Introducción

Desde marzo de 2019 comencé como enseñante de mapuzugun (lengua mapuche) en los talleres de la organización mapuche Pu Pichike Choike en San Carlos de Bariloche, luego de llevar poco más de dos años en el aprendizaje del idioma. Aunque provengo de una ciudad que también fue emplazada en territorio mapuche (San Martín de los Andes, Neuquén), mi recorrido con el aprendizaje de esta lengua no comenzó hasta llegar a Bariloche (Río Negro). Finalmente, acompañar las luchas políticas en y desde el mapuzugun devino mi interés de estudio finalizada mi licenciatura de grado y es la temática en la que ahora busco especializarme al comenzar mis estudios de doctorado. Sin embargo, antes de que esto ocurriera, la organización venía trabajando hacía ya siete años en el barrio El Frutillar y más recientemente en el barrio Pilar II, ambos ubicados en la zona conocida como “El Alto” de Bariloche. Aunque en los últimos años estos talleres han comenzado a contemplar la enseñanza de la lengua a personas adultas, están principalmente orientados a niño/as. Incluso, las personas adultas que asisten a estos espacios son, en su mayoría, madres y padres de pu pichikeche (los/las niño/as) de los talleres. En este espacio, hacemos actividades que promuevan la recuperación del idioma y, a su vez, apuntamos a que sea un espacio social más donde pichikeche puedan crecer en y desde su “ser mapuche”. Además, realizamos un sinfín de awkatun (juegos) o actividades deportivas, desde el palin a caminatas en la montaña o en los territorios de sus comunidades, recolección de semillas nativas para la reforestación de bosques, actividades culturales y encuentros con otras organizaciones y grupos. También allí pu pichikeche toman la merienda, momento en el cual mantenemos una ronda de avisos, haciendo circular en su zugu (su habla) las novedades de sus vidas. Estas rondas suelen repetirse en todos los momentos que se consideren necesarios. Por ejemplo, luego de una tarde en la que no podíamos arrancar con el dictado del taller porque andaban lo/as niño/as corriendo para todos lados y muy dispersos. Para eludir al reto, les llamamos para sentarnos en ronda. Intentando conformar el círculo, un pichiche preguntó: “¿Por qué nos sentamos siempre así?” y mi compañera, otra de las enseñantes, le respondió:

Está lógica de conversación es propia de los txawün (encuentros o reuniones) donde se interioriza esta práctica del arte verbal mapuche. En su mayoría lo/as pichikeche no suelen participar en reuniones de este estilo, pese a tener vínculos con comunidades, al estar más inmersos dentro de un estilo de vida que se define como barrial. La situación retomada más arriba ocurrió en el barrio Pilar II. Este está conformado por formas de ser y vivir propias de la urbanidad, por lo tanto, pu pichikeche son mapuche en la urbanidad (Szulc, 2004, 2019) y su infancia dista en ciertos puntos de aquellas niñeces mapuche en áreas rurales. Sus intereses y lugares de circulación pueden catalogarse como “urbanos”. El lugar físico donde esta situación se llevó a cabo es el salón de la junta vecinal, de este mismo barrio, que lleva el nombre de la abuela del anterior logko (autoridad comunitaria) Antonio Buenuleo, abuelo y bisabuelo de algunos/as de los/las asistentes al taller. Este barrio se construyó en base a los acuerdos de palabra, tan importantes para el pueblo mapuche. Tal como se les enseñaba a pichikeche sobre la palabra, distintas familias de trabajadores desde los años setenta se fueron quedando allí hasta conformar el barrio, gracias a que don Antonio les proveía de una parcela, al darles permiso para quedarse. Una de sus nietas, werken (vocera) de la comunidad lo contó así:

Ese discurso fue posterior al inicio de la recuperación territorial de la comunidad, pero cuenta uno -entre los tantos- motivos para emprender la recuperación; aquel es el territorio de su abuelo.

