad a la que asistimos en Palermo fue la que, mediante folletos de invitación a los vecinos pegados en lugares estratégicos del barrio, realizó el Gobierno de la ciudad en una biblioteca emblemática del barrio el 20 de septiembre de 2011. El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, emergía por entonces como el líder de la fuerza política opuesta al Gobierno nacional, el espacio Pro-Cambiemos. Los concurrentes desbordaron el espacio generoso de la biblioteca popular, lo que permitió escuchar muchas voces, incluyendo a funcionarios del área de Seguridad de los gobiernos locales y nacionales, y representantes policiales de la zona, quienes expusieron sus líneas de acción y sus marcos conceptuales. La masiva respuesta evidenciaba un clima de preocupación por el tema de la seguridad en la zona.

Una vez iniciada la reunión, observamos que quienes oficiaban de coordinadores al frente de la concurrencia eran dos personas identificadas como funcionarios del Gobierno de la ciudad. Luego, en el curso del evento, pidió la palabra una señora que se identificó como perteneciente al Ministerio de Seguridad de la Nación, que luego reencontramos en las MBPCS. En otro momento, habló un policía perteneciente a la comisaria 23 de la zona. El resto de los que tomaron la palabra se presentaban como vecinos del barrio. Entre ellos, unos pocos dijeron formar parte de una red de vecinos de su cuadra, modalidad organizativa propuesta por los funcionarios del Gobierno de la ciudad.

La reunión tuvo un clima tenso, en que los reclamos de los vecinos no conjugaban con las propuestas de los funcionarios. Sintetizando, los temas traídos por los vecinos fueron: 1. “Incivilidades” o “conductas antisociales” en la vía pública: gente en situación de calle en el barrio, y grupos de jóvenes que ocupaban plazas y generaban supuestos disturbios y agresiones. El pasaje más emotivo del evento fue protagonizado por una mujer que, a los gritos, mostraba una foto de ella con la cabeza ensangrentada, y vociferando: “¡Qué hay que esperar para que hagan algo?, ¡¿que me mate?!”, en referencia a su supuesto agresor, que vivía en una vereda del barrio. Varios concurrentes expresaban la necesidad de “limpiar las calles” como tarea policial, en tanto la funcionaria identificada con el Gobierno nacional sugirió denunciar los casos de situación de calle a las áreas de Salud para que se hicieran cargo. 2. Robos en el interior de departamentos de la zona en ocasión de estar deshabitados. Como el policía presente se vio directamente aludido por su responsabilidad, señaló que se trataba de “delitos reiterados”, que se desbarata una banda en un barrio y se corren a otro. Luego ensayó una supuesta “solución”: exigir a los consejos de administración de los edificios a cambiar las cerraduras por llaves computarizadas de tres paletas; de lo contrario, iba a seguir la modalidad actual de robo en edificios. 3. Fuerte cuestionamiento a la gestión de la seguridad en la zona por parte de la policía, tanto por falta de infraestructura, como al déficit de calidad profesional de los agentes, y a las leyes que no permiten actuar a la policía, en relación con lo cual se puso como ejemplo la supresión de los edictos policiales. Dentro de esta problemática se cuestionó una política de seguridad sesgada a favor de “los políticos” que habitan en el barrio y en detrimento del ciudadano común.⁴

Ante estos reclamos, la defensa de los funcionarios presentes fue intentar calmar los ánimos y plantear que a esta situación de inseguridad no se la podía revertir de inmediato. Una de ellas manifestó: “Porque entiendo que estén nerviosos, pero a esta situación desastrosa no se llegó de un día para otro, hay que tener paciencia”. Como propuesta de acción formulada a los vecinos, los funcionarios convocantes del Gobierno de la ciudad desarrollaron su plan: se propuso construir redes de vecinos por cuadra, al menos iniciada por dos o tres vecinos de la cada una de ellas, que tuvieran como interés el cuidado y la solidaridad con el otro en base al conocimiento mutuo. La tarea de los funcionarios sería la del acompañamiento mediante la entrega de un instructivo y, luego de establecidos los lazos de la red, consolidarla y entregarles un cartel identificatorio a ser colocado en la cuadra. El funcionario enfatizaba que lo importante no es el cartel, sino lo que hay detrás: una red real de vecinos organizados para mejorar la seguridad. Su argumentación a favor de la propuesta era que en las cuadras donde existían ya estas redes de vecinos el delito había bajado un 70% y, frente a la interpelación de personas del público: “Y con esto de las redes ¡¿a dónde vamos?!”, o el cuestionamiento de la dificultad de concretar tal idea donde prevalecen edificios de departamentos, remarcó el carácter objetivo de esa información, que no dependía de su apreciación subjetiva, apelando a la férrea voluntad de los vecinos por tomar en serio la seguridad e involucrarse solidariamente en ello.

