Hacerse un nombre

Dilemas y tensiones en el trabajo de campo con activistas y militantes en construcción

To make a name for yourself. Dilemmas and tensions in fieldwork with activists and militants under construction

Fazer o próprio nome. Dilemas e tensões no trabalho de campo com ativistas e militantes em construção

 
Hacerse un nombre.
Runa, vol. 42 no. 1, (247- 264 pp.), Jan-Jun, 2021, doi: 10.34096/runa.v42i1.8508. ISSN: 1851-9628
Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires


Introducción

Este texto1 se presenta como un ejercicio reflexivo de tres investigadoras en un campo que cruza los estudios sobre seguridad, violencias y familiares. En los últimos años, compartimos -además de espacios institucionales- dudas y conversaciones sobre nuestros trabajos de campo. Buscaremos aportar en estas páginas a la reflexión sobre los dilemas y dificultades de las investigaciones relativas a sujetos que luchan por constituirse como tales en el campo de la seguridad. En efecto, coincidimos en trabajar con actores que no son los más relevantes en el ámbito de la seguridad: no son delincuentes, no son fuerzas de seguridad, no son víctimas, no son jueces. Además, este lugar marginal dentro de la arena social se corresponde con otro análogo en la producción académica.

Veremos que cada uno de ellos va a tener especificidades y dilemas propios. Vamos a realizar un recorte sobre ciertos tópicos para ponerlos a jugar en estas páginas. Algunos son vecinos que no necesariamente sufrieron un delito violento pero militan por un tipo de seguridad. Otros son familiares que sufren los efectos extendidos del encarcelamiento (víctimas indirectas del sistema penitenciario y de la justicia); también abordamos jóvenes que sufren violencias policiales/estatales de baja o mediana intensidad en una villa bonaerense. Más allá de las particularidades y trayectorias de cada uno, tienen ciertos aspectos en común. Para comenzar, ocupan un lugar dentro del campo de la seguridad, aunque no sean los actores más destacados (ni los más mencionados por los medios de comunicación, ni los más estudiados por las ciencias sociales).2 Asimismo, los tres responsabilizan a alguna institución del Estado por el daño padecido. Esto es, no hacer lo suficiente -en el caso de los activistas de la seguridad-; o por encarcelar demasiado y maltratar a las visitas -en el caso de los familiares-; o por mostrar su cara más violenta para con los hostigados por las fuerzas de seguridad.

En virtud de organizar la escritura, comenzaremos por reflexionar acerca de los trabajos de campo sobre los que versa este texto. Luego, el artículo se organiza en dos grandes apartados: por un lado, nos ocupamos de pensar en las tensiones sobre las formas de nominar y conceptualizar a nuestros actores. Seguidamente, nos adentramos en una serie de desafíos y dilemas que hemos encontrado en la realización del trabajo de campo con ellos que, debido a su carácter poco visible, buscan instituir y posicionar su accionar y, de este modo, se desempeñan como activistas.

Acerca de los trabajos de campo

Tal como mencionamos, este texto recupera y pone en diálogo tres trabajos de campo que se corresponden con distintas etapas del proceso de formación de sus respectivas autoras. En efecto, la investigación sobre vecinos activistas es resultado de una investigación para la elaboración de una tesis doctoral y tuvo lugar durante los años 2016 y 2018. Asimismo, el trabajo sobre familiares fue iniciado en 2014 (continúa) luego de haber detectado en una indagación previa las interacciones entre la cárcel y los barrios populares. Por último, el estudio en villas del partido de San Martín comenzó en 2018 y continúa actualmente con un énfasis en los casos “no resonantes” de violencia institucional. Para ordenar la lectura, procuramos respetar la misma secuencia de menciones, aunque cabe destacar que no siempre los argumentos serán ejemplificados con los tres campos: en ocasiones, alguno de las tres investigaciones tendrá más ejemplos o argumentos para aportar a distintos tramos de esta reflexión. Además, con el propósito de facilitar la lectura, utilizamos la primera persona del plural para referirnos a cada trabajo campo aunque se trata de investigaciones llevadas a cabo individualmente.

Trabajo de campo 1: los vecinos activistas de la seguridad3

El trabajo de campo con vecinos activistas se realizó en el barrio de Barracas, situado en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Durante esos años, conocimos y acompañamos a un grupo de “vecinos” que hacían de la inseguridad su ámbito de intervención, de ejercicio y de “trabajo”, a quienes nos referimos como vecinos activistas de la seguridad. Como abordaje metodológico, seguimos una perspectiva cualitativa, basada en la realización de entrevistas en profundidad y, a su vez, en el acompañamiento de los actores por los múltiples escenarios por donde circulaban (reuniones vecinales en comisarías, foros de seguridad ciudadanos, manifestaciones y protestas por motivos de seguridad, reuniones con altos funcionarios del Gobierno de la ciudad). De este trabajo pudimos definir un “perfil” de los vecinos activistas: su propia presentación, el repertorio de actividades que llevan adelante, las relaciones que establecen entre sí y con otros actores, los lazos de coordinación y conflicto que entablan en este transcurso, así como las situaciones de interacción en las que este rol entra en juego. Hallamos que hay un repertorio compartido de actividades que desempeñan estos actores, variado dentro de ciertos límites. También, que el rol de vecino activista está sujeto a una constante negociación y redefinición, en las instancias de encuentro con diversas autoridades institucionales encargadas de la seguridad.

Trabajo de campo 2: los familiares de detenidos4

El trabajo de campo con los familiares de detenidos busca explorar los efectos extendidos del encarcelamiento, por lo que no puede ceñirse a un espacio con límites fijos. Antes bien, se trata de explorar una red de relaciones sociales que ha implicado trabajar en la Asociación de Familiares de detenidos (ACIFAD), en algunos barrios populares, en organizaciones pequeñas, en instituciones ligadas a la cárcel y en las inmediaciones de la cárcel. A lo largo de estos años, trabajamos en una etnografía multisituada (Marcus, 2001) con un diseño flexible que me ha permitido seguir a los actores y los conflictos.

