Introducción

Desde la primera muerte ocurrida en un estadio de fútbol argentino en 1922 en la cancha del Club Atlético Tiro Federal Argentino, ciudad de Rosario, hasta hoy, “la violencia en el fútbol” se ha tematizado como un problema social de envergadura en nuestro imaginario nacional (Cabrera, 2019). La tortuosa relación entre políticas públicas en la materia y el sostenido aumento de víctimas fatales deja a las claras que estamos frente a un fenómeno complejo y estructural. Ante tal cuadro de situación, los responsables por la seguridad en los estadios mantienen una obstinada coherencia: aplicar medidas tan similares como inútiles. Creemos que la ineficacia de lo hecho se explica por el diagnóstico errado que subyace a cada intervención.

La cuestión de la seguridad/inseguridad en Argentina, especialmente a partir de los años noventa, forma parte de la agenda institucional (Kessler, 2009) y, desde entonces, se aplican infecundas intervenciones que caminan sobre dos endebles piernas: por un lado, el déficit de datos oficiales -que se traducen en diagnósticos incompletos- (Larrauri, 2000; Sozzo, 2003; Ciafardini, 2005);¹ por otro lado, la centralidad de una estrategia represiva focalizada en un grupo de personas definidas como los “responsables” de todas las violencias (Font 1999, p. 22; Fraile, 2003, p. 204; Bergalli, 2006, p. 3).

Respecto del primer punto, en el caso de la “violencia en el fútbol”, la ausencia de datos oficiales es absoluta. En consecuencia, la sistematización de la ONG “Salvemos al fútbol”² se presenta como la única fuente de datos sobre un tema tan básico como las muertes violentas ligadas a espectáculos futbolísticos. Es importante resaltar las limitaciones de aquella lista ya que, como todo relevamiento cuantitativo sobre criminalidad o violencia, padece el síndrome de la “cifra negra” y el “carácter manufacturado” de su registro (Sozzo, 2002).³ Pero además, en este caso particular, las precauciones deben redoblarse, pues se trata de un relevamiento confeccionado a partir de la cobertura mediática de los hechos.

Respecto del segundo punto, consideramos que el otro frágil sostén sobre el que se apoya la intervención estatal del fenómeno tiene que ver con la tozudez en el abordaje propuesto pese a sus magros resultados. Diversos estudios (Alabarces, 2004; D’Angelo, 2011; Murzi, Uliana y Sustas, 2011; Alabarces et al., 2013; Garriga Zucal, 2013; Segura, Murzi y Yoshida, 2017; Cabrera, 2018) han mostrado, con rigurosidad analítica y precisión histórica, cómo llevamos, al menos, tres décadas enroscados en las mismas categorías, propuestas y efectos. Aunque hablamos de un fenómeno de larga data, es a partir del retorno a la democracia en la década de los ochenta del siglo pasado, cuando el Estado nacional comienza a legislar para “combatir la violencia en el fútbol”. Desde la primera iniciativa, conocida como “la Ley de La Rúa”, en 1985, hasta la llamada “Ley antibarra”, truncada en 2018, el abordaje estatal ha tenido más continuidades que rupturas. Un rasgo común en todo ese recorrido ha sido la selectividad a la hora de endilgar responsabilidades. Para los sucesivos gobiernos -en sintonía con ciertos discursos mediáticos sensacionalistas y una parte de la opinión pública rendida al punitivismo- la “violencia en el fútbol” es responsabilidad exclusiva de las llamadas “barras bravas”. En consecuencia, la “solución” al problema sería “erradicar” a estos “violentos” grupos. A la hora de explicar los porqués de la violencia de las “barras bravas”, los argumentos oficiales caen, una y otra vez, en un determinismo economicista, es decir, los barras se pelearían por “los negocios del fútbol”.

Otro rasgo común del enfoque hegemónico en la materia es su lapidario silencio sobre el accionar de las fuerzas de seguridad, uno de los actores que más violencia han generado dentro y fuera de los estadios. “La violencia en el fútbol” se presenta, entonces, como algo escindido de las violencias de los actores policiales directamente involucrados en el espectáculo deportivo, y que se relaciona además con las conflictividades en los diferentes territorios barriales y con la regulación policial de los mercados lícitos e ilícitos. Es por ello que, si bien reconocemos su especificidad, consideramos necesario analizarla en un marco general de los estudios sobre seguridad y de los estudios sobre violencia policial en particular (Pita 2010, 2017; Centro de Estudios Legales y Sociales, 2016; Perelman y Tufró, 2017, entre otros).