La propuesta no pareció entusiasmar y sintonizar con la mayoría de la concurrencia, y confirmó un discurso contra la ineficacia y la corrupción del Estado, que se extendía a la falta de confianza en “los políticos”. Contra la propuesta de “involucrarse solidariamente” por parte de los funcionarios, el tono dominante de los vecinos fue más bien de protesta y reclamo frente al incumplimiento de los responsables del Estado en la seguridad pública. Los funcionarios a cargo tomaron los datos de contacto de los concurrentes para convocarlos a nuevos encuentros, que tuvieron continuidad en una iglesia de la zona.

En cuanto a las reuniones propuestas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, las mencionadas MBPCS, tuvimos una presencia continuada desde el mes de septiembre de 2011 hasta 2014. La primera a la que asistimos fue en el barrio de Saavedra, y el resto fueron en el barrio de Palermo -ambos barrios ubicados en la zona norte de la CABA-, realizadas en una institución social perteneciente a una colectividad nacional extranjera. El mayor volumen de información proviene del segundo espacio mencionado. La cantidad de concurrentes nunca excedió las treinta personas, siendo en promedio una cifra menor. En términos generales, los/as funcionarios/as proponían un trabajo grupal tendiente a realizar un mapa del delito a partir de los relatos de los vecinos de la zona, con el fin de que se constituyera en un insumo básico para la elaboración de la política de seguridad zonal. Cada coordinador/a exponía una clasificación de conflictos agrupados en tres ítems: 1. Conflictos sociales 2. Espacios públicos 3. Delitos propiamente dichos, para que los vecinos participantes seleccionaran aquellos existentes en su barrio para luego marcar en un mapa la localización con distintos colores.

En cuanto a las incumbencias de las MBPCS, la propuesta sostenía que, en lo delictivo, en sentido estricto, la tarea consistía en recabar información aportada por los vecinos que pudiera ser de utilidad para el Ministerio de Seguridad y las comisarías zonales en su accionar local, por ejemplo en la distribución territorial de paradas policiales. Los funcionarios argumentaban que muchos delitos que ven o sufren los vecinos no son denunciados, y es una información que se pierde el Estado para diseñar sus políticas de seguridad. Se dijo incluso que, en casos de delitos graves como el tráfico de drogas, la denuncia podía elevarse a Delitos Complejos de la Policía Federal,⁵ sin pasar por las comisarías. En cuanto a los conflictos sociales y los aspectos urbanos que inciden en la seguridad, la propuesta era que la MBPCS podía darse tareas no solo de registro, sino también de intervención en el territorio.

Estos encuentros se realizaban dos veces al mes, y fueron coordinados en todos los casos por funcionarios/as de la Dirección de Participación Comunitaria del Ministerio de Seguridad de la Nación. Desde el inicio se observó una presencia mixta de vecinos que acudieron espontáneamente; sin adscripción organizativa alguna, comerciantes del barrio, miembros de alguna ONG y/o agrupamiento político y comuneros/as. En los primeros encuentros participaban vecinos y/o funcionarios afines al gobierno de la ciudad que reivindicaban en ese espacio la propuesta de crear redes por cuadras.

La coordinación de la MBPCS mantenía un discurso que enfatizaba la necesidad de trabajar junto a los funcionarios del Gobierno de la ciudad, como imperativo indispensable de la coordinación de políticas Nación-Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la dinámica de la disputa posterior, guiada por el calendario electoral, separó nítidamente uno y otro sector de pertenencia política, incluso en las comisiones “temáticas” de la comuna local, entre las que se incluye una dedicada a la seguridad.⁶