Fue el 10 de septiembre de 2019 cuando la comunidad mapuche (lofche) Buenuleo volvió a tener posesión de su territorio ancestral en totalidad. Dentro de las tierras ya reconocidas por el Estado-nación de Argentina (según relevamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Resolución N.º 90/2020 ), 90 hectáreas se encontraban en disputa. Estas tierras fueron reclamadas por un empresario local, quien alegaba tener un boleto de compra-venta firmado por el logko Antonio Buenuleo. Fue él mismo, junto con su familia y comunidad, quien denunció la falsedad de la firma que aparecía en el boleto y que llevaba su nombre. Sin embargo, falleció a mediados de 2014, sin poder hacer valer su verdad frente a la justicia provincial. Tres días después del fallecimiento del logko, los supuestos “dueños” de esas tierras accedieron al lugar con camiones y maquinas, y deforestaron una hectárea de bosque nativo. El cese al desmonte lo logró la comunidad Buenuleo, pero para entonces habían sido instalados una casa, un cuidador y un alambrado. Como consecuencia, perdieron la posibilidad de seguir resguardando el territorio. Años más tarde y agotadas las vías burocráticas y legales, en septiembre de 2019 recuperaron el territorio, cuando ingresaron a las hectáreas en disputa, y levantaron el rewe¹ con la ceremonia que dicha acción merece, acompañados/as por otros integrantes del pueblo mapuche y mapuche-tehuelche, poco después de haber salido el sol. Unas horas más tarde, quienes allí estaban fueron agredidos e insultados para que dejaran el lugar, con cuchillos y armas llevadas por los supuestos dueños y una “patota²” a la que habían llamado para acudir al territorio.

Dos días más tarde, en el taller, me quedé sin los otros dos profesores/enseñantes, ya que estaban en el territorio. Como hacía mucho no pasaba, ese día pu pichikecke estaban más inquietos que de costumbre, no querían hacer las actividades y salían a correr, entraban con las bicis y palos al salón. Por eso, y ya dándome por vencida, les pregunté: “¿por qué se están portando tan mal?”. Propuse que trabajáramos de pie y al lado de la puerta abierta, así podían entrar y salir y yo podía ver “en qué andaban”. Al rato, se acercó uno de los chicos que se había ido después de haberme dicho que la clase era aburrida y me preguntó: “seño, ¿vio los videos? ¿Dónde están con los cuchillos y las armas?”. Tomé aire y les dije que si querían conversar sobre eso nos teníamos que sentar en la mesa, en ronda. Todos/as volvieron al salón y hablamos sobre lo que había sucedido esos días; me contaron de cuando fueron “allá arriba” la mayoría, el día anterior (ya que no habían tenido clases), y yo compartí con ellos/as mi experiencia del día en el que había comenzado la recuperación, tratando de ir más allá de los videos. Pero hablábamos de sus primos, tíos y tías y compañeros/as del taller. Como sacudiéndome, una de las chicas, ya con lágrimas en los ojos me dijo:

Así y sin saberlo, de a poco, el taller de la organización Pu Pichike Choike fue un lugar desde donde pensar las estrategias para el cuidado de las personas de la comunidad que estaban recuperando el territorio, como también de lo/as niño/as que asistían a la tarde a recuperar la lengua mapuche.

Ahora bien, en lo que particularmente atañe a este trabajo en cuestión, se vuelve metodológicamente necesario aclarar mi lugar en el campo en tanto antropóloga pero también como enseñante del idioma, es decir, como “seño”³ de los/as niños/as que nos ayudarán a lo largo de este artículo, a pensar sobre sus cuidados y sus vidas dentro de los procesos de recuperaciones territoriales. Siguiendo la propuesta de una etnografía adjetivada (Rodríguez, 2019), en este artículo espero reflejar algunos de mis supuestos metodológicos -aunque no son objeto de este trabajo-, los cuales ayudan a guiarme respecto de mi posicionalidad y lugar de enunciación. Este, por ahora, se construye desde lo que Mariela Rodríguez y Marcela Alaniz (2018) explican como:

Por ello, este trabajo se propone reflexionar a partir de estas diferentes situaciones y zonas de contacto (Pratt, 1997) que se desenvuelven en mi trayectoria y recorridos situados en este campo (Ingold, 2011), que permiten conformar este trabajo etnográfico que lleva poco más de un año.

Retomando las situaciones etnográficas antes descritas y sobre las que nos interesa reflexionar aquí, vuelvo a hacer mención de que ataques como el descrito más arriba fueron repitiéndose y escalando en violencia. Detallaré el evento más violento (y más reciente), en el que de manera más explícita fueron violentados/as los/as niño/as en los próximos segmentos del trabajo. Sin embargo, antes de abordar estos eventos y el lugar de pichikeche, considero necesario hacer algunas aclaraciones respecto de las recuperaciones territoriales mapuche. Estas iluminarán algunos tópicos que retomaremos al final del artículo a fines de proveer diferentes reflexiones y un primer análisis de la situación.