En resumen, desde hace al menos 35 años en la Argentina prevalece un mismo abordaje sobre la seguridad en espectáculos futbolísticos: un enfoque represivo, punitivo, uniactoral y economicista. El problema, entonces, no solo está en qué se hizo sino también en qué se ha omitido: esto es, los abordajes preventivos y pluriactorales que ponen el foco en las dimensiones simbólicas y afectivas de violencia(s) -remarcamos el plural- que, para sus protagonistas, son tan legítimas como deseables. A lo que hay que sumarle, como dijimos al comienzo, la ausencia total de datos oficiales.

En este contexto emerge la propuesta del presente artículo, que busca sistematizar un proceso de investigación e intervención destinado a diagnosticar, cuantificar, interpretar, capacitar y sensibilizar sobre la violencia en el fútbol en la comunidad del Club Atlético Belgrano de Córdoba (CAB, en adelante). Se trata de una experiencia que derivó en el “Programa integral contra la violencia: para que Alberdi siempre sea una fiesta”, nacido del convenio firmado entre la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (en adelante, FCS UNC), el Colegio de Psicólogos de Córdoba y el propio CAB. A la propuesta de nuestro texto le subyacen, entonces, dos objetivos: por un lado, problematizar desde una mirada sociológica los dilemas y desafíos metodológicos surgidos en la producción de datos vinculados a la seguridad deportiva en contextos futbolísticos; y por otro lado, proponemos discutir el modelo hegemónico de seguridad que prima en los estadios argentinos al mismo tiempo que narramos un proyecto alternativo y especifico de gestión de la seguridad tanto entre la comunidad del club (dirigentes, áreas técnicas y sociales, socios e hinchas) como en articulación con actores externos centrales, como la policía.

El artículo se estructura sobre tres apartados. En el primero contextualizaremos el antecedente que disparó nuestra convocatoria por parte del CAB, nos estamos refiriendo al asesinato del hincha Emanuel Balbo en abril de 2017. En la segunda parte explicaremos, cronológica y analíticamente, la elaboración, sistematización e interpretación de los datos construidos durante la investigación. Finalmente, cerraremos con una reflexión que incluye tanto una revisión crítica sobre aquel paradigma predominante como los desafíos y limitaciones que tenemos para ejecutar modelos alternativos para la gestión de las conflictividades en el contexto del fútbol a partir de nuestra experiencia en el CAB.

El antecedente: la muerte de Emanuel Balbo

El Club Atlético Belgrano se funda, oficialmente, el 19 de marzo de 1905. El nombre de la institución es en honor al general Manuel Belgrano. El color identificatorio del club y de su camiseta siempre fue el celeste, de ahí el apodo homónimo a cualquier referencia ligada a la entidad. Belgrano es considerado uno de los clubes más importantes de Córdoba, provincia argentina ubicada en la región central del país. La relevancia de Belgrano se suele medir por su activa vida social y su trayectoria deportiva vinculada, fundamentalmente, al fútbol. En el año 2017 contaba con 40.609 socios activos. En el club, además de fútbol masculino y femenino, se practican otros deportes, como básquet, hockey, vóley y ajedrez. Cuenta además con una nutrida agenda cultural. Aunque Belgrano tiene una amplia infraestructura desparramada por la ciudad de Córdoba, su epicentro es el Estadio “Julio César Villagra” o más conocido como Gigante de Alberdi, debido al barrio donde se ubica. “El Gigante” se construye en el año 1929 y es considerado “la casa” de Belgrano. No obstante, según la relevancia del partido, el equipo profesional de fútbol masculino también puede hacer de local en el estadio provincial Mario Alberto Kempes, que cuenta con una capacidad para 57.000 espectadores. En ese mismo estadio ejerce la localía el clásico rival de Belgrano, el Club Atlético Talleres. Ambos son los clubes más importantes de la provincia en lo que respecta a cantidad de hinchas, socios, éxitos deportivos y peso simbólico. Actualmente, Belgrano tiene la mayor parte de sus actividades restringidas por la pandemia, sin embargo, ni en estos tiempos ha frenado del todo su masa societaria, sus actividades culturales y el trabajo social. Pese a toda esta robusta historia y su vivo presente, el Club Atlético Belgrano tuvo su mayor momento de exposición pública, nacional e internacional, a partir de un trágico evento: el asesinato de Emanuel Balbo.