En cuanto a la participación en las reuniones, hubo un gradual proceso de deserción. Este declive de la participación en la MBPCS llegó al punto de reunir solo un puñado de personas compuesto por los coordinadores y delegados de espacios políticos afines al gobierno nacional con lo cual se desnaturalizó la propuesta inicial de las mesas. Un punto de inflexión de ese proceso fue el momento en que un “vecino independiente”, hasta entonces muy consecuente, explicó a los presentes los motivos por los que había decidido dejar de concurrir a la mesa. Su argumentación giraba en torno a la falta de devolución por parte de los funcionarios del Ministerio de Seguridad a las observaciones y sugerencias que aquella realizaba. Esta situación llevó, en abril de 2013, a una autocrítica de los propios coordinadores y a una redefinición que no se presentaba clara. Hubo un reconocimiento de errores y debilidades en la comunicación; tanto en el “marketing” o las formas de difusión de las MBPCS, como en las relaciones poco fluidas entre las mesas y los organismos gubernamentales de seguridad. Por otra parte, en privado, los que eran afines al gobierno nacional referían al escaso interés que el tema de la seguridad despertaba en la militancia, y públicamente, uno de ellos que estuvo desde el inicio manifestó que dejaría de asistir por diferencias con la orientación en la política de seguridad, en el contexto del declive de la conducción por parte de Nilda Garré desde el año 2012.⁷

Más allá de la coherencia interna de la propuesta, los participantes manifestaron distintas preocupaciones que se acercaban o se alejaban de ese “libreto de los funcionarios”. Un tema recurrente que traían los vecinos fue la cuestión de la denuncia de los delitos.⁸ Por una parte, se reproducía un sentido común de que la mayoría de la gente no hace la denuncia de los delitos que sufre u observa, aduciendo complicidad-corrupción, ineficacia, falta de infraestructura, burocratización, lentitud y desinterés por parte de la policía y las fiscalías, además de miedo. Al respecto, el discurso sin fisura de los funcionarios, independientemente de su color político, era el de la necesidad que se denuncien los ilícitos de todo tipo, incluidos el registro callejero del mal desempeño de las fuerzas de seguridad (tema recurrente en todas las reuniones).

Los núcleos de cuestionamiento eran: “La comisaria está bajo sospecha”, como dijo un vecino en relación con delitos graves como el tráfico de drogas, a lo que agregó otra vecina: “Si lo sabe el vecino, también lo sabe la policía. ¿Qué vamos a denunciar?” (en referencia a los puntos del barrio donde se vende droga). En esa instancia, la respuesta de la funcionaria interpelada que coordinaba la mesa fue que se centraran en aquello en lo que sí podían actuar: las dimensiones sociales y urbanas de la seguridad. Frente a su invitación de ocuparse de los chicos y chicas con padres ausentes en el barrio, otro participante replicó: “No hay que centrarse en el consumo de drogas de los pibes, sino en la venta”.

En este cruce de opiniones entre vecino y funcionarios se observó un común denominador presente también en las reuniones convocadas por los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, marcado por la desconfianza en las instituciones de seguridad y Justicia. De allí los fuertes reclamos y la deriva cultural peligrosa hacia la privatización y la gestión individual de la seguridad y/o a la llamada “justicia por mano propia”.

Otras inquietudes provenían de comerciantes instalados en zonas donde han crecido en los últimos años distintas actividades lucrativas: gastronomía, diseño, indumentaria, artes visuales, música, artesanías, etcétera. La lógica del razonamiento era que estos emprendimientos habían atraído al turismo, y la consecuente circulación de dinero que los expone a la acción delictiva. A la vez, argumentaban que las comisarías de la zona se han quedado con una infraestructura insuficiente que no responde a las necesidades del crecimiento del barrio.

Los relatos de comerciantes de distintos rubros manifestaban su indefensión frente a robos reiterados con armas de fuego, que los exponen a ellos y a sus clientes, no solo frente a los delincuentes, sino al acoso de los denominados “trapitos”,⁹ quienes son sospechados por su potencial agresión, violencia y complicidad con los ladrones. La presencia fija de algunos “trapitos” en lugares rentables y las disputas por esos espacios abría la sospecha en unos y la certeza en otros de pago de coima¹⁰ a la policía por esas “paradas”. En la misma línea, el dueño de restaurante dijo: “Todos sabemos que se paga informalmente servicio adicional de seguridad a la comisaria en el orden de tres mil pesos mensuales por establecimiento”.

Otra fuente de preocupación son las “casas tomadas” en el barrio, en especial cuando funcionan como centro de distribución de drogas pesadas como la “pasta base”. Además de ser motivo de registro en el mapa, y en un caso muy evidente se aportaron denuncias a la fiscalía y se siguió el caso hasta la detención de los involucrados, también fue tratado el tema como resultado de conflictos sociales, dado que hay familias que no pueden acceder a la vivienda de otro modo. “En algún lugar tiene que vivir la gente”, dijo una vecina, enfatizando en la crisis habitacional que afecta sobre todo a los más vulnerables. Otro señor dijo que es muy distinta la situación cuando están involucrados niños y niñas a los que hay que proteger especialmente.