Trabajo de campo 3: Violencias en San Martín5

En el trabajo de campo6 en una villa del partido de San Martín7 realizamos entrevistas en profundidad a jóvenes (hombres y mujeres), familiares de víctimas y activistas contra la violencia institucional,8 entendiendo a la categoría de violencia institucional en tanto una construcción política y académica. Con la idea de violencia institucional se buscó poner sobre la mesa los casos letales junto con las violencias cotidianas de las fuerzas de seguridad. Pero principalmente se amplió el campo de la reflexión al mostrar las recurrencias, las rutinas de abusos y los marcos institucionales y burocráticos que las tornan posibles(Tiscornia, 2000, 2004; Pita, 2005, 2010, 2020). Se desplazó el sentido de los individuos a las instituciones y de lo excepcional a lo recurrente. Así, el concepto iluminó las prácticas de las fuerzas de seguridad y del servicio penitenciario (Caravaca y Garriga Zucal, 2019). Entonces, esta investigación busca pensar las formas en que estos individuos narran los hechos de violencia institucional; de qué manera los actores intervinientes identifican, recuerdan y nominan dichas violencias; cómo estas experiencias se vinculan y se constituyeron (o no) en relación con otros actores claves a nivel local. El interés está puesto en pensar en las violencias de baja y mediana intensidad que experimentan en su cotidianidad y que rara vez llega a ser noticia y/o a ser transformado en una demanda judicial. La intención es reflexionar sobre aquellos que, en muchas ocasiones, no se consideran víctimas ni son tratados como tales, aquellos que no “triunfan” en el debate por las violencias.9

De este modo, como es posible observar, el artículo se nutre y reflexiona a partir de tres abordajes cualitativos de perspectiva socio-antropológica. El diálogo que proponemos generar aquí surge después de la realización de nuestras investigaciones (aunque algunas continúen). Por lo tanto, las decisiones metodológicas y los resultados son divergentes, al tiempo que responden a las distintas etapas en que los trabajos se encuentran. Consideramos que el juego comparativo permitirá aportar reflexiones al campo de estudios de la seguridad.

El trabajo de campo etnográfico ha sido considerado central para la antropología. Sobre esto se han generado profusos debates y reflexiones. Sin embargo, pese a los múltiples cuestionamientos realizados, se sostiene el poder normativo de una observación participante que es implementada por un sujeto sin género y sin raza (Clifford, 1999). Escribimos contra esa tendencia a presentar los resultados de una investigación como si fueran una producción neutral. Por el contrario, procuramos insertar nuestras reflexiones mediante la explicitación de las posiciones que adoptamos, pues es desde allí que construimos ese diálogo intersubjetivo con nuestros nativos. Tal como señala Cardoso de Oliveira (2004), reconocer el carácter intersubjetivo del trabajo de campo nos convierte en investigadoras menos ingenuas.

En ese sentido, para comenzar, nos interesa señalar nuestra condición de mujeres y sus efectos en los trabajos de campo. Del mismo modo, a lo largo del texto, trataremos de explicitar los posicionamientos morales e ideológicos desde los que nos relacionamos con nuestros informantes cuando investigamos en espacios militantes y activistas: qué se espera de nuestro rol, de qué formas nos comprometemos con los temas que abordamos, cómo escribimos y pensamos con los actores que estudiamos.

En este sentido, en el estudio de los activistas de la seguridad, la condición de mujer jugó un rol ambivalente. Por un lado, no solamente éramos observadas como tal, sino también como universitarias e investigadoras, y eso, para los vecinos activistas -que en general poseían un nivel educativo bajo y gran anhelo y admiración por lo profesional-, era visto como un atributo positivo. Es más, esas credenciales profesionales los legitimaban en su causa: el problema de la seguridad era tan importante que hasta una socióloga se había aproximado para estudiarlo. Así, los actores hacían “uso” de nuestra formación y nos presentaban en las diversas reuniones con funcionarios como “una socióloga del barrio, de la UBA y de la UNSAM, que vino a estudiar el problema”. A su vez, a veces recibíamos un trato maternal o paternal por parte del grupo (pues era mucho más joven que los activistas, que rondan entre los 50 y los 78 años); nos llamaban “mi amor”, “corazón”, y otra serie de apelativos cariñosos. Aunque, por supuesto, no faltaron apelaciones con otras insinuaciones por parte de algunos hombres: “no sé qué tenés, nena, que te cuento todo”, “nunca me abrí tanto con una mujer”. Es decir que nuestra presencia en el campo fue leída desde esos diversos ángulos: mujer, joven, profesional, de clase media. Cabe aclarar que eso no significó un “pase libre” a diversos aspectos del campo, pues algunos actores consideraban sospechosa nuestra actividad y no fueron tan receptivos a proporcionar información o entrevistas

En cuanto a los familiares, se trata de un universo que se configura en femenino. La mayoría son mujeres, y en este sentido ha resultado relativamente sencillo ser incluidas en sus charlas y participar de chistes vinculados a la sexualidad femenina en la cárcel (sobre las visitas íntimas o sobre las requisas). Al mismo tiempo, los sacrificios que las madres realizaban por los hijos detenidos eran presentados en nuestras conversaciones como si no requirieran explicación, dado que conocían a nuestros hijos y daban por descontado que “sabíamos” sobre los sacrificios que hacemos las madres. Por otro lado, el hecho de haber frecuentado a nuestros hijos y que ellos hayan jugado con los hijos de varias familiares acortó de algún modo las distancias sociales.

Por el contrario, entre los jóvenes hostigados por fuerzas de seguridad y en los activistas contra la violencia institucional que entrevistamos en el partido de San Martín, se destaca una presencia masculina solo sopesada por la presencia de madres y hermanas de víctimas fatales de estas violencias. Esta característica ha dificultado el acceso en algunas oportunidades: muchos jóvenes no se sentían lo suficiente cómodos de contar a una mujer cómo fueron humillados por las fuerzas de seguridad. No era solamente la naturaleza de la información que compartían (palizas, humillaciones, situaciones arbitrarias que trastocaron su día a día), sino también ver corrompida parte de su masculinidad en el acto de poner en palabras estas violencias y más aún frente a una mujer.

A continuación, pasaremos a recuperar algunas vicisitudes y tensiones que entraña la producción de conocimiento con estos actores en los bordes.

