Introducción

En este artículo me ocupo de presentar la respuesta organizada que el grupo autodenominado Damnificados Unidos de la Ciudad de México (en adelante, DUCdMx) ofreció frente al Programa para la Reconstrucción propuesto por el Gobierno de la Ciudad de México (en adelante, GobCdMx) y contenido en las distintas versiones de la Ley para la Reconstrucción, en el marco de las afectaciones en la infraestructura urbana luego del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017 (en adelante, 19S) que tuvo una magnitud de 7.1, con epicentro en el municipio de Axochiapan, Morelos, a 120 kilómetros de la Ciudad de México (en adelante, CdMx).

Lo que muestro a continuación es resultado de mi proyecto de investigación doctoral en Antropología Social en la Universidad Iberoamericana. La investigación etnográfica la he llevado a cabo en la CdMx a partir de la conformación del grupo DUCdMx -dos meses después de ocurrido el sismo- y a partir de entonces he procurado mantener un intenso trabajo de campo acompañando las actividades de dicho grupo.

En términos teórico-metodológicos, para el contexto mexicano asumo la corriente que postula a los desastres como eventos concatenados a un proceso histórico en el que una multiplicidad de contradicciones preexistentes son amplificadas al momento de su ocurrencia, e impactan al sistema social en conjunto, lo cual deriva en un ambiente de crisis (García, 2005 y 2019).

Asimismo, coincido con Ruiz cuando retoma la teoría de los derechos de acceso propuesta por Amartya Sen (1981) para plantear que la vulnerabilidad es un conjunto de situaciones con profundas raíces crónicas que deben ser definidas por un parámetro normativo desde el cual se pueda establecer el satisfactor humano fundamental, con el objetivo de superar el acceso desigual de recursos clave para enfrentar las contingencias (Ruiz, 2012, p. 67).

Respecto del tema de la movilización social, la producción que se ha hecho desde las ciencias sociales puede ubicarse en distintas corrientes según las posiciones políticas asumidas por los autores; sin embargo, para esta investigación en particular y sobre todo por el contexto analizado, concatenado a las características del sujeto etnográfico, he asumido como orientación la corriente que analiza la lucha popular urbana y la teoría de la subalternidad (Gramsci, 1970; Adler, 1975 y 1994; Castells, 1977; Ramírez, 1986 y 1987; Eckstein, 2001).

De acuerdo con Castells (1977) y Ramírez (1986 y 1987), la movilización social en las ciudades ocurre con la intervención del sujeto subalterno al contravenir el orden establecido a partir de la identificación de las contradicciones específicas de la problemática urbana, situación que se generaliza y avanza progresivamente en este tipo de asentamientos y que, para el caso de interés, no es la excepción sino la regla.

Entendida así la lucha popular urbana, la contienda puede considerarse como la interacción colectiva y pública entre reclamantes y reclamados, en las cuales: “a) por lo menos un gobierno está involucrado como demandante, objeto de demanda o es parte de una demanda, y b) las demandas, de ser satisfechas, afectarían los intereses de por lo menos uno de los reclamantes” (McAdam, Tarrow y Tilly, 2001, p. 5).

Por su parte, el proceso político es el conjunto de eventos, sucesos, etapas y fases en las que se desenvuelven las acciones de fuerza o contiendas (Turner, 1967 y 1969; Cohen, 1979; Cohén, 1979; Alexander, 2011) y, en este caso, están orientadas a la resolución de las problemáticas urbanas en situación de desastre. Esta es una lectura específica desde la antropología ocupada del poder, lo cual contempla la dialéctica entre autoridad y toma de decisiones: su asertividad, legitimidad o su cuestionamiento (Cohen, 1979, pp. 41-42).

Seguir esta ruta teórico-metodológica por medio de la etnografía política (Auyero, 2009 y 2012) ha implicado la observancia de la relación de fuerzas sucedida específicamente entre el personal de las instituciones públicas y de gobierno con los damnificados organizados, y en la que cada una de las partes intenta conseguir sus propios objetivos.

En esta dirección, es pertinente recordar que, con el transcurso del tiempo y la intervención social, los asentamientos urbanos en países en vías de desarrollo encuentran mayor riesgo y vulnerabilidad ante la irrupción cada vez más aguda de amenazas de distinta índole. Así, las lecciones aprendidas en los desastres se enfrentan al progreso desestabilizador propio del modo capitalista de producción (Taibo, 2017), forma socioeconómica que por distintos motivos deja en claro que las sociedades modernas o industriales son en realidad sociedades del riesgo (Alexander y Smith, 1996; Beck, 1998; Giddens y Pierson, 1998).

En cuanto a la forma de organizar el contenido del artículo, en el primer apartado narro algunas de las situaciones ocurridas durante los días posteriores al sismo, muestro las primeras reacciones procedentes del gobierno y la sociedad en su conjunto, para ofrecer un panorama general en el que se ha ido desenvolviendo lo que los DUCdMx denominan la lucha por definir una ruta de reconstrucción justa, digna y segura. Lucha cuyo objetivo es la recuperación de su patrimonio inmueble perdido en condiciones de habitabilidad sin redensificación, sin adeudos con empresas constructoras o inmobiliarias, y con la seguridad estructural que por obligación el GobCdMx debe garantizar por medio del Instituto para la Seguridad de las Construcciones (en adelante, ISC).

En el segundo apartado expongo brevemente las características políticas y normativas del Programa para la Reconstrucción de la CdMx, así como el surgimiento del grupo DUCdMx. Aquí me encargo de señalar las condiciones que el GobCdMx y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ahora Congreso de la CdMx) intentaron imponer para permitir el acceso al conjunto de acciones dirigidas a la recuperación del patrimonio inmueble perdido por los damnificados de la ciudad en general.