Para entender aquel episodio debemos retroceder hasta un punto de inflexión en las dinámicas de la(s) violencia(s) en el fútbol argentino fechado en 2007. Ese mismo año, en Buenos Aires, un hincha de un equipo de segunda división es asesinado por un hincha de otro equipo de la primera categoría durante un partido de “promoción”, es decir, un cotejo deportivo que define la categoría en la que cada equipo competirá el año siguiente. La repercusión del caso conlleva a que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) -ente rector del fútbol argentino profesional- y el Estado nacional decidan prohibir la asistencia del público visitante a todos los partidos correspondientes a las categorías de ascenso nacional. La primera división queda eximida de tal medida hasta 2013, año en el que otro hincha es asesinado en un partido de primera división en la provincia de Buenos Aires (a manos de la policía) y, como consecuencia, esta provincia decide prohibir el público visitante en todos los partidos de su territorio, sin importar la categoría. Finalmente, en julio del mismo año, la prohibición del público visitante se extiende a todo el país y a todas las categorías, como consecuencia de otro episodio de violencia entre facciones internas de la barra del Club Atlético Boca Juniors, uno de los clubes más importantes del país.

La consecuencia de tal medida, lejos de reducir la(s) violencia(s), las reconfigura. Distintas investigaciones muestran cómo la prohibición del público visitante acentuó una tendencia que se veía desde principio del siglo XXI: un aumento de las peleas entre hinchas del mismo club en detrimento de los enfrentamientos entre hinchas de equipos rivales (D’Angelo, 2011; Murzi, Uliana y Sustas, 2011; Cabrera, 2017; Segura, Murzi y Yoshida, 2017; Segura y Murzi, 2018). Este nuevo escenario se explica, justamente, por lo que el paradigma hegemónico ignora, esto es, la dimensión simbólica y afectiva de la(s) violencia(s). Dicho de otra forma, estos estudios de alguna manera plantean la hipótesis de que los hinchas del fútbol argentino -no solo los barras- se ordenan bajo una lógica bélica y dicotómica en que la propia identidad se afirma a costa de la denigración -simbólica o física- de diversas alteridades. Hay una necesidad de rivalizar para existir. En consecuencia, ante la falta de un “enemigo” al frente, se lo buscó a los costados, es decir, en la hinchada del mismo club.

El 15 de abril del 2017, el CAB jugaba de local contra su clásico rival, Talleres, en el Estadio Mario Alberto Kempes con la prohibición del público visitante vigente. En la tribuna popular Willington, al frente de la tribuna donde se ubica la barra de Belgrano y donde normalmente están los hinchas de Talleres, se produjo una discusión entre hinchas locales. Oscar “Sapo” Gómez comenzó a gritar que Emanuel Balbo era un hincha de Talleres “infiltrado”, es decir, un rival pisando territorio “enemigo” que camuflaba su adscripción futbolística. Cientos de hinchas de Belgrano comenzaron a cantar “gallina, culiada, puta y reventada”. Otros, comenzaron a golpear a Emanuel hasta arrojarlo por una de las bocas de ingreso a la tribuna, donde termina cayendo por un vacío de varios metros. A los dos días murió en el Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba. Balbo no fue el primer caso de golpiza a un hincha etiquetado como “infiltrado”, pero sin duda fue el más espectacularizado por los medios de comunicación. Las primeras repercusiones mediáticas del caso inculparon a la barra de Belgrano, pese a que los hechos ocurrieron en otra tribuna.⁴ Incluso, después de ser juzgado el caso con juicio oral y público, donde se demostró y sentenció a responsables que no tenían ningún vínculo con la barra de Belgrano, ciertos medios de comunicación insistían en que “miembros de la barra brava pirata golpearon y arrojaron al vacío a Emanuel Balbo”.⁵ Balbo fue un hincha “común” de Belgrano asesinado por otros hinchas “comunes” de Belgrano.

La repercusión fue internacional. El CAB estaba de luto y los responsables de la seguridad ensayaban explicaciones ya conocidas. Lo evidente era lo que varios investigadores venimos sosteniendo hace mucho tiempo. A Balbo, y a tantos otros, no lo mataron ni barras ni disputas económicas, sino una “moralidad del aguante” (Alabarces et al., 2013) que ha convertido al fútbol en una disputa bélica entre territorios propios que se defienden, ajenos que se invaden y neutrales que se conquistan. El caso Balbo evidenciaba, como ningún otro, el fracaso de la prohibición del público visitante y las fisuras argumentativas de un modelo de seguridad que, en su obstinada perseverancia, acumulaba un número inédito de víctimas fatales.