1. Nombrar los personajes: las dificultades para conceptualizar y nombrar

Trabajar con actores y fenómenos que no son fácilmente clasificables en ninguna de las grandes categorías de los estudios de seguridad y violencias conlleva ciertos obstáculos a la hora de llevar adelante el proceso de construcción analítica. Diremos a lo largo de estas páginas que estudiar actores que parecen no poder clasificarse perfectamente en ningún concepto conocido nos enfrenta a una tarea que reviste ciertos desafíos. Pues, de algún modo, se trata de actores escurridizos a las categorías que se utilizan tanto en el campo académico como en la arena social, al tiempo que su existencia está ligada a otros actores que sí gozan de entidad definida en los estudios de seguridad: policías, presos, víctimas, delincuentes. Esto entraña inconvenientes para nombrarlos analíticamente y, cuando lo intentamos, los conceptos no resultan del todo satisfactorios.

Una posibilidad, ciertamente, es recurrir a los términos nativos. Pero estos encierran también algunos problemas: una posible confusión respecto del alcance de nuestros actores, así como la falta de reconocimiento de esa nomenclatura por parte de otros actores involucrados en el campo. Entonces, al adoptar las categorías nativas en los tres trabajos de campo, deberíamos referirnos a “los vecinos”, “los familiares” o “los pibes”. Estos nombres, que parecen englobar a todos, en realidad aluden a algunos vecinos, algunos familiares de detenidos, algunos pibes que durante nuestros trabajos de campo se encuentran en proceso de constituirse como un colectivo. Para complejizar aún más la cuestión, no se trata de colectivos homogéneos. Asimismo, algunas personas pueden pertenecer e identificarse con más de uno (mujeres trabajadoras, habitantes de cierto barrio), mientras que nuestra mirada tiende a reducirlos al colectivo que nos interesa estudiar.

Por otro lado, ocurre que conocemos a estos actores en un momento determinado de sus vidas (y de las nuestras). De algún modo, les sacamos una foto, registramos un momento. Luego, el proceso de investigación conlleva cierta distancia con ellos, un momento de reflexión analítica y escritura. En esa distancia los “congelamos”; suponemos que siguen exactamente igual que como los dejamos, que continúan igual de activos y con la misma energía que cuando los conocimos. Cuando nombramos a nuestros actores bajo una categoría que pretende englobarlos, y enumeramos las características que reúnen, sus rasgos sobresalientes, sus perfiles y fisonomía, tendemos a reificarlos. Entonces, se trata de términos que podrían parecer evidentes pero condensan, para cada uno de los actores, diversos sentidos. Aún más, estos sentidos solo pueden ser plenamente comprendidos al colocarlos en relación con otros actores -más claramente definidos y de mayor jerarquía- en el campo de la seguridad.

Asimismo, una coincidencia que nos resultó fundamental se relaciona con una lucha más o menos explícita presente en cada uno de los campos por ser reconocidos como un actor en materia de seguridad. En ocasiones, son los propios actores estudiados quienes reclaman este reconocimiento y se autodenominan invisibles. Evidentemente, en cada uno de los campos será necesario estudiar en profundidad este aspecto. Sin embargo, podemos coincidir en que ninguno de nuestros actores tiene a priori un rol institucionalmente reconocido: el vecino no es un actor institucional con injerencia en materia de seguridad; el familiar realiza una enorme cantidad de tareas pero no tiene una posición legalmente instituida en la burocracia judicial (en la práctica, esto se traduce, por ejemplo, en que los defensores no se consideran en la obligación de atenderlos), los pibes no se instituyen necesariamente como interlocutores con ninguna de las instituciones vinculadas a la inseguridad.

Para reflexionar sobre la idea de esta supuesta invisibilidad, nos detendremos en el modo en el que ésta funciona en el colectivo de familiares de detenidos, donde esta noción opera con fuerza. Pese a que la asociación ha ido creciendo y se ha logrado cierto posicionamiento dentro del entramado institucional ligado a la cárcel, es frecuente que las familias sigan señalándose como invisibles. Sobre este aspecto volveremos en el siguiente apartado.

De este modo, desde el comienzo de nuestro trabajo de campo encontramos la demanda de mostrar, dar a conocer. Para ello, se nos invitó a las tres investigadoras a participar de reuniones, charlas o vinculaciones con instituciones. La misma suerte corrieron otros investigadores e incluso muchas veces se señala con ironía en las reuniones “a nosotras nos han estudiado de todos los países y de todas las profesiones”. Paradójicamente, esos actores que se autodenominan invisibles son objeto de múltiples miradas, entre ellas las de la investigación social. Ahora bien en las investigaciones, se deposita una demanda: nuestra mirada es llamada a ser vehículo de una reparación.

La apelación a la idea de invisibilidad tiene asidero en un papel que podría ser interpretado efectivamente como secundario dentro del campo de fuerzas de la seguridad así como también en una puja por definirse como actores. Nuestras investigaciones se encuentran, entonces, en una interrogación a las categorías nativas y a sus vinculaciones con conceptos teóricos, ya que esta falta de relevancia en la arena social coincide también con un lugar marginal en el campo académico.

En lo que refiere a los vecinos activistas, los problemas para “nombrar” se hicieron presentes desde el comienzo del trabajo.10 ¿Eran meros vecinos o eran “algo más”? En el transcurso de la escritura se ensayaron diversas categorías para referirnos a ellos: vecinos vigilantes, vecinos en alerta, emprendedores morales de la seguridad, vecinos activistas de la seguridad, etc. Esta incógnita llevó a indagar por diversas corrientes de análisis, sin que ninguna de ellas resultara del todo adecuada para caracterizarlos. Por ejemplo, los estudios sobre vigilantismo englobaban a la acción de participantes privados, motivados por un compromiso voluntario que apela a la amenaza o el uso de la fuerza al desarrollar su accionar, y cuya meta es el control del crimen, o bien del control comunitario o social ante la amenaza de una transgresión efectiva o potencial (Johnston, 1996). No obstante, los vecinos y vecinas bajo análisis no se organizaban para perseguir delincuentes (salvo algunas excepciones), ejercer justicia por mano propia ni coordinar patrullas parapoliciales, actividades todas de carácter extralegal y que numerosos autores coinciden en señalar como un rasgo característico del vigilantismo. Por el contrario, actuaban en constante diálogo con las autoridades policiales informando los movimientos y sujetos sospechosos que detectaban en la zona, participaban de instancias democráticas para debatir las medidas más pertinentes a implementar en materia de seguridad, y no obraban de modo coordinado entre ellos para ajusticiar presuntos delincuentes. Asimismo, si bien hallábamos parecidos con lo que se caracterizó como cultura de participación vecinal (Hernández, 2013; Tufró, 2012; Sarmiento, Ceirano, y Segura , 2007; Eilbaum, 2004; de Privitellio, 2003; Pegoraro, 2002; González Bombal, 1988), estos actores eran más que meros vecinos. Siempre eran “algo más” o había aspectos que los conceptos no cubrían.