En el tercer apartado, abordo en específico la contienda entre el GobCdMx y DUCdMx desde el análisis de algunas de las expresiones que los damnificados han utilizado para comunicar su posición respecto del desastre y la forma de superarlo. En esta sección, la etnografía política se alimenta del análisis del discurso (Voloshinov, 2009) para identificar la posición y perspectiva desde el lenguaje de la protesta creado por el grupo de damnificados organizados (Gasaway, 2018).

Por último, planteo una serie de conclusiones como resultado del cruce de la información analizada en los apartados anteriores registrada durante mi trabajo de campo, así como acopiada de distintos medios informativos y plataformas digitales. Esto para explicar la relación que encuentro entre poder y lenguaje en un caso de estudio concreto: el proceso político de la lucha por una reconstrucción justa, digna y segura.

El sismo del 19 de septiembre de 2017 y su impacto en la Ciudad de México

La CdMx es la capital del país y centro articulador de los estados que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM),¹ asentada sobre la histórica cuenca lacustre compuesta por los lagos de Texcoco (centro), Zumpango, Xaltocan (norte), Xochimilco y Chalco (sur), hoy desecada en su gran mayoría como resultado del proceso urbano.

Su población asciende aproximadamente a los 9 millones de habitantes, pero considerando la población que habita en la zona conurbana, la cifra puede ascender a los más de 22 millones. De dicha población la ciudad obtiene mano de obra para las ramas de la construcción, comercio, servicios, manufactura y burocracia, principalmente. De este modo, se convierte en la entidad que produce aproximadamente el 17% del Producto Interno Bruto (PIB nacional).

El martes 19 de septiembre de 2017, a las 13:14 horas, esta ciudad, al igual que otros ocho estados de la República mexicana, fue impactada de manera considerable por un sismo con magnitud de 7.1 y epicentro entre los municipios de Axochiapan, Morelos y San Felipe Ayutla, Puebla (Mapa 1).

Mapa 1

Intensidades del sismo ocurrido a las 13: 14: 40 horas del martes 19 de septiembre de 2017 en México (Fuente: Servicio Sismológico Nacional, 2017).

Aunque por lo general, los sismos históricos que han marcado a la CdMx han tenido epicentro en la costa del Pacífico (Cinturón de Fuego) y han sido sismos de subducción, en esta ocasión se presentó un sismo intraplaca de profundidad intermedia a una distancia de 120 kilómetros al sur de la ciudad, con una emisión de ondas que propiciaron movimientos oscilatorios y trepidatorios intensificados debido a la estructura geofísica de la Cuenca del Valle de México.²

Una de las características particulares de ese sismo, y que ha impactado en la memoria contemporánea de la población local, fue que por la cercanía del epicentro a la ciudad, golpeó con fuerza a inmuebles relativamente bajos, de entre cuatro y siete pisos, a lo largo de una franja con orientación norte-sur dentro de la zona de transición al poniente del área lacustre, en su mayoría inmuebles habitacionales, escolares, comerciales y de la administración pública.

De las 16 demarcaciones territoriales en las que se divide la ciudad, las que concentraron el impacto fueron: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, Iztapalapa y Tláhuac. Todas esas con secciones ubicadas dentro de la zona III de la ciudad, es decir, sobre suelo fangoso-lacustre que facilita la amplificación de las ondas sísmicas intensificadas por la expoliación intensiva de los mantos freáticos de la cuenca, lo que ha puesto a la luz nuevas grietas e históricas fallas geológicas.

De acuerdo con las estimaciones hechas por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República,³ un mes después del sismo, las afectaciones en la CdMx contabilizaban el derrumbe de 38 edificios ubicados en nueve de las 16 demarcaciones: Cuauhtémoc (12), Benito Juárez (11), Coyoacán (5), Tlalpan (3), Gustavo A. Madero (2), Álvaro Obregón (2), Iztapalapa (2) y Xochimilco (1), y se habían concluido las gestiones legales para la demolición de 24 edificios más tras presentar daño estructural con riesgo potencial para sus ocupantes.

Por su parte, el GobCdMx informó un estimado de 8 mil 405 inmuebles evaluados, de los cuales entre 800 y 1405 estaban catalogados con daño mayor e inhabitables, aunado a esos otros 1466 con necesidad de reforzamiento o rehabilitación. En cuanto al número de viviendas plurifamiliares de uno a tres pisos, se tenían registradas 5 mil 180 con daño estructural o riesgo incierto, de las cuales el 75,3% estaban concentradas en las demarcaciones de Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Tláhuac.

En cuanto a la cifra de víctimas mortales, se reportaron 228 decesos por el derrumbe de inmuebles de distinto tipo y uso concentrados en las demarcaciones de, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Tláhuac. Al acudir a las variables de sexo y edad, de ese total, se supo que 200 cadáveres correspondieron a personas adultas y 28 a infantes; 138 cadáveres correspondieron al sexo femenino (61%), de las cuales 122 eran adultas y 16 infantes; mientras que 90 cadáveres correspondieron al sexo masculino (39%), entre los que se encontraron 72 adultos y 18 infantes.

A nivel nacional, se reportaron 180 mil 731 viviendas afectadas en ocho entidades federativas más, de las cuales el 28% presentó daño total. En cuanto a la infraestructura pública dañada en los estados impactados por el sismo, se informó que 16 mil 136 planteles educativos tenían algún tipo de afectación y 276 estaban en alto riesgo; 83 unidades médicas del Sector Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, fueron reportadas con daño mayor o pérdida total; y 1821 edificaciones culturales (artísticas e históricas) fueron dañadas, de las cuales 242 tuvieron daño mayor.