Programa Integral contra la violencia en el fútbol “Para que Alberdi sea siempre una fiesta, no a la Violencia”

Las percepciones de violencias por parte de los socios

En primer lugar, es necesario destacar que, en general, la percepción de la violencia para los socios en los partidos es baja (la mayoría no vive los partidos como momentos violentos). Sin embargo, en la indagación sobre esos momentos, los que mayor percepción de violencia concentran son ámbitos ajenos al espectáculo deportivo, como los “festejos” desarrollados en la vía pública tras algún logro futbolístico, la conmemoración de algún aniversario o fecha importante o las “cargadas” ante algún traspié del clásico rival. Otro de los momentos en que mayor violencia se percibe es el de los “viajes”, es decir, los desplazamientos territoriales por los que los hinchas se trasladan a otros estadios para acompañar a su equipo por distintos barrios de la ciudad o provincias del país. También se registran algunas percepciones de violencia durante el ingreso y salida de la cancha, que apuntan específicamente contra los controles policiales. En cuanto a los espacios en los que se desarrollan los partidos, los resultados cambian según el estadio en el que Belgrano haga de local. El estadio provincial Mario Alberto Kempes es vivido como un espacio más violento que el estadio propio de Belgrano ubicado en barrio Alberdi.

Figura 1

Percepciones de violencia según estadio.

Fuente: elaboración propia (convenio FCS UNC-CAB)

En esta respuesta parecen mezclarse dos cuestiones: el lazo sentimental que une socio, club y barrio, donde la “seguridad” pasa más por “sentirse en casa” que, por cuestiones de infraestructura, ya que el Kempes es un estadio que cumple todas las normativas internacionales de seguridad y el de Alberdi no; y la influencia de la traumática experiencia de Balbo, ocurrido en el estadio Kempes.

Las tribunas populares de ambos estadios son las más señaladas como espacios violentos. Sin embargo, quienes las utilizan no comparten esa percepción, ya que para ellos dichos territorios no son espacios violentos. Consideramos que esto se podría vincular con el supuesto con el que comenzamos este informe: el componente acusatorio de la noción violencia. Esta siempre se deposita en otros. Además, sobre las populares -las tribunas más baratas y donde están las barras- pesa un estigma de violencia sedimentado por décadas.

A su vez, existe una clara percepción de que la violencia ha disminuido en los últimos años, sensación que se profundiza entre los socios de más edad y con más antigüedad. Lo dicho, en parte, puede argumentarse a partir de lo planteado en otro trabajo (Cabrera, 2018). Desde principios del siglo XX hay una dinámica de “privatización de la violencia en el fútbol”, es decir, muchos de los enfrentamientos o incidentes violentos que antes ocurrían en el espacio público por antonomasia del espectáculo futbolístico, esto es, los estadios durante los días de partido; ahora se han trasladado a ámbitos “privados” que poco tienen que ver con las canchas deportivas. Es común ver que varios de los últimos muertos vinculados al fútbol -principalmente asociados a enfrentamientos entre barras- ocurran en plazas barriales, bares nocturnos, recitales o bailes musicales, instalaciones del club. entre otros. En consecuencia, muchos de los socios que asisten a los estadios no perciben esa violencia desplazada espacial y temporalmente y, en consecuencia, representan a los estadios de hoy como espacios menos violentos que los de ayer.

También es destacable que la razón principal por la cual la violencia disminuyó tiene que ver con la vuelta de la familia a la cancha. Cuando hablamos de “la vuelta de la familia” entre los socios se entiende, principalmente, un incremento en la asistencia a los estadios de mujeres, niños y adultos mayores. Para muchos socios y socias, la mera presencia de estas poblaciones funciona como causa y efecto de una disminución de la violencia. En otras palabras: porque hay menos violencia en las canchas “la familia volvió” y la mera presencia de niños, mujeres y adultos mayores opera como elemento disuasivo ante la violencia que, en la enorme mayoría de los casos, es ejercida por varones adultos.

Figura 2

Transformaciones de la violencia.