Wüñomaputun. Consideraciones teóricas sobre el volver al territorio

Las recuperaciones territoriales mapuche, lejos de poder definirse de un único modo, se conforman en sus múltiples vínculos con el territorio en sí. Los gütxam (Ramos, 2017) o historias del regreso van guiando los recorridos, las pautas y los porqué del volver. A su vez, estos proyectos se sustentan en diferentes trabajos de memoria, los cuales están en íntima relación con los procesos de subalternización y alterización que el pueblo mapuche, junto con el territorio y las fuerzas que también lo integran y han transitado. Estos procesos serán en este trabajo considerados desde los aportes que Veena Das (1995) y Janet Carsten (2007) nos proveen al pensar la noción de “evento crítico” (Carsten, 2007) y contextos de posviolencia (Das, 1995).

En este trabajo, intentaré contextualizar las recuperaciones territoriales en relación con las situaciones que enfrenta allí la niñez mapuche, desde la experiencia de la vuelta al territorio del lofche Buenuleo, a partir del enfoque de la antropología de la memoria. Es el trabajo de la memoria emprendido por las generaciones posteriores a los eventos críticos (Carsten, 2007) -como fue el genocidio sobre las poblaciones de wallmapu o territorio mapuche desde fines del siglo XIX- el que propicia la socialización de las experiencias dolorosas o de injusticia en narrativas culturalmente significativas y relevantes para entender los procesos sociales del presente (Hill, 1992; Kohn, 2002). Desde la antropología de la memoria, entonces, se entiende que el trabajo de restaurar memorias compartidas consiste en reconstruir y entramar los eventos del pasado conjugando la verdad transmitida por los antepasados con las experiencias presentes de desigualdad (Ramos, 2017). Por esta razón, una etnografía centrada en las memorias se interesa también por las condiciones materiales y las relaciones de poder que proveen el contexto desigual en el que pueblos distintos tienen diferentes posibilidades para legitimar, en los espacios públicos -académicos, jurídicos, gubernamentales, entre otros-, sus marcos de interpretación sobre los eventos del pasado.

A la luz de estas discusiones, se tendrá en cuenta al proceso de recuperación territorial del lofche Buenuleo como una práctica de restauración colectiva (Rappaport, 2005; Ramos, 2017), como parte de un proyecto político más amplio que aspira a encontrar otros sentidos de la historia y otros criterios para delimitar ciertas prácticas como políticas. Sin embargo, y centrando nuestra mirada en el territorio en tanto espacio físico donde se emplaza la comunidad mapuche Buenuleo, este y la trayectoria de la comunidad forman parte de una historia hegemónica que se inscribe también en el espacio, al distribuir diferencialmente las posibilidades de controlar el territorio.

La recuperación ocurre a solo escasos kilómetros del barrio periurbano de Pilar II, dentro de lo que se conoce como “el alto” de Bariloche. En esta ciudad, las personas, lofche y/o comunidades mapuche que habitan la zona han históricamente tenido que sortear múltiples dificultades para poder encontrar un lugar de enunciación que contemplara sus vivencias frente a la imagen de “Suiza argentina” que esta ciudad turística proyecta (Kropff, 2005). Sucede también que el territorio de la comunidad se encuentra bajo la jurisdicción de Parques Nacionales. Del mismo modo que ocurre en otras ciudades patagónicas basadas en la industria del turismo, lo que estas moralidades turísticas y conservacionistas⁴ constituyen son políticas espaciales que borran las huellas y mojones trazados en el paisaje por ciertas trayectorias y condicionan el devenir de esas historias y trayectorias mapuche. En pocas palabras, las personas mapuche fueron excluidas de las negociaciones en las que se definieron qué pertenencias son posibles y en qué lugares.

En este sentido, el lugar que el lofche Buenuleo actualmente habita -en un sentido físico-espacial y en otro más ligado a lo discursivo- es el resultado de lo que Lawrence Grossberg nombra como los procesos históricos de territorialización (Grossberg, 1992), que fueron distribuyendo la vida cotidiana entre sitios legítimos e ilegítimos de identidad. Estos son espacios entendidos como permitidos respecto de la circulación y de los lugares donde se prescribe lo que se puede hacer y decir (Grossberg, 1992, 1996; Briones y Ramos, 2016). Veremos los efectos de estas distribuciones en la criminalización de la recuperación que tiene como querella al Ministerio Público Fiscal de Río Negro y su desconocimiento de la Ley 26.160⁵ en su pedido por un desalojo forzoso del lugar a raíz del proceso de recuperación territorial.