En el caso de la CdMx (Imagen 1), además de escuelas, hospitales y oficinas públicas afectadas, destacan los inmuebles del Servicio Médico Forense (SEMEFO), ubicado en la demarcación de Cuauhtémoc, y del Penal de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa. Este último, a la fecha no ha conseguido ser rehabilitado en su totalidad, lo cual mantiene en un riesgo latente a reclusos y personal ocupado en las tareas administrativas, de seguridad y custodia.

Imagen 1

Fotografía que ilustra la CdMx impactada por el sismo (Fuente: https://www.forbes.com.mx/13-recomendaciones-que-hacen-expertos-en-sismos-a-amlo/).

En las distintas zonas siniestradas en las que ocurrió el derrumbe de inmuebles, agrietamiento y fractura de calles y avenidas que colapsaron colonias enteras, la reacción social no tardó en manifestarse. En pocas horas, aquella reacción espontánea y desorientada encontró su cauce y dio inicio la organización popular para ubicar, identificar y rescatar de los escombros a las personas atrapadas debajo.

De una u otra manera, quienes encabezaron los esfuerzos por ubicar a las víctimas de los múltiples derrumbes contaban con alguna experiencia en los oficios de la construcción: albañiles, carpinteros, herreros, electricistas, maestros de obra, arquitectos e ingenieros. Para brindar los primeros auxilios, sucedió de manera similar.

Se sabe que las personas con alguna experiencia en materia de salud y atención médica se acercaron a las personas afectadas para ofrecer, por lo menos, un aliento de seguridad: auxiliares, paramédicos, enfermeros, médicos y psicólogos.

En aquellos momentos, entre quienes se asumieron brigadistas voluntarios que acudieron al apoyo de las personas afectadas en las distintas zonas, ya sea para remover escombros o para brindar auxilio médico, la creatividad fue la herramienta que hizo posible encontrar soluciones en una situación en la que las condiciones para intervenir en el evento fueron sumamente limitadas.

Calcular medidas de las oquedades, colocar poleas sobre un nivel de suelo irregular, deslizarse con ellas e introducir herramientas y polines con las características adecuadas, instalar iluminación hasta el sitio de contacto, calcular las posibilidades de movilidad para el rescate, fijar el arnés con seguridad en el cuerpo de las víctimas y, por último, conducir la liberación de las personas oprimidas bajo los escombros, se sabe que no fue cosa fácil.

Asimismo, auxiliar a las personas que presentaron crisis nerviosa, desorientación, alucinaciones, vértigo, náuseas, dolor de cabeza y articulaciones, contusiones y heridas externas en el cuerpo, todo esto en condiciones de desastre, tampoco fue sencillo.⁴

Durante la etapa de crisis, la creatividad fue la herramienta que encontró en la experiencia concreta de las personas involucradas en las labores de ubicación, identificación y rescate, su fuente para imaginar posibilidades de intervención en el conjunto de situaciones adversas que tuvieron frente a sí, y modificar las condiciones, también concretas, a las que habían quedado expuestas.⁵

Algunos otros ejemplos de la creatividad manifiesta durante aquellos momentos marcaron de nueva cuenta la memoria colectiva en la CdMx: por ejemplo, la señalética (Imagen 2) a la que recurrieron los rescatistas profesionales fue asumida por el conjunto de brigadistas voluntarios, y posteriormente reformuladas en su contenido simbólico por el lenguaje de la lucha popular durante las movilizaciones del grupo de damnificados organizados como DUCdMx.

Imagen 2

Señalética durante las labores de rescate: 1. Pausa; 2. Persona con vida; 3. Silencio; 4. Atención (Fuente: https://verne.elpais.com/verne/2017/09/20/mexico/1505938589_047573.html).

A la semana de haber ocurrido el sismo -y al igual que comenzaba a suceder en otras zonas siniestradas de la ciudad-, las y los vecinos de la Unidad Habitacional Tlalpan-ISSSTE (en adelante, UHT-ISSSTE o El Multi), ubicado en la colonia Educación de la demarcación territorial de Coyoacán, convocaron a su primera asamblea con la intención de agruparse y demandar información clara y verídica frente a las declaraciones informales hechas por el Jefe de Gobierno de la ciudad respecto de la preparación de un supuesto programa para la reconstrucción.

El Programa para la Reconstrucción y el surgimiento de Damnificados Unidos de la Ciudad de México

De acuerdo con el Comité Español de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, por sus siglas en inglés), la logística en situaciones de desastre o emergencia humanitaria es un elemento clave para salvar vidas. En términos de atención a las personas afectadas, por logística se entiende a las acciones enmarcadas en los siguientes pasos: 1) Primeras 72 horas, 2) Ayuda humanitaria, 3) Almacén de suministros, 4) Asistencia a largo plazo, y 5) Otras prioridades (ACNUR, 2015).

En el caso de la CdMx, el gobierno local asumió las declaraciones de emergencia y desastre nacional emitidas por el gobierno federal el mismo día del sismo, y al día siguiente hizo públicas sus propias declaraciones para la ciudad. En estas se reconoció el estado de emergencia para las 16 demarcaciones, se determinó que el secretario de Protección Civil iniciara el procedimiento especial de atención humanitaria de acuerdo con las reglas de operación del Fondo de Atención a Desastres (FADE) y se solicitó también la aplicación del Fideicomiso Federal para Desastres (FONDEN).⁶

Después fueron identificadas las zonas siniestradas en la ciudad y se instruyó al personal de las demás dependencias de gobierno para que llevasen a cabo las acciones tendientes a cubrir las necesidades básicas orientadas a la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas afectadas por el sismo.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (en adelante, CNDH),⁷ al identificar una serie de irregularidades y deficiencias institucionales respecto de la atención a las personas damnificadas, solicitó a los gobiernos federal y local que la atención de la emergencia siguiera los protocolos de las mejores prácticas internacionales y cumplir así con la perspectiva de derechos humanos.