Fuente: elaboración propia (convenio FCS UNC-CAB)

Figura 3

Prácticas violentas.

Fuente: elaboración propia (convenio FCS UNC-CAB)

En relación con las prácticas violentas, la discriminación y los insultos por parte de los hinchas son de las agresiones más repetidas por los socios, así como la práctica que más les molesta.

Creemos que esto se puede entender en relación con distintos factores. Por un lado, la disminución de la violencia física habilita reconocer otro tipo de violencias y, a su vez, existe un proceso social por el cual se van desnaturalizando violencias que antes no eran problematizadas (chistes homofóbicos, cantos xenófobos, comprender a los “piropos” como acoso, etc.). No decimos que perdieron legitimidad, pero sí que sus umbrales de tolerancia fueron variando. Junto con ello, el porcentaje de personas que dice haber sufrido alguna violencia en la última temporada alcanza el 16,6%.

Figura 4

¿Sufrió violencias en la última temporada?

Fuente: elaboración propia (convenio FCS UNC-CAB)

Figura 5

Actores violentos.

Fuente: elaboración propia (convenio FCS UNC-CAB)

En relación con los actores más violentos, el más señalado, con un 66%, es la policía.

A su vez, mientras más jóvenes son los encuestados, crece la percepción de la policía como el actor más violento; lo mismo responden quienes asisten a las tribunas populares. En este sentido, y considerando que las expresiones de la violencia policial son múltiples y tienen distintas intensidades (Perelman y Tufró, 2017, p. 12), nos parece importante remarcar que, si bien en la provincia en los últimos años hubo avances importantes en la cantidad de detenciones contravencionales,¹¹ la estigmatización de los barrios pobres y de los y las jóvenes que los habitan no disminuyó y, en algunas prácticas, parece haberse intensificado (Bologna, Gómez, Morales y Plaza Schaefer, 2017; Plaza Schaefer, 2020) y esto aparece reflejado en la encuesta: son los jóvenes de las tribunas más baratas quienes más sufren la violencia policial. En este mismo sentido, vemos una diferencia sustancial según el costo de la entrada respecto de cuál es el actor más violento: para los asociados a las tribunas más caras, ya no es la policía sino los hinchas no socios el actor caracterizado como más violento.

Si bien consideramos que las categorías incluidas en la encuesta son exploratorias y no excluyentes, el objetivo de incluirlas consistía en identificar, clasificar y en gran medida relacionar estas prácticas violentas con lo que es presentado como una de las violencias de Estado: la violencia institucional (Perelman y Tufró, 2017). Buscamos identificar en este campo, no solo aquellas violencias ilegales, abusivas y arbitrarias, sino también aquellas que implican y resultan en la mayor parte de los casos de rutina, de formas de proceder no necesariamente por fuera de la legalidad; y más aún, la mayor parte de las veces inscriptas en patrones de procedimiento respaldados normativamente en la lógica policial (Pita, 2017, p. 11). Estas diferentes situaciones se las denomina hostigamiento policial y nos propusimos registrar las violencias percibidas por parte de los encuestados con la policía en este marco (CELS, 2016). No se trata de una categoría analítica o científica pero, como fenómeno, delimita el conjunto de prácticas que constituyen las relaciones entre efectivos de las fuerzas de seguridad y los habitantes de los barrios pobres. Son formas de abuso cotidianas que integran las rutinas burocráticas de las fuerzas de seguridad y en ocasiones pueden ser persecutorias, es decir, reiteradas sobre las mismas personas, y escalar en los niveles de violencia hasta llegar a situaciones de graves violaciones de los derechos humanos (Perelman y Tufró, 2017, pp. 12-13), y que de alguna manera aparecen en la encuesta en la relación edad/costo de la entrada planteado.

Figura 6

Actores violentos según tribuna.

Fuente: elaboración propia (convenio FCS UNC-CAB)

Por otro lado, es destacable que los hinchas no socios son el segundo actor más señalado como violento, lo cual es interesante en tanto no es un argumento que tienda a aparecer en los debates públicos: en este sentido, la pertenencia o no al CAB juega como un elemento diferenciador respecto de quienes ejercen prácticas violentas y como un elemento que deslegitima las prácticas de quienes no son parte del dicho club. También merece destacarse que la barra de Belgrano aparece recién en el tercer puesto de los actores más violentos.

Figura 7

Percepción de efectividad de medidas para disminuir violencias en el fútbol.