Por su parte, los familiares de detenidos han sido estudiados, aunque ocupan un lugar marginal dentro de los estudios sobre la cárcel. Es de destacar que las producciones de organizaciones internacionales contribuyen a la construcción de esa idea de invisibilidad (Coria y Salles, 2014) y esa idea es retomada por la investigaciones académicas tanto argentinas como de otros países (Ferreccio, 2019; Touraut, 2019).

En una línea similar, el trabajo de campo con jóvenes hostigados por las fuerzas de seguridad supone una serie de desafíos acerca de la visibilidad-invisibilidad de estas prácticas. Podríamos decir a simple vista que los hostigados no resultan en general en víctimas resonantes11 (es decir, de casos que se han transformado, a merced de distintos procesos sociales, en temas de interés público). Son actores sociales que actualmente ocupan un lugar relativamente menor en los debates sobre las violencias, sobre los DDHH, o que luchan por su visibilidad. El hostigamiento de las fuerzas de seguridad en ciertos individuos -en general, hombres y mujeres jóvenes de barrios populares que cuentan con la presencia de distintas fuerzas/operativos- es una de las prácticas más extendidas pero al mismo tiempo con menor protagonismo en nuestros trabajos. La reflexión sobre las violencias institucionales abrió un interrogante respecto del poder y las estrategias de definición y, asimismo, sobre su “naturalización”. Procesos lentos de construcción de sentido hacen más legítimas unas acciones que otras. ¿Qué lugar les damos a estas prácticas en las preguntas que nos realizamos sobre la violencia institucional? ¿De qué formas son narradas por los actores? Entre alguna de estas preguntas sobresale un interrogante que consideramos central: ¿qué desafíos teórico-metodológicos se nos presentan al pensar en las “víctimas vivas”?

Cuando conceptualizamos o, como es nuestro caso, asignamos un nombre a estos actores liminales en la literatura, ordenamos nuestras observaciones empíricas -que no presentan en sí mismas un orden determinado más que el que nos marca nuestra propia mirada en el campo-, abstraemos ciertas situaciones, rasgos, aspectos que nos resultan analíticamente relevantes. Cuando llevamos a cabo esta tarea con actores que se encuentran en construcción de un lugar, la actividad de conceptualización se vuelve más evidente, pues conlleva cierta reificación de las personas de carne y hueso que conocimos a lo largo de nuestro trabajo. Allí que cuando ya construimos o elegimos las categorías que nombran a nuestros actores escurridizos, es posible comprobar que, de alguna manera, los volvemos a crear. En efecto, ¿son los actores los que se crean a sí mismos o los creamos nosotras al señalarlos, conceptualizarlos? Se produce, entonces, una suerte de relación dialéctica entre un actor que está en proceso de construcción, demandando visibilidad y relevancia, y nuestras miradas que elaboran una versión de estas identidades. Pero los problemas para nombrar, conceptualizar y/o categorizar no atañen solamente a actores que luchan por su visibilidad sino también a situaciones en que las categorías analíticas del/de la investigador/a no concuerdan con lo que los actores bajo análisis perciben.

Así, en el trabajo de campo en una villa del partido de San Martín, los jóvenes describían humillaciones diarias, violencias de baja y mediana intensidad por parte de las fuerzas de seguridad. No obstante, muchas veces no percibían tales situaciones como violencia. No aparecía este vocablo para definir una serie de eventos que para el observador externo daba cuenta de cruentas escenas de abusos. ¿Cómo describir y analizar las violencias más naturalizadas, aquellas que a veces no dejan marcas físicas pero que constituyen la cotidianidad de ciertos jóvenes con las fuerzas de seguridad en barrios populares? Aquí es donde las tensiones entre categorías del/de la investigador/a y nativas salen a la luz. Por otro lado, nos lleva a pensar en los necesarios recortes que realizamos y en los efectos que estos producen en los que escribimos, lo que narramos. Finalmente, una vez más se nos presenta la pregunta por los nombres y los conceptos, las palabras y las cosas. En tanto creemos que el problema de los “nombres” de las violencias está directamente relacionado con las disputas en torno a poder denominarlas como tales.

2. Cómo se produce un nombre: militancias y activismos

Tanto los familiares como los activistas de la seguridad y contra la violencia institucional encarnan un rol endeble, artesanalmente construido e instituido por ellos mismos y que, por eso mismo, deben negociar una y otra vez con otros actores que sí gozan de credenciales institucionales para intervenir en materia de seguridad.

Este rasgo, creemos, los dota de cierto carácter activista. Así, en sus cursos de acción, se cruzan con la política sin que ello refiera exclusivamente a la participación a través de las instituciones formales del sistema político (Pereyra y Berardi, 2020). Aunque en ocasiones rehúyen de la política y marquen cierta distancia moral respecto de los políticos y de los partidos, estos actores circulan en las porosidades entre sociedad y Estado: como actores cívicos que se mueven dentro y fuera de estas esferas (Lichterman y Eliasoph, 2014). Además, en el transcurso de este accionar desarrollan y encarnan un conocimiento experto: un vocabulario específico, una expertise local en la materia (Pereyra y Berardi, 2020).

Desde nuestra perspectiva, trabajar con militantes de un campo supone, al menos, tres problemas metodológicos sobre los cuales nos interesa reflexionar aquí. En primer lugar, circunscribimos nuestra mirada a un grupo de actores que tienen una visión determinada sobre otros con los que interactúan. Los activistas con los que entablamos vínculo dialogan constantemente con académicos, periodistas, funcionarios, miembros de las fuerzas de seguridad y/o judiciales; y también dialogan con sus pares. En este sentido, nuestro trabajo está teñido por la mirada de estos activistas tanto hacia los de “afuera” como hacia los de “adentro”.