A Protección Civil le solicitó estructurar una estrategia de comunicación social para informar de manera puntual sobre la evolución de la situación, y que en cada lugar siniestrado se ocupase de brindar la información requerida por los interesados de manera eficiente. Esto, para tener la posibilidad de garantizar que las personas tengan asegurados con oportunidad los satisfactores de bienestar requeridos y acordes con la dignidad humana.

En ese sentido, remitió a las autoridades nacionales y locales las Directrices Operacionales del Comité Permanente entre Organismos sobre la Protección de los Derechos Humanos en Situaciones de Desastres Naturales (IASC, por sus siglas en inglés), para que se ocupasen de salvaguardar los derechos humanos de los damnificados considerando que (IASC, 2011, p. V):

Contradictoriamente, al haber trascurrido la primera semana después del sismo, en los medios informativos comenzaron a circular fragmentos de las conferencias emitidas por el entonces Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en las que se mencionaba de manera informal que el GobCdMx ya estaba preparado para impulsar un programa para la reconstrucción y recuperación de la ciudad en el que se contemplaran las necesidades de todas las personas afectadas a corto, mediano y largo plazo.

Sin embargo, dicho programa no llegaría a la luz pública sino hasta el 12 de enero del año siguiente, cuatro meses después de ocurrido el sismo. La redacción del Plan para la Reconstrucción de la CdMx quedó a cargo de la Comisión para la Reconstrucción (en adelante, COMRECON),⁸ instancia dedicada a la atención y seguimiento a las demandas de los damnificados en toda la ciudad.

Esta primera versión de la COMRECON además tuvo la tarea de coordinar las actividades interinstitucionales en representación del GobCdMx, administrar el registro digital de inmuebles dañados en lo que se dio a conocer como PlataformaCDMX, así como gestionar la obtención de recursos para la reconstrucción; sin embargo, la liberación y aplicación del recurso económico para la reconstrucción quedaría a cargo del ahora Congreso local, lo cual, a opinión del comisionado para la reconstrucción, dificultaría la ministración.

El Programa para la reconstrucción quedó suscrito a la promulgación por el Congreso local de la primera Ley de Reconstrucción (LR-1),⁹ en la que, para el reconocimiento de los damnificados como sujetos de derecho en función de acceder al Fideicomiso de la Reconstrucción (en adelante, FONREC), se estipularon requisitos como la redensificación en los edificios habitacionales hasta en un 35%, el levantamiento de un censo de afectaciones, la aplicación de un estudio socioeconómico al propietario del inmueble dañado y el registro de dichos inmuebles en la PlataformaCDMX, como se señala a continuación:

Posteriormente, con la segunda versión del Programa para la Reconstrucción de la ciudad aparecerían los mismos requisitos, a pesar de la movilización en contra llevada a cabo por los primeros grupos de damnificados organizados en la ciudad. Sin embargo, luego de dicha movilización, tanto el GobCdMx como el Congreso local publicaron una serie de lineamientos con los que se enmendó parcialmente dicha situación.

Aun así, como parte del procedimiento para acceder al FONREC destinado a los damnificados implicó la presentación del conjunto de estudios postsísmicos: estudios socioeconómicos, dictámenes estructurales, estudios de mecánica de suelo, proyectos ejecutivos, catálogo de gastos y programa de trabajo; lo cual durante los primeros meses después del sismo corrió a cargo del bolsillo de los propios afectados.¹⁰

De manera que, para conseguir los certificados que debían ser emitidos por el ISC y útiles para que acreditaran su condición de damnificados,¹¹ en la práctica eso implicó contraer deuda con instituciones financieras públicas o privadas para tener la posibilidad de cubrir los altos montos requeridos por cada uno de los documentos requeridos.

No huelga decir que esta serie de diligencias -necesarias para acreditarse como sujetos de derecho- las personas afectadas en su patrimonio inmueble tuvieron que llevarlas a cabo con celeridad en condición de refugiados, ya sea porque habitaron campamentos emergentes que ellas mismas tuvieron que levantar en las zonas siniestradas debido a la necesidad de contar con un techo provisional bajo el cual pasar los días y que el GobCdMx no mantuvo, ya sea hospedados con familiares o amistades en colonias contiguas, o ya sea acudiendo a la renta de algún departamento alejado de la zona de soporte social de cada una de ellas.¹²

Aunado a esto el otrora Jefe de Gobierno -ahora senador de la República-, se vio envuelto en una serie de señalamientos relacionados con el supuesto conflicto de interés respecto de la asignación directa de presupuesto a empresas del ramo de la construcción e inmobiliarias por medio de la COMRECON, de las cuales aún se presume él tiene algún tipo de participación (Salazar, 2018 y Martínez, 2019).

Entre tanto, el grupo de DUCdMx -que se había constituido como tal el 18 de noviembre de 2017 integrado por familias enteras de damnificados de distintas zonas de la ciudad, con el objetivo de empujar la construcción de una ruta para la reconstrucción alejada de la redensificación, el endeudamiento, la discriminación o la subordinación a interés ajenos a ellos mismos- se consolidaba con cada acción de fuerza que llevaba a cabo en la contienda pública.

Al paso del tiempo y en las condiciones ya señaladas, el grupo tuvo la posibilidad de reafirmar su propio aparato de dirección, liderazgo, cohesión y adhesión, desde el cual impulsar sus demandas específicas ante las instituciones públicas y de gobierno, para realizar sus exigencias. En este sentido es que DUCdMx puede ser caracterizado a la manera en la que Gramsci caracteriza al sujeto subalterno (1970, p. 491).

Este sujeto subalterno es proactivo: su fuerza social es autogestiva y, al movilizarla, pugna por superar su condición; cuenta con una perspectiva para sí construida colectivamente; su dirección, coordinación y liderazgo social son independientes ante organizaciones civiles y de partido; comunica su posición y ejerce presión autónomamente; antagoniza con el poder institucionalizado cuando este lo desconoce como sujeto de derecho; permanentemente busca la adhesión de otras personas afectadas; y sus demandas trascienden el ámbito personal de sus integrantes.