Fuente: elaboración propia (convenio FCS UNC-CAB)

Es interesante ver cómo la pertenencia a distintas tribunas modifica la percepción respecto de por qué el actor mencionado es el más violento: mientras que para los asociados a las tribunas más baratas se vincula con los golpes y los malos tratos, para los asociados a las tribunas más caras se vincula con la incompetencia de la fuerza para regular el espectáculo deportivo.

Partimos de considerar que la variable de género nos iba a permitir comprender ciertas dinámicas específicas vinculadas a las percepciones y experiencias de la violencia en la cancha. Es destacable que no fue significativa en relación con la percepción de momentos, espacios y actores violentos; sin embargo, sí fue productiva a la hora de dar cuenta de las violencias observadas. En las mujeres predominan violencias más “simbólicas” o “discursivas”, fundamentalmente provenientes de otros hinchas. Por su parte, entre los hombres, predomina una respuesta vinculada a violencias “físicas” que encuentran en la policía a uno de los principales actores.

La edad y la antigüedad como socio del club sí aparecieron como variables significativas a la hora de analizar las percepciones sobre momentos y espacios violentos: mientras más jóvenes son los socios, más violencia perciben y más experiencias de violencia sufrieron durante la última temporada. A su vez, esta variable es significativa en relación con las prácticas violentas observadas, ya que son los jóvenes quienes más observan los golpes de la policía, y también en relación con las violencias que más molestan a los socios: mientras que a los mayores de 45 años lo que más les molesta es la discriminación y los insultos por parte de los hinchas, a los más jóvenes lo que más les molesta son los golpes de la policía.

La tribuna a la que están asociados los encuestados también fue una variable productiva a la hora de analizar percepciones y experiencias vinculadas a las violencias: a medida que están asociados a tribunas más baratas, tienen una mayor percepción y más experiencias de violencia.

En particular, es necesario señalar que los asociados a la tribuna Hualfin (Cuellar) y a la popular son quienes más más violencias experimentaron en la cancha. En definitiva, ser varón, joven y asistir a los partidos en la popular es una condición que profundiza las posibilidades de verse expuesto a la violencia policial.

En relación con las medidas para disminuir la violencia en el fútbol, vemos que las intervenciones focalizadas sobre algunos individuos violentos se perciben con importantes niveles de efectividad.

Sin embargo, también es destacable que las iniciativas vinculadas a la transformación de prácticas y hábitos de convivencia en la cancha cuentan con un importante consenso, y estas son medidas que el mismo CAB puede llevar adelante: en este sentido, entendemos que es un punto de partida importante para avanzar en intervenciones ligadas a transformar lo que hemos denominado como cultura del aguante, es decir, las condiciones que tornan a la violencia una práctica legítima.

A modo de cierre: crisis, descenso y los límites de una intervención sobre la violencia

Durante 2018 se mantuvieron reuniones periódicas entre las tres instituciones impulsoras del programa. Por parte del CAB participaban actores técnicos de las áreas sociales (psicólogos y trabajadores sociales), encargados de comunicación y cultura y, eventualmente, miembros de la comisión directiva. Por parte del Colegio de Psicólogos, había dos profesionales del área designada; y en representación de la FCS UNC estábamos quienes firmamos el presente artículo. Sin embargo, avanzado el año, el desempeño deportivo del club fue desmejorando y se empezó a vislumbrar la posibilidad de un descenso de categoría del equipo profesional de fútbol masculino (de la primera división a la segunda). El descontento de los socios hacia la dirigencia crecía abruptamente. Las reuniones se espaciaron hasta suspenderse definitivamente. Desde el club nos decían que todos los recursos -tiempo, dinero y esfuerzo intelectual- se direccionaban a un único objetivo: la cuestión deportiva. Finalmente, el 7 de abril de 2019, Belgrano descendió de categoría, la comisión directiva entró en una profunda crisis de legitimidad y nuestro proyecto se truncó. Aunque los dirigentes manifestaron en diferentes oportunidades la intención de continuar el programa, reconocieron que las prioridades estaban en lo estrictamente futbolístico. Posteriormente llegó la pandemia, la suspensión de las competiciones deportivas y el vencimiento del mandato de la dirigencia. Actualmente existe un pedido de llamado a elecciones a las que no se presenta como candidato el actual presidente, por lo que consideramos que este proceso está finalizado.