En segundo lugar, los espacios de militancia son terrenos de luchas atravesados por relaciones de poder, de modo que suelen evidenciar, más temprano que tarde, conflictos internos. Como investigadoras, más allá de nuestra voluntad, somos posicionadas por nuestros informantes dentro de categorías y en ciertos roles dentro de los espacios de lucha.

En tercer lugar, nuestros informantes también están abocados a conocer y producir información. Esto conlleva una discusión sobre la entidad de nuestro saber y un cuestionamiento sobre el dualismo entre saber experto y saber popular. En muchas ocasiones se nos demanda producciones, y orientar nuestras miradas hacia ciertos aspectos del problema. Sobre las tensiones entre conocimiento experto y conocimiento activista volveremos a profundizar en el siguiente apartado.

En las tres investigaciones aquí abordadas, observamos que los grupos bajo análisis tienen una visión más o menos acabada sobre cómo otros actores e instituciones contribuyen a producir los problemas que los afectan. Para los vecinos, será la irracionalidad de los delincuentes o la impericia de otras instituciones (jueces “garantistas”, fiscales ineficientes, policías ineptos, etc.). Para los familiares de detenidos, la justicia, la policía y el servicio penitenciario son instituciones destinadas a producirle un daño a una parte de la sociedad. Para los activistas contra la violencia institucional, son las violencias selectivas de las fuerzas de seguridad contra ciertos jóvenes del barrio. La noción de selectividad -violencias sobre ciertos individuos y no otros- circula como una “verdad del barrio” raramente discutida. Así, uno de los primeros desafíos que se nos presentan es eludir las miradas simplistas que tienden a señalar “buenos” y “malos”, víctimas y victimarios. Se trata de campos que no son binarios y a los cuales accedemos a partir de miradas socialmente situadas y moralmente disputadas.

Por otro lado, como investigadoras solemos ser interrogadas respecto de los fundamentos de la acción de esos otros que producen daño. Y en este punto, debemos definir si contribuimos a complejizar la mirada de nuestros nativos o nos dedicamos a estudiar tales visiones “conspirativas” sobre lo que ocurre en estos espacios sociales.

En este sentido, los vecinos activistas solían interpelarnos acerca de qué era lo que observaba de todas las situaciones que compartíamos con ellos. Esperaban de nuestra parte una suerte revelación esclarecedora sobre el fenómeno, algún diagnóstico certero sobre la situación del delito en el barrio (tema que, por lo demás, no conformaba nuestro objeto de estudio). Pero también, ocurría que nuestra postura o diagnóstico acerca de las causas del delito era completamente antagónica a la de los activistas. Efectivamente, algunos de ellos definían al delincuente como una persona “sin moral, sin corazón”, “mentalmente agresiva” que actuaba con alevosía y maldad. De ese modo, en numerosas ocasiones en las que optamos por no disentir ni disputar tales aseveraciones, aunque cabe preguntarse si no hubiera resultado interesante tensionar esos relatos.

Por otro lado, entre los familiares de detenidos nos interpelaban a dar, en muchas oportunidades, respuesta a ciertos interrogantes. Las decisiones fueron tomadas, en cada caso, intentando reflexionar qué podía aportar una intervención a cada proceso. Por ejemplo, durante los primeros meses de la pandemia, ante la interrupción de las visitas circulaba la idea de que los penitenciarios tenían conductas de riesgo que permitían el ingreso del virus a la cárcel (no usando medidas de protección en las requisas o controlando sin medidas sanitarias el ingreso de mercadería). Así, decidimos eludir las discusiones al respecto, pues nuestra intervención -que podría cuestionar estas visiones conspirativas- no contribuía a reducir la angustia por la incertidumbre ante la falta de información sobre el estado de salud de los detenidos.

En otros momentos, el colectivo de familiares interpretaban a los movimientos feministas como responsables de la situación de muchos presos, y los acusaban de punitivistas. En estas situaciones, optamos por discutir con las familiares, pues entendimos que reconocerse en su posición de mujeres con las consiguientes desventajas sociales, podía producir una mejor comprensión de la situación, al tiempo que podían beneficiarse de los reclamos e interacciones con los movimientos feministas.

Creemos entonces que los espacios en formación, es decir, estas esferas de acción poco definidas y con créditos institucionales inexistentes o en proceso de validación, involucran una puja velada entre los participantes de estos espacios por ganar posiciones, prestigio y/o legitimidad. Como investigadoras que realizan un trabajo de campo cualitativo, no podemos evitar ser clasificadas por nuestros informantes en términos de las disputas que están en juego para ellos. Más aún, puede ocurrir que esas particiones no nos resulten evidentes a primera vista y que solo se hagan visibles al encontrarnos envueltas en alguno de estos conflictos. En este sentido, es preciso tener en cuenta que la producción de conocimiento no opera exclusivamente a partir de la construcción de relaciones sociales, sino que también se produce a partir de su destrucción y de los obstáculos que encontramos en el campo (Zenobi, 2010).

En el caso de los vecinos activistas por la seguridad, su búsqueda de visibilidad y relevancia dio como resultado una serie de conflictos y caldeadas discusiones con otros actores, fundamentalmente comuneros y mandos medios del Ministerio de Seguridad de la Ciudad. En ese contexto, nuestra posición en el campo también resultó tensa. El valioso acceso que algunos nos brindaban, entraba en peligro si intentaba entablar algún diálogo con otros de ellos. Es que sus vínculos estaban ceñidos por la sospecha y el descrédito mutuo, tanto entre vecinos como frente a determinadas autoridades. Asimismo, habíamos logrado entablar un vínculo de confianza con un grupo de estos vecinos que generosamente nos habían invitado a las diversas actividades que emprendían. Pero, a la hora de intentar entrevistar a otros de los actores del mismo universo nos encontrábamos “marcadas”, pues éramos vistas como era una de ellos. En ese campo de enemistades y trifulcas, nadie podía permanecer neutral ni al margen de los recelos mutuos que signaba a ese mundo.