Su presencia como parte de los grupos de damnificados organizados ha sido tan significativa para la ciudad que en distintas ocasiones el GobCdMx ha intentado intervenir para su desarticulación, como en ocurrió en febrero de 2018, cuando DUCdMx, por intermedio de la Asamblea de Vecinos de la Unidad Habitacional Tlalpan, denunció a la Subsecretaría de Participación Ciudadana, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México (SEDESO) por tratar de intervenir en su organización interna:

En su propia narrativa, DUCdMx es un grupo o colectivo emergente en el que convergen personas y familias de por lo menos 800 predios con inmuebles dañados con el sismo. Por predio entienden al lugar en el que fueron construidos tanto edificios multifamiliares o condominios como viviendas de tipo unifamiliar, en las que se da el caso de haber sido habitadas por familias extensas, de manera tal que la cantidad de predios se multiplica por el número de personas que habitaban dichos inmuebles.

Estos inmuebles quedaron con daños de distinto tipo y gravedad; entre algunos de estos se cuentan edificios derrumbados total o parcialmente, otros con severo daño en sus estructuras o en los muros, viviendas unifamiliares derrumbadas, con hundimiento o atravesadas por grietas en el suelo, todos ubicados en colonias de por lo menos seis demarcaciones territoriales de la ciudad.

En el siguiente cuadro (Cuadro 1) muestro puntualmente algunas de las características sociales (socioeconómicas, sociopolíticas e idiosincrasia), de organización (aparatos de dirección, de coordinación, liderazgo social, cohesión y adhesión) y territoriales (zonificación de los casos de estudio en la tesis) que identifiqué como atributos particulares del sujeto subalterno en permanente autoafirmación y que, por lo tanto, me permiten abstraerlo para considerarlo como unidad social compleja en el análisis de la lucha por la reconstrucción de la ciudad.

Esta diversidad de situaciones específicas dieron forma a un sujeto subalterno complejo que, a la vez de enfrentar las situaciones derivadas del sismo, padecía con anterioridad dificultades jurídicas y económicas respecto de la administración de los inmuebles: nula o escasa coordinación entre inquilinos, condóminos o copropietarios en el caso de edificios multifamiliares; corrupción en la administración de algunos condominios; propiedades hipotecadas en instituciones públicas o privadas; dificultad económica para cubrir un tipo de mantenimiento adecuado de edificios y viviendas unifamiliares; ruptura o ausencia de lazos vecinales; procedimientos notariales inconclusos, entre otros.

Todo esto provocó que al interior del grupo se acordase una coordinación múltiple, con distintos ámbitos de convergencia y operatividad: por una parte, las comisiones de trabajo desde las cuales se ocupan de resolver necesidades específicas de acompañamiento en la emergencia, el seguimiento de acuerdos internos y resultados obtenidos con las instituciones, la comunicación interna y con las dependencias involucradas, así como de vinculación política de lo que aquí se define a manera de política de adhesión o incluso de actividades específicas para la realización de sus encuentros o reuniones internas.

En otro sentido, de manera estratégica realizaron una división interna por grupos de interés en relación con la situación jurídica y económica específica del conjunto de inmuebles. Además de esto, desde su origen el grupo tuvo una organización regional para la coordinación local y ampliada de cada una de las zonas desde las que acudieron a la convocatoria aquel 18 de noviembre de 2017, un par de meses después del sismo, cuando a iniciativa de los damnificados que integraron la Asamblea de Vecinos del Multi y de la demarcación territorial Benito Juárez, se encontraron en el Deportivo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y se constituyeron formalmente como grupo.

En todos los casos, dichas comisiones de trabajo o grupos regionales se nutren en general de los mismos integrantes del conjunto del grupo. Como digo, en los hechos, este sujeto subalterno es complejo: ha padecido escisiones, amenazas y provocaciones en el transcurso de su actividad. Sin embrago, a 3 años de haber ocurrido el sismo del 19S se mantiene activo y ha conseguido integrar a sus demandas, otras como la crítica a la vida metropolitana en particular: la corrupción entre el ámbito público y privado en el ramo de la construcción de vivienda en la ciudad, la inseguridad pública, la sobreproducción de residuos sólidos, la polución atmosférica y la expoliación de los mantos freáticos regionales.

En este sentido, la contienda por la reconstrucción de la ciudad adquiere un matiz particular que no lo ha tenido en otro momento la movilización social en el marco de la lucha popular urbana en la CdMx. En todo el proceso político, durante los episodios de interacción pública, se mostrará la posición que el sujeto subalterno asume respecto de estas problemáticas urbanas al vincularlas a la noción de desastre como agravante y consecuencia de la vida metropolitana.

La lucha por una reconstrucción justa, digna y segura

A partir de su conformación, DUCdMx ha desarrollado una política de autoafirmación singular en la que la apropiación del sismo y el desastre es el centro en sus reivindicaciones. El sentido que sus integrantes han construido a la condición de damnificados les ha llevado a asumir una posición y perspectiva particular ante la política pública impulsada desde el GobCdMx para la reconstrucción de la ciudad.