Tal como desarrollamos a continuación, destacamos la posibilidad de trabajo articulado tanto en la elaboración del programa como en su corta duración entre actores sociales tan diferentes y, en general, con lógicas de trabajo distintas (equipos del club, equipo de investigadores/as y miembros del Colegio de Psicólogos). Esta tarea articulada permitió delinear acciones posibles que se concretaron en el tiempo planificado (entre las que se destaca la alta participación de socios/as en la encuesta on line durante el mes de diciembre) pero, sin embargo, no fue suficiente para garantizar su sustentabilidad.

Este desenlace nos hace reflexionar sobre los problemas que acarrean en general las estrategias de prevención social de la violencia en la región. En primer lugar aparecen las dificultades planteadas con la sustentabilidad, ya que, al tratarse de experiencias focalizadas y parciales, suelen ser acotadas y limitadas en el tiempo (Sain, 2009, p. 152). La apelación de participación a la comunidad en la política de seguridad aparece con más fuerza con el surgimiento de la política de seguridad preventiva (Sozzo, 2000; Fuentes Romero, 2003; Dammert, 2009; Ayos y Dallorso, 2011; Frühling, 2004). En estas visiones se propone una pluralización de actores intervinientes -gobiernos locales, organizaciones sociales- (Font, 1999) y se apela a modificar las formas de resolución de los conflictos. Se busca prevenir el delito en la intervención ex-ante (antes que el delito se produzca) y, para desarrollar esto, se ponen en movimiento principalmente diversos recursos extrapenales (Sozzo, 2000, p. 2). Sin embargo, en general, dichas perspectivas no plantean articulaciones concretas con las iniciativas tradicionales centradas en la represión. Estas, valga la aclaración, ponen el énfasis en las acciones del sistema de justicia criminal que emplean los recursos penales mediante los cuales es posible detectar al individuo que ha cometido un delito y utilizar los mecanismos legales para establecer su responsabilidad penal (intervención ex-post, después de que el delito ha sido producido). Una perspectiva multiagencial coherente e integral debe tender a integrar articulaciones de diferentes agencias del Estado, penales y no penales, a los fines de intervenir en la problemática multicausal del delito.

Es por ello que consideramos que, en todo caso, una parte de la inviabilidad de las estrategias preventivas está dada por la escasa articulación con el enfoque represivo. En consecuencia, las primeras permanecen como marginales, y las segundas, como el único camino posible para regular dichas conflictividades. Un enfoque -el represivo- que, además, en su obsesión punitiva, lee a cualquier tipo de organización popular como una amenaza y equipara a la violencia en el fútbol con una lógica delincuencial, sin tener en cuenta las distinciones y particularidades entre un tipo de transgresión y otro.

En todo caso, más que sostener la inviabilidad de las estrategias preventivas, lo que nos proponemos es analizar las tensiones que las atraviesan, pues ese parece ser el mejor lugar a partir del cual pensar futuras intervenciones. Una de esas tensiones identificadas es que los actores que integrábamos el programa no logramos entablar articulaciones concretas y sostenibles, en primer lugar, con el Estado (la Secretaría de Seguridad), ya que se presentaba como un actor con el cual trabajar conjuntamente en etapas posteriores. La falta de ese otro actor incrementó la dependencia del proyecto, casi exclusivamente, a la voluntad del CAB y sus avatares futbolísticos. En segundo lugar, faltó cooperación con los encargados de la contratación y supervisión de los efectivos policiales en los operativos. Nos referimos a las áreas de seguridad del CAB. Dicha articulación resultaría fundamental para combinar las áreas preventivas (la comisión de género, comunicación o cultura del club, por ejemplo) con las encargadas de la coordinación de los operativos de seguridad, donde se controla las prácticas represivas.

Si bien es cierto que esto estaba planteado en una instancia posterior, nos queda el interrogante metodológico en torno a la manera en que podríamos haber incluido, tanto en el diseño de la encuesta como en la confección de protocolos de intervención, al área de seguridad del club, que son los encargados de articular con la policía. Nos preguntamos si, en función de la ya conocida opacidad política que resulta de la autonomía operativa y el desgobierno político de la policía (Galvani, 2007; Sain, 2009, p. 19; Hathazy, 2010, p. 141), no deberíamos haber planteado y contemplado dicha participación en todas las etapas del programa. Es decir, esta opacidad caracteriza a la policía como una institución reticente a las miradas exteriores (judiciales, políticas, periodísticas, científicas y ciudadanas), por lo que la mera presentación de resultados de análisis realizados por actores no policiales, sin haberlos participado en instancias previas, no se presenta como un camino eficaz para lograr modificaciones en las prácticas violentas observadas.