En el caso de los familiares, la posición de investigadora es invocada para resolver disputas o puntos de vista divergentes. “Bueno, la investigadora un día nos va a explicar por qué las mujeres hacemos tantas cosas”; o bien cuando algún familiar clama la inocencia de un detenido puede acercarse otra persona para decirnos que “una investigadora debe dudar de todo. El familiar le cree al preso, pero vos tenés que dudar”. Asimismo, aunque la organización proclama estar abierta a conversar con toda persona o institución que pueda aportar algo para mejorar la situación de los detenidos, hay ciertos actores que están conceptualizados como agentes que contribuyen a producir daños. Por ejemplo, los psicólogos del servicio penitenciario. Si bien nunca nos exigieron que no entrevistara a alguien o reprocharon abiertamente el haberlo hecho, sí suelen solicitarnos la contrastación de ciertos puntos de vista consolidados.

Las disputas entre los distintos actores vinculados al activismo contra la violencia institucional en una villa de San Martín están atravesadas, entre otras cosas, por las esferas políticas-partidarias locales, y muy especialmente por la distribución de los recursos municipales y la “bajada en los territorios”: merenderos y otras organizaciones relevantes en la administración de estos recursos en el barrio. Pero también se entrecruzan disputas personales: causas judiciales, denuncias cruzadas, y no que no es un dato menor, rumores sobre supuestos vínculos con la policía, los cuales nos colocaban en la tensa situación de no poder nombrar a ciertos actores en el transcurso del trabajo de campo: “si entrevistaste a tal no podemos seguir hablando”. “Vos le das bola a el que se queda con la leche de los chicos”. No exentas de controversias son las formas en que se accede al trabajo de campo, y pueden permanecer como marcas indelebles en algunas investigaciones: las primeras entrevistas se dieron en virtud del contacto con una periodista y militante del partido de San Martín. Su pertenencia y militancia en un espacio político de la ciudad abrió el juego para la realización de las entrevistas pero también nos impidió dialogar con actores ofendidos con el espacio político al que pertenecía (“por no hacer nada con su causa”, “Por estar del otro lado”).

3. ¿Quiénes son los expertos? Activismos y saberes

Como mencionamos anteriormente, los actores bajo análisis comparten la característica de la precariedad de los roles que buscan encarnar e instituir. Este carácter lábil es conocido por ellos y, en ese sentido, despliegan diversas estrategias en pos de alcanzar mayor visibilidad. En este quehacer, y en este intento doble de darse entidad como colectivo y visibilidad frente a otros de mayor investidura institucional, producen conocimientos y saberes sobre la actividad que los involucra. En efecto, el trabajo de investigación y producción de conocimiento no es prerrogativa de los especialistas (Cefaï, 2014). Los actores envueltos en situaciones problemáticas que los comprometen procuran elaborar contenidos diversos que expongan que su actividad “existe” y se justifica por las razones acuciantes que los mueven. En este transcurso, ocurren varias cuestiones. Por un lado, como mencionamos, los activistas se topan con agentes de mayor estatuto institucional (funcionarios públicos, empleados burocráticos de diversos escalafones) e incluso pueden llegar a participar de algún intercambio o espacio en el ámbito académico-universitario. Entonces, nuestros colectivos se ven a sí mismos envueltos en diálogos con otros actores que también postulan un saber sobre el problema. Estos saberes pueden parecerse pero no son idénticos. En tales instancias y encuentros, los activistas procuran motorizar los conocimientos que han producido. De algún modo, se “publicitan” con miras, entre otras cuestiones, a visibilizarse, a cobrar entidad. Por esto también, como veremos en este apartado, tales situaciones pueden acarrear una serie de tensiones.

Asimismo, esta cuestión también nos interpela como investigadoras al momento de trabar relación con estos agentes, pues nos instan a contribuir con su quehacer, producir conocimiento con ellos o explicitar y compartir con ellos nuestros hallazgos de investigación. En efecto, si bien ninguna de las tres investigaciones se ha configurado como una etnografía colaborativa, es cierto que producen conocimientos colectivamente. Y, en este punto, se abre el interrogante sobre cómo relacionarnos con esa producción de conocimiento. Proponer una división binaria entre un conocimiento popular y un saber experto implica una invisibilización de nuestros actores (Olmos, Cota, Álvarez y Sebastiani, 2018). Pero aún resta explorar, construir y ensayar formas de construcción colectiva de conocimiento. En definitiva, también somos parte de un proceso de subjetivación política que nos incluye de alguna manera en esos colectivos. Entonces, observamos, pensamos y escribimos desde esa subjetivación, al mismo tiempo que nuestra posición no es la misma que la de los militantes y activistas. Se trata de abrir un espacio de diálogo entre nativos, académicos y activistas (Olmos et al. 2018). Y ello implica, desde nuestra perspectiva, reponer diálogos, miradas diversas, conflictos que no se resuelven.

Por ejemplo, en el transcurso de su carrera de activismo, los vecinos van adquiriendo conocimientos locales acerca de las diversas irregularidades del barrio. Ciertamente, sumergirse en ese rol conlleva un proceso de aprendizaje y elaboración de un conocimiento específico. Parte de los conocimientos que implica asumir este rol entraña, entre otras cosas, adquirir información específica sobre la seguridad en el barrio (que siempre se reproduce de manera imprecisa): la cantidad de comisarías y policías en ejercicio dentro de cada una de ellas, los episodios de delito más recientes, entre otras cuestiones. A su vez, a medida que comienzan a relacionarse y reunirse con ciertos funcionarios, adquieren conocimientos sobre los modos de gestionar la seguridad a nivel barrial. De esta manera, los vecinos activistas también se fabrican un capital: un conocimiento detallista de primera mano, un ámbito de expertise que luego harán valer en otras esferas, una notoriedad adquirida y mantenida en un territorio singular. Se trata de una suerte de capital de autoctonía (Renahy, 2010): un conjunto de recursos que no pueden intercambiarse fuera de una escena social situada y que es dificultoso de hacer valer en otros lugares. En efecto, cuando estos actores intentan hacer valer estos conocimientos adquiridos frente a otros actores de más envergadura y crédito institucional (sobre todo, funcionarios medios y altos del Gobierno de la Ciudad), quedan en una franca desventaja de saberes y estatus. Esta expertise que se fabrican languidece cuando se hallan frente a otros actores con conocimientos profesionales en la materia. También, los diversos conocimientos que van adquiriendo son “publicitados” por estos actores: crean páginas de Facebook o “postean” estas cuestiones en otras páginas de la misma red social pertenecientes al barrio. Estas acciones tienen un doble objetivo: por un lado, visibilizar frente a los otros residentes sus conocimientos precisos y actualizados sobre la situación de la seguridad de la zona. Por otro lado, construir sus propios sitios de Facebook y obtener un número creciente de seguidores es utilizado como prenda de cambio en sus encuentros con diversos funcionarios, les permite posicionarse frente a ellos como mediadores y conocedores de lo que quiere “la gente” de la zona. En definitiva, se trata de un modo de visibilizar y acreditar estos roles artesanalmente elaborados e inexistentes en los papeles.