Si, por su parte, a la fecha el gobierno local encabezado por Claudia Sheinbaum insiste en que los damnificados asuman la redensificación y sistemas de crédito para la reconstrucción de sus inmuebles, en función de lo cual se ha reformado la segunda versión de la Ley para la Reconstrucción (LR-2)¹³ con la intención de intensificar modalidades de financiarización y comercialización de los predios supuestamente como un derecho de recuperación; DUCdMx insiste en que la obligación del gobierno no es poner a la venta secciones de los inmuebles reconstruidos, sino gestionar la reconstrucción en sí misma para beneficio del sujeto de derecho.¹⁴

La reforma a la LR-2 implica un retroceso legislativo en materia de los derechos humanos de las personas en condición de damnificadas por el sismo del 19S: si la movilización social y la lucha popular emprendida por DUCdMx había conseguido que para la aplicación de la LR-1 fuesen publicados lineamientos en los que se evitaba la redensificación y la comercialización de los inmuebles reconstruidos, con la reforma a la LR-2, se cancela aquella ruta de reconstrucción apegada al derecho y se niega a la organización social como sujeto proactivo para la participación en la toma de decisiones relativas a la política pública urbana.

El camino para que los damnificados en general puedan recuperar su patrimonio inmueble perdido ha sido arduo, pero en términos de análisis antropológico ha permitido observar lo que Cohen define como la dialéctica entre autoridad y toma de decisiones: su asertividad, legitimidad o su cuestionamiento, en el marco de un proceso político (1979, pp. 41-42):

Para el caso en particular que desarrollo en este artículo, seguir esta ruta antropológica por medio de la etnografía implicó la observancia de la interacción política o relación de fuerzas sucedida específicamente entre el personal de las instituciones públicas y de gobierno con los damnificados, para la realización de las exigencias particulares del sujeto de derecho.

En particular, a continuación expongo algunas de las manifestaciones en las que el grupo de DUCdMx ha expresado su posición y perspectiva por medio de la producción discursiva de lo que Gasaway (2018) denomina como el lenguaje de la protesta. Esto me ha permitido interpretar que el cuestionamiento hecho por el sujeto subalterno se dirige particularmente hacia la calidad ética de la institución pública y del gobierno en general.

Su lenguaje está encaminado fundamentalmente hacia la crítica de la toma de decisiones institucional al momento de instrumentar el Programa para la Reconstrucción de la CdMx, lo cual desde el ángulo de visión antropológica representa una afrenta al aparato simbólico del sistema de gobierno en su conjunto, y no únicamente a las personas que en uno u otro momento ocupan un cargo público determinado.

Esta determinación del sujeto subalterno y antagonista de la autoridad coloca a su vez una temática más de contienda: la apropiación de la emergencia a manera de acontecimiento. Es decir, el evento crítico o desastre se vuelca en acontecimiento: es un suceso al cual, en este caso, el grupo de DUCdMx le ha dado una interpretación o significado colectivo particular, y que por ello se ha transformado en una herramienta de movilización a la manera en que Arteaga y Brachet-Márquez lo plantean para otros casos en México (2011, p. 335).

De acuerdo con Veena Das (1995), en un evento crítico se alberga la posibilidad de reorganizar los sentidos y las nociones asentadas con las que un grupo social determinado se ha conducido al paso del tiempo. Para ella, un evento crítico es un drama social complejo en el sentido en el que lo planteó Turner (1967), pero no se limita a la ritualidad de los grupos sociales; de hecho, un evento violento contingencial o coyuntural que involucre a una multiplicidad de instancias y se presente en distintos ámbitos de la sociedad puede apalancar la transformación de estructuras sociales profundas, su sentido y orientación, y a la vez acarrear para las personas marginalizadas mayores restricciones, desigualdades, discriminación o incluso la muerte.

En los eventos críticos, las distintas clases sociales se confrontan con las limitaciones institucionales y, desde su repertorio de posibilidades, estas instrumentan una serie de prácticas con el objetivo de superar los muchos problemas que estos eventos acarrean. La principal característica que deja en evidencia la limitación institucional -que en algunos casos conduce a su quiebre- es la incompetencia administrativa, entendida como la falta de políticas públicas pertinentes para el manejo de situaciones problemáticas o críticas.

Ante eso, la organización popular ha sido reivindicada por DUCdMx como una vía legítima de intervención en la política pública, de acuerdo con el testimonio de Karina Solís, integrante del grupo:¹⁵

Según se observa, en este caso lo que considero como acontecimiento no se distingue de la noción de evento crítico o emergencia únicamente por la perturbación causada en el aparato simbólico del sistema social en general o en algún otro de sus componentes, sino por la emergencia de un sujeto subalterno específico que participa en el proceso político para conseguir la reconstrucción de la ciudad en beneficio del conjunto de las personas afectadas.

Esta caracterización, posición y perspectiva asumidas por DUCdMx fue amplificada desde el momento en el que acudieron a los medios informativos y de comunicación, así como al uso de plataformas digitales como Facebook, Twitter, Periscope, YouTube y WhatsApp.¹⁶

Dichas plataformas les han permitido colocar su situación en la opinión pública, así como recibir solidaridad de distinto tipo desde varios lugares del país y del mundo.

En cuanto a logros obtenidos, retos, dificultades, avances y alcance de la movilización del grupo, el testimonio de Olivia Domínguez ha sido elocuente:

Entre todos los grupos de afectados por el sismo, movilizados con el objetivo de recuperar su patrimonio inmueble perdido, DUCdMx es el que ha conseguido crear un lenguaje propio lo cual supone en sí mismo una diferencia cualitativa respecto de los demás grupos movilizados. Este lenguaje se manifiesta en sendos boletines de prensa, comunicados, cartas, mensajes y entrevistas que han generado y difundido por distintos medios.

De acuerdo con la teoría del discurso público de Austin (1975), las narrativas y el lenguaje en general son de interés para las ciencias sociales, pero en particular en un contexto de contienda, su análisis puede revelar el uso que se hace, ya sea como dispositivos de persuasión o como herramientas de denuncia en consignas, cantos o poemas. De esta teoría, Gasaway retoma lo siguiente (2018, p. 40):

En este orden de ideas, en el caso del lenguaje de la protesta, Gasaway plantea que durante la exposición o manifestación pública se moviliza la estructura profunda del lenguaje: el enunciado con la intención de generar un efecto directo en la audiencia (2018, p. 51). Este tipo de lenguaje queda dirigido en primera instancia hacia los aparatos de poder o instituciones personificadas por aquellos que operan el control social, político, cultural, etcétera (2018, p. 58).