En ese mismo registro se abordó el tema de la gente en situación de calle como problema, aunque bajo un abordaje más sanitario-social que punitivo. Al igual que en la primera reunión convocada por funcionarios del Gobierno de la ciudad, se observaba una tensión entre temor y desagrado frente a una “incivilidad” que afea el espacio público frente a la piedad y empatía ante una situación penosa padecida por ese “otro”. En ese punto, resultó reveladora la interpretación propuesta por un funcionario del Gobierno de la ciudad en esa primera reunión. Dijo que los culpables eran los mismos vecinos porque les suministraban todo lo necesario para seguir viviendo en el lugar, sin darse cuenta de que les estaban haciendo un mal. Más allá de la credibilidad de su diagnóstico, lo dicho evidencia muchas situaciones de intercambios voluntarios entre vecinos y la gente que vive en la calle. Cerca de la esquina de las avenidas Scalabrini Ortiz y Santa Fe, en el muro del frente de una sucursal de un banco se observa actualmente pintada la imagen del rostro de un hombre que vivió allí durante años. Debajo de él se lee: “Gracias Pechito”, y en la calle se ve una baldosa de la memoria.¹¹

Se trata de un homenaje a un hombre que vivía en la calle, muy querido por los vecinos, en el que se reclama justica ante una muerte dudosa. El hecho ilustra un caso excepcional, pero que da cuenta de que no todo se agota en la “limpieza de las calles”.

Reflexiones finales

Iniciamos este recorrido afirmando que las investigaciones antropológicas referidas a las políticas públicas en seguridad conformaban hoy un corpus sólido de conocimientos que han tenido repercusión pública e incidencia política. El recorte de las investigaciones referidas en este trabajo tiene que ver con criterios académicos, pero sobre todo con criterios de política de la antropología. El antropólogo brasilero Lins Ribeiro (2018) llamaba la atención en un artículo sobre un hecho preocupante para nuestra disciplina en los últimos años: el declive de la relevancia académica de la antropología y de su incidencia en la sociedad (con variaciones nacionales), frente a lo cual llamaba a que: “Nuestra tarea principal es, por medio de esfuerzos de investigación y de reflexión, ayudar a vislumbrar y a construir las salidas posibles para esta crisis a la que Immanuel Wallerstein llamó ‘giro global a la derecha’ (Wallerstein, 2016)”. (Lins Ribeiro, 2018, p. 22).

Sin duda, este diagnóstico general tiene su impacto en la antropología argentina y en la de Brasil, donde efectivamente asistimos al ascenso de gobiernos que expresan distintas variantes de la derecha. El cambio de rumbo en cuanto al rol del Estado, las políticas en educación, ciencia y tecnología, las políticas en derechos humanos -emblema de las políticas del Estado argentino- y las políticas públicas en seguridad que nos competen aquí, han cuestionado, reelaborado o simplemente interrumpido políticas y conquistas de derechos desplegadas durante el ciclo precedente de gobiernos populares.

No obstante, desde la segunda mitad del año 2019, una ola de protestas populares contra esas políticas se ha extendido por varios países de la región, y en Argentina, las elecciones presidenciales han dado un duro golpe a la derecha, con lo cual se reinstaló un nuevo gobierno de unidad peronista desde el 10 de diciembre.¹²

Volver la mirada hacia la relativamente corta historia de los estudios antropológicos vinculados a las políticas en seguridad nos permite tomar dimensión de lo mucho que se ha hecho y de la complementariedad de las investigaciones que citamos aquí. Sin una revisión crítica de las políticas en seguridad de la última dictadura militar, y los juicios y condenas de sus responsables, difícilmente podríamos ver las rupturas y continuidades en la justicia, las policías, y las mentalidades en torno a la seguridad luego de conquistada la institucionalidad democrática. Por otra parte, centrarse en las burocracias y las instituciones que hacen posible un tipo de gestión de la seguridad y su legitimación, o focalizar en los territorios “sensibles” donde se ejerce el control de poblaciones y en el involucramiento de los vecinos en la inseguridad como preocupación creciente, configuran dos caras de una misma moneda desde una perspectiva relacional.

El desafío de la hora es sostener e incrementar las investigaciones y las vinculaciones de la academia con la gestión pública, y diversificar los canales de comunicación en momentos políticos en que la vulnerabilidad, la precariedad, el racismo, la discriminación y la violencia institucional encuentran terreno fértil.