En el caso de ACIFAD, la organización se ha ido consolidando hasta tener una página web en la que, entre otras cosas, se dan a conocer los actores institucionales con los que se relacionan, pero la llegada a este punto ha implicado también utilización de redes sociales tanto para publicitar esas interacciones que los dotan de recursos y legitiman, a la vez que para recibir demandas y consultas. Este esfuerzo por visibilizar conocimientos, saberes y propuestas apunta a la búsqueda de financiamiento, así como también a ponerse a disposición de instancias gubernamentales que puedan contribuir a mejorar la situación de las familias de los privados de libertad. En este proceso, se posicionan como un actor en posesión de un conocimiento relevante que dialoga en pie de igualdad con otros saberes (académicos, gubernamentales). Así, los saberes de estos actores participan de ámbitos universitarios, al mismo tiempo que muchos académicos participan en los diálogos en otras instancias de militancia. Sin embargo, desde ACIFAD se remarca la existencia de un grupo de familiares y un grupo de profesionales y se considera que es merced a la existencia de este segundo grupo (que comprende sociólogos, antropólogos, abogados y psicólogos) que ACIFAD ha logrado sistematizar sus acciones. En reiteradas ocasiones, nos solicitaron contribuir con la producción de proyectos, informes o escritos. Y ello implica la superposición de intereses y saberes. En este sentido, la estrategia privilegiada ha sido la de contribuir a la escritura de aquello que beneficiara a la organización, al mismo tiempo que intentamos construir preguntas de interés académico más allá de los tiempos y urgencias de ésta.

En el caso de los activistas contra la violencia institucional del partido de San Martín, desde el año 2018 un grupo participa activamente por la concreción de un Observatorio Municipal de Violencia Institucional.12 Este espacio, aprobado en 2019, responde a las demandas de los colectivos activistas y a su reclamo de “mayor organización y seriedad” sobre la temática. La aprobación municipal del observatorio fue apreciada como un triunfo del activismo y como una muestra de la relevancia de la temática llevada adelante por los activistas locales. Asimismo, estos activistas interactúan con diversos proyectos de una universidad nacional; sobre temas de violencias pero también en cuestiones de género, ambiente, trabajo entre otros; buscando dar cuenta no solo de la necesidad de entablar diálogos con los “saberes expertos”, sino también marcando que “hablamos el mismo idioma”. En esta sintonía, en mayo de 2019 se realizó en una universidad nacional un ciclo de charlas abiertas a la comunidad que contaron con la presencia de activistas locales y familiares de víctimas (incluyendo familiares de detenidos) junto con diversos especialistas en el campo de la violencia institucional. En el primer encuentro, con una sala colmada por activistas y vecinos, un pequeño grupo se ofendió por no poder tomar la palabra -molesto con un comentario de uno de los especialistas- y dejó la charla antes de que finalizara. Aún con diálogos y lenguajes comunes, nunca desaparecen las tensiones sobre el saber y el poder que se traducen, por ejemplo, en las formas en que nos movemos y hablamos en ciertos espacios sociales.

En suma, en esta construcción intersubjetiva de conocimientos, como investigadoras somos demandadas por los actores. Se conforma así una antropología litigante (Segato, 2018), que involucra dos dificultades. Ciertamente, por un lado, nos direcciona la mirada hacia un aspecto del problema, aquel que le resulta relevante en ese momento a nuestros actores, o a algunos de ellos. En segundo lugar, las temporalidades de nuestras investigaciones, por lo general, no se condicen con esas necesidades. Es que las urgencias de la producción del conocimiento militante son diferentes a las de la producción académica. Contrariamente a las reflexiones de nuestro trabajo, en el que intentamos dar cuenta de lo indefinido de nuestros actores, el conocimiento que producimos junto a los militantes (o que nos solicitan que elaboremos) intenta ser cerrado y ordenado, acota complejidad a los fines de resolver los problemas concretos y acuciantes. Los actores utilizan y requieren estos conocimientos para visibilizarse con miras a que otras organizaciones y el Estado se encarguen de su resolución.

A modo de cierre: las vicisitudes de hacerse un nombre

En este artículo buscamos poner en juego varias de las preguntas y dificultades que atravesaron nuestros trabajos de campo. Y si bien se trata de indagaciones de distinta naturaleza y con empresas de investigación específicas, nos reúne la problemática de pensar las formas y estrategias de ciertos actores para hacerse un nombre dentro del campo de la seguridad.

Acaso por estas coincidencias, a lo largo de estas páginas nos propusimos pensar las tensiones que conlleva analizar y traducir al lenguaje académico las características de ciertos actores que gozan (o más bien sufren) de relativa invisibilidad. Pero, además, no gozan aún de credenciales institucionales, no tienen “nombre” o más bien, están tratando de producirlo socialmente. Los actores bajo estudio lo saben, mucho antes que nosotras, y pujan por existir y ser nombrados. Justamente en el juego entre la visibilidad-invisibilidad, emerge una serie de dificultades a la hora de producir conocimiento, y es lo que en este texto intentamos recuperar, sabiendo que quedan varias aristas aún por ser pensadas.