Expresa la resistencia ante circunstancias específicas que provocan malestar, inconformidad o disidencia. En este se crea una semántica de la oposición que interpela abiertamente, un conjunto de proposiciones con las que se antagoniza (2018, p. 59):

Lo que yo observé es que estos diseños discursivos incluyen elementos del lenguaje de protesta ya establecidos anteriormente, como el lanzamiento de consignas en las que se identifica al o los responsables de las condiciones que provocan el malestar, la inconformidad o la disidencia del sujeto movilizado en el contexto de la contienda. Por ejemplo, en las manifestaciones que a lo largo de 3 años ha llevado a cabo DUCdMx, las consignas, arengas y posicionamientos han sido acompañados de una imagen singular que retoma la estética de la gráfica popular latinoamericana utilizada por diversas luchas sociales entre las décadas de 1960 y 1980.

En todo eso, la gráfica se ha vuelto parte del lenguaje de ese grupo; es un elemento visual cuyo simbolismo intenta comunicar la toma de conciencia colectiva. En palabras de Iván Martínez, quien hasta el 19S habitaba en la UHT-ISSSTE, popularmente conocido como El Multi, dicha gráfica es representativa de la lucha social latinoamericana:

Precisamente, la imagen del puño en alto utilizada por los brigadistas profesionales y voluntarios durante las labores de ubicación, identificación y rescate de las víctimas atrapadas bajo los escombros de los edificios derrumbados para solicitar silencio de los asistentes les ha acompañado durante las movilizaciones y eventos conmemorativos, pero reformulada con el lenguaje de la lucha popular según refiere Iván Martínez (Imagen 3).

Imagen 3

Gráfica y lenguaje de protesta en DUCdMx. (Fuente: https://www.facebook.com/pg/DamnificadosUnidos/photos/?ref=page_internal).

La reformulación simbólica del puño en alto, ahora retomado por DUCdMx, incluye los siguientes rasgos: puño en alto con la mano izquierda acompañado de frases cortas que hacen referencia al conjunto de situaciones adversas que han enfrentado o consignas a manera de respuestas frente a las declaraciones y trato que han recibido por parte de las instituciones públicas y de gobierno en la CdMx. Al paso de los meses, dicha gráfica estuvo plasmada en el tapiado de madera que rodeó por más de dos años el predio donde se ubican los diez edificios dañados que integraban El Multi (Imagen 4).

Imagen 4

Gráfica y lenguaje de protesta en tapiales del Multi. (Fuente: https://www.facebook.com/pg/DamnificadosUnidos/photos/?ref=page_internal).

En conjunto, corresponde a la narrativa de la contienda y en la que ellos aprovechan para agradecer la solidaridad recibida, se difunde la organización alcanzada, se expone su versión de los hechos, pero también señalan su crítica frente al Programa para la Reconstrucción, al cual consideran discriminatorio, sometido al interés de las empresas constructoras y al capital inmobiliario y, por lo tanto, injusto. De esta narrativa presento las siguientes imágenes.

El mural con fondo de color amarillo ubicado frente al edificio 1C del Multi -derrumbado por el sismo- en la Calzada de Tlalpan, fue realizado con participación de alumnos de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Xochimilco) y expresa básicamente la visión de un sector de los voluntarios respecto de lo sucedido con el sismo durante los primeros días del evento (3 imágenes superiores).

Mientras que el mural coordinado por Iván Martínez fue hecho con la participación de los habitantes del Multi para rememorar el 19S a un año de haber ocurrido. Fundamentalmente, el mensaje que comparten por medio de los dibujos es el de la lucha popular que han emprendido y las demandas que enarbolan como afectados directos (Imagen 5).

Imagen 5

Gráfica y lenguaje de protesta en la movilización social. (Fuente: https://www.facebook.com/pg/DamnificadosUnidos/photos/?ref=page_internal).

Con frases como: “¿Y dónde está el dinero que el mundo nos donó? Con eso nos alcanza para la reconstrucción”, “Vivienda sí, créditos no”, “La tierra tembló y a Mancera derrumbó”, “Construir resistencia para reconstruir la ciudad”, “Por una reconstrucción digna”, “La dignidad no se derrumba”, “Los damnificados no serán olvidados”, “No somos desechos del terremoto, somos ciudadanos con derechos”, “Los derechos no se negocian, se ejercen”, “Por los caídos: presente, presente, presente”, este grupo de damnificados organizados comunican a los transeúntes que observan su creación gráfica o escuchan sus arengas durante el transcurso de las marchas, el sentido de su movilización: la reconstrucción digna, justa y segura.

Consignas como: “Damnificados unidos, serán reconstruidos”, “Solución, solución, para la reconstrucción”, “Lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar, que el pinche gobierno nos tiene que escuchar”, “El 19 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa”, “De norte a sur, de este a oeste. Ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste”, “Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan”, “Si Claudia cumpliera, en mi casa yo estuviera”, “Ni un paso atrás”, también ejemplifican el uso concreto, actualizado y renovado del lenguaje propio de la izquierda social latinoamericana de la década de 1960 en adelante.

Dos de los pregoneros de esta lucha popular, Ángel Flores y Olivia Hernández, ya sea izando la bandera nacional en alto durante las marchas o presentando pancartas y declarando arengas con un toque de poesía popular durante los memoriales, se han encargado de hacer saber al personal de las instituciones públicas y de gobierno en la ciudad encargadas de la reconstrucción que la emergencia humanitaria se mantendrá en tanto haya personas damnificadas viviendo fuera o lejos de sus hogares sin un techo propio y seguro.