Otra falencia estuvo en la falta de diálogo con otros espacios o colectivos territoriales del entorno barrial de Belgrano. No pudimos o no supimos aprovechar el denso e histórico entramado relacional que existe entre el barrio de Alberdi y el club. Un robusto tejido social que podría haber atenuado la nociva subordinación del proyecto a los cimbronazos institucionales y deportivos del Club Atlético Belgrano de Córdoba.

Los avatares de nuestra experiencia dejan un saldo ambivalente. Si por un lado resulta evidente la riqueza de un programa multiactoral, orientado por un enfoque preventivo e integral, fundamentado en investigaciones científicas y novedoso en términos comparativos, igual de cierto es que este tipo de intervenciones no puede quebrar -en un plazo tan breve y en una experiencia focalizada- con una lógica profundamente arraigada en los clubes de fútbol profesional de la Argentina: nos referimos al exitismo deportivo. Una idiosincrasia -al igual que la violencia- expandida entre todos los actores del espectáculo futbolístico, pues la critica que se les hizo a los dirigentes del CAB por “descuidar lo futbolístico atendiendo a otras cuestiones de corte más sociales” provino de socios, hinchas no socios, parte de la prensa, exjugadores y dirigentes opositores. Una crítica que devino crisis que por momentos tuvo sus episodios de violencia. En ese sentido, ¿cómo trabajar con la comunidad de un club para sentar las bases de continuidad de un programa de prevención de la violencia que exceda los termómetros del éxito o descenso de división? Lo cual también nos lleva a una pregunta ignorada al inicio del proyecto: ¿qué relación hay entre el exitismo deportivo y las dinámicas de la violencia en el fútbol? o, de manera más cruda, ¿qué está dispuesto a “perder” un club de fútbol profesional para encarar un programa integral contra la violencia?

Finalmente, los interrogantes también se nos presentan en el plano metodológico: ¿de qué forma diseñamos nuestras investigaciones/intervenciones incluyendo a todos los sectores sociales involucrados y planificando articulaciones concretas? Nos referimos específicamente a la policía y los responsables de las áreas de seguridad (y los dirigentes en general), ya que del análisis realizado, las prácticas policiales aparecen con mayor y menor intensidad represiva, lo que de alguna manera nos permite dar cuenta de la posible expansión del poder policial también en estos ámbitos deportivos y nos plantean el interrogante de cómo intervienen e inciden, de manera más o menos sistemática, los otros actores institucionales del club para su limitación.

Partimos de considerar las violencias como múltiples y relacionadas. Esto implica concebir “la violencia en el fútbol” como sedimento y ajuste de diversas experiencias que operan como fuente de recursos materiales y simbólicos y como sensualidades agotadas en sí mismas. Se trata de regulaciones, vivencias y prácticas que bajo ningún concepto pueden ser entendidas como carentes de sentido (Garriga Zucal y Noel, 2010). Las prácticas violentas son entendidas como herramientas sociales situacionalmente utilizadas por una heterogeneidad de actores que incluya tanto a los policías (Garriga Zucal, 2016, p. 32) como a los actores no estatales. Es por ello que consideramos que, en las estrategias preventivas de base comunitaria, debemos asumir a la violencia como un proceso multicausal y plural que exige un abordaje integral.

Es un proceso y no hecho puntual lo que termina con una víctima. Hay etapas anteriores y posteriores que deben ser consideradas en un enfoque supuestamente epidemiológico. Es por ello que desde un abordaje integral de las conflictividades violentas complejas y multicausales que analizamos, consideramos que las estrategias preventivas no deberían -como sucede sistemáticamente- soslayar la propia violencia que producen las agencias policiales ni evitar las articulaciones con el abordaje represivo penal.

Y aquí aparece una alerta que se debe tener en la utilización del recurso participativo: la apelación a la cooperación comunitaria en estas experiencias debe ser más amplia y sostenida desde los inicios. Tal vez así se pueda erigir un proyecto alternativo de gestión de seguridad sobre unos cimientos más sólidos y firmes. De lo contrario, seguiremos lamentando iniciativas de papel, ya sea por sus inviabilidades prácticas o por sus endebles sustentos.