El territorio aquí en recuperación será conceptualizado, entonces, desde una noción de lugar que tiene en cuenta los desencuentros, las exclusiones y las desconexiones (Massey, 2005), además de múltiples temporalidades y negociaciones de las convivencias. Es conjugando estas perspectivas que se vuelve relevante tener presentes los efectos de los “mapas de territorialización” (Grossberg, 1992). Teniendo estos aportes presentes, estas ideas colaboran con la comprensión respecto de cómo se vinculan las maquinarias territorializadoras (Grossberg, 1992) con las construcciones de las distintas cartografías de la ciudad de Bariloche, puesto que, según este autor, el mapeo hegemónico de los lugares y de los sistemas de circulación resultan de -pero también distribuyen, delimitan y orientan- las formas de vida. En este trabajo, pensar sobre el territorio siguiendo dichas conceptualizaciones sobre los lugares nos sitúa para comprender cómo se fueron creando las condiciones materiales y simbólicas, no solo para expropiar el territorio indígena, sino también para instalar la ilegitimidad de cualquier reclamo -o recuperación-, ya que el poder de estas configuraciones espaciales reside en su capacidad para reorganizar los modos de ser, actuar, las distancias entre sitios y sus formas de acceso (Grossberg, 1992) que espero poder reflejar a lo largo de este trabajo.

A su vez, estos aportes teóricos me acompañaran en el entendimiento del lugar de enunciación de pu pichikeche como una categoría en sí (niños/as mapuche). Para el desarrollo de este trabajo, seguiré el planteo de Laura Kropff y Valentina Stella (2017), cuyas investigaciones sobre jóvenes mapuche en puelmapu⁶ se basan en una perspectiva que considera edad y etnicidad como clivajes entramados en el marco de movilidades estructuradas (Grossberg, 1992). Como síntesis de estos aportes, la edad y la etnicidad operan definiendo no solo a las niñeces y adolescencias mapuche como un sujeto histórico que debe ser re-conocido, sino también que debe ser comprendido desde esas tramas subjetivas (Kropff y Stella, 2017). Por ello, para entender el lugar desde donde vivencian y transitan el mundo, debemos considerar que son las niñeces conscientes de las historias que los constituyen, de la presencia de sus abuelos y abuelas, y las enseñanzas, consejos y conocimiento del territorio que dichos ancestro/as les legaron. Estas historias que los narran a ellos/as y a sus familias son aprendidas por medio de la trasmisión de estas, o gütxam. Desde su “ser niños/as mapuche”, sus responsabilidades difieren de otras niñeces al asumir su rol de ser aquellos/as que resguarden ese territorio que han recibido y sostengan las solidaridades del pueblo mapuche. Esto último es, finalmente, lo que los acerca a los talleres de aprendizaje del idioma, y se corresponde con las formas de concebir la circularidad del conocimiento mapuche o mapuche kimün: por un lado, los/as ancianos/as poseen el conocimiento que debe ser trasmitido a las personas más pequeñas, ya que tienen el potencial y responsabilidad de mantenerlo vivo. De modos muy naturalizados, pichikeche conciben las desigualdades sufridas y, por otro lado, las revierten en sus prácticas de modos que más preocupan a las personas adultas y menos a ellos/as y a sus pares.

Finalmente, y a los fines de este trabajo, estos mapas, entonces, definen las trayectorias que se constituyen en la intersección entre tramas de relaciones discursivas y de poder que contemplarán dos clivajes: la etnicidad y la edad. Estos aportes serán los que guiarán además las problematizaciones respecto de qué concepciones de niñez y juventud están teniendo en cuenta las presencias estatales en el marco de una vulneración de derechos dentro y en el contexto de una recuperación territorial y reconfiguración de sus identidades como niños/as y jóvenes mapuche.

Sobre el final de este trabajo, volveremos a estas discusiones al reflexionar sobre ellas en base al proyecto emprendido por el lofche Buenuleo. Pero antes, será motivo del apartado siguiente dar cuenta de este para reponer por qué deviene en un escenario caracterizado como uno conflictivo.

“Nosotros nos sentimos remal por parte del Estado que nunca nos protegió”

En un Gütxamkawün (conversatorio) que se organizó para dar a conocer experiencias de recuperaciones territoriales, la werken o vocera de la comunidad enunciaba las palabras que dan título a este apartado. Allí entonces, a fines de septiembre, interpelaba con las siguientes preguntas al público, al que invitaba a reflexionar a partir de lo siguiente:

Luego de las primeras audiencias posteriores a la judicialización de la vuelta al territorio,⁷ las preocupaciones por garantizar la integridad física y espiritual de quienes integran la comunidad se volvieron prioridad. El 16 de septiembre de 2019, el Ministerio Público y Fiscal de Río Negro se presentó como querellante y pidió una medida cautelar de “desalojo forzoso […] para evitar otro Rafael Nahuel… señor Juez” (Fiscal, audiencia del 16 de septiembre 2019) que el juez aceptó -luego de que el ministerio la justificara-, una vez que la sentencia quedase firme. A su vez, se acordó que mientras durara la investigación para determinar si el lofche había cometido o no delito de usurpación, una guardia de una fuerza de seguridad rionegrina (Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate -COER-) quedaría a custodiar el ingreso y egreso de las personas que se acercaran a la recuperación territorial. Sin embargo, en los meses que siguieron, las palabras de la werken resonaron, ya que los y las integrantes del lofche siguieron sufriendo agresiones cada vez que salían de la comunidad a comprar o llevar a los/las niños/as a la escuela. Los/las niños/as contaban con la responsabilidad de estar atentos a los celulares de sus padres y madres cuando eso pasara para poder documentar y tener pruebas de esos ataques. Para evitar que siguieran poniendo en riesgo sus vidas, se pusieron en marcha algunas estrategias en relación con los cuidados. Entre las acordadas, se encontraba aquella que implicaba una red de apoyo, atenta a comunicar lo que sucediera y llamar a otras presencias estatales como la Comisaría o la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) dependiente de la provincia de Río Negro.

Una tarde a comienzos de noviembre y ya llegando al taller me avisaron que iba a estar “sola”, porque habían llamado desde “arriba” (desde el territorio) y lo/as dos enseñantes habían “subido” a apoyar. Al taller se acercó solo uno de todos/as los/las chicos/as. Nuestro chillkatufe (estudiante) me había informado que había pasado la policía en dirección al lugar, por eso, cuando más tarde se hizo presente uno de los enseñantes le pregunté preocupada por la situación. Mientras mi compañero me contestaba buscaba señal con su celular y me decía que ya era como la tercera vez que intentaba comunicarse con SENAF. Por eso, había “bajado” a ver si venía algún trabajador de la secretaría. Junto con el único estudiante del día, nos pusimos a prestar atención a los autos que pasaban para ver si alguno de ellos pertenecía al organismo. Finalmente, se logró la comunicación con SENAF, donde nos explicaron que por protocolo no podían asistir al lugar a menos que llamara la Policía de Río Negro, y para ello, a la policía la debía pedir su presencia la fiscalía. En ese momento, nos dimos cuenta de que no iban a venir, como tampoco habían ido aquella primera vez, en septiembre, ya que los/las trabajadores se veían imposibilitados a asistir. Mi compañero cortó la conversación con el agente de SENAF que lo había llamado y volvió a irse. Al rato pasaron las camionetas de la policía, yéndose del barrio, por lo que pudimos saber que todo “allá arriba” se había logrado calmar. Más tarde, subí a conversar junto con el resto de los/las integrantes de la comunidad, y en ese reflexionar, nos preguntarnos ¿cómo podía ser que SENAF actuara únicamente bajo ese protocolo? ¿Por qué no lo modificaban? Entre las preocupaciones que compartíamos con integrantes de la comunidad, esos cómo remitían a que creíamos suficientes los antecedentes de recuperaciones territoriales en tierras de Parques Nacionales en cercanías de Bariloche, como había sido el caso del Lafken Winkul Mapu en 2017, para hacer alguna modificación o excepción. En esa comunidad, cuyas tierras en recuperación fueron testigos de la pérdida de la vida del joven Rafael Nahuel, también se contaba con varios niños, niñas y adolescentes. Cuando estos tenían entre 1 y 16 años estuvieron detenidos todo un día en la Policía Federal, junto con sus madres, producto de un desalojo forzoso.

Amedrentamientos como el de esa tarde en Buenuleo, sin respuesta, continuaron sucediendo los meses que siguieron; las agresiones no tuvieron respuesta por parte de las autoridades que no detuvieron a los agresores a pesar de la constancia de las mismas. Como correlato a estos ataques, previo al dictado del ciclo lectivo 2020, la comunidad mapuche Buenuleo decidió que pu pichikeche que estaban viviendo en la recuperación no asistieran a clase debido a que entendían que enviarlos a la escuela suponía un gran riesgo: no podían garantizar que no sufrieran ataques de camino a la institución. Aunque se mantuvieron reuniones con la escuela, el único arreglo al que arribaron fue el de entregarles semanalmente tareas a los/las niños/as. Cuando pregunté a la madre de una de las niñas que asiste a los primeros grados de la primaria sobre esta situación me dijo: “lo último que queremos es que no vayan a la escuela, sabes que eso queremos, pero así no. La escuela tiene que entender que son mapuche y lo que estamos haciendo acá… son sus derechos” (Zomo Kona de la comunidad Buenuleo, marzo 2020). Mientras conversábamos, su hija repasaba las letras del abecedario, ya que comenzaba a leer y a escribir; le comenté que era muy triste la poca respuesta, “¿Cómo no van a asistir a la escuela que lleva el nombre de su abuelo?”, le pregunté retóricamente.