Este lenguaje de la protesta es un lenguaje directo que, al retomar la actitud disidente, patrones gráficos y elementos discursivos que provienen de la lucha popular sesentera latinoamericana, evoca la épica de la movilización social, una crestomatía del drama político (Cohén, 1979; Turner, 1987) que es la sobrevivencia en condiciones estructurales de desigualdad social (Villanueva, 2018).

Otra creación popular asumida por DUCdMx es la canción “El pueblo unido jamás será vencido”, escrita en 1973 por el chileno Sergio Ortega Alvarado y el grupo musical Quilapayún, ambos parte de la ola que se conoció como la Nueva Canción Chilena en torno a la Unidad Popular que acompañó a Salvador Allende y posteriormente a la resistencia en contra de la dictadura militar pinochetista. Esta trova ahora es considerada un tema clásico de la lucha popular y la movilización social, y ha encontrado su lugar en las manifestaciones que durante estos años han llevado a cabo el grupo de DUCdMx, por calles y avenidas de la ciudad y frente a oficinas públicas y gubernamentales.

Para DUCdMx, es claro que quienes han asumido la organización, lucha y movilización como una de las formas inmediatas que tiene la población en general -pero en particular la clase trabajadora- para hacer presente su problemática en la vida urbana, son aquellas personas que no tienen otra forma de allegarse de recursos económicos para recuperar su patrimonio inmueble perdido, más que la lucha popular dada la respuesta gubernamental.

Por lo tanto, el lenguaje de la protesta que han construido atrayendo para sí el discurso de la lucha popular de antaño pero resignificado por el contexto particular que les aqueja es un instrumento más para crear un cambio en el mundo persuadiendo a los que interpelan, para que se conduzcan en la dirección deseada argumentando desde la razón y la emoción (Gasaway, 2018, p. 68).

A manera de cierre

La CdMx ha sido gobernada por la izquierda institucional desde el año de 1997, el primer Jefe de Gobierno de esa corriente fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, oriundo de la ciudad y postulado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Desde entonces, ese mismo partido había conseguido mantener la jefatura de la ciudad y las alcaldías de algunas de sus demarcaciones territoriales hasta diciembre de 2018, año en que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lo desplazó y se colocó como la fuerza político electoral de la izquierda institucional con mayor cantidad de votos a nivel nacional.¹⁸

Las diferencias entre ambos partidos no son muchas: así como el PRD en sus orígenes fue una escisión política del Partido Revolucionario Institucional (PRI, partido hegemónico hasta las elecciones del año 2000), Morena fue una escisión política al interior del PRD (partido hegemónico de la izquierda institucional hasta el año 2018). Entre uno y otro las discrepancias políticas son marcadas en el discurso; sin embargo, en la gestión y aplicación de la política pública para la CdMx, el cálculo político de costo/beneficio en su relación con la burguesía transnacionalizada aún determina la práctica de ambos partidos.

Entre los años 2017 y 2020, tiempo en el que vagamente ha sido aplicado el Programa para la Reconstrucción de la ciudad, ambos partidos han sido gestores de dicha política pública. En ambos casos, se ha intentado que la reconstrucción de la ciudad avance por la ruta de la rentabilidad para las empresas constructoras y el capital inmobiliario: la redensificación y el mercado inmobiliario; no así el derecho de los damnificados a recuperar su patrimonio inmueble perdido en condiciones de habitabilidad sin redensificación, sin adeudos con empresas constructoras o inmobiliarias privadas, y con la seguridad estructural que por obligación el GobCdMx debe garantizar por medio del ISC.

Después del sismo del 19S, han ocurrido otros con magnitud entre 5 y 7.4, el más reciente fue el pasado 23 de junio de 2020 en el que de manera preliminar el actual Comisionado para la reconstrucción y la Jefa de Gobierno reportaron daños en 36 edificios y un saldo blanco en cuanto a vidas humanas para la capital del país. Al respecto, DUCdMx señaló que siguen ocurriendo sismos de magnitud considerable y el avance en la reconstrucción de la ciudad no se corresponde con las proyecciones hechas por el Comisionado al haber asumido el cargo en diciembre de 2018, por lo que exigen su pronta destitución.

Asimismo, han denunciado que, para 2020, el GobCdMx no dispuso presupuesto para continuar con las tareas propias del Programa para la Reconstrucción, aunque de acuerdo con el Comisionado, el censo de damnificados del 19S ha ido en aumento. Estas aparentes contradicciones encuentran tras de sí la decisión política del partido gobernante y con mayoría en el Congreso local, de reformar la LR-2 e intensificar la intervención de las empresas constructoras e inmobiliarias privadas en la reconstrucción de la ciudad.

Por todo lo anterior, la lucha y movilización que mantiene DUCdMx con el objetivo de construir una ruta justa, digna y segura para las personas afectadas por el sismo del 19S en la ciudad muestra nuevos derroteros en el análisis de la problemática urbana en el contexto de un desastre y la intervención del capital global. Asimismo, muestra que en la CdMx, los gobiernos de la izquierda institucional han instrumentado la política pública para la reconstrucción en función de la rentabilidad empresarial.

Por medio del análisis del contenido del lenguaje de la protesta en torno a la política pública para la reconstrucción, he mostrado la posición y perspectiva del grupo subalterno que denuncia al sistema político que organiza a la gran metrópoli y que no ha dado muestra fehaciente de estar preparado para superar la emergencia que, a 3 años de haber ocurrido aquel sismo, aún padecen los damnificados del 19S. Mientras que para el grupo DUCdMx, ¡la espera desespera! Para las instituciones públicas y de gobierno, la calma, la paciencia, la confianza, la fe en un mejor porvenir, posibles solo con la intervención del gobierno en turno, se vuelcan en moneda de cambio.