De alguna manera, investigar a aquellos que se encuentran produciendo socialmente sus nombres y su reputación pone también de manifiesto las implicancias de la producción de conocimiento en el campo académico. Y esto, creemos, nos atañe directamente en lo relativo a las formas en que producimos conocimiento, pero además -y es lo que buscamos pensar en el apartado sobre saberes- en lo que respecta a los modos en que también nuestros informantes producen conocimiento y saberes específicos. Ese cruce de saberes y poderes conjuga una tensión que atraviesa no solo nuestros campos, sino también las formas en que nuestras producciones analíticas circulan por distintos espacios (activistas, de divulgación, políticos, etcétera).

Por otro lado, aunque menos visibles que los “consagrados”, sostenemos que estos actores son sustanciales para sostener múltiples aspectos que hacen, a grandes rasgos, una parte no menor de la seguridad. En efecto, sin familiares, los presos tendrían una calidad de vida notablemente peor. Es decir, aunque se encuentren en la informalidad y no sean reconocidos institucionalmente, aquellos contribuyen a sostener un nivel de vida más digno a los reclusos. Los vecinos activistas son definidos por algunos comisarios como “sus ojos y oídos”, es decir, informantes que les permiten saber qué ocurre en las zonas que no están bajo la vigilia policial. Es que, al mismo tiempo que son a veces menoscabados por ciertos funcionarios porteños y comunales, los activistas de la seguridad son, también, estimulados a desarrollar su accionar. En el marco de diversos programas e iniciativas de participación ciudadana (tales como el programa de “Comisarías Cercanas” o los diversos foros de participación ciudadana sobre seguridad) se apela y atrae a los residentes de diversos barrios porteños a involucrarse en la problemática de la seguridad. Finalmente, en el caso de los activistas contra la violencia institucional que hemos estudiado en San Martín, no solo han apoyado procesos judiciales (en diversos casos resonantes a nivel local)13 sino que además han colaborado en la tarea de dar visibilidad a una serie de herramientas jurídicas desde consejerías barriales. Asimismo, se proponen dar cuenta de una historia local de violencias en la que se recuperen casos más antiguos, en busca de dotar de mayor inteligibilidad a estas dinámicas.

Queda pendiente para futuras indagaciones seguir reflexionando sobre las tensiones entre saberes expertos y activistas en el campo de los estudios sobre seguridad. Y, especialmente, ver cómo estas tensiones afectan, pero también potencian las formas en que producimos conocimiento social con otros.

Finalmente, creemos que las reflexiones volcadas en este texto abren un posible camino de indagaciones dentro del área de estudios de la seguridad en torno a estos actores liminales, que, si bien no se caracterizan por su evidencia inmediata frente a otros actores más consagrados, brindan grandes oportunidades para la reflexión analítica.


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Notas

[1] . Agradecemos a los evaluadores/as, que con sus comentarios ayudaron a refinar y mejorar los argumentos volcados en este artículo.

[2] . De hecho, en Argentina, los estudios sobre familiares de presos son marginales (Ferreccio, 2017, 2019; Mancini, 2019, 2020).

[3] . Este trabajo fue realizado por Violeta Dikenstein.

[4] . Trabajo realizado por Inés Mancini.

[5] . Este trabajo fue realizado por Evangelina Caravaca.

[6] . Agradezco la generosidad de Vanina Pasik, periodista y militante social, quien merced de su red de contactos, propició el acceso al trabajo de campo.

[7] . Se registran al menos 33 urbanizaciones informales en el partido de San Martín -repartidas en 15 villas, 15 asentamientos y 3 indefinidos- donde viven cerca de 17.000 familias. La Rana, barrio donde se desarrolla el trabajo de campo, es una de esas villas y se encuentra ubicada en Villa Ballester.

[8] . M. Pita aportó extensamente a la problematización de la categoría violencia institucional. En diversos trabajos reflexiona sobre las formas a través de las cuales los familiares de las víctimas de violencia policial se organizan para impugnar, denunciar y para demandar justicia. Sus aportes permiten dar cuenta de las formas en que quienes devienen familiares de víctimas han ido construyendo un campo de protesta contra la violencia policial, contra la violencia de Estado y, al hacerlo, han politizado estas muertes (Pita, 2010, 2020). En sintonía con este planteo, en 2016 el CELS publica: “Hostigados: violencia y arbitrariedad policial en los barrios populares” texto que supone también un aporte a este campo de reflexión.

[9] . Algunos resultados de esta investigación fueron publicados previamente en: Caravaca, E., Pasik, V., Fiquepron, D. y Llopis, M. (2019). No casos. Un estudio exploratorio sobre violencia institucional en una villa de San Martín (pcia. de Buenos Aires). Ponencia publicada en las Actas II Jornadas de Sociología de Mar del Plata.

[10] . Algunas de estas dimensiones fueron desarrolladas en “El emprendedor moral y sus disputas en torno al problema de la inseguridad” (Dikenstein, 2019) y en “Vecinos en alerta: un rol difícil de institucionalizar. Estudio en la Ciudad de Buenos Aires (Dikenstein, 2018).

[11] . Es pertinente mencionar un caso que sí resultó resonante ocurrido en septiembre de 2016. Dos adolescentes pertenecientes a la organización villera “La Garganta Poderosa” fueron torturados por la Prefectura en la Villa Zabaleta (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Empujados por la organización y por otros espacios de activismo, los eventos tomaron visibilidad mediática y el caso fue llevado a la justicia.

[12] . El observatorio está integrado por la Municipalidad de San Martín, la Comisión Provincial por la Memoria, la Red de Familiares Víctimas de la Violencia Institucional de San Martín, la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional y la Universidad Nacional de San Martín. Es el segundo observatorio municipal sobre esta temática, luego de la experiencia pionera en la ciudad de Punta Indio (provincia de Buenos Aires).

[13] . Entre los casos resonantes a nivel local, algunos de los activistas entrevistados motorizaron junto con familiares el reclamo y proceso judicial por la muerte de Luciano Alt. Luciano tenía 6 años en 2016, cuando fue atropellado por un patrullero policial.

Notas

[14] Financial disclosure Las tres investigaciones que se recuperan en este artículo fueron financiadas por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y la Universidad Nacional de San Martín a través de becas doctorales, postdoctorales y en la carrera de investigador científico respectivamente.