Recuperaciones territoriales y niñeces

Sostener un proceso de recuperación territorial conlleva un sinfín de esfuerzos muy diversos. Se pasa a vivir en un constante estado de alerta, a dejar los trabajos habituales, la vivienda, el modo de vida previo, entre otros. Frente a algunas situaciones, los cansancios se agudizan, y en una de las conversaciones que sostuvimos en el territorio recuperado, una integrante de la comunidad me dijo que los esfuerzos que hacían eran por sus hijos y sobrinos, para que puedan vivir en el territorio, mantener la lucha y ser solidarios con otras comunidades. El día de la agresión del 29 de abril, el niño que les gritó a quienes atacaban a su familia: “esto es de mi abuelo, no nos vamos a ir” fue luego golpeado y lanzado al suelo por los atacantes. A pu pichikeche se les enseña que están en el territorio que sus ancestros les han dejado y que es su responsabilidad cuidarlo y estar atentos a las señales que estos les transmiten. Sin embargo, luego de aquel día, las personas adultas que nos encontramos acompañando sus procesos de aprendizaje y constitución de su subjetividades como niños/as pero también como mapuche, comenzamos a preguntarnos si estas preocupaciones eran también compartidas por otras presencias estatales que debieran velar por su integridad física y espiritual. De las reuniones que sostuvimos con otras organizaciones y personas interesadas en evitar el tipo de vulneraciones que vivenciaron los/las niños/as se desprende la pregunta que guiará también este apartado: ¿Qué pasa con los/las niños/as mapuche y las recuperaciones territoriales? ¿Quién garantiza su acceso a la educación, a la salud y al mapuche kimün (conocimiento mapuche)?

Los primeros días de mayo, como organización (Pu Pichike Choike), formamos parte de una serie de reuniones que, a su vez, convocaron otras organizaciones, grupos y autoridades provinciales y nacionales para plantear acciones o estrategias que, por un lado, pudieran aggiornarse a la realidad de pichikeche en recuperaciones territoriales, y por otro, para acompañar su proceso de poder comprender la situación de violencia que habían vivido. Durante esos primeros días del mes de mayo, el secretario del Ministerio de Seguridad de la Nación, la referenta de la Subsecretaría de Programación Federal y Articulación Legislativa, junto con la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), convocaron a un “espacio de entendimiento” en Bariloche, junto con integrantes de la comunidad Buenuleo y del Parlamento Mapuche. La presencia de las autoridades nacionales tuvo como objetivo garantizar el cumplimiento del “Mecanismo de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios” -documento firmado a comienzos de este año en el Consejo de Seguridad Interior-. Esta resolución consiste en el cumplimiento de las normativas locales y de los convenios y tratados internacionales respecto de los derechos de los pueblos originarios. En este marco, el evento político tuvo como fin consensuar instancias de resolución de conflictos de manera articulada y dialógica, y no violenta. En esta primera instancia del “espacio de entendimiento”, se acordó como tópico urgente el tema de los puestos policiales. Según los testimonios de los/las integrantes de la comunidad, los resultados se concretaron en un acta de acuerdo en el que los responsables políticos se comprometieron a poner en la entrada del territorio la guardia policial del COER de forma permanente. Además, el representante del Ministerio Provincial dispuso de un puesto policial en la zona donde actualmente viven los agresores, con la obligación de que este no fuera atendido por el personal de la comisaría local N° 42, ya que fueron estos mismos los acusados de ser responsables de “liberar” la zona el 29 de abril cuando se produjeron los ataques. Aunque es un tema de indagación en sí mismo reconocer en el tiempo cómo y cuáles son los efectos de esta intervención del Estado en un conflicto histórico que ha atravesado las vidas cotidianas de quienes vienen hace muchos años defendiendo el territorio de su comunidad, en ese entonces, desde la cotidianidad de los cuidados, estas acciones se percibían como sospechosas, en tanto nos preguntábamos ¿quién ayuda a pu pichikeche a comprender lo vivido? ¿Son estas instituciones las que garantizarían su seguridad? ¿Qué implican estos acuerdos frente a lo que había sucedido? Para esos días, pu pichikeche algunos ratos todavía se asustaban si alguien llegaba a visitar, casi no conversaban o, al hacerlo, hablaban constantemente sobre la situación ocurrida el 29 de abril.

El 13 de mayo de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida cautelar que expresaba lo siguiente:

Frente a esta noticia, nos encontramos con que la comunidad Buenuleo pudo plantear en una reunión cuales eran sus urgencias y la forma culturalmente apropiada de abordarlas. Entre sus pedidos, se encontraba el de poder contar con una asistencia psicológica para pichikeche luego de lo que habían vivido, ya que, en palabras de una de las madres: “lo que vivieron les va a quedar siempre en su cabecita” (Comunicación personal, mayo 2019). Aunque SENAF Nación sería la institución articuladora para emprender este acompañamiento psicológico, la comunidad solicitó que se conformase un equipo interdisciplinario que tuviera como agentes intervinientes a integrantes de la organización Pu Pichike Choike en tanto eran sus personas adultas referentes y de confianza. A su vez, se contaba con que una de las integrantes de la organización es psicóloga con perspectiva intercultural⁸ -tal como la comunidad demandaba-, al ser ella mapuche. De este modo, SENAF Nación sería la institución encargada de solventar los honorarios del tratamiento psicológico de pu pichikeche, según lo que se había acordado a finales de mayo, en tanto con la cautelar de la CIDH se entendía que era el Estado argentino quien estaba incumpliendo, al no poder garantizar la integridad de las y los integrantes de esta comunidad mapuche. Para fines de julio de 2020, solo una comunicación telefónica había logrado ser establecida entre las y los actores intervinientes. En dicha comunicación, cerca del 20 de julio la psicóloga le aclaró al agente de SENAF que ya había pasado bastante tiempo del hecho violento sobre el cual se quería prevenir respecto de las implicancias subjetivas en pu pichikeche. Y que, aunque entendía las trabas burocráticas que podía haber, estas estaban perjudicando a los/las niño/as y, en sus palabras:

Entre el compañerismo y el afecto sincero entre quienes integramos la organización Pu Pichike Choike tuvimos que hacernos espacio para conversar respecto de este tema y, en este sentido, explicitar nuestras angustias y preocupaciones. Son, los espacios que sostenemos, los lugares desde donde acompañamos a los/las niño/as en su devenir como mapuche, y no dejamos de hacernos presentes en estos momentos dolorosos. Sin embargo, la pregunta que rondaba esta situación era: ¿alcanza con estos espacios para el cuidado y protección de nuestros/as niños/as? Frente a las ausencias estatales que parecen no reconocer los derechos diferenciales de estas niñeces en estos contextos, nos cuestionábamos, ¿debemos asumir la responsabilización frente al cuidado de pichikeche que parece que se nos impone a nuestra organización, al lofche Buenuleo y toda su red de apoyo?

Reflexiones finales

El proceso descrito aquí es parte de un proyecto de restauración político y espiritual amplio y aún en marcha. Sin embargo, considero que es posible desprender del registro de este algunas reflexiones que nos permiten, por un lado, reconocer la complejidad del campo de la administración y regulación de las acciones orientadas desde presencias estatales a la protección de las infancias. Y, por el otro, la potencialidad que aún reside en considerar parte de la aplicación de las políticas públicas, aún en sus ausencias y desencuentros. Así es como entonces se desprenden las siguientes reflexiones.

En primer lugar, quisiera llamar la atención respecto de las concepciones de niñez y adolescencia mapuche que las presencias estatales, hasta el momento, sostienen. Esto implica (y se relaciona con) el no accionar en la protección, el cuidado y resguardo de los/las integrantes de la comunidad en sí, pero también y en especial con las niñeces, las cuales se vieron expuestas y violentadas. Los motivos de dichas agresiones están en estrecha vinculación con su proceso de reconfiguración identitaria -en un nivel tanto subjetivo como en la reafirmación territorial-. Sin embargo, no es porque el hecho de pronunciarse como mapuche les expone a algún tipo de riesgo, sino porque este “peligro” deriva de los procesos de territorialización que, por un lado, anulan o banalizan sus reclamos territoriales y, por el otro, son descontextualizados debido a los borramientos de sus trayectorias mapuche, lo cual habilita la criminalización y constante riesgo al “desalojo”. Esta conjunción de procesos sociales repercute en las vidas cotidianas en el miedo a desalojos y/o a agresiones de terceros. Desde aquí es que se realizan los reclamos por garantizar cuidados a pichikeche en el lofche, los que a su vez son desoídos y se pierden entre los circuitos burocráticos que limitan accionares y acompañamientos.

Estas decisiones institucionales que no contextualizan y, por ende, no comprenden lo particular de las situaciones en recuperaciones territoriales y los circuitos por los que suelen transitar las causas y modos de acción respecto de ellas, monitorean el modo en que “deben” producirse los escenarios en los que se demandan o negocian incluso los cuidados y resguardos de las personas en general. Asimismo, al margen de dichas disputas por la garantía de la integridad física, espiritual y emocional del lofche se encuentra la de pu pichekeche, que parece verse envuelta en una política pública que invisibiliza sus trayectorias particulares, sus clivajes entramados (edad y etnicidad) frente a la universalización de lo que se entiende por los modos en que se administran y regulan las infancias.

En segundo lugar, lo que creo no debemos olvidar cuando intentamos analizar o, al menos, reflexionamos, sobre el escenario político y social donde transcurren estos sucesos, es que los espacios, los accesos, la disposición de los discursos y las movilidades de unos y otros están lejos de ser equitativos (Grossberg, 1992). Y es por eso que estos procesos iluminan también que no todos/as pueden acceder a la justicia y demandar protección y, de hacerlo, no ocurre en las mismas condiciones cuando se ven atravesados por los diferentes clivajes ya mencionados. En este contexto, además, son los jueces, fiscales, ministerios y secretarías los que apelan a reglamentos, a medidas administrativas y a moralidades que, en su conjunto, por un lado, configuran y, por otro, reafirman las cartografías hegemónicas oficiales. Con todos estos materiales atienden y hacen lugar (o no) a los reclamos mapuche. Como vimos en este caso, sucede que, si accionan, lo hacen desatendiendo especialmente a las particularidades de la niñez mapuche.

En un contexto más amplio, en la comprensión de estos procesos -y desde las trayectorias, recorridos y trabajos de memoria mapuche-, ante estos sucesos no se puede generalizar la atención de las infancias mapuche en el contexto de una recuperación territorial. Los lugares donde transitan, aunque subordinados no deben ser para ello/as un lugar riesgoso. Y si así lo fuera, es necesario escuchar las demandas planteadas desde la comunidad mapuche para abordar esas situaciones que se presentan como problemáticas. Y, en el proceso de hacer valer sus derechos y autodeterminaciones, no perder los accesos a la educación formal o del mapuche kimün (conocimiento mapuche), porque no se logra un abordaje que comprenda la agencia de los/las niño/as mapuche en estos procesos de restauración y revitalización de los conocimientos mapuche.

Las problemáticas que atraviesan al pueblo mapuche, como los empobrecimientos, las desigualdades, las violencias, las injusticias, los desalojos territoriales y la exclusión a la que se ven expuesto/as son hechos concretos y reales en sus vidas cotidianas, pero en este caso, se vieron profundizadas frente a ataques violentos y destrucción de su vivienda como fue expuesto en la situación aquí descrita. Frente a esto, el retraso en el accionar que involucre desde los primeros días un acompañamiento psicológico a pichikeche preocupa a quienes sostienen y/o buscamos sostener los cuidados desde su ámbito familiar y otros espacios no institucionalizados y autogestivos. Pensando en un futuro no tan lejano, desde allí nos preguntamos, ¿cómo repercutirá esto en sus subjetividades como personas mapuche? ¿Qué herramientas les estamos brindando para que comprendan su situación y lo que les sucedió? ¿Asociarán el ser mapuche con la violencia, tal como le sucedía a las generaciones de sus abuelos y abuelas? La violencia ejercida sobre pichikeche, ¿qué repercusiones a nivel de los proyectos de restauración y autodeterminación del pueblo mapuche puede llegar a tener?

En suma, reconociendo los dolores enfrentados y los derechos vulnerados, creo que los sucesos y este proyecto de restauración permiten iluminar diferentes aspectos que alientan a discutir qué tipo de políticas públicas y acciones directas o indirectas por parte de las presencias estatales pueden direccionarse hacia las infancias y adolescencias mapuche en contextos de recuperación territorial. A través de seguir la aplicación (o falta de aplicación) de estas, el presente trabajo ha buscado reflejar la urgente demanda que existe para lograr convivencias cada vez más ancladas en un sentido ampliado de derechos y en compromisos interculturales íntegros. Para dejar de postergar estos reclamos en el tiempo, un primer paso puede ser dejar de concebir los reclamos indígenas como problemas, peligros transitorios o momentáneos, las descontextualizaciones de dichas trayectorias y evitar los sentidos unívocos de las infancias y adolescencias mapuche si se busca garantizar su protección. De esta manera, será posible apuntar a crear las condiciones necesarias para que se vuelvan audibles sus trayectorias y sus lugares para empezar a entenderlos como diagnósticos de lo que no está funcionando en nuestra historia de ciudadanía y de acuerdos de convivencia.